Más allá de que el Ministro de Trabajo se mande con una propuesta que nada tiene que ver con su sector, es necesario aclarar que esta propuesta es inviable, tanto desde el punto de vista ético como político.
En el campo ético, Vega ha señalado que su propuesta tiene como objeto “consolidar el crecimiento económico del país, para hacer sostenible la inclusión social, para fortalecer la descentralización, para luchar contra la corrupción y promover la ética pública”. El problema es que una amnistía no produce ese efecto, ni tampoco una reconciliación nacional, como el Ministro ha afirmado.
En términos coloquiales, se ha asociado el término reconciliación con el perdón. Mejor dicho, con el sacramento católico de la confesión. Pero la reconciliación no pasa por el olvido de hechos execrables, sino por la reconstrucción de lazos que hagan posible y sostenible la vida en sociedad y la convivencia pacífica. Ello implica ejercer la acción del sistema de justicia y no la abstención de la actuación estatal en esta materia.
Si en términos éticos la propuesta del señor Vega es cuestionable, en términos jurídicos resulta ciertamente inviable, por varias razones que expondremos a continuación:
1. La naturaleza de la amnistía: Esta institución es un rezago de la época absolutista, cuando el monarca despótico era el encargado de tomar las decisiones más importantes en un Estado: desde las normas jurídicas hasta las condenas judiciales. Y se ha mantenido en el Estado contemporáneo como última posibilidad de corregir errores judiciales o responder a “delitos políticos”. Dado que el otorgamiento de la amnistía elimina, para todo fin práctico, el hecho punible, la condena y cualquier otra consecuencia penal, e implica una ingerencia del Poder Legislativo en actos del Poder Judicial, debe usarse en forma excepcional.
2. Los límites puestos por el Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia del expediente N° 679-2005-AA/TC una serie de límites para el ejercicio de esta facultad. La amnistía debe ser dada por una ley expresa del Congreso de la República, no puede oponerse a la obligación que tiene el Estado de defender los derechos fundamentales ni a los compromisos internacionales adquiridos por el Perú en materia de derechos humanos. Tampoco puede otorgarse a los hechos comprendidos como delitos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
3. La imposibilidad de su otorgamiento para casos de graves violaciones a los derechos humanos: Existen cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos, Almonacid Arellano, Gomes Lund y Gelman) que prohíben la expedición de leyes de amnistía, “punto final” o similares a casos de graves violaciones a los derechos humanos. Estas sentencias tienen dos fundamentos centrales: la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este tipo de crímenes y la imposibilidad de establecer mecanismos que impidan el procesamiento penal de estas conductas. Estos argumentos también han sido recogidos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para oponerse a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1097, una amnistía apenas encubierta promulgada en el gobierno que acaba de irse.
De acuerdo con la hoja de vida del Ministro, ha estudiado y ejercido la carrera de Derecho por varios años. Convendría que revise estos argumentos legales antes de realizar propuestas que no sólo son inviables en términos estrictamente jurídicos, sino que terminan dándose de portazos con las propuestas que un sector mayoritario del gobierno tiene en materia de derechos humanos. Ahora se entiende porque Salomón Lerner Ghitis quería que sus Ministros sólo hablen de temas vinculados a su sector.
Ayer en Pasando Revista, el programa que tenemos en La Mula, estuvimos con el ex Fiscal Supremo Avelino Guillén, conocido por todos al haber participado en los juicios que permitieron las condenas a Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Con él conversamos sobre las acciones que desde el Estado se deben emprender para enfrentar los casos de corrupción. Y la conclusión es que, en el caso de altos funcionarios, tiene que existir el concurso de varias entidades para evitar la impunidad de este tipo de situaciones y, por tanto, generar desconfianza en la ciudadanía y perjuicios para el desarrollo del país.
Cuando, en la última semana de campaña electoral, algunos de nosotros ya disponíamos alguna información sobre las encuestas de intención de voto, escribí una columna sobre la posibilidad que Humala ganara la Presidencia. Allí, a modo de última advertencía, señalaba (disculpen la autocita):
Finalmente, debería someterse, en forma voluntaria, a una nueva investigación sobre el caso Madre Mía. Si bien tiene una sentencia a su favor por falta de pruebas, muchos tienen fundadas sospechas sobre su actuación en dicha localidad. Lo mejor es despejar cualquier interrogante.
Hoy, se publicó la entrevista que César Hildebrandt hizo al ex abogado de Ollanta Humala, Carlos Escobar, quien también fuera fiscal del caso Cayara en la década de 1980. Escobar relata, luego de 5 años de apartarse de la defensa legal del caso, una versión que apuntaría a un supuesto intento de soborno a un fiscal encargado del caso en Huánuco, así como la presunta compra de testigos. Escobar da algunas referencias sobre otras personas que pueden corroborar su versión, que ampliaría en Lima si se acepta su pedido para declarar y brindar estos nuevos elementos.
Pero también Escobar da dos versiones sobre lo que pudo ocurrir en Madre Mía: la primera, brindada según él por Humala, refiere que el hoy presidente capturó a 3 personas que fueron entregadas a un superior suyo y éste se habría encargado de eliminarlas. La segunda, una deducción que hace Escobar, es que Humala fue el autor directo de ejecuciones extrajudiciales.
Sin duda, lo señalado por el abogado, a mi modo de ver, debería ser tomado en cuenta por las autoridades judiciales, a fin de establecer la verdad sobre hechos que nunca quedaron aclarados. Ojo, dicho testimonio deberá ser corroborado con las personas a las que citará en su declaración, así como con otros elementos que vayan más allá de los meros testimonios.
César Romero, periodista de La República y uno de los pocos especializados en el tema judicial en el país, ha aclarado en tres tuits todo el rollo legal vinculado a la declaración de Escobar. Los copio aquí para que nos quede claro por donde iría el camino legal:
1. En la declaración del ex fiscal Carlos Escobar, el testigo clave es Alejandro Ureta, sin este abogado el testimonio sirve poco. (Nota de DTP: Ureta es el abogado de Amílcar Gómez Amasifuen, uno de los implicados en el supuesto soborno a testigos).
2.La Suprema no escucha testigos al resolver un recurso de nulidad. Lo único posible es q anule la sentencia absolutoria para nuevo juicio. (Nota de DTP: mientras que el proceso de Madre Mía por violaciones a los derechos humanos está cerrado, aún está pendiente de apelación el caso sobre el supuesto soborno a testigos para que se retracten de su versión inicial)
3. En un nuevo juicio recién podrían citar y escuchar todo el testimonio de Carlos Escobar y, sobre todo, de Alejandro Ureta. (Nota de DTP: LQQD, esta novela tiene para largo).
Una vez superado lo manifestado por Romero, la construcción de la responsabilidad penal en casos de derechos humanos requiere de varios indicios que permitan una única conclusión y ello supone una investigación fiscal que vaya más allá de lo que normalmente se ha hecho en el Perú, con la excepción del caso Fujimori.
Además de las dificultades en la investigación fiscal, surge el mismo dilema que se presenta en torno al caso El Frontón: la politización del caso. Así, más que sobre pruebas o indicios concatenados, el debate público sobre el tema Madre Mía, dependerá, como con Alan García, de las simpatías o antipatías que se tengan sobre el personaje. Y ello probablemente enturbie el esclarecimiento de los hechos, pero, sobre todo, la percepción que se pueda tener sobre los mismos. Primará más la posición a priori (a favor y en contra). E incluso, algunos silencios se pueden producir por conveniencia política y no solo para defender a Humala, como bien indicó Marco Sifuentes:
Remover mucho el caso podría estallarles por la culata a los fujimoristas defensores de la impunidad de los militares, especialmente, como ya dijimos, en un caso de 1992 bajo el comando de un dictador (como el mismo Rafael Rey admitió).
El testimonio de Escobar, por sí sólo, no condena a Ollanta Humala. Pero la sombra de la sospecha continúa sobre el Presidente de la República. Por su bien y por el de la gobernabilidad del país, que debe fundamentarse sobre la verdad, es imprescindible que aclare estas imputaciones. El silencio, aunque parece que le rinde réditos en las encuestas, no es el mejor consejero en todos los casos.
Como muchos saben, Antauro Humala estaba esperando la resolución de su caso judicial. Hoy ello ha ocurrido. El siguiente post explicará todo el rollo legal en sencillo.
1. En el 2009, el hermano del hoy presidente fue condenado a 25 años de prisión, como autor directo de rebelión y asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos, y como autor mediato de asesinato y secuestro. Humala apeló la sentencia y seguía cumpliendo su pena en Piedras Gordas.La audiencia de apelación se realizó hace algunos meses.
2. El caso llegó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por Javier Villa Stein. Allí ocurrió lo siguiente:
a) Los 5 vocales concluyeron que Antauro debía ser condenado por homicidio simple y no por asesinato. A varios que hemos seguido el caso como Carlos Rivera, Ronald Gamarra y quien escribe, esta votación era controvertida, debido a que el asesinato se cometió para facilitar otros delitos.
La clave para esta controvertida rebaja se encuentra en la acusación fiscal. Así lo explicó, hace algunas semanas, César Azabache:
La teoría sobre el asesinato ha fallado en esta parte del debate por un error que, debemos decirlo, se originó en la acusación. La ley permite considerar asesinato cualquier homicidio cometido para facilitar otro delito. Las muertes producidas en el enfrentamiento del Puente Colonial podían sin duda ser consideradas como asesinato bajo esta regla, como lo puede ser cualquier muerte provocada por una banda de delincuentes sorprendida mientras comete otro delito. La acusación, sin embargo, no propuso la condena sobre esta base. La Fiscalía pidió que el Tribunal declare que la forma en que los homicidios fueron cometidos expresó la ferocidad de los autores y una especial crueldad sobre las víctimas. El Tribunal lo aceptó, pero la Suprema ha declarado que el juicio no produjo evidencia que pruebe ninguno de estos dos aspectos. Al hacerlo, la teoría sobre el asesinato ha quedado descartada. Con ello se vuelve casi imposible mantener la condena en los 25 años que impuso el Tribunal.
Ello, per se, suponía una rebaja de la condena. Bastante controvertido el asunto, pero, lamentablemente, esta salida podía ser fundamentada en términos jurídicos.
b) Los vocales de la Corte Suprema discrepaban en dos puntos, en una votación que se encontraba 3 a 2: la pena a aplicar (19 o 17 años) y si Antauro Humala debía ser condenado o no por el delito de secuestro. Dado que las reglas te exigen que una sentencia de la Suprema deba tener 4 votos favorables en un sentido, se llamó a un vocal dirimente para resolver el caso.
El tema del secuestro es clave para que Antauro Humala permanezca en prisión. La Ley N° 28760 establece que los condenados por secuestro no podrán ser beneficiarios del indulto, ni de la conmutación de pena. Asimismo, esta misma norma también tiene consecuencias para el tema de los beneficios penitenciarios, que explicó en su momento Carlos Rivera.
Este debate sobre el delito de secuestro no solo es relevante en términos de la responsabilidad penal, sino también para efectos de considerar la aplicación de los beneficios penitenciarios. Los condenados como autores del delito de secuestro tienen beneficios penitenciarios en un rango de 7 x 1. Esto, consecuentemente, establece que la excarcelación del condenado será luego de haber cumplido de manera efectiva casi toda la condena.
Por ello es que las bravatas de Antauro Humala que decían que saldría de prisión en el verano próximo, con esta sentencia, quedan en ello, en gritería.
La verdad es que me queda un sabor algo agridulce de esta sentencia. Yo pienso que a Antauro Humala debieron condenarlo por asesinato y confirmarle la pena de 25 años de prisión. Pero, dentro del escenario legal en el que se inscribió la sentencia, la resolución era lo menos malo que podía ocurrir.
Y esperemos que los jueces no sean blandos cuando este señor pretenda pedir, casi al final de su condena, los beneficios penitenciarios. El hermano del Presidente de la República no ha mostrado arrepentimiento alguno ante hechos que suponen un atentado contra la democracia y acontecimientos atroces que 4 familias de valerosos policías han llorado por largo tiempo.
Ollanta Humala: Acentuando una línea más cercana a la socialdemocracia, con algunos rasgos populistas, como estilo general de gobierno. Aún no culmina de nombrar funcionarios en áreas clave, como Indecopi, lo que hace que aún no veamos cuál será su menú completo.
Salomón Lerner Ghitis: Un Presidente de Consejo de Ministros menos mediático, pero con más poder que varios de sus antecesores. Estilo gerencial, en el que, en su concepción, hablar poco cuenta tanto como los resultados a obtener, como en el caso del gravamen minero.
Luis Miguel Castilla: Deberá ser la voz que, dentro del Gabinete, convenza a sus pares de la inconveniencia de algunas iniciativas de empresariado estatal que se vislumbraron en el mensaje de Lerner. Como señala Alfredo Torres en Semana Económica, este tema le es indiferente al gran público, pero tampoco le suma al gobierno ni atrae confianza a los agentes económicos.
Adrián Villafuerte: Convertido por obra y gracia de Ollanta Humala y de la debilidad de Daniel Mora en el hombre fuerte en Defensa. Esta confusión de roles hace más fácil prever líneas de ascenso castrense antes que una política en esta materia.
Keiko Fujimori: Con pocas salidas para dar entrevistas, pero con el fantasma de su padre y de Martha Chávez pesando más en la opinión pública, antes que la imagen moderada que quiso proyectar. Confía en que Aguinaga y Reátegui sean sus operadores políticos en el Congreso.
Alejandro Toledo: Menos locuaz que en el mes previo al cambio de mando. Conviene que defina el rol que tendrá Perú Posible en el próximo quinquenio y también las relaciones con sus aliados.
Carlos Bruce: Cumple eficientemente el rol de líder de una bancada pequeña pero bulliciosa, tal como en el Congreso pasado. Veremos cómo vota en los temas de fiscalización a sus ahora aliados apristas.
Susana Villarán: Reconoce que algunas declaraciones políticas le sumaron puntos antes que restarle. La coyuntura y su propio programa de gobierno le han hecho descubrir una veta en el transporte, un tema en el que no sacará réditos inmediatos, pero, de ordenarlo, hará un gran bien a la ciudad.
Juan Luis Cipriani: Jugándose a fondo por tomar el control de la PUCP, con aliados mediáticos y políticos que quisieran eliminar todo rasgo zurdo, en nombre de un conservadurismo ramplón. Ello con un alto costo en términos de imagen para la Iglesia Católica.
POST SCRIPTUM: Anoche, luego de entregar mi columna, me enteré de las lamentables declaraciones dadas por Daniel Mora a Ideele Radio, proponiendo un “punto final” para los juicios por violaciones a los derechos humanos (cualquier parecido con Argentina no es mera coincidencia) y haciendo una serie de anotaciones sobre derecho penal que serían el horror de cualquier Facultad de Derecho. Coincidiendo con Roberto Bustamante y Eduardo González, a Mora le quedan dos caminos: o la rectificación o que le ponga “punto final” a su paso por el Ministerio de Defensa. Como señalo en la columna de hoy, es el punto más bajo de un gabinete que, en términos generales, hasta ahora, se conduce correctamente.
Una de las cuestiones más complejas del gobierno de Ollanta Humala es el tema militar. Dos son las variables que determinan esta cuestión. De un lado, la situación de Humala como oficial en retiro del Ejército Peruano. Del otro, varios problemas existentes en la gestión del sector Defensa. Veamos algunas de las aristas importantes.
EL MINISTRO MORA:
La crítica principal que se le ha hecho a Humala es el incumplimiento parcial de uno de los compromisos que hizo en un juramento simbólico. Allí dijo:
10. Proclamo que los ministros de Defensa y del Interior serán civiles, en respeto al principio del control civil democrático sobre las fuerzas de seguridad.
Ciertamente, los militares en retiro son civiles. Y como le ha dicho José Robles a Correo Semanal, enfatizar en una división civiles - militares le hace un flaco favor a una mejor relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. Y de hecho, hemos tenido experiencias disímiles con ministros militares y civiles en Defensa.
En lo que se refiere a ministros civiles hemos tenido desde personas intachables y con vocación reformista como Loret de Mola con Toledo y Wagner con García, hasta personajes que terminaban defendiendo temas cuestionables, como fue el caso de Rafael Rey, cuyo paso por el sector Defensa es digno de recordación, para que se sepa que es lo que no se tiene que hacer. En el tema de ministros castrenses, hemos tenido a personas que han manejado con cuidado el sector, como el caso de Walter Ledesma en el gobierno de Paniagua, como ministros cuya gestión es francamente olvidable, como el de Marciano Rengifo, a fines del periodo de Toledo.
Dicho esto, sí creo necesario que, en la medida de lo posible, el Ministro de Defensa sea civil y con vocación democrática. Y enfatizo en lo de civil porque, más allá de la saludable identificación de los militares retirados con su institución, lo cierto es que, en muchos casos, no han sido ajenos a las pugnas entre promociones, armas y hasta pleitos personales que pueden provenir desde tiempos de las escuelas castrenses.
En esa medida, ¿cómo calificar el nombramiento de Daniel Mora?Como un error grave. Luego de 15 días en los que los ministros se han venido ubicando en sus distintos puestos y realizando los nombramientos de su plana mayor , queda claro que el punto más bajo del gabinete está en Defensa.
Como lo ha señalado Ana María Tamayo del IDL, un primer error de Mora es un repliegue hacia adentro, con nombramientos que no contemplan a civiles en la plana mayor e incluso la designación de militares con poca capacidad de dialogo con oficiales y suboficiales en retiro. Ello es importante para que la política de Defensa no se convierta en un ghetto vedado para quienes no están en el Ministerio.
El segundo error de Mora son sus declaraciones públicas. Ya antes de asumir se despachó con todo sobre temas vinculados a Chile y la demanda marítima, afortunadamente aplacadas por Salomón Lerner Ghitis. Pero lo dicho esta semana sobre el caso Antauro Humala es una patinada de campeonato que le pone tarjeta amarilla.
EL ASESOR VILLAFUERTE
Para complicar la situación de Mora dentro del Ministerio de Defensa, quien viene teniendo un peso creciente en las decisiones castrenses es Adrián Villafuerte Macha, nombrado como asesor presidencial en estas materias. Marco Sifuentes describió hace un par de meses su breve biografía y conexiones:
Adrián Villafuerte (a) “El Ácido” es el más mediático de los tres compañeros de promoción. Durante los 90 fue el hombre de confianza del general montesinista César Saucedo Sánchez. Ahora, es el principal consejero de Humala en asuntos militares, hasta tal punto que, pese a las críticas, integra la comisión de transferencia del Ministerio de Defensa. En el partido, una de las personas más cercanas a Villafuerte era, precisamente, el pesquero Alexis Humala.
Y hay más. Según una investigación de Angel Páez en La República, el próximo comandante general del Ejército sería el general de división Víctor Ripalda Ganoza. El actual, Paul da Silva, nunca ocultó su antipatía por Humala y sería relevado de inmediato. En la línea de antigüedad le seguirían dos generales más pero ya existen excusas para arrimarlos y que asuma Ripalda.
Ripalda pertenece a la promoción 1977, justamente aquella a la que pertenece Villafuerte y el relevo, en efecto, se produjo esta semana, en la forma antes indicada. De hecho, Paez menciona el peso de esta promoción:
La promoción todavía tiene tres generales de división en línea, Ricardo Moncada Novoa, Carlos Farach Ynga y Benigno Cabrera Pino. Es más, hay dos generales de brigada de la misma promoción, Jaime Araujo Olazábal y Raúl Silva Alván, a la expectativa para el ascenso este año al grado de general de división. Por lo tanto, se confirma la tendencia del apuntalamiento de la Promoción 1977 Coronel Mariano Aragonés, muy vinculada con el presidente por intermedio de su asesor personal, el coronel EP (r) Adrián Villafuerte.
Pero también es cierto que uno de los vínculos más fuertes que se tiene dentro de las instituciones castrenses es el de la promoción (el otro es el arma). Y ello hace que se pueda temer una posible cooptación de los mandos militares, un mecanismo de control civil que enfatiza en la lealtad al jefe de Estado y a sus allegados, antes que a la autoridad civil en sí misma. Y he allí un tema en el que Humala, crítico antes de llegar al poder sobre estas prácticas, deberá ser claro en explicar, sobre todo, por el peso que puede tener Villafuerte ante la presencia de un ministro con poca pericia en Defensa.
EL VRAE
Aquí las noticias son algo más alentadoras, pero, antes que por una directiva del ministro Mora, por el aprendizaje hecho por las propias Fuerzas Armadas de los errores cometidos durante el quinquenio anterior. Ambos cambios vienen en el tema del manejo de la inteligencia frente a Sendero Luminoso.
Con la aprobación de la jefatura del Estado, la conformación del Centro de Fusión de Inteligencia es un paso excepcional para la unificación del procesamiento de información oportuna, actualizada y eficaz con la finalidad de identificar el desplazamiento de las columnas terroristas, sus centros de aprovisionamiento, sus refugios móviles o temporales, así como la red de colaboradores que proveen de logística, alimentos y medicina a los senderistas, señalaron a La República fuentes militares y policiales.
Una de las graves fallas que siempre se tuvo en el tema del VRAE es la falta de información conjunta y compartida. Desafortunadamente, siempre los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas competían entre sí. Y menos aún con la Policía Nacional. Ello implicaba celos, pugnas y, sobre todo, quedarse cada uno con información importante. ¿El resultado? Varios oficiales y suboficiales fallecidos y el robo de armas en cada emboscada senderistas.
El segundo tiene que ver con la reestructuración de Inteligencia del Ejército. Aquí se profundizará en la especialización, la conformación de batallones especializados en tareas de inteligencia electrónica y de contrainteligencia. El refuerzo en la labor de inteligencia es fundamental para terminar con un foco importante de inseguridad que permanece desde tiempos de Fujimori, que no quiso liquidar el tema para seguir con el fantasma del terrorismo para ahondar en su permanencia en el poder.
LOS TEMAS PENDIENTES DEL SECTOR
Finalmente, quedan algunos temas pendientes, que tienen que ver, sobre todo, con el personal militar. El más mediático, sin duda, es el de las pensiones de los oficiales y suboficiales retirados. Y allí se tendrá que idear una fórmula moderna para el futuro, que tome en cuenta el tipo de trabajo especial de los sectores castrenses, pero que sea sostenible en términos económicos, como no ocurre ahora con la Caja de Pensiones Militar Policial. Ello implicará un trabajo político y también garantizar a quienes ya están jubilados bajo el sistema actual pensiones dignas.
Otro tema tiene que ver con los derechos del personal militar. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe el año pasado sobre esta materia, que comprende la atención en servicios de salud, sepelio, beneficios por conflictos específicos y otros. El bienestar de la familia militar sí es una bandera que ha asumido Mora por lo menos en el discurso, pero allí tendrá que conseguir los recursos necesarios y sobre todo, administrarlos bien.
Finalmente, un tema que debería comenzar a cerrarse en este quinquenio es el legado del conflicto armado interno. Ello implica, de un lado, que el Ministerio de Defensa brinde la información necesaria para terminar de identificar a violadores de derechos humanos, a fin que sean procesados y, finalmente, se distinga a ellos de los oficiales y suboficiales que cumplieron con su deber. Del otro lado, que el Plan Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto, que ya los incluye según la ley y reglamento de la materia, comprenda en forma más nítida a la familia militar. Y claro, ir avanzando en una memoria común que reconozca el heroismo de muchos, pero también, las violaciones a los derechos humanos que otros cometieron.
Menuda tarea. Pero para ello, el Presidente de la República deberá evaluar si el esquema de poder que ha armado en torno a los temas castrenses es el más adecuado.
Más allá de la confirmación de la política de violaciones a los derechos humanos aplicada por el gobierno de Alberto Fujimori, este caso vuelve a poner en la agenda pública la necesidad de una política de Estado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
El hallazgo de los restos de las 9 personas de El Santa desaparecidas y asesinadas se ha debido a los esfuerzos de los familiares antes que a la existencia de una política de investigaciones antropológico - forenses en nuestro país. Un reciente comunicado del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) señala que “urge la necesidad de que exista hoy una política eficiente de búsqueda e identificación de personas desaparecidas fomentada por el Estado”.
Este no es un problema menor. De acuerdo con cifras manejadas por el EPAF, más de 15,000 peruanos desaparecieron entre 1980 y 2000. En sus investigaciones, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró la existencia de 4,644 sitios de entierro a nivel nacional. La CVR también recomendó la elaboración de un Plan de Intervención Antropológico – Forense que permitiera la investigación, identificación y recuperación de los restos de desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente. Este Plan sería ejecutado por una Oficina de Personas Desaparecidas, que nunca fue creada.
Sin embargo, dicho Plan no ha sido implementado en la forma recomendada por la CVR, lo que no ha impedido que tanto el Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal, así como con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, haya podido recuperar los restos de varias personas. A pesar de este esfuerzo, la dimensión de la tarea es enorme, tanto por la cantidad de sitios de entierro, como por el alto número de víctimas.
Es necesario que tanto el Ministerio Público como el nuevo gobierno pongan atención a este tema. Más allá de la obtención de pruebas judiciales, se trata de una respuesta para cerrar un duelo que parece ser eterno.
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