Ayer El Comercio puso en su primera plana una auténtica bomba: el flamante Ministro del Interior, Wilver Calle Girón, general del Ejército Peruano en retiro, firmó el acta de sujeción impuesta por Vladimiro Montesinos a la plana mayor de las Fuerzas Armadas en 1999.

Tal como se puede verificar en el Tomo VI de la colección “En la Sala de la Corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos” (Lima, Fondo Editorial del Congreso de la República, 2003, p. 3511), en efecto, aparece el “General de Brigada Calle Girón Wilmer” (sic) como uno de los oficiales que suscribió el referido documento. En Correo han colgado la página correspondiente del libro.

Como diría Toño Vargas, hablan las imágenes:

La cuestión resulta particularmente clave por dos razones. La primera, por el acta en sí misma. El contenido resulta realmente oprobioso y quizás constituye el punto más bajo al que Fujimori y Montesinos sometieron a las Fuerzas Armadas. Algunas partes pertinentes del acta vía el Instituto de Defensa Legal:

“…1. La participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional en la decisión adoptada por el gobierno del señor Presidente de la República, el 5 de abril de 1992, fue un acto consciente y serenamente meditado, por lo que el respaldo y apoyo brindado a tal decisión fue la expresión de la voluntad institucional unánime…

3. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos del Servicio de Inteligencia Nacional conjunta e institucionalmente defenderán y protegerán a sus miembros en el caso de que se pretendiera responsabilizarlos individualmente por el apoyo institucional otorgado a la decisión del 5 de abril de 1992, lo cual se consideraría como una ofensa contra las instituciones tutelares, que obligará a los respectivos comandos en el futuro a defender irrestrictamente al miembro comprometido de manera institucional..

4. Rechazo institucional a la actitud de algunos oficiales en situación de retiro que están emitiendo juicios y opiniones interesadas y que demuestran una conducta infraterna con sus camaradas y deslealtad con sus instituciones.

7. Precisar que la Nación ha dictado leyes de amnistía general que están en plena vigencia, en las cuales queda establecido muy claramente que no le corresponde responsabilidad alguna, institucional o individual, al personal militar, policial y de la comunidad de inteligencia que participaron en la lucha contraterrorista.

8. Asumir el compromiso institucional, sin límite en el tiempo, de defender, proteger y solidarizarse con los integrantes de las organizaciones, a las cuales se pretende responsabilizar, encausar o ejercer algún tipo de represalia contra ellos por su participación en la lucha contra el terrorismo…”

Como pueden ver, el documento, en estricto, es un nuevo respaldo al golpe fujimorista de abril de 1992 y a las leyes de amnistía que garantizaban la impunidad de miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en las dos últimas décadas del siglo XX, en el marco del combate contra la subversión.

Pero el segundo motivo involucra directamente al Presidente de la República. Ollanta Humala se ha expresado en términos bastante duros contra quienes firmaron el acta de sujeción durante varios años. En el libro - entrevista biográfica “De Locumba a candidato a la Presidencia del Perú”, Humala se mandó con todo contra ellos, exigiendo incluso cortes de honor y llamándolos delincuentes. El memorex vía Rosa María Palacios:

Pero no es la única vez que Humala se ha referido al tema. En la segunda vuelta electoral, declaró lo siguiente a Ideele Radio:

“Los ministerios del Interior y de Defensa serán [dirigidos por] civiles, pero si son personas que van a manejar estas carteras deben estar cerca de estas instituciones. Es bueno mantener esa práctica sana de no mezclar las cosas”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Los políticos en la política y los militares en el rubro de la defensa nacional. Los cargos de ministro y viceministro son cargos políticos, no son cargos de carrera en los mandos militares, [para] un oficial su máximo grado al que puede llegar es a general de División, no ministro”, agregó.

Humala Tasso recordó la vejación y humillación que sufrieron las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alberto Fujimori y afirmó que, en su momento, denunció a todos los altos mandos de las instituciones castrenses que firmaron la carta de sujeción.

Y como Presidente de la República, dijo esto en el día del Ejército, apenas en diciembre de 2011:

Pero también, hay otros puntos que son importantes en nuestra tarea diaria como Fuerza Armada, el fortalecimiento de la disciplina, no más intentos de politización de las Fuerzas Armadas como se vivió en el pasado, no más actas de sujeción, no más nada de esas cosas (…)

¿Qué dirá ahora el Presidente?

MAS SOBRE EL TEMA:

El Comercio encuentra hoy que Calle trabajó también con Saucedo, igual que Villafuerte

En Tribuna Abierta, los vínculos del ministro Urquizo con Antauro Humala

Como bien recuerda Ángel Paez de La República, Villafuerte también firmó el acta de sujeción

Si durante el ciclo municipal pasado, las miradas sobre Lima Centro se concentraron en las gestiones distritales de Barranco (donde los cambios de alcalde no solucionan problemas) y Miraflores, hoy el foco de atención se centra en San Isidro.

¿Qué es lo que viene pasando allí? Pues hay una lucha entre el alcalde Raúl Cantella y la teniente alcaldesa Magdalena de Monzarz por ver quien dirigirá el distrito en los dos años y medio que quedan de periodo municipal. ¿El motivo? La salud del alcalde Cantella, convertida en motivo de discusión de sus defensores y detractores.

Vayamos por partes. En 2010 y luego de varios intentos frustrados de obtener un cargo público, Cantella, miembro del Partido Popular Cristiano, ganó la alcaldía de San Isidro. Para ello fue clave el apoyo de cuatro de sus rivales, que se retiraron para que no ganara el ex alcalde Jorge Salmón.

En octubre de 2011, Cantella pidió su vacancia por enfermedad. Y la señora de Monzarz asumió el cargo como manda la Ley. Pero apenas mes y medio después de la sucesión, Cantella pudo volver gracias a una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Comentó El Comercio:

El JNE expresa en una nota de prensa que “el certificado médico en el que se sustentó la vacancia de Cantella Salaverry no acredita de manera indubitable el diagnóstico médico ni tampoco que su enfermedad lo imposibilite para el desarrollo normal de sus funciones”.

El organismo señala en su resolución del 6 de diciembre, publicada hoy, que el pedido de vacancia se realizó con un certificado médico que no se ajusta a los procedimientos exigidos, por lo que pidió a la comuna que determine fehacientemente y a la brevedad si Cantella se encuentra enfermo o con algún impedimento físico que le impida el desempeño normal de sus funciones.

Esta decisión no solo implicó el regreso de Cantella, sino también las críticas de algunos regidores y la espectativa de otros para que, finalmente, el alcalde se haga la prueba exigida para comprobar su real estado de salud. Pero Cantella se ha negado a hacerse la prueba de marras.  Desde el sector que apoya a de Monzarz, se señala que la salud de Cantella ha empeorado y que la decisión del JNE se basó en un pedido que consideran irregular.

Todo esto ha provocado un lío que ha quebrado a la facción oficialista del cuerpo de regidores. Y ello se vio reflejado en un reportaje de Marco Antonio Vásquez en Panorama presentado el último domingo:

Menudo lío que va a poner las cosas complicadas en San Isidro. Pero no es el único.

Cinco regidores de la Municipalidad han pedido investigar la ejecución de un supuesto convenio durante la breve gestión de la señora De Monzarz, que implicaba la cesión de uso de la Av. Conquistadores a una conocida firma de gaseosas para escenificar un “Boulevard de la Felicidad” en la temporada navideña. Vía La República:

¿La razón? A través de un informe enviado el 12 de marzo pasado al actual alcalde Raúl Cantella Salaverry, al cual tuvo acceso La República, ellos señalan que el referido convenio nunca se llegó a firmar pues tenía una serie de irregularidades y, lo más grave, que se le exoneró a Coca Cola del millonario pago por colocar su publicidad en el distrito.

Así está uno de los distritos más pudientes del Perú.

(Foto extraída de aquí)

De acuerdo con todas las versiones recogidas hasta esta hora, el nuevo ministro de Defensa será José Urquizo Maggia, congresista de la República por Gana Perú y que se desempeñaba hasta hoy como Ministro de la Producción.

¿Ollanta lealtad? Pues es probablemente lo que los cheerleaders nacionalistas esgrimirán como excusa para su nombramiento (la otra sería que el ministro es ayacuchano, dado que el VRAE está en la zona). Aunque conviene reportar que Tycho Janampa de Noticias SER aportó varios datos sobre el pasado político de Urquizo. Agárrense:

En la década del 90, José Urquizo Magia se hizo conocido por su cercanía a Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Ayacucho, y a determinados círculos militares. En 1997 Urquizo postuló a la municipalidad provincial de Huamanga, con el movimiento Acción Cívica, ocupando el tercer lugar. En los siguientes años no oculta su permanente relación con los sectores militares y religiosos, y apoya al fujimorismo. Esto le sirvió para que en adelante maneje inteligentemente su avance en la política.

A inicios de la década del 2000 Urquizo sorprende a la ciudadanía al apoyar la candidatura a la presidencia regional del líder aprista Omar Quesada Martínez, quien le dio la posibilidad de postular a la vicepresidencia regional, siendo electos.

En el 2005 Urquizo funda el movimiento político Qatun Tarpuy, que apoya la candidatura presidencial de Ollanta Humala. Gracias a este respaldo, consiguió postular al Congreso de la República. La votación abrumadora de los ayacuchanos por Humala hizo que, gracias al efecto arrastre, saliera elegido junto con Juana Huancahuari (PNP) y Elizabeth León (UPP). De allí en adelante mostrando su habitual pragmatismo, se distinguió del discurso radical de Huancahuari  y de estilo tecnocrático de León.

Desde entonces Urquizo trabajó en dos direcciones: Por una parte buscó calificar como un nacionalista leal, lo que le generó una mayor confianza de Ollanta Humala. Y por otro lado, se dedicó a acercarse a instancias del Estado como el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría, el Poder Judicial de Lima, coordinando diversas actividades en su condición de congresista, cuidando de no ser crítico al gobierno aprista. El resultado fue que consiguió el primer escaño para postular al Congreso en la lista de Gana Perú, luego del cual fue electo, a pesar de la fuerte oposición que encontró en la ciudadanía, los movimientos políticos y en el propio nacionalismo ayacuchano.

Pero si su pasado es “interesante”, el presente del nuevo titular de Defensa es de correr. Solo basta recordar la carta de renuncia de la viceministra de Pesquería Patricia Majluf. El portal Actualidad Ambiental resumió bien la misiva:

“Tengo a bien dirigirme a usted, señor Ministro, a fin de expresarle mi profunda discrepancia e insatisfacción con la forma en la que se viene desarrollando a cabo la gestión del sector pesquero en el Ministerio que usted tiene a su cargo”.

Con estas palabras, Patricia Majluf inicia su carta formal de renuncia al Viceministerio de Pesquería, órgano que está bajo la competencia del Ministerio de la Producción, que dirige José Urquizo.

Entre las razones de su dimisión, la bióloga Majluf menciona “las decisiones sobre las medidas de manejo de los recursos pesqueros” que “ignoran la mejor información técnica y científica posible cediendo a presiones de intereses particulares”.

En la misiva, además, Patricia Majluf denuncia una serie de obstáculos que le han hecho imposible impulsar los cambios que buscaba en el sector. Entre estos puntos señala: resistencia a propuestas de cambios en direcciones generales; la falta de coordinación entre organismos internos (entre ellos Imarpe) y restricciones de comunicaciones del Despacho Viceministerial de Pesquería a medios de comunicación, “lo que coadyuvó al incremento de la tensión social vivida en el norte del país la semana pasada”.

Más detalles, por cierto, los pueden leer en esta entrevista que le hizo Maria Luisa del Río a Majluf. Por cierto, la ex viceministra ha mandado varias frases bien directas sobre Urquizo desde su cuenta de Twitter. Aquí van:

Tweet 1: Urquizo en Defensa?? Para que se vaya de viaje de paseo otra vez en pleno conflicto??

Tweet 2: Urquizo en Defensa?? Para que defienda nuestra Nación así como “defendió” nuestros recursos pesqueros??

Tweet 3: Urquizo en Defensa?? A el también se le debió censurar x irse de paseo a Qatar en pleno conflicto de Paita!!

Tweet 4: Urquizo es la desidia en persona. Es increible q siquiera lo consideren para Defensa. Y ahora… Quién podrá rescatarnos?

Para rematar, cabe recordar que hace algunas semanas IDL - Reporteros presentó un completo reportaje sobre las presiones de los armadores pesqueros para aumentar la cuota de merluza. Algunos párrafos de recuerdo:

En medio de los secuestros en el VRAE y a pocas horas de la presentación del peritaje sobre el conflictivo proyecto minero Conga, el premier Óscar Valdés se dio tiempo el lunes 16 de abril para realizar una inusual visita al ministerio de la Producción, en la Urbanización Córpac, en San Isidro.

Valdés subió al séptimo piso donde se encuentra la oficina del titular del sector, José Urquizo. Ahí lo esperaban el ministro, acompañado por su nuevo jefe del gabinete de asesores, José Vidal; y por el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Omar Alfaro. A los pocos minutos, llegó la viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, acompañada por su asesor principal, Juan Carlos Sueiro.

La reunión duró unos cuarenta minutos. Fue tensa por momentos, según pudo conocer IDL-R. ¿De qué hablaron? De la merluza. Valdés estaba impaciente porque aún no se emitía la norma para ampliar la cuota de captura de merluza de 8, 600 toneladas a 14, 500 tal como acordó con los empresarios en una reunión el 9 de abril en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Valdés reiteró a Urquizo y a Majluf que debía ejecutarse la ampliación que exigían los empresarios y que no había marcha atrás, a pesar que la viceministra expresó su desacuerdo por la decisión debido a que la población de merluza ha disminuido considerablemente en los últimos años y se encuentra en riesgo, según estudios científicos.

En cualquier parte del mundo, tanto la carta de la viceministra como el reportaje hubiera supuesto una moción de interpelación (de hecho, ya la tiene por las protestas en Paita, donde hubo 2 muertos). Pero en el #mundoHumala supone encargarle una de las carteras más delicadas. Madre mía.

PD: Sobre los otros cambios, de acuerdo con el diario Gestión (y nuestras fuentes), el próximo ministro del Interior será Wilver Calle Girón, quien hasta hoy era el Viceministro de Políticas para la Defensa en el MINDEF. Calle es militar en retiro (ojo, otra vez con una promesa incumplida) y durante su carrera llegó a ser auditor general del Ejército. Intentó postular a la Contraloría General de la República hace un par de años.  El problema es que ha sido parte del equipo de Otárola (que debió irse completo, generales incluidos) y, again, ya vimos con Valdés las limitaciones de las visiones de militares en retiro frente a temas de seguridad ciudadana.  Veremos si al menos logra ponerle coto a la corrupción en un sector que necesita limpieza sistémica a gritos.

Mientras que el vacante despacho de la Producción estará a cargo de Gladys Triveño, quien era la Viceministra de MYPES e Industria de dicho portafolio. Triveño es abogada, ha trabajado en varias entidades públicas y hace algunos años formó Proexpansión, una empresa consultora de MYPES y exportación. El tema será ver que es lo que hará con el sector Pesquería, que también se encuentra a su cargo.

Todo indica, por tanto, que los cambios se han hecho para ver hasta cuanto dura Oscar Valdés en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Producida la renuncia de los ministros de Defensa y del Interior, es indispensable que el Estado peruano retome la agenda de reformas en dichos sectores que quedó trunca durante la década pasada.

Luego de la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori, se tuvo la oportunidad para adecuar el manejo de la seguridad y la defensa a una política democrática y profesional. En el gobierno de Alejandro Toledo, se crearon comisiones que elaboraron planes de reestructuración serios, que fueron llevados a la práctica por ministros comprometidos con el conjunto de reformas planteadas, en los primeros años de dicha gestión.

Durante dicho lapso de tiempo, se fortaleció la organización de los ministerios de Defensa y del Interior, que durante el decenio fujimorista fueron “mesas de parte” de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Puede resaltarse también la publicación del Libro Blanco de Defensa, que transparenta la política del Estado sobre la materia, así como la creación de la Oficina de Asuntos Internos en el sector Interior.

Asimismo, los ministros encargados de ambos sectores apoyaron el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y se intentó ajustar la estructura piramidal de las instituciones armadas. Esta última medida pudo ser mejor aplicada para no truncar la carrera de buenos oficiales.

El impulso reformista duró poco tiempo. Por las presiones a las que era susceptible debido a su baja popularidad, Toledo sacrificó a sus equipos más capaces en estas materias y nombró a ministros cuya labor hizo retroceder los avances emprendidos.

Durante el segundo gobierno de Alan García, salvo el breve periodo de Allan Wagner en el MINDEF, no se habló siquiera de reformas. Teníamos ministros más interesados en cerrar casos de derechos humanos antes que en mejorar las compras para el VRAE. En Interior, los siete ministros apristas se disputaron el título de la peor gestión en seguridad en décadas.

Como bien ha recordado Rosa María Palacios, el libro autobiográfico de Ollanta Humala muestra a un militar en retiro preocupado por la degradación moral de su institución, cuyos altos mandos obedecieron a un capitán expulsado del Ejército bajo cargos de traición a la patria y firmaron un acta de sujeción para evitar investigaciones por corrupción y violaciones de derechos humanos. En consonancia con ese espíritu, el punto 2.8 del plan de gobierno de Gana Perú presenta una serie de iniciativas sobre defensa, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo que podría ser aplicada desde mañana mismo. Obviamente, con los nuevos ministros.

Si bien es importante que el Presidente de la República retome esta agenda reformista, también es necesario que los partidos políticos formen cuadros especializados en estos tópicos, que no sean necesariamente oficiales en situación de retiro. Y las universidades deben contar con programas de postgrado e incentivar la investigación académica y aplicada sobre estos campos. Ya es hora que los civiles nos ocupemos en serio de las políticas de Estado en seguridad y defensa.

(Columna publicada en El Comercio el 11.05.2012)

MAS SOBRE EL TEMA:

Sobre condiciones de las FF.AA., la columna de hoy de Rosa María Palacios

Sobre la inestabilidad en Interior, ver reportaje de INFOS sobre efectos en seguridad ciudadana

Percepciones sobre seguridad ciudadana: comenta Alfredo Torres

Sobre reforma del Estado, las columnas de Eduardo Dargent y Steve Levitsky

Vía PCM:

La Presidencia del Consejo de Ministros se dirige a la opinión pública para hacer de su conocimiento lo siguiente:

1. En la fecha, los ministros de Defensa, Luis Alberto Otárola Peñarada, y del Interior, Daniel Ezequiel Lozada Casapía, han presentado su renuncia irrevocable a sus respectivas carteras.

2. El Presidente del Consejo de Ministros, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política, ha procedido al trámite correspondiente ante el Despacho Presidencial.

Aunque desde ayer sonaban fuerte los rumores de renuncia, recién hoy al mediodía se confirmaron. Otras fuentes sostienen que Lozada renunció anoche y que la consigna era defender la permanencia de Otárola. Pero el tema se cayó, de acuerdo con esta versión, cuando vieron que en el Congreso las bancadas de oposición iban a conseguir adelantar la votación de la censura.  Abugattás convocó a Junta de Portavoces, se acordó que la sesión continuaría a las 2:30 p.m. En la pausa parlamentaria, se filtró la noticia.

Mientras que Lozada no ha emitido palabra alguna en estas horas (solo salió a defenderlo Valdés hoy temprano en América), Otárola convocó a una conferencia en la sede del MINDEF para dar un speech a la nación en el que sólo le faltaron las lágrimas.

¿Reemplazos? No se han anunciado aún. La única versión al respecto es la recogida hoy por La República en su versión impresa, que señala que los voceados son los viceministros Iván Vega (Interior) y Lizandro Maycock (Defensa), este último, oficial en retiro de la FAP.

Luego de las renuncias, quedan dos asuntos por resolver, como señala Pedro Ortiz Bisso, periodista de El Comercio:

Dos cosas importantes: quienes reemplazaran a Otarola y Lozada y cual sera el norte que seguirán. Si falla alguno el cambio no servirá.

Este post se actualizará si hay más novedades durante el día.

(Fotomontaje: La Mula)

Mientras que en el Congreso de la República aún no definen cuando se votará la censura a los ministros del Interior y de Defensa - aunque está el rumor fuerte que algún genio en la Plaza Bolívar pretende que sea el día de la Madre -, resulta necesario recordar a los congresistas que también tienen pendiente la elección de algunas autoridades: el Defensor del Pueblo (Eduardo Vega está de interino desde 2011), 6 miembros del Tribunal Constitucional (con lo que varía casi la totalidad de su conformación y, con ello, su tendencia jurisprudencial) y a 3 de los 7 miembros del Banco Central de Reserva. Sobre esta última elección nos ocuparemos hoy.

El Banco Central de Reserva es una entidad clave para la estabilidad macroeconómica del país, pues allí se decide la política monetaria del Perú.  Recuerden que en el primer gobierno de Alan, el BCR emitía moneda sin respaldo lo que, entre otras razones, generó la mayor inflación de la historia peruana. Y dado que las decisiones importantes se toman en un directorio de 7 personas, resulta básico conocer a los directores del Banco y que los mismos tengan las suficientes credenciales académicas y profesionales para poder desempeñar en buena forma este cargo.

Ahora, entremos a Derecho Constitucional 101.  El titular del BCR es nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Congreso. Como sabemos, el primer anuncio de nombramientos que hizo Humala fue la reelección de Julio Velarde en ese cargo, en parte para que le creyeran que no iba a hacer barbaridades económicas y en parte porque la situación internacional está tan complicada (y Velarde supo capear el temporal desde 2008) que se requiere alguien de ese perfil para el cargo.

Luego, el Poder Ejecutivo debe nombrar a tres directores, cuestión que cumplió en octubre. Y nuevamente la achuntó en los elegidos: Luis Arias Minaya, ex titular de la SUNAT, es el más conocido y lo acompañan el economista José Gallardo y el ingeniero industrial Jaime Serida. Los tres tienen buenas referencias académicas y profesionales.

Los tres directores restantes deben ser nombrados por el Congreso y aquí se ha suscitado un entrampamiento. Luego de varios rumores sobre nombres, parecía que se había llegado a una fórmula final: Jurgen Schuldt, profesor de la Universidad del Pacífico, era el candidato del oficialismo, mientras que Miguel Palomino, gerente del Instituto Peruano de Economía, era respaldado por Alianza Por el Gran Cambio. Perú Posible presentaba al ex ministro de Agricultura del gobierno de Toledo Francisco Gonzáles., mientras que el fujimorismo, en teoría, se mostraba de acuerdo con los tres nombres.

En teoría la elección de los tres estaba segura. Pero el tema se complicó por Solidaridad Nacional. Indicó La República la semana pasada:

Una vez más quedó entrampada la elección de los tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), designación pendiente en el Congreso desde que inició funciones. Jürgen Shuldt y Francisco Gonzales serían los fijos. El tercer puesto sería para Rafael López Aliaga, candidato de Solidaridad Nacional, quien se impuso ante Miguel Palomino, lanzado por Alianza por el Gran Cambio. Sin embargo Alianza Parlamentaria pidió una reconsideración al titular del Congreso, Daniel Abugattás.

¿Qué pasó? El 20 de abril, en el mismo diario, el periodista Martín Hidalgo contó que Palomino tenía resistencias, pero también López Aliaga:

Miguel Palomino, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), ha sido lanzado por Alianza por el Gran Cambio (APGC). Sin embargo, su vinculación a grandes consultoras generaron suspicacias en las demás bancadas.

“Tendría mucha información privilegiada y eso generaría un conflicto de intereses”, argumentaron. A esto se suma que el fujimorismo parece haber retirado su apoyo a dicho grupo.

Ese panorama abrió espacio para que Solidaridad Nacional sacara su carta: Rafael López Aliaga, candidato solidario al Congreso el 2011. El nombre del ingeniero civil que fungió de regidor el 2007, en la gestión de Luis Castañeda en la Municipalidad de Lima, provocó inmediato rechazo de Concertación Parlamentaria. La razón recae en las más de 170 denuncias planteadas en los últimos años contra empresarios y funcionarios. La defensa solidaria arguyó que no estaba envuelto en actos de corrupción.

Curioso, además, que el nombre de López Aliaga se haya impuesto al del otro voceado de SN, el economista Elmer Cuba, quien fue el jefe de plan de gobierno de Castañeda Lossio y que posee una trayectoria interesante en temas macroeconómicos.  Y también, confirmando lo que señaló Hidalgo, resulta sintomático que el diario La Razón, bastante cercano al fujimorismo, apoye a RLA en detrimento de Palomino.

Hay aquí, por tanto, algo que el Congreso debe resolver cuanto antes y en forma técnica. Si bien cierto cuoteo político es, de alguna manera, inevitable, lo cierto es que el BCR requiere de directores sin cuestionamientos y con una buena trayectoria. En medio de aguas internacionales movidas, el país necesita nombramientos transparentes y adecuados en esta materia.

Claro está, deberíamos poner el mismo entusiasmo en pedir buenos profesionales dirigiendo también los sectores de seguridad, sobre todo ahora que se ha confirmado la muerte de un militar por un ataque terrorista en Pangoa (Junín). Un motivo más para mandar a dos ministros a su casa. Que el Congreso cumpla con la censura y con buenos nombramientos en el BCR.

Hace apenas un año, Ollanta Humala despertaba temores en el sector AB. Los más apocalípticos señalaban que se irían del país (y hoy la mayoría de ellos han usado el Jorge Chávez para cualquier viaje común y silvestre) porque se venía un Chávez que estatizaría todo y que conculcaría la democracia.

El problema con este tipo de pensamiento es que no vio - mejor dicho, pocos lo vieron - que Humala ya venía teniendo una moderación fuerte desde la primera vuelta electoral (algunos incluso vaticinamos que probablemente no le iba a alcanzar el tiempo con la moderación para pasar a segunda vuelta, nos equivocamos) Y que en realidad, más que el combo autoritario - estatizador, los riesgos de su elección eran otros. Precisamente, hace 12 meses, Juan Carlos Tafur escribía lo siguiente:

Que se insista en la grita histérica que asocia a Ollanta Humala con modelos estatistas, chavistas, cuasicomunistas, es ya demostración de mala voluntad o de poca inteligencia. Más de lo que ha hecho el candidato de Gana Perú para demostrar que su propuesta final difiere radicalmente de su matriz original, no puede hacer.

Eso no lo libra de riesgos, por cierto. Pero creemos que el principal temor que debería inspirar Humala no es que ejecute un gobierno así, tirando al tacho promesas y juramentos, sino que el suyo sea un mal gobierno.

Gana Perú no tiene cuadros técnicos, le falta experiencia de gobierno y el norte trazado puede ser poco consensual en sus propias filas. Confiamos en que recorrerá la ruta de Lula más que la de Chávez, pero si su gestión es mala, así sus metas no sean de temer, puede terminar siendo un fiasco monumental que igualmente generaría un costo al país y lo podría conducir al desmadre social y político.

Es demasiado rápido para decir que el gobierno de Ollanta Humala es malo, pero creo que la estructura de poder que ha manejado en los últimos 9 meses lo ha encorsetado en un esquema que se asemeja mucho al desorden de los primeros años del gobierno de Alejandro Toledo y que, peor aún, no haya casi ninguna reforma seria en el ambiente. Y allí si se corre el riesgo de pasar a la historia como un gobierno más.

Lamentablemente, la discusión sobre el rumbo del gobierno de Humala se ha centrado mucho en la permanencia, continuidad o vuelta de algunas figuras. Desde la derecha más ultra se pide que se saque a cualquier elemento de izquierda del gobierno, mientras que un sector de la izquierda sigue pensando (ilusamente) que la próxima salida de Óscar Valdés del gabinete será un regreso al “programa original”. El problema no está (solamente) en los ministros, sino en un gobierno que tiene claras algunas metas que quiere conseguir, pero no cómo hacerlo.

Existen dos riesgos adicionales. El primero de ellos es la frivolización que tienta a quien ejerce el poder. Mal achacado (con justicia) a Toledo, pero del que tampoco estuvo exento Alan García. Como indica Carlos Meléndez:

La frivolidad es un mal que padece cierto tipo de poderosos. Delata la falta de estatura para responsabilidades políticas en las que el gesto del estadista es importante. Desde los fines de semana de Punta Sal de Toledo pasando por el ego colosal de García, los inquilinos de Palacio de Gobierno parecen heredar los gestos impropios de gobernantes sin aprecio por los peruanos. La aprobación presidencial producto de una combinación entre “luna de miel” y respaldo a la lucha contra el terrorismo, no debe interpretarse como una carta blanca  para convertir Palacio en un hogar de vanidades.

El segundo riesgo es la otra cara de la moneda de la frivolización: el olvido de una agenda de reformas. Y ello implica tomar el toro por las astas frente a instituciones y sectores que requieren cambios a gritos. Sobre ello, comenta Eduardo Dargent:

Finalmente, otro aspecto negativo en mi opinión es que va quedando claro que no habrá reformas de fondo en diversos temas: administración pública, regulación o salud, por ejemplo. No se observa un Gobierno con un plan de reforma del Estado ambicioso y objetivos definidos. Si bien esta ausencia de propuestas de mediano y largo plazo no sorprende, dada nuestra precariedad política, no deja de ser lamentable. Uno tiene la sensación de que estamos desperdiciando un excelente momento económico, y que descubriremos el enorme costo del cortoplacismo solo cuando el dinero no sobre.

¿Qué queda entonces? La ansiedad por la imagen. Aquí un ejemplo claro. Humala termina dándole tanto peso a un proyecto de alcance regional como Conga, a fin de aparecer como impulsor de las inversiones (léase, que al fin le crean del todo en el Club Empresarial), que terminó despertando las protestas cajamarquinas, careció de estrategia para explicar su giro y olvidó los errores que Yanacocha ha tenido en su paso por Cajamarca. Y cuando dio una propuesta meridianamente sensata de solución, se olvidó del trabajo político necesario para implementarla, además de los proyectos de Ley para afianzar la nueva relación minería - medio ambiente - comunidades - Estado.

Lo mismo ha ocurrido con el tema de la seguridad en el VRAE y La Convención, como bien lo ha explicado el editorial de Gonzalo Zegarra en Semana Económica del último lunes, olvidando que habían problemas de fondo en las Fuerzas Armadas que van más allá de ministros ineptos y las uñas largas de siempre, como refirió ayer Rosa María Palacios.

Quizás la muestra más patente de esta obsesión con la imagen (gracias Favre) sean las declaraciones de Nadine y Valdés acerca del intento de censura a los ministros del Interior y de Defensa, al indicar que ello daría la señal de “un triunfo del terrorismo”. Más bien los Quispe Palomino siguen destapando chelas al ver los intentos de blindaje de dos personajes que han cumplido su ciclo en el gabinete.

El gobierno tiene aún tiempo para enmendar rumbos. Pero, más allá de los nombres de sus siguientes ministros, se necesitaría tener claro el norte del gobierno. Hay algunos sectores que vienen avanzando en algunas definiciones, pero la orquesta necesita a un director cuyo jefe le deje espacio suficiente para dirigirla y, por supuesto, que no desafine cada vez que habla. Ello también implica mejorar la pobre relación que tiene el Presidente con su bancada. Y claro, tener clara cuál va a ser la partitura en los siguientes años. Así definimos claramente quien es quien en este gobierno (y en la oposición, que aparece igual de débil).

MAS SOBRE EL TEMA:

Juan Carlos Tafur: Es difícil gobernar por la derecha, Ollanta

Javier Torres Seoane: Un gobierno sin Hoja de Ruta

Editorial del sábado de El Comercio: ¿Hasta cuando?

El último viernes, escribí una columna en El Comercio sobre el contexto general de una campaña que buscaba bajarse el juicio que se sigue en el subsistema anticorrupción por el caso Chavín de Huántar.  Y cómo dentro de esta campaña resultaba clave el “peritaje” encargado por el Ministerio de Defensa para, supuestamente, demostrar que las presuntas ejecuciones extrajudiciales materia del proceso nunca se produjeron.

Antes de continuar, las atingencias de rigor. La operación militar, como ya hemos señalado otras veces, merece nuestro reconocimiento. Los hechos materia del juicio se produjeron luego de concluida la misma e involucran a cuatro sujetos que convirtieron a las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia en su chacra personal y las usaron para temas delictivos por los que ya están sentenciados (como espionaje telefónico, corrupción y violaciones a los derechos humanos).

Y el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso no tiene que ver con los comandos, sino por la cadena de errores que ha cometido el Estado peruano al momento de procesar estos hechos, cuestión de la que se hubiera librado si el juicio civil no se hubiera prolongado tanto tiempo y si los comandos hubieran sido absueltos en el Poder Judicial y no en el fuero militar.

Ahora sí, aquí algunas cuestiones que me han llamado la atención del famoso documento:

1. QUIENES HICIERON EL “PERITAJE”:

Jonathan Castro de La República entrevistó a Gloria Cano, abogada de la parte civil en este caso, quien aportó datos significativos sobre a quienes se encargó este informe:

Cano aseguró que uno de los peritos del Mindef, el médico Juan Carlos Leiva, firmó el documento de necropsia de los 14 emerretistas sin haberlos revisado en 1997. Eso lo reconoció Leiva en la audiencia 61 del proceso. Sobre el otro perito, Antonio Loayza, afirmó que fue solicitado por Huamán Azcurra por un peritaje que había elaborado pero que a mitad de camino desistió.

De allí que resulte sintomático que sea Huamán Azcurra quien levante este peritaje.

Un dato adicional sobre la necropsia de 1997. Durante el primer juicio oral del caso Chavín de Huántar, una especialista médica que participó en dicha diligencia, señaló lo siguiente (extraido de una crónica elaborada para Idehpucp sobre este caso):

Por su parte, la doctora Peña Vargas indicó que las necropsias practicadas en 1997 fueron parciales, pues solo se examinaron el tórax y la pelvis. No se abrió la cabeza porque no tenían equipo, ni agua ni espacio para poder trabajar dicha zona del cuerpo, ni tampoco las condiciones adecuadas para realizar las necropsias. Los protocolos de necropsia fueron elaborados el 24 de abril de 1997, a mano. Luego fueron enviados al jefe de la unidad para que fueran pasados a limpio y firmados por él. Nunca se les entregaron las transcripciones para verificar si lo puesto allí correspondía con lo que ellos habían recabado como información.

Por ello fue que el Ministerio Público encargó en 2001 al Equipo Peruano de Antropología Forense un peritaje que examinara los cuerpos de los terroristas en su integridad.

2. LOS ERRORES DEL PERITAJE:

Vayamos al fondo del peritaje, que tiene varios errores. Y el primero de ellos es que no se han examinado los cuerpos de los terroristas presuntamente ejecutados extrajudicialmente. Lo que se hace, en realidad, es examinar el informe presentado en su momento por el EPAF a solicitud del Ministerio Público.

Un segundo punto que merece rebatirse tiene que ver con esta afirmación del Procurador del Ministerio de Defensa recogida por Diario 16:

También dice que no hay “características de disparo a cañón aplicado, y no presenta signo de Benassi”.

Durante todo el juicio, los abogados de las defensas de los cuatro acusados (Montesinos, Huamán, Hermoza y Zamudio) han buscado probar que no hubo ejecución extrajudicial porque no hay signo de Benassi o marcas o tatuajes que queden como residuos de disparos a corta distancia. De hecho, así se lo preguntaron incesantemente tanto a José Pablo Baraybar, Clyde Snow y los peritos del Instituto de Medicina Legal. Esto fue lo que recogimos en la citada crónica en relación con la respuesta que dieron los expertos del IML:

La mayor parte de preguntas de las defensas estuvieron orientadas a indicar si es que existía algún signo de disparo de bala que haya quedado en los cuerpos, más allá de las perforaciones de los huesos debido a tales impactos. Los médicos informaron que dichos signos solo podían encontrarse en tejidos blandos, que no estaban presentes en los restos hallados.

Los restos analizados en 2001 corresponden a restos óseos, no a cuerpos que contengan tejido blando. Ello sí podría haberse analizado en una necropsia practicada en 1997 pero, como ya hemos señalado, la misma tuvo serias deficiencias y no analizó el cráneo de los terroristas. ¿Qué hace el abogado del Estado comprándose la tesis de la defensa de los “gallinazos”?

Hay otras deficiencias en el informe, que han sido mejor descritas por José Pablo Baraybar para La Mula:

Baraybar explicó que el informe de la PNP había sido realizado en base a información incompleta, en cuanto se refiere al orificio de entrada de la bala que mató al emerretista “Tito”. Este explicó que el documento policial se basó en el examen del cráneo sin recontruir el del emerretista, lo cual no podía brindar la rigurosidad necesaria para elaborar el peritaje.

Además, dijo que los demás puntos del informe PNP corroboraban lo concluído por EPAF en 2001, con diferencias únicamente en los términos usados, mas no en el fondo de las conclusiones.

Más en este video en el que el experto en temas forenses da una explicación técnica, pero sencilla de entender:

3. UN ERROR QUE NOS PUEDE PERJUDICAR EN SAN JOSÉ:

Como señalamos al inicio, el caso planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprende al Estado peruano y no a los comandos. Y tiene dos temas a discutir: la existencia de indicios fuertes sobre ejecuciones extrajudiciales y los problemas de debido proceso con los que se trató el caso.

Si el peritaje buscó negar la existencia de ejecuciones posteriores a la operación de rescate, con un peritaje destinado a contradecir en forma tan burda las pruebas existentes, pues están cometiendo un error. No solo porque hay pruebas que apuntan a que, al menos, existió una muerte cometida fuera de combate, sino que un intento tan burdo de bajarse el caso puede verse como un intento de encubrimiento. Y eso puede ser un motivo más para que condenen al Estado en dicha instancia internacional.

Si el Estado peruano está metido en este embrollo es por su propia culpa. No acabar un juicio en tiempo prolongado y absolver a comandos inocentes en un fuero que no correspondía es algo que le está reventando en la cara. Y se complica aún más con un documento endeble. Lástima que quienes se dicen defensores de los comandos terminen enredándolos más en un caso del que habrían podido salir hace años, si es que se les absolvía en el fuero común. Y terminan comprándose la defensa de varios de los personajes más nefastos de la historia peruana.

MAS SOBRE EL TEMA:

Recién se sabrá la otra semana si el “peritaje” entra al juicio

Marisol Pérez Tello, del PPC, señala que el documento terminará favoreciendo a Montesinos

Si el Presidente de la República, luego de regresar de Tokio y Seul, recupera algo de sentido común - el que también parece haber perdido su consorte al blindar a un gabinete más que incinerado -, debería hacer ajustes importantes en su gabinete ministerial. En nuestra humilde opinión, esta es la lista de ministros a los que debe pasar a retiro:

OSCAR VALDES DANCUART: Hemos escrito largo y tendido sobre la lista de declaraciones y decisiones desatinadas en temas directamente vinculados con su gestión. Pero a estos problemas suma una pobre conducción política en los dos temas centrales de su gestión: Conga y la lucha contra la subversión. Resulta sintomático, además, que los diarios que apoyaron a Alan García sean los que han respaldado más a Valdés.

DANIEL LOZADA Y ALBERTO OTAROLA: Con ellos se acumula todo el desgaste de la lucha contrasubversiva, así como problemas propios de cada uno de sus sectores, frente a los cuales han sido absolutamente inoperantes en tratarlos y solucionarlos. Son los pedidos para salir por la mayor parte de la opinión pública. Sin embargo, es necesario compartir la atingencia de Mirko Lauer:

Los ministros deben irse de todas maneras. Pero sus detractores deben ser conscientes de que eso por sí solo no resolverá el problema de la guerra. Es la hora de empezar a escuchar a los críticos más severos de toda la concepción civil-militar de la lucha en el Vrae, como es el caso de Fernando Rospigliosi, el comentarista que con más precisión ha ido señalando que en esto el emperador está desnudo.

JUAN JIMENEZ MAYOR: Si Otárola es el ministro que se ha comprado el cuento de un peritaje cuestionable sobre el caso Chavín de Huántar, Jiménez es el responsable de una estrategia que juega en pared con este documento, que probablemente ni siquiera pueda entrar al juicio contra los miembros del SIN fujimorista involucrados. Su desconocimiento en materia de derechos humanos, área que está bajo su cartera, y su bajo perfil en los temas de justicia, lo hacen candidato clave a salir.

JOSE URQUIZO MAGGIA: Más que al retiro, Humala lo debería devolver a donde le es funcional: la bancada en el Congreso, donde su mayor contribución es el voto. La carta de su renunciante viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, es el mejor argumento para su salida: falta de cambios de funcionarios clave, falta de coordinación y un conflicto sobre la merluza que costó dos muertos en Paita y una denuncia de IDL-Reporteros sobre presiones de los armadores pesqueros a instancias de Valdés.

Y a ellos debemos sumar un nombre más:

ADRIAN VILLAFUERTE MACHA: El asesor presidencial en temas militares termina salpicado por el desastre en Kepashiato. Su presencia en varias oportunidades en la zona le dio un perfil alto que lo coloca en la lista de personajes cuyo manejo en esta crisis no ha sido el más adecuado.

¿Asumirá este costo el Presidente de la República?

A todos nos ha dolido la muerte del suboficial César Vilca. A todos nos ha estremecido que sea su propio padre quien lo haya tenido que encontrar y traer su cuerpo en la maletera de un taxi. Se nos escarapela el cuerpo al saber que, sea por inoperancia o porque no existe un trabajo en serio para ganarse la confianza de nuestros compatriotas en el VRAE y La Convención, nuestros soldados y policías están expuestos al fuego terrorista.

Y por ello es que palabras como las que hoy coloca Patricia del Río en su columna en El Comercio resuenan con más fuerza:

Porque vamos a decirlo de una vez por todas, el Estado abandonó a César Vilca mucho antes que el helicóptero que emprendió vuelo dejando a tres policías solos enfrentando a toda una columna de terrucos. El Estado los abandonó el día que decidió mandar al VRAE a policías y militares mal vestidos, peor alimentados y, a veces, escasamente preparados. En realidad, los abandonamos todos nosotros cuando se nos hizo normal que murieran jóvenes luchando contra el narcoterrorismo en la selva, mientras aceptábamos sin chistar que inescrupulosos fiscales pretendieran archivar casos como el de los Sánchez Paredes. Los condenamos a muerte el día que nos olvidamos de reclamar por qué cuernos no hay todavía un escáner que detecte cargamento de droga e insumos químicos en los caminos del VRAE. Nos sentamos a verlos morir el día que permitimos que la lucha en el VRAE se convierta en un pretexto para justificar que se pelea contra el narcoterrorismo, cuando cientos de toneladas de droga siguen saliendo por puertos y aeropuertos de nuestro país.

Muchos, a través de las redes sociales, han expresado su dolor, su impotencia y su indignación solicitando la renuncia de los ministros del Interior y de Defensa. Nosotros nos sumamos a ese pedido, no solo también porque estamos indignados y dolidos, sino porque, en frío, las gestiones de Daniel Lozada y Alberto Otárola han sido un monumento al desastre.

Los retos en los sectores vinculados a la seguridad ciudadana y nacional son grandes. Respecto al Ministerio del Interior, Carlos Basombrío describió hace algunos meses la triste herencia legada por Alan García:

El sector Interior es otro problema. La seguridad ciudadana se ha deteriorado significativamente en el gobierno de García. El narcotráfico ha aumentado su poder y ejercido nuevas formas de violencia. Si bien se ha avanzado en el Huallaga contra Sendero Luminoso, en el VRAE se ha fracasado estrepitosamente, al precio de la vida de decenas de miembros de las fuerzas del orden. El manejo del orden público ha sido un desastre. Se ha oscilado entre la permisibilidad absoluta y la represión indiscriminada. En lugar de profesionalismo es decir actuar con firmeza pero sin daño, hemos tenido decenas de manifestantes y de policías muertos. A todo lo anterior se suma quizás lo más grave, que los que valen dentro de la Policía Nacional están desmoralizados, sabiendo que la corrupción se ha extendido como un cáncer desde la cabeza hasta los pies de la institución.

¿Qué hizo Ollanta Humala frente a ese reto? Le dio, en un inicio, el ministerio, a Oscar Valdés Dancuart, cuya gestión en la Presidencia del Consejo de Ministros ha merecido severas críticas desde este espacio. Pero hay que recordar que el hoy titular de la PCM tuvo una gestión lamentable en Interior, cuyo máximo signo fue sacar al escuadrón de Aguilas Negras de la custodia de los bancos, lo que trajo el regreso los asaltos a las entidades bancarias, que ya estaban en el olvido. Y fue Valdés quien trajo a los dos señores cuya cabeza hoy pedimos.

La mejor muestra de la inoperancia de Lozada fue su balbuceante presentación en el Congreso para intentar justificar el Servicio Policial Voluntario, un papelón que le debió valer la censura si es que las bancadas parlamentarias se hubieran puesto de acuerdo. Y mientras que en el VRAE los soldados pasan las de Caín, ayer Otárola y el Procurador del Ministerio de Defensa hacían un papelón al presentar un “peritaje” sobre el caso Chavín de Huántar con varios huecos en su argumentación, haciéndole el juego a Vladimiro Montesinos y compañía. Esas son las “prioridades” de estos dos ministros.

Si bien es cierto que los problemas en el VRAE no nacieron con este gobierno, la selección de ministros del Interior y de Defensa - si sumamos a Daniel Mora - ha sido desafortunada e infeliz. Y ya es hora que los responsables políticos se vayan a su casa, sea por renuncia o por una censura en el Congreso. En este último caso, además, debería existir una autocrítica de todos los partidos - ninguno se salva - cuya presencia en el VRAE es nula o escasa.  Ello y una política en serio en el VRAE, que sea integral, es el mejor homenaje a nuestros héroes, antes que banderas, condecoraciones y ceremonias.

MAS SOBRE EL TEMA:

Francisco Pérez García: La indiferencia también mata en el VRAE

(Foto: Radio La Luz)

Hasta hace una semana, César Acuña Peralta acumulaba un interesante capital político con miras a los procesos electorales de 2014 y 2016. Dos victorias personales consecutivas frente a los candidatos apristas a la alcaldía provincial de Trujillo, dos congresistas de la República, dos gobiernos regionales (Lambayeque y Ayacucho) y varios alcaldes y regidores en todo el país.

A estos logros de la última década, Acuña sumaba su propio capital personal como empresario exitoso, propietario de varias universidades y con una imagen de superación personal y económica atractiva para las nuevas clases medias. Como señaló Martín Tanaka sobre los últimos resultados electorales regionales y municipales, es creciente el número de personalidades con poder económico que apuestan por convertirlo en capital político. Esta situación marca un modo de hacer política.

Hace poco más de un año, en la revista Dedo Medio, Carlos Meléndez presentó un completo informe acerca del “estilo Acuña”. En dicho reportaje se describió una forma de clientelismo basado en una fundación bautizada con el nombre de la madre del burgomaestre trujillano y programas sociales desarrollados con el peculio del líder de Alianza Para el Progreso. A ello se sumó el trabajo remunerado de varios de los dirigentes de este partido en el consorcio universitario de propiedad de su líder máximo, a cuyos alumnos, en plena campaña electoral municipal, el reelecto alcalde prometió puestos de trabajo.

Hasta allí, teníamos a un sofisticado ejemplo de la política sin partidos, construido a partir de la fortuna personal del alcalde Acuña, asegurando clientelas propias, asistencialismo privatizado y cuadros remunerados. Pero este es un modelo con ciertos límites. Como indicó Meléndez en mayo de 2011, “el clientelismo peruano actual sólo funciona cuando es personalizado, cuando los réditos electorales pueden llevarse un candidato al Parlamento, o un alcalde provincial”. Ello explica porque PPK no obtuvo en el norte los votos necesarios para pasar a segunda vuelta, a pesar que el clientelismo en el Perú es tan añejo como la música criolla.

La semana pasada, Christopher Acosta, periodista de INFOS (equipo de investigación del Instituto Prensa y Sociedad) presentó un completo reportaje en Poder y el portal La Mula acerca del uso de una partida especial denominada “subvenciones sociales” de la Municipalidad Provincial de Trujillo, para acciones asistencialistas en plena campaña electoral (incluyendo posibles beneficios a militantes del partido de Acuña) y el pago de docenas de fiestas de los tres sindicatos municipales. Hechos que ya vienen siendo investigados por el Ministerio Público, a los que se suma la contratación de militantes de APP y egresados de la universidad de Acuña en la comuna norteña. Un combo que puede dinamitar la carrera del alcalde trujillano.

Sin duda, este caso remarca la necesidad de contar con organizaciones políticas cuyos fundamentos vayan más allá de la obtención de un cargo o del patrimonio personal de sus principales líderes. ¿Será posible construirlas?

(Columna publicada en El Comercio el 27.04.2012)

MAS SOBRE EL TEMA

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Trujillo sobre la denuncia

La respuesta de INFOS al comunicado de Acuña

En el día de los trabajadores, resulta necesario dedicar unas líneas a una entidad que para muchos sabe a mala palabra: sindicato. Denostado por algunos empleadores que lo consideran un anacronismo, manipulado por algunos dirigentes sindicales que ven en ellos un medio de ingreso o un trampolín político, es necesario recordar para que fueron creados y porque siguen siendo importantes.

Si hay algo que nos enseñan a quienes pasamos por una Facultad de Derecho es que el Derecho Laboral se creó para regular una relación desigual. Y por ello es que se generaron una serie de derechos y beneficios a favor de los trabajadores. Uno de ellos fue el reconocimiento de los gremios laborales, a fin de equilibrar en fuerza de negociación a los empleadores. Este esquema básico de la relación laboral no ha variado y de allí que la institución sea vital e importante.

Lo que sí ha variado es el contexto. La historia de luchas por los derechos laborales que siempre debe estar presente en la memoria colectiva de todos los países ha dado paso a un periodo complejo, en el que el empleador visto como el villano y el sindicato asumido como una entidad que reclama sin sentido son estereotipos que impiden avanzar en la consecución entre el equilibrio entre las condiciones para generar más puestos de trabajo y un trato justo a los trabajadores.

En el Perú, lamentablemente - y por culpa de algunos de los actores laborales - estos prejuicios siguen en pie. Y en ello el sindicato es el que ha terminado pagando pato, pues ha sido estigmatizado como un grupo de bulleros que queman llantas en la calle y que solo quieren esquilmar al empleador.  En tanto y en cuanto los actores laborales y el Estado no cambien esta imagen, el sindicato seguirá estando lejano del trabajador, quien no se verá incentivado a formarlo, sea por las represalias del empleador, o porque no ve beneficio alguno perteneciendo al mismo.

Y ello pasaría, por cierto, por definir de una vez por todas, una Ley General del Trabajo que llegue al equilibrio antes indicado, lo que implica cesiones por parte de empleadores y trabajadores. Y por supuesto, del principal empleador del país: el Estado peruano.

Hace algunas semanas, un artículo del empresario Diego de la Torre publicado en El Comercio mereció una serie de críticas y comentarios - la mayoría negativos -, debido a una visión extremadamente optimista sobre el país que lo llevó a la tentación de mandar al retiro a César Vallejo y Julio Ramón Ribeyro porque sus obras no ayudaban a crear una “mentalidad ganadora” entre los peruanos. No repetiré los ecos del apanado virtual que hubo pero recomiendo leer lo que escribieron Raúl Tola, Juan de la Puente, Alfredo Torres y Pedro Salinas en relación con el artículo de marras.

Más allá de los gustos literarios de De la Torre, lo que más me llamó la atención del artículo - y de uno posterior del mismo autor - era el optimismo militante que transmitía. Una actitud frente a la vida que ya parece new age, propia de los centros de couching personal o de alguna secta o facción religiosa extremista.

Entendámonos bien. Creo que nadie puede negar los avances económicos que el país ha tenido durante los últimos 12 años. Sería mezquino señalar que el Perú no ha crecido o que no ha reducido sus índices de pobreza. Y que, al menos en la parte macroeconómica, no andamos mal.

Pero creo que pasar de dicho reconocimiento a un optimismo pop como el que se puede ver en el artículo de De la Torre si resulta peligroso. Y ello se debe a que la visión de ganadores y perdedores, optimistas y pesimistas que tiene su escrito como base tiene como trasfondo una visión binaria del país que termina dejando de lado derechos fundamentales. Una postura que, traducida a términos políticos, es la que encarna Alan García, como bien resume Roberto Bustamante:

Se debería hacer una suerte de síntesis del pensamiento García. Una forma ideológica donde el mundo se divide entre exitosos y derrotados. En efecto, lo que se trata para García, a lo largo de sus numerosos discursos, el tema es pensar en grande. El que no lo hace es lo que el mismo García ha llamado un perro del hortelano: Alguien que no solamente es un derrotado como persona, sino que, según esa lógica quiere que todo el resto sea igualmente derrotado.

Es un embate ideológico donde resuena con fuerza la idea del emprendedor y no del ciudadano. No se trata de una sociedad de personas con deberes y derechos, sino más bien donde el éxito (y la movilidad social) es individual. Parte de ese discurso apareció en ciertos sectores en la segunda vuelta cuando se trató (inútilmente) de discutir la necesidad de derechos universales. ¿Por qué debo yo costear la educación del que no tiene?, decían algunos y algunas. Como si el otro se mereciera su pobreza.

Esta masacota intelectual tiene efectos prácticos en el debate público: se califica como “caviares” a quienes que recuerdan las tareas pendientes en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción, se señala que todos quienes protestan están llevados de la mano por ideologías derrotistas y están manipulados y, peor aún, se confunde al liberalismo con un conservadurismo de poca monta que deja de lado las libertades básicas y se agolpa en expresiones periodísticas que solo atinan al insulto.

De allí se pasa rápidamente a la intolerancia a la crítica. Algunas de las expresiones de la misma las hemos visto en el párrafo anterior. Pero tal vez una de las más crudas, por el racismo y clasismo que traslucían, se vio la semana pasada en el campo de la moda: el diseñador Gerardo Privat dejó traslucir tal cantidad de prejuicios en una respuesta a una crítica de una conocida blogger del ramo, Lorena Salmón, que uno legítimamente se pregunta si es que, además de calzar con el estereotipo que muchas veces se achaca al mundo de trapos y pasarelas, no será que todos los insultos políticos que uno ve tienen como sustrato algo más que viene pasando en la sociedad peruana. (Ver más en lo escrito por Renato Cisneros y Hugo Coya).

Finalmente, todo esto nos lleva a la autocomplacencia. A celebrar un país que avanza mientras sus soldados y policías pelean en el VRAE con mucho en contra, a refugiarse en las páginas sociales mientras un valiente suboficial de policía llegó a duras cuestas a salir con vida luego de 17 días de camino. A creer que somos el país estrella de América Latina cuando nuestra educación sigue siendo paupérrima. Y a olvidar todos los retos que tenemos, no solo en el campo de la competitividad económica, sino en el de la convivencia entre peruanos y de las instituciones, donde se encuentran los mayores retos para ser un país que se precie de ser una nación con miras a ser grande.

Es mejor la cautela y la crítica antes que la reventada de cohetes. Y ello no solo lo deberían entender en Palacio de Gobierno, sino en todos aquellos lugares donde el “optimismo pop” es casi catecismo. No vaya a ser que el Basadre del siglo XXI describa este periodo como el de una nueva “prosperidad falaz”.

A partir de lo ocurrido en Kepashiato, varias denuncias periodísticas han comenzado a dar cuenta de las malas condiciones de los soldados en el VRAE: chalecos sin las características requeridas para la protección de oficiales y suboficiales y comprados a una compañía en quiebra, alimentos en mal estado proporcionados a los soldados en 2009 y 2010 y la empresa que actualmente provee las raciones en el VRAE tiene un proceso pendiente por la sobrevaloración de alimentos destinados para el terremoto de 2007.

No hay duda que estos problemas vienen de antes (de hecho, varias de las compras se hicieron en el gobierno de Alan), pero le toca a este gobierno resolver estas preocupantes situaciones. En esa línea, AAR comentaba en su columna de ayer:

Estos casos de corrupción no son sencillos de enfrentar cuando son parte de una estructura antigua y bien establecida para desviar recursos públicos a fines particulares.

Si todo esto es cierto, no habrá otra manera de encarar un proceso de reforma de las Fuerzas Armadas y Policiales que no pase por el establecimiento de mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos asignados con el fin de que no sean un coto privado que, bajo el argumento de la reserva militar, se convierta en el biombo ideal para el asalto manu militari al erario.

De hecho, recordemos que buena parte de los casos de corrupción que involucraron a la cúpula militar vinculada a Fujimori y Montesinos se concentró en compras de armamento, varias de las cuales fueron adquiridas so pretexto de un posible conflicto con Ecuador, previo al acuerdo de paz de 1998. Y poco se ha avanzado en el control de compras militares en la última década. Recordar, por ejemplo, el caso de la compra de gasolina para el Ejército, revelado por Gorriti.

De allí que sorprenda la velocidad con la que el Ministerio de Defensa ha tomado una decisión sobre la materia. Vía El Comercio:

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, informó que su gestión implementará la denominada Agencia Central de Compras Militares, a fin de garantizar la transparencia en las adquisiciones de bienes y servicios para las Fuerzas Armadas y así evitar demoras en la ejecución de estos procesos.

Mediante una nota de prensa se explica que dicha agencia centralizará las adquisiciones de los institutos armados y “permitirá el desarrollo planificado y de economía de escala en las compras”.

De esta manera, el Ejército, la FAP (Fuerzas Aérea del Perú) y la Marina ya no comprarán directamente, facultad que tenían hasta ahora, según indicaron fuentes del Ministerio de Defensa a elcomercio.pe.

Las mismas fuentes precisaron que este nuevo ente centralizado también se encargará de la compra de alimentos para los miembros de las Fuerzas Armadas, tema que ha sido blanco de serios cuestionamientos en los últimos días.

Si bien es cierto que una medida como ésta debe estudiarse y evaluarse, creo que es necesario tomar un paso anterior para ordenar este tema. Y es que no solo se deben ver los procesos administrativos importantes para disminuir las posibilidades de corrupción en este tipo de compras. Es necesario que el Ministerio de Defensa (y claro, el Ministerio del Interior también) tenga mucho más claros sus requerimientos y necesidades, a fin de evitar que la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el VRAE sea la coyuntura propicia para que algunos cuantos sinvergüenzas se enriquezcan.

MAS SOBRE EL TEMA:

Gustavo Gorriti: La historia y el destino

Especial de la CNDDHH sobre uso de niños y adolescentes en el VRAE

(Foto: El Comercio)

Esta semana, Ciudadanos por el Cambio, el colectivo de intelectuales y técnicos de izquierda que apoyaron a Ollanta Humala y que formaron parte de su primer equipo de gobierno, tuvieron una reunión nacional en Lima, cuyos ecos se han hecho notar esta semana.

La cita ha permitido que Salomón Lerner Ghitis, ex presidente del Consejo de Ministros, regrese a las primeras páginas de las secciones políticas de los medios de comunicación. En dos entrevistas, concedidas tanto a La República como a ATV+, Siomi ha dejado algunos mensajes claros de su postura: apoyo y revindicación de la paternidad sobre la solución propuesta por el gobierno en el tema Conga, cuestionamiento a los errores de comunicación del gobierno, autocrítica por la falta de cohesión que tuvo el primer gabinete, críticas sutiles a Oscar Valdés y pedidos de medidas concretas. Digamos, un apoyo crítico al gobierno.

Donde sí varió un tanto la respuesta entre entrevista y entrevista es en la posibilidad de retorno al Gabinete. Mientras que a La República le dijo que “podría conversarse”, a Augusto Álvarez Rodrich le señaló que no volvería, debido a que extrañaba sus otras actividades.  En su comentario diario, el periodista Pedro Tenorio indica que, de acuerdo a fuentes vinculadas a Lerner, las declaraciones no buscan un reentré al gobierno, sino a una mayor presencia de Ciudadanos por el Cambio en el escenario político.

Pero hoy la línea del “apoyo crítico” dada por Lerner Ghitis - y secundada por Carlos Tapia - se contradice con una noticia aparecida en La República. Sinesio López, otro miembro de CxC, anunció que este colectivo rompe todo vínculo con el gobierno y que:

la decisión del colectivo se da ante la necesidad de construir un frente amplio de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda como factor fundamental para crear la nueva correlación de fuerzas nacionales, regionales y locales necesarias para la transformación democrática del país.

Con este propósito –dijo– el colectivo respaldará decididamente las justas demandas de los movimientos sociales y regionales, en especial de los grupos ambientalistas.

Aquí hay tres dilemas. El primero es que los propios integrantes de CxC no tienen clara su postura ante Humala. Es notorio, al revisar las columnas de Sinesio López en LR, que el conocido analista quiere pasar a una oposición más nítida. Pero, de las declaraciones de Lerner y Tapia, se nota que este paso no lo comparten todos.

Y la pregunta no es moco de pavo, dado que dos integrantes del colectivo son embajadores del Perú nombrados por Humala (Aida García Naranjo en Uruguay y Nicolás Lynch en Argentina) y que existen diversas versiones sobre la formación de una facción dentro de Gana Perú o una bancada propia liderada por Javier Diez Canseco y Rosa Mavila, quienes también pertenecen a este grupo.

El segundo dilema es la posición de apoyo crítico a Humala. Y lo digo por una razón: por más que esté cantada la salida de Valdés de la PCM, resulta claro que el Presidente de la República no volverá al programa original, por lo menos, no en los alcances, forma y discurso propuestos por el referido colectivo. Y esa no fue una posición que tomó el 28 de julio de 2011, sino antes. Como bien recuerda Carlos León Moya:

Viajemos a enero del 2010. El Manifiesto de bautizo de CxC, ¡Por la gran transformación del Perú!, es aún más explícito: evitar “continuar con la imposición neoliberal” con “un cambio radical en la economía” que implique “un camino distinto que supere la herencia colonial de la república criolla”;  “una Nueva Constitución que exprese la voluntad popular y ponga fin al veto del gran capital”; y cambiar el “modelo primario exportador neoliberal” por uno que  “recupere el control nacional de los recursos naturales”.

Volvamos a julio del 2011. Ahora explíquenme cómo se sostiene que CxC le dio el “discurso” a Humala. Es cierto, CxC tuvo un aporte en temas programáticos y hasta discursivos muy importante, pero al final el discurso que se impuso, con las consecuencias políticas que esto tendrá en el nuevo gobierno, no fue el que la mayoría de ellos hubiese preferido.

Alrededor de enero hubo una fuerte tensión al interior de Gana Perú. El motivo: el estancamiento de Humala en las encuestas. En sus propias palabras, “a pesar de que las encuestas nos ponían en 8% y de que un sector dentro del partido señalaba que nos estábamos saliendo del mensaje del 2006, que nos estábamos pegando al centro, yo seguí. Teníamos un sector que planteaba radicalizar el discurso, pero nosotros mantuvimos el timón firme en la tormenta. El resultado de la primera vuelta fue un voto de confianza del pueblo”. Quienes pensaban que se debía persistir en la estrategia eran principalmente los asesores brasileros. Adivine quiénes creían que debía radicalizar el discurso.

Y el tercer punto es la propia consistencia de Ciudadanos por el Cambio. Las diferencias sobre posturas frente al gobierno van en la línea de la coda del mencionado artículo de León Moya:

Es decir, que sus miembros se reconozcan bajo un rótulo común no es suficiente argumento para analizarlos como grupo. Sus acciones individuales pueden ser ausentes de coordinación, los intereses, objetivos y estrategias de sus miembros pueden ser no solo distintos sino contrapuestos, etcétera. Durante el 2010 era más o menos fácil distinguir el hilo común: ser el cuerpo técnico de Humala, darle soporte programático e ideológico al nacionalismo y construir el Plan de Gobierno. Ahora, ¿cuál será?

Y esa pregunta es ahora clave para saber si pueden ser la locomotora programática de una izquierda que aún no sabe que rumbo tomar.

MAS SOBRE EL TEMA

La “amistosa” respuesta de Abugattás, vía La República

Documento: Acerca de la táctica de CxC. Ver el análisis en Spacio Libre

(Foto: La República)

Un aspecto poco analizado en las relaciones políticas de este gobierno se encuentra en la relación entre Palacio de Gobierno y la bancada oficialista, así como dentro del grupo parlamentario Gana Perú. A partir de algunas noticias y reportajes aparecidos en los últimos días, será bueno explorar las variables de esta relación:

UN GRUPO PARLAMENTARIO CON DESORDEN: A fines de enero, Oscar Miranda presentó en Domingo de La República un completo reportaje con los descontentos que ya se veían en la bancada de gobierno. Y algunos detalles me llamaron poderosamente la atencion:

A los oficialistas también les irrita no recibir la agenda del Pleno con tiempo en sus despachos o recibirla sin los proyectos de ley que se debatirán. Dicen que recién hace dos semanas que se han institucionalizado las reuniones de bancada, los lunes por la tarde –hasta entonces eran intermitentes–, y se ha elaborado un borrador de reglamento interno que está pendiente de discusión.

Que recién en enero la bancada oficialista tenga reuniones permanentes, siendo la más numerosa en el Congreso, dice mucho tanto de los diferentes bandos existentes, como de la relación que Palacio de Gobierno pretende mantener con la bancada. Y he allí el principal punto en desacuerdo entre los congresistas oficialistas frente al Presidente de la República.

UNA “BANCADA MESA DE PARTES”:  Tanto el reportaje de Miranda, como otro informe presentado esta semana por Flor Huilca en el citado diario apuntan al punto medular: Palacio de Gobierno quiere que todos sus proyectos de ley sean tramitados por la bancada oficialista “sin dudas ni murmuraciones”, es decir, no quiere disidencias. Desde algunos sectores del grupo parlamentario Gana Perú, sin embargo, se quiere un mínimo de debate y que “los proyectos no lleguen a última hora”.

De allí que las disidencias claras sean duramente castigadas. Como señaló Miranda, fue el caso del congresista Jorge Rimarachín:

El miércoles 18 (de enero, nota de DTP), Ollanta Humala convocó a su bancada a una reunión con el gabinete en Palacio. Cuando el congresista Jorge Rimarachín llegó, su colega Fredy Otárola lo atajó y le dijo que el presidente no lo quería allí. Según otra versión, habría sido el propio Humala quien le dijo que se fuese. Rimarachín es dirigente nacionalista en Cajamarca y ha sido un duro crítico del premier Valdés por la forma en que ha manejado el conflicto de Conga, lo que, según allegados suyos, lo ha puesto al borde de la expulsión.

Como sabemos, Rimarachín fue expulsado de Gana Perú, pero ha apelado su decisión, por lo que aún permanece en la bancada de gobierno.

Similar tensión se tiene ante la elección del candidato oficialista a la Presidencia del Congreso. Desde la bancada, se quiere elegir al reemplazo de Daniel Abugattás, mientras que desde Palacio se quiere tener a un hombre suyo, Fredy Otárola, encabezando el próximo año parlamentario.

EL FACTOR OTÁROLA:

El “guardián de la disciplina” dentro de la bancada es Otárola, quien no solo tiene llegada a Palacio por tener a su hermano como ministro de Defensa, sino también por mérito propio. Como señaló Flor Huilca en su reportaje del domingo:

El ascenso dentro del nacionalismo se debe a su labor como parlamentario. Su momento llegó cuando Daniel Abugattás y Marisol Espinoza dejaron el Congreso para dedicarse a la campaña presidencial. Otárola entonces se hizo cargo del manejo de la bancada, sin  la resistencia que ahora genera su liderazgo.

Su llegada a la pareja presidencial es un dato que nadie pone en duda. Cuentan que la confianza del presidente Ollanta Humala data de cuando el ahora mandatario enfrentaba una investigación por el caso Madre Mía. Otárola y el parlamentario José Urquizo participaron en la estrategia partidaria y judicial que terminó con el archivamiento del caso.

El principal obstáculo que tiene Otárola para llegar a la candidatura oficialista a la Presidencia del Congreso se encuentra, de acuerdo al citado reportaje, en los recelos que ha generado su estilo de manejo en la bancada, que prioriza al sector denominado “los reelectos”, con mayor cercanía a Humala, en detrimento de los parlamentarios del sector de izquierda y de los provenientes del interior del país, varios de los cuales son cercanos al programa original del Presidente de la República.

¿ESCISIÓN O GRUPO DENTRO DE LA BANCADA?: En los últimos días, se han tenido versiones sobre la posible formación de un grupo con agenda propia en favor de los derechos humanos, los trabajadores y el plan original de Humala. Estas versiones indican que cuatro parlamentarios estarían impulsando este grupo: Rimarachín, Jaime Valencia, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila, estos dos últimos, integrantes del colectivo Ciudadanos por el Cambio, cuyos miembros oscilan entre el apoyo crítico y la oposición a Humala.

La pregunta es si esta tendencia implicará la formalización de una tendencia más formalizada dentro de la bancada o si implica la formación de un nuevo grupo. Por lo pronto, Yehude Simon descartó pertenecer a este grupo. Y Daniel Abugattás ha dicho que “por ahora” nadie se va de la bancada. Ojo a ese “por ahora”.

¿Y ABUGATTAS? Pues el principal parlamentario de la bancada ha terminado golpeado por los errores cometidos en su gestión. Al controvertido programa de gestores que tuvo que ser desactivado, ayer se le sumó una buena primicia de Correo sobre un proyecto para construir un centro de esparcimiento del Congreso de la República. Si bien coincido con Luis Galarreta con que, en sí misma, la idea no es mala, lo cierto es que cualquier iniciativa de gasto vinculada a dicha institución va a ser mal vista por los ciudadanos, por lo que han tenido que retroceder. Y para remate, Abugattás ha terminado metido en un lío con tres diarios cuyas páginas fueron bloqueadas en el sector destinado a los cronistas parlamentarios.

Todo ello le ha complicado tanto su reelección, como las posibilidades de reemplazar a Oscar Valdés en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Oscar Valdés Dancuart debe, más temprano que tarde, salir de la Presidencia del Consejo de Ministros. No hay detrás de esta opinión el deseo que Ollanta Humala vuelva a su programa económico original, como algunos desde el lado zurdo postulan. Por el contrario, creemos su presencia resulta un obstáculo para mejorar la confianza en la inversión privada, así como para la consolidación democrática y de los derechos humanos en el Perú.

El manejo del conflicto social del proyecto Conga desde la Presidencia del Consejo de Ministros ha sido lamentable. Valdés pensó que el diálogo se reemplazaba por un monólogo a su cargo. Su actitud no solo atizaba la confrontación con los sectores más radicales de los opositores a este proyecto, sino que dejaba sin piso las acciones que desde los ministerios de Vivienda y Ambiente se hacían para apaciguar los ánimos e iniciar obras necesarias para Cajamarca.

Su último fiasco en este tema ha sido el pobre manejo comunicacional que esta semana se tuvo alrededor de la presentación del peritaje sobre recursos hídricos relacionados con el proyecto Conga. Ello impidió que el ciudadano común y corriente conociera los alcances de un documento técnico y que los periodistas hicieran preguntas sobre un informe que supondrá cambios no menores al proyecto original presentado por Yanacocha. Todo ello en medio de un clima de desconfianza generalizada entre todos los actores involucrados en el conflicto.

Vinculado con este tema, las acciones de Valdés en torno a la descentralización han sido gaseosas e imprecisas. Lejos de impulsar regiones en serio que sustituyan una departamentalización absurda, el titular de la PCM busca que vayamos hacia juntas macrorregionales, cuyo destino y alcances son aún nebulosas. Peor aún, esta iniciativa, como ha señalado el analista Javier Torres Seoane, no ha sido consultada a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

Sumemos a ello sus penosas declaraciones sobre el informe final de la CVR: “si bien es un informe bastante completo, hay que ver que mucha gente presentaba cuadros desgarradores y hubo mucha teatralización, y cosas que sobredimensionaron la cantidad de damnificados y el rol de las FF.AA.”. Esto fue un insulto a las víctimas de la violencia, sea del terrorismo o de agentes del Estado, quienes se presentaron en las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad.

Y esta semana volvió a meter la pata, cuando, en relación a la “Operación Libertad”, señaló “La operación ha sido impecable, siempre van a haber muertos”. Declaraciones indolentes frente a los familiares de los policías que murieron en acción, quienes requieren de apoyo del Estado en periodos de duelo, como ha señalado la CNDDHH en un informe de 2010. Más aún, cuando hoy se conoce, gracias a IDL-Reporteros, que tres de los suboficiales fallecidos fueron abandonados por uno de sus superiores.

Existe un costo político para Palacio de Gobierno en esta decisión. Pero es preferible tomarla ahora antes que el Gobierno tenga menor capacidad de maniobra para afrontar problemas tan complicados como los de este semestre.

(Columna publicada en El Comercio el 20.04.2012)

MAS SOBRE EL TEMA:

Siomi Lerner rompe su silencio y manda críticas entrelíneas a Valdés en La República

No me encuentro entre quienes han estado militantemente entre el “Conga va” y el “Conga no va”. Creo que ambos lados tienen argumentos a favor de sus posiciones, pero también serios vacíos en sus fundamentaciones. Soy de los que cree en la inversión privada, pero no a cualquier costo. Me encuentro entre quienes señala que Yanacocha ha cometido tantos errores en su haber que tiene bien ganada su mala fama, pero también veo inviable una expulsión de la empresa sin costo alguno. Definitivamente Cajamarca tiene que ver más allá de la minería para su desarrollo, pero los opositores a la misma hasta ahora no presentan una propuesta alternativa que supla su falta o agotamiento inexorable. Y podría seguir enumerando.

Más que un traidor, como ahora lo califica un sector de la izquierda, Ollanta Humala siempre fue un enigma. Nunca lo vi convencido de las tesis más maximalistas que algunos de sus otrora compañeros de ruta propugnaban. Cuando uno revisa su libro “De Locumba a candidato a la Presidencia del Perú” no percibe a un radical chavista, sino a un ex militar que tiene sus propias ideas sobre la relación entre el Estado y el capital. Tal vez por ello es que Salomón Lerner Ghitis tenía tanta empatía con él. Tal vez es eso lo que hace que Luis Miguel Castilla atraque gestos como los del Lote 88. Y tal vez por eso es que Ricardo Giesecke tan rápidamente haya salido a revindicar el mensaje presidencial de ayer como un triunfo del gabinete del que formó parte. No olvidemos que Lerner Ghitis, a fin de cuentas, es empresario.

De allí que, en ese contexto, el mensaje de Humala de ayer sea absolutamente congruente con su propia evolución. Y de allí que tengamos descontentos entre quienes querían al Ollanta del programa original y resignados a quienes lo veían como el cuco anti inversiones. Viéndolo en frio, no deja contentos a ninguno de los dos extremos.

Ya en el fondo del mensaje, lo enunciado constituye una expectativa y una oportunidad. Y de allí que sean necesarios gestos rápidos: presentación de proyectos de ley en la mira de modificar estándares ambientales para elevarlos a patrones internacionales, una mejora sustancial de la pobre política de comunicaciones que ha tenido el gobierno - que debe llevar, sin duda, a un par de despidos - y el fortalecimiento paulatino del Ministerio del Ambiente. Cobra en ese esquema, mayor importancia, el ministro Manuel Pulgar Vidal. El es quien ha pasado a convertirse en una figura central en el gobierno y quien se juega su inamovilidad en esta iniciativa.

En ese juego, la presencia de Óscar Valdés se hace aún más precaria en el gabinete. Y no solo por las razones enunciadas en nuestra columna de ayer en El Comercio, sino porque su posición de que el proyecto salga a todo costo es la que ha terminado enterrada y, además, en este caso, se requiere de alguien con mejor muñeca política que un ministro acostumbrado al monólogo y a la frase tan rápida como inoportuna.

Finalmente, cabe señalar que este tema no se cierra con el mensaje de ayer. El gobierno deberá ser sumamente cuidadoso en los mensajes hacia los ciudadanos de Cajamarca. Yanacocha deberá evaluar si es que esta fórmula, finalmente, le es rentable o si deja el proyecto por falta de ganancias. Y hay anuncios que deberán ser observados para su cumplimiento. Más allá de Conga, el partido de fondo que juega Ollanta Humala es el de tener otras condiciones para las empresas, sin que ello suponga una pateada de tablero. Y ello, como indicó Juan Carlos Tafur ayer, implica hacer política en serio.

César Acuña Peralta, alcalde de Trujillo elegido en dos ocasiones. Líder de Alianza Para el Progreso. Y un político con aspiraciones a ser Presidente de la República en 2016.

Para conseguir ese objetivo, Acuña ha dado algunos pasos: contar con representantes en el Congreso - su hijo Richard y Luis Iberico, quienes integran Alianza Por el Gran Cambio -, dos presidencias regionales (Lambayeque y Ayacucho), dos triunfos personales consecutivos frente al APRA, una imagen de “empresario emprendedor exitoso” y, sobre todo, clientelismo.

Hace poco más de un año, Carlos Meléndez estuvo en Trujillo y exploró el modelo clientelista de Acuña, cuyos elementos han logrado varios de los logros antes mencionados, pero no fueron suficientes para que PPK tuviera una votación alta en el norte que le permitiera pasar a segunda vuelta. Un modelo que incluye una fundación con el nombre de la madre del alcalde, miembros de APP que trabajan en la Universidad César Vallejo, estudiantes que hacen sus trabajos de tesis de la UCV en los lugares donde el partido de Acuña tiene autoridades. Y podríamos seguir enunciando elementos.

Ayer, Christopher Acosta, periodista de INFOS, presentó un reportaje publicado tanto en la revista Poder como en La Mula que revela varios datos que refleja el presunto uso de fondos públicos para hacer proselitismo. El resumen, en un párrafo:

El desvío de fondos benefició la campaña reeleccionista de Acuña a la alcaldía en el 2010. Decenas de militantes de Alianza para el Progreso (APP), su partido, recibieron cientos de miles de soles que solicitaron a una partida de ‘subvenciones sociales’ del gobierno local. También con dinero público, el municipio  financió irregularmente hasta treinta fiestas de los trabajadores ediles. Tres millones de soles, un poco más de la tercera parte de los fondos entregados de esta partida durante la primera gestión de Acuña, no fueron justificados por los beneficiarios.

Aunque vale la pena leer el reportaje completo, vayamos a los cuadros y a las imágenes, que reflejan bien lo ocurrido. Estas son las subvenciones sociales más controvertidas otorgadas en Trujillo:

Cuando a Acuña se le preguntó sobre el tema, las respuestas se dan de patadas con las cifras presentadas:

Tenemos informaciones acerca de que las subvenciones además benefician a afiliados a su partido. Sobre todo las de montos fuertes. ¿Es cierto eso?
Yo puedo asegurar que ninguna subvención ha ido a afiliados. Y cuando es una subvención a personas no pasa de S/.5 mil.

¿Está usted seguro de eso?
Seguro. Caso contrario me dan el nombre y yo mismo hago el seguimiento.

Pero podrían ser personas naturales que representan a un barrio, una asociación de vecinos, que solicitan fondos para fines colectivos, compra de útiles escolares, etc.
Yo creo que hay una mala información. Yo he repartido 50 mil paquetes escolares, yo, con mi dinero, y no solo ahora, en diciembre y mayo hice lo mismo. La gente pensará que es con dinero de la municipalidad, pero no es así.

¿No hay entonces dinero de subvenciones que vaya a beneficiar a partidarios de APP?
Ninguna. Y si fuera así, pobre funcionario. Acabo de cambiar funcionarios. (El informe demuestra que partidarios de APP recibieron algunos de los montos más altos de partidas a personas naturales).

Otro detalle está en las fiestas financiadas a los trabajadores. De acuerdo con el reportaje de Acosta, este financiamiento tuvo un objetivo: evitar paros de los sindicatos de empleados de la municipalidad. Estos son los montos:

Al preguntársele a Acuña por este tema, él indicó:

¿Es cierto que con el dinero de subvenciones se han financiado 27 fiestas para los trabajadores de la municipalidad?
Hay un pacto colectivo con los obreros y trabajadores, y en él hay subvenciones para la celebración de sus aniversarios.

Sin embargo, este dinero sale de la partida de subvenciones sociales, que debe estar destinada a fines benéficos. ¿No ha desnaturalizado su verdadero fin?
Pero es por pacto colectivo. Desgraciadamente la única forma de sacar este dinero es del rubro de subvenciones. Por ejemplo, una subvención para un almuerzo de los mil obreros. Creo que es un reconocimiento a trabajadores que han servido a la municipalidad por más de veinte años, no es mala inversión. Ahora, no es un pacto colectivo hecho por mí, viene de antes.

Para estas fiestas se han destinado montos de hasta S/.49 mil para celebraciones con orquestas, alcohol, que salen de la partida de subvenciones sociales.
Con alcohol que yo sepa no. Ahora, que se hayan comprado su whisky, quizás los funcionarios. No sé.

¿No había alcohol? Pues un video con una de las pachangas del Sindicato de Obreros Municipales de Trujillo (Somut) muestra que sí. Hablan las imágenes, con agradecimiento a Acuña incluido:

Estos elementos, sin duda, merecen una seria investigación en las instancias pertinentes. De hecho, el Ministerio Publico ya esta haciendo las indagaciones del caso. Veremos que ocurre en la ciudad de la eterna primavera.

BONUS TRACK: El siguiente video resume los principales hallazgos de esta investigación a la que seguiremos la pista:

Si me preguntaran por una razón que demuestre la necesidad de realizar procesos judiciales a agentes del Estado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y el 2000, recomendaría escuchar el testimonio brindado esta semana por Telmo Hurtado, sindicado como principal responsable de la matanza de Accomarca, ocurrida el 14 de agosto de 1985.

Para quienes no recuerdan o no habían nacido cuando este suceso se produjo, aquí una breve reseña. De acuerdo con la narración de la CVR, una patrulla del Ejército entró al referido distrito de la provincia de Vilcashuamán (Ayacucho) y, sin enfrentamiento alguno de por medio, asesinó a 62 personas, incluyendo 26 niños, cuyos cuerpos fueron destrozados con granadas luego de la masacre.

Ante el Congreso de la República, Hurtado intentó justificar la muerte de mujeres y niños con estas palabras: “Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño […] los comienzan a adoctrinar desde los 2 años, 3 años, llevando cosas […] poco a poco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa”.

Desafortunadamente se impuso la impunidad. Hurtado apenas fue condenado a seis años de prisión por abuso de autoridad en el fuero militar y se benefició de la ley de amnistía emitida en el gobierno de Fujimori. Incluso pudo proseguir su carrera militar, hasta que una denuncia del Instituto de Defensa Legal sobre torturas en San Ignacio (Cajamarca) en 1999 hizo que se le diera de baja. Años más tarde, fue ubicado en Estados Unidos y, luego de varios años de procesos y recursos judiciales, fue extraditado.

Esta semana, Hurtado confesó su responsabilidad en, al menos, parte de los sucesos. No solo ha reconocido ser autor del asesinato de 31 personas, sino que también ha indicado a otros posibles responsables materiales y mediatos de tan execrable crimen. Además, ha reconocido que encubrió a sus superiores para que no afrontaran procesos judiciales y que presenció, en junio de 1985, la ejecución extrajudicial de 14 personas en el cuartel Los Cabitos, ubicado en la ciudad de Ayacucho.

El testimonio de Hurtado resulta importante no solo para el proceso judicial en el que se encuentra comprendido. También muestra cómo se ordenaron, toleraron y encubrieron sucesos horrendos en nombre de la pacificación del país. Hechos que deben ser mejor procesados por el sistema de justicia, donde subsisten dos problemas centrales: acusaciones fiscales que deben construirse mejor y jueces que no están valorando adecuadamente las pruebas en varios casos.

A ello se suma el menosprecio con el que algunos políticos se refieren a estos sucesos y sus víctimas, cuyos familiares deben obtener verdad, justicia y reparaciones. Todo ello en nombre de un malentendido aprecio a las Fuerzas Armadas, a las que se daña al mezclar a quienes combatieron con honor con asesinos como Telmo Hurtado. Más allá de la sanción en este caso particular, es necesario que el país tenga una memoria completa de dos décadas de horror que no podemos volver a vivir.

(Columna publicada en El Comercio el 13.04.2012)

MAS SOBRE EL TEMA:

Telmo Hurtado siguió ayer con sus escalofriantes revelaciones (vía La República)

Muy buena columna de Mirko Lauer sobre el desatinado uso político de héroes militares para tapar tropelías

(Foto: RPP)