Luego de las movidas en torno al caso Repsol y a una controvertida norma sobre la regulación de la publicidad de la comida chatarra, dos artículos complementarios ponen una visión más reflexiva sobre lo ocurrido. Ricardo Uceda y David Rivera han contado en Poder buena parte del detrás de cámaras de la frustrada compra de los activos de la empresa española y Juan Carlos Tafur editorializó en Velaverde sobre la histeria generada a partir de una norma, cuya oposición se convirtió en una bandera libertaria. A partir de lo que ambos señalan, sostengo las siguientes diez afirmaciones.

1. Existe desconfianza mutua entre Humala y los empresarios: Si bien parecía que la relación se había calmado luego de la elección de 2011 y las designaciones de Luis Miguel Castilla (MEF) y Julio Velarde (BCR), lo cierto es que ninguno terminó de confiar en el otro. Razones existen desde ambas partes de la mesa. De un lado, buena parte de los ejecutivos peruanos han pasado en diversas etapas de su vida por los malas experiencias estatistas de Juan Velasco Alvarado y Alan García, lo que les ha generado reflejos bastante fuertes contra cualquier cosa que les sepa a aumentar el rol del Estado en algunas tareas. De otro lado, Humala recuerda bien que los empresarios le hacían spots como este (tanto para el público en general como a sus empleados) en plena campaña electoral:

Luego del caso Repsol, la relación anda aún peor. Como señalan Uceda y Rivera, la relación amistosa entre Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, y Nadine Heredia se ha quebrado. Y, de otro lado, el gran problema de la relación no está en que los empresarios crean que Humala es un chavista (aunque algunos sí lo creen), sino en que se llama “eliminación de trabas para la inversión”, cuestión en la que, desde las salas del Club Empresarial, ven al gobierno arrastrando los pies.

2. Existe un sector de liberales (y, sobre todo, libertarios) que cree que pechar a Humala es la mejor forma de controlarlo: Tafur lo coloca en estos términos:

Y no me vengan con que se trata de gritar fuerte a pesar de ser conscientes de que es por un asunto menudo, porque es de naturaleza ejemplar y sirve para hacer sentir que los ciudadanos peruanos no tolerarán que el Estado recupere protagonismo. Lo creeríamos si el tenor fuese el mismo frente a todo afán colectivista.

De hecho, cuando le pregunté en estas semanas a algunas personas partidarias de este tipo de gritería porque lo hacían, el reflejo fue: “si queremos negociar con Humala, lo mejor es maximizar demandas, para luego rebajarlas”. Curioso, es el mismo método del sindicalismo peruano al que han criticado por años.

3. Sin embargo, hay mejores formas de negociar con Humala y se ha demostrado: Además del gravamen minero, Uceda y Rivera relatan un ejemplo claro sobre cómo hacerle entender a Humala que debe retroceder: el tan mentado caso Repsol. Fue Castilla quien terminó de convencer al presidente de la República, con cifras y números, que la idea de la compra de La Pampilla era un pésimo negocio. No fue necesaria una renuncia, ni una mentada de madre. Claro está, muchos sabemos que el ministro de Economía se va, a más tardar a fin de año, por razones familiares. A pesar de esta última observación, Castilla indica que el camino, antes que por la gritería, pasa por los argumentos.

4. Cuidado con el “liberalismo de manual”: Así como se ha criticado, con justa razón, al “marxismo de manual” de los años setenta, en el que se exacerbó el dogmatismo de izquierda, la comisaría de la ortodoxia zurda y algunos otros defectos que, lamentablemente, aún se mantienen en parte de ese sector político hasta el día de hoy, el liberalismo se corre el riesgo de caer exactamente en lo mismo.

Básicamente, con una herramienta: el análisis económico del derecho (law and economics), que puede ser útil para la disección de problemas jurídicos, pero que ha sido elevada a categoría de catecismo por varios de sus seguidores criollos. Vistos los problemas nacionales a través de este prismático, no se toma en cuenta que el modelo teórico no puede traspasarse por entero a la realidad y, como bien ha indicado JCT, se puede caer en inconsistencias como olvidar el otro lado del liberalismo: las libertades políticas, civiles y sociales. De eso, lamentablemente, pocos hablan. Una saludable excepción ha sido el artículo de Enrique Pasquel, publicado hoy en El Comercio, en contra de la discriminación de personas homosexuales.

5. Humala tiene algunas ideas fijas, pero no sabe como llevarlas a cabo: Son dos las que identifica la dupla Uceda - Rivera: inversión privada, sobre todo, minera, para impulsar la economía, pero acompañada del desarrollo de Petroperú.  Ello explica porque Castilla “cede” ante Humala en este último punto.

El problema es que, en ambos casos, no ha tenido el manejo político adecuado para llevar a cabo sus planes. De un lado, Conga fue convertido - innecesariamente - en el proyecto que debía constituir la “prueba de amor” de Humala al sector minero, olvidando que pertenecía a la empresa que, luego de Doe Run, acumulaba la peor relación con su entorno social. De otro lado, entre el poco respaldo de Jorge Merino y las limitaciones de Humberto Campodónico, nunca se pudo generar las condiciones para que Petroperú tuviera las mejorías en gobierno corporativo que tenían pares suyos como Petrobras y Ecopetrol.

6. Para Humala, pesan más los ministros que lo convencen de su liderazgo político en determinada materia: Por eso se compra algunos pleitos y evita otros. Merino es capaz de convencerlo de comprar Repsol, Triveño de la regulación pesquera o Trivelli de los programas sociales.

Caso claro de falta de peso político: la consulta previa. En una conversación que tuve con un analista cercano a estos temas hace algunas semanas, concluíamos que la principal falla en este tema venía de confinar la dirección de este mecanismo al Ministerio de Cultura, creado como un Frankenstein y donde el ministro siempre ha provenido del área de las artes, sin mucha conexión clara con el área de interculturalidad. El poco respaldo político que Luis Peirano le ha dado a este tema no solo ha llevado a la salida del viceministro Iván Lanegra, sino que también ha llevado al limbo a este mecanismo importante para el país.

7. El país no es ni estatista ni libertario: Insisto en un punto que se ha vuelto a comprobar con la última encuesta de Ipsos Apoyo, publicada el domingo: si bien buena parte de los peruanos no está cercano al estatismo más radical, tampoco se ha comprado del todo los lineamientos del libre mercado. A buena parte de los peruanos no les gusta Nicolás Maduro, pero tampoco dudaría en pedir al Estado algún tipo de mecanismo para que los precios de los servicios básicos bajen. Este es un dato que deberíamos tener en cuenta en el análisis.

8. Humala no es Alan, ni debe serlo: Aunque a veces pareciera, porque su conservadurismo moral lo lleva a tomar decisiones desacertadas, como excluir los derechos LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero, volviendo al inicio, no estamos ante el mejor amigo de los empresarios, ni ante alguien que va a sus casas a comer o tomarse un trago, como lo hacía su antecesor. Y no debe ser un presidente que no haga cambio alguno. Su problema está en el cómo. Y para ello, las respuestas con ánimo de barra brava no servirán de mucho.

P.S.: Un punto adicional que me han hecho notar varios en estos días. Durante las últimas semanas, estas discusiones, que se generan en las redes sociales, han pasado casi a un tono de “guerra fría” entre los libertarios y sus críticos de izquierda. Antes que rebatir argumentos, se ha pasado a atacar características personales o enfatizar estereotipos de ambos lados, sin posibilidad alguna de diálogo. Básicamente, lo que ambos bandos buscan es desprestigiar al contrincante, antes que rebatir estos argumentos. Si ello se produce entre personas que tienen la aspiración de formar opinión, ¿cómo exigir lo mismo a nuestros políticos? Lo dejo a la reflexión del lector.

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Hoy la columna de Augusto Álvarez Rodrich culminaba con este pedido:

Aquí va la ayuda. Esta es la historia del patrimonio inmobiliario de la pareja presidencial.

El 30 de noviembre de 2006, el notario público de Lima Roberto Barba Castro extendió la escritura pública mediante la cual Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón acordaron variar el régimen patrimonial de su matrimonio. Desde esa fecha, la hoy pareja presidencial ha separado sus patrimonios personales.

En esa época, Humala era investigado por las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la base de Madre Mía, en 1992. En 2009, el caso se archivó por falta de pruebas. Sin embargo, no ha variado el régimen patrimonial del presidente de la República y su esposa, pese al cierre de este proceso. Y la duda se hace mayor cuando vemos a gente involucrada en el presunto ocultamiento de pruebas del caso en el entorno de Palacio de Gobierno.

Por este cambio de régimen, el actual domicilio del matrimonio Humala - Heredia fue adquirido por la primera dama de la Nación en abril de 2007. La vivienda, ubicada en la urbanización Chama, distrito de Surco, costó 160,000 dólares americanos. Así se puede ver en la partida electrónica correspondiente de Registros Públicos:

Heredia Alarcón tiene participación en algunos inmuebles heredados de su padre. Entre ellos se encuentran un departamento y un estacionamiento ubicados en Surco, así como la participación en la casa de sus padres, ubicada al costado de la suya, y una sección de un lote ubicado en Lurín.

Por su parte, el presidente de la República posee, como bien propio, un departamento ubicado en la avenida Armendariz, distrito de Miraflores. Humala adquirió esta vivienda en 1996, por la suma de 44,306 dólares americanos, en parte pagados por un préstamo bancario. Sobre esa vivienda recayó un embargo judicial por los sucesos de Madre Mía, siendo el único bien del primer mandatario afectado por esta medida.

Si bien es cierto que la familia presidencial y sus integrantes no han adquirido bienes a su nombre mientras que han sido gobierno, esta información es de interés público, más aún, cuando sus antecesores en el cargo tienen que responder mucho por sus adquisiciones inmobiliarias. Y es claro también que deberán hacer transparentes todos sus ingresos pasados y presentes.

ACTUALIZACIÓN (04:15 P.M.):

Algunas personas me hacen algunas preguntas por correo y respondo sobre las mismas:

1. ¿Hay hipotecas sobre las casas de los Humala? La hubo sobre el departamento de Miraflores y existe actualmente una sobre la casa de Chama. Ambas, a favor del banco que financió estas operaciones.

2. ¿Qué otra información hay sobre el patrimonio de los Humala? En una entrevista que dio al periodista Oscar Miranda para Perú.21 en septiembre de 2008, el hoy presidente de la República, hizo algunas precisiones:

a) Se hicieron dos amortizaciones fuertes a la hipoteca de la casa de Chama en 2008. Humala indicó que estos pagos se justifican en sus ahorros, pues su familia es de “clase media acomodada”. Sin embargo, Ollanta no dio mayores precisiones sobre el origen de los mismos. Sí es cierto que la familia de Humala y también la de Nadine Heredia han mantenido una economía que les ha permitido ciertos gustos dentro del gasto de una familia de clase media. Pero este es un punto en el que la familia presidencial podría dar mayores luces. Ojo, la entrevista se hizo en momentos en que se denunciaban presuntos ingresos desde Venezuela de Nadine Heredia.

b) Humala dijo que el departamento de Miraflores a veces se alquilaba, a veces no. Dado que las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos no son amplias en sus contenidos, desconocemos si, actualmente, dicho bien está rentado a alguna persona o institución. Este es un tema que bien podrían aclararnos en Palacio de Gobierno.

Hoy Alejandro Toledo tuvo dos entrevistas vía telefónica con RPP y Canal N para explicar el tema de las adquisiciones inmobiliarias de su suegra, Eva Fernemburg.  Hoy hubo una nueva versión: la suegra no era rica, sino que obtuvo un préstamo del Scotiabank de Costa Rica - banco que compró el Wiese, donde trabajó su esposa - avalado por Yosef Maiman a través de su empresa Ecoteva S.A.  Toledo solicitará el levantamiento de su secreto bancario y señaló que vendrá al Perú para esclarecer el tema (ojalá que con los documentos que su entorno se resiste a poner en una web, a disposición de todos).

Existen tres vacíos en la explicación: a) ¿por qué toda la operación - incluyendo la constitución de una empresa de bajo capital - se hizo en Costa Rica?, b) ¿por qué la beneficiaria final de la transacción (por herencia, se transmiten bienes y deudas, incluyendo el préstamo con Scotiabank y Maiman) es Eliane Karp? y c) ¿cuál es el origen de los fondos?

Más que ante una transacción ilegal - aunque queda por determinar si alguna de las partes de la operación calza dentro del lavado de activos -, nos encontramos ante adquisiciones en las que se ha sido poco transparente en la forma en que se realizó (el tema de la herencia de Toledo se vuelve a poner en la mesa). Y hay un dato más por indagar.

Hoy El Comercio señala que:

Aunque ayer la fiscal Parco lo negó, desde esa fecha tiene embalsado en su despacho cuatro diligencias solicitadas por la Procuraduría de Lavado de Activos que, precisamente, buscan esclarecer las incongruencias de las acciones de Ecoteva Consulting Group S.A. y Marintradco S.A. en la compra de lujosas propiedades a nombre de Fernenbug en Lima.

Perú.21 registró ayer que:

esta empresa –que figura en los Registros Públicos de Panamá y que se fundó en setiembre de 1983– tiene entre sus directores a Maiman.

De hecho, revisamos Registros Públicos de Panamá y existe la empresa Marintradco S.A., uno de cuyos directores es Josef Maiman. La empresa se fundó el 29 de septiembre de 1983.

Pero hay un detalle más interesante que Maiman deberia explicar. Según pudimos revisar en la SUNAT, se constituyó una sucursal de esta empresa en el Perú en 1996 y fue dada de baja de oficio en 2006. La empresa, como consta en SUNAT, se dedica a operaciones de bienes inmuebles.

Los representantes de la sucursal son dos extranjeros. Y, oh casualidad, son los mismos abogados que figuran como apoderados en la empresa panameña.

Si antes Maiman había constituido empresas en el Perú - de hecho, hasta 2006 funcionaba Merhav Perú, en la misma dirección de Marintradco -, ¿por qué no constituyó una empresa en Lima (o reactivó la sucursal) para hacer una transacción inmobiliaria aparentemente inocua? Una pregunta que tendrá que responder pronto, antes que este caso se enrede, aún más.

MAS SOBRE EL TEMA:

Fernando Vivas explora más en el factor Eliane como desencadenante de la compra

Ayer Panorama soltó una bomba. Marco Vásquez, reportero del programa emblema de Panamericana, fue hasta Costa Rica para descubrir que Eva Fernenburg, suegra del expresidente Alejandro Toledo, presidió una empresa off shore en dicho país. En marzo, la octogenaria fue reemplazada por un empleado del millonario peruano Yosef Mainman. Aquí el reportaje que movió el avispero político.

Varias cuestiones que se desprenden de este tema:

a) La constitución de la empresa: La legislación costarricense no obliga a las empresas constituidas con menos de 10 dólares (Ecoteva S.A. valía 3 dólares) a que se hagan públicos sus propietarios y cuentas. Esta cuestión es la que hace sospechosa la constitución de una empresa allá. El uso de empleados de estudios de abogados es un detalle menor, pues es una práctica recurrente incluso en empresas hechas y derechas en el Perú (aunque es rochoso que los encargados sean los empleados de servicio y no los practicantes, como a veces se estila, huele a Comunicore). El detalle central está en el punto arriba señalado.

b) Maiman: Cuando se descubrió el famoso video de Toledo tomando con el millonario peruano israeli, Marco Sifuentes proporcionó algunos datos relevantes. Es presidente del grupo Merhav, una empresa con presencia en varios continentes, dedicada a la asesoría de negocios internacionales. Es cónsul honorario del Perú en Tel Aviv desde la época de Belaúnde. Se le cuestionó por negocios con papeles de la deuda peruana durante el gobierno de Alan García, pero salió limpio en las investigaciones que le hizo el Congreso. Allí se inició su leyenda sobre su estilo de hacer negocios.

En el gobierno de Toledo, su nombre sonó mucho: fue el contacto con George Soros para financiar la Marcha de los 4 Suyos, tuvo fuertes conexiones con Shimon Peres y se le mencionó como posible comprador de Frecuencia Latina, para contrapesar su línea editorial. En el segundo gobierno de Alan, su nombre no fue mencionado en ninguna coyuntura.

c) Efectos legales: Por ahora, para Toledo, ninguno. En tanto no se demuestre que la plata provino de él o de fondos públicos. La suegra y, probablemente, Mainman, si serían pasibles de una investigación por lavado de activos que, hasta ahora, no sabemos como pueda acaba.

d) Efectos políticos: Para Toledo, devastadores. Si su credibilidad siempre ha sido, por decir lo menos, puesta en duda, hoy anda por el subsuelo. Básicamente, porque las explicaciones sobre la compra de la casa y del departamento son contradictorias. Recuerden lo que dijo en enero - patrimonio personal de su suegra - y las explicaciones de ahora - préstamo vía una off shore -. Un enredo muy fuerte y, hasta ahora, el expresidente no da la cara. A esta altura, comienzo a creer la teoría de mi amigo Juan Carlos Tafur, quien señala que Toledo ya no quiere ser candidato a nada y que si postula en 2016, solo lo haría por compromiso.

Para enredar más las cosas, esta denuncia llega en un momento en que las relaciones dentro de Perú Posible están color de hormiga. La semana pasada en Velaverde, Francesca García relató que:

“El problema de Toledo es que ya no ejerce el liderazgo de antes”, añade el dirigente. Otras versiones señalan que el exmandatario está perturbado por la “ineficiencia” de su grupo parlamentario que necesita de intervenciones de otras bancadas para salvar ciertas situaciones.

Pero la cúpula de PP también anda incómoda. “Si quieren que salgamos a defenderlo, que expliquen de dónde viene el dinero”, le habría increpado parte del grupo parlamentario al secretario general de PP, Luis Thais. Una de las figuras más destacadas de la agrupación admitió en una conversación informal que “ya les daba vergüenza salir a defender a Toledo por esos asuntos”.

De hecho, el carácter de Toledo ya ha generado salidas. Carlos Bruce fue expulsado por los errores de la campaña electoral (hoy estaría por irse con PPK), Gilberto Díaz dejó el partido por discrepancias con el liderazgo de Toledo y se acaba de ir al partido de César Acuña (otro incinerado de estos días). A ellos se suman Rudecindo Vega (embajador en Nicaragua) y Jorge Villacorta. No me sorprendería que otros altos dirigentes de PP se sumen a ellos en las próximas semanas.

Peor aún, la posible baja de Toledo deja huérfano a un sector de centro que, lejos de las histerias de los sectores más duros de la izquierda y la derecha, había confiado en el líder de Perú Posible como alternativa frente a Alan y Keiko. Pero su capital político lo ha echado al diablo en 5 meses, derritiéndose como el hielo en medio de un whisky en las rocas. A menos que de una explicación consistente, Toledo puede considerarse ya como candidato menor en 2016, si postula.

El 8 de octubre de 1989, la portada del diario argentino Página 12 estaba en blanco. La tarde anterior, Carlos Saúl Menem había firmado los indultos que beneficiaban a la alta cúpula de la última dictadura militar del país del sur. Jorge Lanata, en ese entonces, director del diario, escribió un editorial publicado en dicha portada en blanco, que decía, entre otras cosas: “Nada puede quedar en blanco. Ni siquiera esta hoja de papel, ahora surcada por pliegues, imperfecciones, pequeñas manchas. La historia de un país tampoco puede quedar en blanco (…) la memoria no puede quedar en blanco por decreto”.

Hoy Lanata y Página 12 están en orillas políticas opuestas. El diario que el reconocido periodista inauguró es casi un medio de propaganda del gobierno K y, en sus bodas de plata, Cristina no lo reconoció como fundador. Y el empedernido fumador es el principal opositor del gobierno. Pero sí coinciden en algo: en que Jorge Rafael Videla fue, no solo un dictador, sino también un criminal. Un consenso clave para una sociedad que tiene memoria.

En los juicios que se le hicieron, tanto en la década de 1980 como en este siglo, cuando los indultos fueron anulados, Videla no reconoció sus crímenes. Solo lo hizo el año pasado, pero no ante un tribunal, sino frente a un periodista. Sin arrepentimiento alguno, ni autocrítica, el dictador encarcelado confesaba que la dictadura que encabezó mató entre 7000 a 8000 personas y aceptaba que la desaparición forzada fue una forma de ocultar a la sociedad argentina los crímenes ordenados “para ganar la guerra a la subversión”. Se calcula que, entre 1976 y 1983, 30,000 personas murieron o desaparecieron, como consecuencia de las acciones armadas del Estado.

Secuestro sistemático de menores de edad, torturas, uso del mundial de fútbol para fines de propaganda (a pocas cuadras de los estadios donde se jugaba, había centros de tortura), un ajuste económico mal aplicado, exilio de cientos de argentinos, cierre de sindicatos. El penoso legado de una dictadura que se inició con él y que se liquidó el día que algún alucinado militar argentino pretendió que hacer una guerra en las Malvinas sería la mejor forma de prolongar la estancia castrense en el poder.

Hoy Videla murió en una cárcel común sin privilegios. Condenado a cadena perpetua. Será enterrado en una tumba, a diferencia de muchas de sus víctimas, arrojadas al mar desde un avión. Repudiado por la sociedad argentina. Con un juicio histórico que lo remite a las páginas más infames de América Latina.

Mientras Alberto Fujimori sigue pugnando por conseguir un indulto humanitario cada vez más lejano - por ahora -, Alejandro Toledo y Alan García pasan sus peores momentos luego de haber dejado la presidencia de la República, por motivos relativamente parecidos.

Cuando se descubrió que la suegra de Toledo había adquirido una propiedad en Las Casuarinas, desde aquí indiqué que, más allá de la intención política que pudo tener la denuncia inicial, era necesario que el líder de Perú Posible se sometiera a todas las investigaciones posibles para aclarar el real origen de los fondos que sustentaron la compra.  Esta cuestión se hace aún más imprescindible luego de encontrarse que, además de la casa, también existe una oficina adquirida por Eva Fernenburg en la zona empresarial de Surco.

Es más, considero que, a esta altura, lo único que le sirve a Toledo es poner en una página web todos sus ingresos y los de su familia, a fin de acabar con todas las especulaciones mediáticas (o reducirlas a la gente que lo detesta por antifujimorista). Sin embargo, y fiel a su estilo de caminar al pie de la cornisa, ayer cometieron un error garrafal que comenta Álvarez Rodrich:

Pero lo peor de todo –para la imagen del ex presidente Toledo, principalmente– fue la decisión tomada ayer por la Comisión de Fiscalización y Contraloría de no investigar las casas compradas supuestamente por Toledo, gracias a la ayuda de los votos de Gana Perú y en medio de una accidentada sesión.

Es cierto que el caso ya se encuentra en el Ministerio Público, pero la falta de una respuesta contundente de Toledo, así como la sensación de estar rehuyendo una investigación, lo único que están consiguiendo es elevar la sospecha sobre el verdadero origen de los recursos para comprar las casas y, de paso, mellar considerablemente su aspiración presidencial 2016.

El caso de Alan García es más complicado, pero también muy mal manejado. En una larga entrevista que le brinda al director de Correo, Iván Slokovich, AGP intenta minimizar cualquier acusación en su contra, aduciendo una persecución política (de la que no ha entregado pruebas), así como tratando de echar la culpa de las evidencias sobre corrupción a funcionarios menores de su gobierno, olvidando que varios de ellos tienen una estrecha relación con él desde hace 30 años.

El problema es que García arrastra un pasivo muy grande en materia de corrupción, no solo de su último gobierno, sino también de su primer mandato. Y el caso de narco indultos y conmutaciones condensa estos problemas. Como me indicó en una reciente entrevista para la revista Velaverde, el exfiscal Avelino Guillén plantea dos problemas serios en este caso: el cobro por gracias presidenciales y la generación de un sistema judicial paralelo que resolvía como “cuarta instancia” casos de narcotráfico. Y una respuesta que solo intente distraer la atención no convencerá a una opinión pública que considera que hay gato encerrado en esta materia.

A diferencia de otros países, nuestros expresidentes no son líderes destinados - más allá de lo que cobran por sus conferencias - a una labor de estadistas o consejeros políticos. Intentan volver lo antes posible y, dicha cuestión, además de una historia peruana en la que la corrupción política ha sido la constante, genera que, durante la mayor parte del tiempo, quienes nos gobernaron transiten entre la campaña electoral adelantada y su defensa en el Poder Judicial o el Congreso de la República.

Tanto El Comercio como La República informaron que el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, presentó ayer su renuncia al cargo.  Si bien no existe una confirmación oficial del gobierno hasta el momento, todos los medios de comunicación la dan por presentada y aceptada.

Ambos medios señalan que el tema central para la salida de Roncagliolo es su salud. Desde el Tercer Piso pudo confirmar que el canciller tenía un acuerdo con el Presidente de la República de quedarse hasta que se diera la sentencia sobre el diferendo marítimo con Chile en la Corte Internacional de Justicia. Luego, sería relevado, por el mismo motivo esgrimido para su salida.  Desde hace meses, en círculos cercanos a Torre Tagle, se menciona este tema. En enero pasado, el ministro solicitó una licencia de 15 días por “motivos personales”, vinculados a esta materia.

El canciller ayer cumplió con algunas actividades propias de su cargo. Estuvo presente en la visita de Bill Clinton a Palacio de Gobierno y luego despachó en su oficina. Sin embargo, canceló una presentación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que iba a exponer sobre la política exterior peruana. Dicha ponencia se llevaría a cabo a las 7 de la noche de ayer.

Tanto LR como EC señalaban como posible sucesor de Roncagliolo a Enrique Román Morey, embajador de carrera y quien hasta hace unos días era nuestro representante ante la Organización de las Naciones Unidas. El embajador fue vicepresidente de la Asamblea General de la ONU. Otros pedían a José Antonio García Belaúnde, ex canciller y actual agente alterno ante la Corte Internacional de Justicia, pero hoy su hermano Víctor Andrés descartó de plano esta posibilidad.

Pero las últimas versiones señalan que la reemplazante será la ministra de Justicia y Derechos Humanos Eda Rivas, con lo que habría dos relevos en el gabinete.  A muchos ha sorprendido que Rivas, quien no ha tenido mayor ligazón con las relaciones internacionales durante su carrera en el Estado, sea la escogida. Más aún cuando se esperaba que el reemplazo de Roncagliolo - ahora o en junio - sea un diplomático de carrera.

A Rivas le ha caído fuego graneado desde varios flancos. Los fujimoristas le reclaman sus demoras por el indulto humanitario de su líder (incluyendo una columna de la excandidata al Congreso Martha Meier Miró Quesada) mientras que desde los organismos de defensa de derechos humanos se cuestiona que el Plan Nacional de DDHH 2012 - 2016 no contemple temas como aborto y los derechos de la comunidad LGTB. (Ver más en la columna de Verónica Ferrari al respecto). El reemplazo de Rivas será el abogado Daniel Figallo, hasta hoy viceministro de Justicia.

Ampliaremos esta noticia durante el día.

ACTUALIZACION (03:20 P.M.):

En efecto, tanto Rivas como Figallo juraron esta tarde. Roncagliolo fue aplaudido cerradamente por todos los asistentes. Humala dijo que esperaba la pronta recuperación de su salud.

Sobre Figallo, se tiene buenas referencias. Fue asesor del Tribunal Constitucional en su mejor época y es reconocido como un abogado honesto y comprometido con la institucionalidad democrática.  Su primer reto: el Plan Nacional de Derechos Humanos. El segundo: el indulto a Fujimori.

Las críticas mayores se han centrado en Rivas, por su falta de experiencia en temas internacionales. Frente a las voces que pedían un embajador de carrera, al menos dos fuentes indicaron a DTP que Humala no desea aumentar las tensiones internas en Torre Tagle, donde hay bandos marcados por cuestiones personales y posiciones políticas.

(Foto: Perú.com)

Hace un par de semanas, mi post dominical planteaba como premisa, para entender a Ollanta Humala, que no nos encontrábamos ante un chavista que “se había sacado la careta”, sino ante un nacionalista pragmático, quien podría dar pasos hacia la izquierda o la derecha conforme fuera su conveniencia. El desenlace de dicha coyuntura, con los gobiernos del Alba distanciándose de Humala por no ser “suficientemente bolivariano” y la marcha atrás en la compra de Repsol, confirman esta premisa.

Por esta razón, varios analistas se han concentrado en establecer el peso y las características de la oposición de derecha hacia el gobierno. Me concentraré en los argumentos de cuatro comentaristas políticos: Gonzalo Zegarra, Carlos Meléndez, Steve Levitsky y Eduardo Dargent.

En su columna de la semana pasada en Semana Económica, Zegarra tiene dos ideas centrales que rescato: a) hubo mucha histeria en un sector de la derecha frente al tema Repsol y la misma no tuvo efecto en el retroceso de Humala en el tema Repsol (antes bien, fueron las gestiones de Castilla) y b) hay un amplio sector de peruanos, que no solo están en la derecha, que desconfía del Estado empresario.

Quisiera concentrarme en el primer aspecto con más detenimiento. Muchas de las histerias producidas cuando se anunció la intención de compra de los activos de la empresa española se parecieron mucho a las que se vivieron en la segunda vuelta electoral de 2011.  Entre abril y mayo de ese año Humala fue acusado hasta de posible raptor de niños para volverlos comunistas. No faltaron quienes, como en el primer gobierno de Alan, anunciaron huida a Miami para mantener su status (el mismo que perderían, por cierto, apenas salieran del Jorge Chávez). Y cosas por el estilo. Algunas de ellas, claro está, estaban alimentadas por cálculo electoral, pero otras salieron del forro de varios peruanos, sobre todo, en los sectores altos.

Hay dos problemas con este tipo de reacciones. El primero de ellos es que la histeria termina siendo nada más que el grito de un pensamiento conservador. Y es que, en algún momento, un sector de nuestras élites ha pasado de la legítima preocupación para que lo avanzado no se pierda, a un extremo en que nada puede ser tocado, sino el crecimiento se va al diablo. Y ese pensamiento termina siendo conservador antes que innovador. De hecho, la gente más sensata de nuestras élites de derecha sabe que se tienen que hacer reformas para que el crecimiento que hemos tenido en estos años sea sostenible. La otra pareciera limitarse, antes que en una mejor redistribución para todos, en la mera consolidación de sus privilegios.

En esa línea, cabe señalar que resulta ingenuo pensar que Humala es un converso liberal o pedirle que haga reformas de este tipo. Pero podría acercarse a algunos cambios en la línea de la socialdemocracia, que es el sentido de la reciente columna de Levitsky.  Quitarle cualquier ánimo de hacer cambios a Humala es algo que puede hacerle daño a un gobierno de por sí ya complejo y personalista como este. Ojo, con ello no digo que haya que censurar trastadas como las de Repsol, pero tampoco podemos quedarnos entre el debate de “estatice algo para que creamos que es de izquierda” o “no cambie nada para que creamos que está alineado”. Que hay dos extremos que no confían en el presidente de la República, eso es claro, pero la política no se limita a ellos. A Humala si hay que exigirle cambios, pero para que la regulación económica sea mejor y haga algunos cambios institucionales indispensables. Y ello, claro, pasa por despejar por fin las dudas sobre la postulación de su esposa.

Paso a la columna de Meléndez, que intenta explicar porque hay demasiados candados sobre el modelo económico. La hipótesis de Carlos está en la historia: luego de la salida de las dos crisis de finales de los 80s (conflicto armado y economía destrozada), cualquier cosa que nos saque de la receta económica es vista con recelo porque puede llevarnos a un pasado vergonzoso. Y en esa narrativa está, por cierto, el mal funcionamiento de las empresas estatales. Si a ninguna de ellas se le ha hecho un upgrade a lo Petrobras o Ecopetrol, ninguna de las atingencias a favor de la medida se respaldaba en hechos fundados y, por tanto, podríamos temer un desempeño igual a los peores años de Alan García. Este punto, puesto por Levitsky a la pasada, es quizás la mejor respuesta a su argumento sobre la posibilidad de establecer empresas estatales en el Perú.

El problema con el argumento de Meléndez es que esta sensación convive con el panorama señalado por Alfredo Torres:

Detrás de esta persistente simpatía hacia la empresa estatal hay una explicación de carácter emocional: muchos peruanos perciben que, de alguna manera, también son sus dueños; y, si se trata de una empresa importante como Petroperú, el orgullo nacionalista no se hace esperar.

Junto a esta motivación emocional, hay una más racional: piensan que, si el Estado es dueño de una empresa como Petroperú o Sedapal, sus productos – gasolina, gas, agua potable – serán más baratos que si los provee una empresa privada, la cual, además de sus costos, tiene que generar utilidades. Asimismo, intuyen que pueden presionar más al Estado que a una empresa privada para que baje sus precios.

Por tanto, no estamos ante un país tan liberal en materia económica sino que, como dice el mismo Torres en su libro sobre opinión pública, cree más bien en la economía mixta, con una mezcla de lo público y lo privado. Y en el que existe la tentación de usar las empresas públicas para precios bajos con subsidios.  Por eso es que se dan estas tensiones y por ellos es que también tenemos a gente que, durante la discusión sobre Petroperú señalaba, “¿y por qué no se va más allá?”.

¿Por qué, entonces, a pesar del descontento de varios sectores, el modelo tiene continuidad? La columna de Dargent publicada hoy en Velaverde apunta a varias razones: electorado, mayor posibilidad del sector empresarial de congregar fuerzas y salir a los medios pero, sobre todo, una tecnocracia que incluso es más pro - mercado que la propia CONFIEP. Este último factor me parece clave y creo que necesitará una explicación más exhaustiva.

El problema es que si esta continuidad no es acompañada por reformas que no solo miren a Lima, la respuesta no será un pragmático nacionalista, sino un radical. Y allí sí que van a extrañar a Humala. De hecho, es mejor que dejen de lado la histeria, ya que:

La oposición tendrá que sostener al gobierno, mientras éste se mantenga en los cauces democráticos, claro. Debe asumir que perdió, debe jugar limpio, debe dejar de sembrar pánico. Algo que pocos dicen de Venezuela es que, sí, Chávez es un demente megalómano, pero él se alimenta de una oposición torpe, histérica y también antidemocrática (no olviden el golpe mediático que puso a Carmona en la presidencia) que agudiza las contradicciones. Si queremos que Perú no se convierta en Venezuela, los políticos opositores necesitarán cabeza fría. Humala tiene que durar cinco años en el poder. Ni un día más. Pero tampoco ni un día menos.

La oposición a Humala es necesaria, pero debe ser más inteligente y menos histérica. Y a Humala hay que exigirle cambios, no inmovilismo.

La última vez que vi a Javier Diez Canseco en persona fue en septiembre de 2011, cuando lo entrevisté para La Mula sobre diversos temas vinculados a su quehacer parlamentario. Era la primera vez que Javier era congresista oficialista y, dentro de la bancada original de Gana Perú, me consta que era uno de los pocos que deseaba tener una agenda programática y cierto orden en un grupo donde la mayoría eran novatos. Como sabemos, dicha experiencia duró poco. Quizás el destino ya estaba marcado para que Diez Canseco fuera opositor nuevamente, pues recuerdo que existían varias versiones sobre posibles vetos a su persona, que finalmente, fueron superadas.

Las pocas veces que conversé con él siempre fue sobre política. Nunca he militado en la izquierda como varios de mis amigos, pero en algunas oportunidades he tenido la posibilidad de dialogar con él sobre algunos de los temas que más le interesaban. Por más que discrepara con varias de sus ideas, sobre todo en el plano económico, reconocía en él varias virtudes, entre ellas, la consecuencia y la honestidad.

A mi criterio, el mayor legado que deja Diez Canseco al país, además de las virtudes ya expresadas, es la visibilización de los derechos de las personas con discapacidad. Fue una de las batallas en las que puso más ahínco y que logró mayores consensos en el país. Si los políticos de este país quisieran honrarlo, más allá de palabras en su velorio o en los medios, deberían continuar bregando para que este tema, que tocó tan personalmente a Javier, pueda ser una política permanente en el Estado peruano.

Hace algunas semanas, Jonathan Castro preparó este homenaje en #esnoticia. De todos los informes que se han hecho en los últimos meses, desde que se conoció que tenía un cáncer avanzado, es el más equilibrado y que, sin dejar de ser crítico, da una mejor estampa del líder político que ayer nos dejó.

Humala no es Chávez, ni es un chavista. Más allá de los entusiasmos de algunos amigos de izquierda por una posible compra de algunos de los activos de Repsol en el Perú y de los terrores de algunos amigos de derecha que nunca terminaron de confiar en él (la mayoría votó por Keiko), Humala no es un convencido de la necesidad de un esquema socialista en el Perú.

Si uno revisa su biografía - entrevista, publicada hace algunos años, hay pocas convicciones claras en Humala. Quiere una mejoría de los sectores populares, a partir de la experiencia que tuvo como oficial del Ejército Peruano en diversas zonas del país. Tiene como mira revindicar a unas Fuerzas Armadas que quedaron maltrechas luego del colaboracionismo de sus cúpulas con el fujimorato, pero ha heredado algunos conceptos de un sector castrense - la obligatoriedad del servicio militar, la visión de los militares como “guardianes socráticos” y las “empresas estratégicas” - que marcan su actuación como presidente civil. Más que un personaje ideologizado, es un pragmático con pocas ideas propias, a quien se debe convencer de un camino para que lo tome. He allí, a la vez, su ductibilidad, pero también la principal de sus debilidades como gobernante.

Entonces, ¿por qué Ollanta Humala fue tan entusiastamente a Caracas? Hay una característica de la pareja presidencial que ha reseñado bien Rosa María Palacios hace algunos domingos: la necesidad de reconocimiento del matrimonio Humala - Heredia. La primera invitación que tuvo el dúo más poderoso del país fue a Caracas, razón por la cual estarán eternamente agradecidos. Pero no es la única razón.  Algunos allegados al partido de gobierno me indicaron que también primó el factor geopolítico. En sus palabras, “antes del fallo de La Haya, no conviene tener broncas con nadie en UNASUR, donde hay mayoría chavista”.

En esa línea, ¿por qué a Humala se le ocurrió dar el primer susto a la clase empresarial, con las conversaciones para una participación estatal en los activos que Repsol está desesperado por vender? De un lado, hay que ir nuevamente a las razones geopolíticas: en Palacio no quieren que ENAP, la empresa petrolera chilena - que anda en no pocos problemas - entre a este negocio. Pero también hay que tener en cuenta que, en su lógica, cierta intervención del Estado en el manejo de recursos naturales no es vedada. Humala no es, como algunos reclaman, un liberal o un ortodoxo en materia económica, aunque sí parece ser consciente, hasta ahora, de las bondades de mantener cierto orden macroeconómico.

El presidente de la República también sabe que un sector de peruanos no está en contra de una mayor intervención del Estado en la economía. Datos del libro de Alfredo Torres sobre opinión pública: 50% está a favor de una economía donde convivan empresas estatales y privadas, existe una tendencia favorable a la regulación de precios en mercados como la gasolina y un sector amplio de peruanos, sobre todo en los sectores populares, ven con desconfianza a las inversiones chilenas. Estos datos deben ser tomados en cuenta por los amigos liberales, pues, a pesar de más de dos décadas de instauración del modelo económico que hoy tenemos, estas ideas permanecen como parte del status quo.

Y si Humala no es Chávez ni volverá a La Gran Transformación (esto lo reconoce hasta gente de izquierda como Nicolás Lynch) ¿por qué tanta histeria? Hay, sin duda, legítimas preocupaciones por la vuelta a un pasado estatista que poco bien le hizo a la economía peruana o por la corrupción en una entidad que, recordando los dos últimos gobiernos, financió una remodelación de Palacio de Gobierno en tiempos de la etiqueta azul y fue el centro del mayor escándalo de corrupción del segundo quinquenio aprista. Pero también hay otro tipo de cuestiones que dan vueltas. En su columna del viernes en El Comercio, en forma intuitiva, Juan Manuel Robles señalaba que existía un nuevo peruano que:

piensa positivo. Siempre. De hecho, el pesimismo lo ofende y ha aprendido a alejarse de él. Le tiene también fobia al estatismo, porque le recuerda a las colas, y a la rebeldía, porque le recuerda a las bombas.

Así como existe este modelo de peruano exitoso, intrínsecamente conservador porque el crecimiento o el desarrollo que ahora gozamos parece, a ojos vista, relativamente incierto o endeble (y que cuando le mencionas la palabra izquierda, entra en trompo), también existen otros peruanos a los que no les ha llegado los beneficios del crecimiento y a los que esta discusión le importa poco. Si es privado o estatal, no importa, mientras tenga un producto barato y de buena calidad.

Y claro está, están los entusiastas de las empresas públicas, quienes quieren darles una segunda oportunidad, a pesar que el mayor modelo de ellas en el país, llamado Petroperú, no tiene los mecanismos de buen gobierno necesarios para una gestión racional de nuevas actividades vinculadas al sector hidrocarburos. En el fondo, este sector, ya fuera del gobierno, quisiera que Humala diera este paso, no para una gran transformación, sino para “irritar a la derecha”. En esta conjunción de intereses e ideas contrapuestas se explica la virulencia de la discusión sobre el caso Repsol en esta semana.

De vuelta al Presidente, dicho lo anterior, ¿por qué Humala tiene tanta aprobación? No solo se debe a los programas sociales o a la buena marcha de la economía. Hay un factor del que todos hablan, pero pocos reparan en él como causa de su alta popularidad: Nadine Heredia. Estamos ante una familia presidencial modélica para un importante sector de peruanos: un jefe de familia parco y que transmite cierta imagen de autoridad al hablar duro, una esposa que está a su lado como compañera, sutil asesora cama adentro y apoyo principal y tres hijos pequeños. Es, ciertamente, una imagen conservadora, pero, en ese plano, la pareja presidencial ha sido clara, desde la campaña electoral. Y eso gusta tanto arriba como abajo, razón por la cual no nos despejarán la duda sobre una posible candidatura de Nadine, además de encontrarnos ante el primer presidente troll del siglo XXI.

Y por ello es que un personaje en tantos problemas como Alan García intenta golpear en estos puntos. “Cuidado con el chavista que quiere la reelección conyugal y que intenta volver al estatismo”. Este es el resumen del mensaje de un político en serios problemas por las narcoconmutaciones.

En el sector empresarial que votará por Alan antes que por Keiko (”para que conservador autoritario si tenemos uno que es democrático y caudillista a la vez” piensa un sector de la CONFIEP) esta frase es suscrita letra por letra. El problema está en que, como señala Álvaro Vargas Llosa, precisamente es García un personaje con poca credibilidad para sostener este mensaje, luego de lo que fue un primer gobierno estatista y un segundo gobierno donde, si bien era capitalista, tuvo todos los pecados del converso, entre ellos:

Una forma ideológica donde el mundo se divide entre exitosos y derrotados. En efecto, lo que se trata para García, a lo largo de sus numerosos discursos, el tema es pensar en grande. El que no lo hace es lo que el mismo García ha llamado un perro del hortelano: Alguien que no solamente es un derrotado como persona, sino que, según esa lógica quiere que todo el resto sea igualmente derrotado.

Lejos del chavismo y cerca de un pragmatismo que resulta ser una masacota aún ininteligible, esta última es la razón principal por la cual un presidente como Ollanta Humala debe ser fiscalizado todo el tiempo, lejos de la autocomplacencia nacional, arrastrada desde el segundo alanismo.

El señor de la foto se llama Miguel Facundo Chinguel. Es el principal funcionario aprista involucrado en el caso que, hasta ahora, puede ocasionar el mayor costo político a Alan García.

Cuando Facundo Chinguel ha querido justificar las más de 5,000 commutaciones (de las cuales, al menos cerca de 3,500 tienen que ver con casos de tráfico ilícito de drogas) otorgadas durante el gobierno aprista, su único argumento es la supuesta búsqueda de una salida al alto número de presos en cárceles. El abogado olvidó que los indultos, las conmutaciones de penas y las amnistías son salidas excepcionales que da el sistema frente a posibles errores. Y son excepcionales porque suponen una intromisión de otros poderes del Estado en las resoluciones judiciales.

Y también olvidó que en uno de los países que produce mayor materia prima para la droga que se exporta a todo el mundo, este caso no pasaría piola. Aquí una cronología de lo que ha sido el escándalo político del año.

Enero 2013: Diario 16 da la primera alerta sobre el caso, al señalar que la Megacomisión del Congreso:

ha encontrado que durante el régimen aprista se dieron en total 232 indultos, entre humanitarios y comunes, así como 5 014 conmutaciones de penas. De este segundo grupo, 3 207 en casos de condenados por tráfico ilícito de drogas, 1 626 por robo agravado, 180 por hurto agravado y uno por violación. “Una cantidad realmente elevada si se compara con otros gobiernos”, nos señaló una fuente.

31 de marzo: Cuarto Poder presenta un reportaje en el que da cuenta de los hallazgos de la Megacomisión. Mientras que para el APRA se trataba de simples paqueteros, el programa de América Televisión encuentra al menos un par de casos de bandas beneficiadas:

2 de abril: El Comercio da el siguiente golpe: un jefe de acopiadores de droga en el VRAEM fue uno de los beneficiados con las conmutaciones. En los días siguientes, el APRA comienza a acusar al gobierno con usar este tema en beneficio político. La respuesta del gobierno es revelar que 176 reos beneficiados reincidieron en delitos posteriores a su liberación.

7 de abril: Daniel Yovera, periodista del programa #esnoticia, que dirige Rosa María Palacios, revela el primer caso de presunto cobro de dinero a cambio de conmutaciones. El denunciante es el informante de la DEA Oscar Benítez Linares, cuyo testimonio fue clave para meter a Fernando Zevallos, exdueño de Aerocontinente, en la cárcel.

10 de abril: El Comercio da el siguiente golpe que acalla las críticas apristas: el abogado Manuel Huamán Montenegro, quien había sido condenado por narcotráfico, fue parte de la Comisión de Gracias Presidenciales como promotor, durante la gestión de Facundo Chinguel al frente de este grupo de trabajo. Huamán, además, es militante aprista. Luego se conoció que casi la mitad de los facilitadores de la comisión tenían carnet del partido de la estrella.

11 de abril: La República descubre que al menos 4 de los reincidentes cuyas penas fueron conmutadas o fueron indultados pertenecen al Partido Aprista Peruano.

14 de abril: Yovera, en #esnoticia, revela que dos de los conmutados actuaron como vándalos en los incidentes de La Parada. Además, se descubre que Facundo Chinguel visitó en Palacio de Gobierno a Luis Nava Guibert, exsecretario general del Despacho Presidencial y a Julio Zavala Hernández, exsecretario de la PCM. Existen versiones contradictorias sobre la participación de ambos personajes en el otorgamiento de indultos y conmutaciones. Ambos exfuncionarios son miembros del APRA.

21 de abril: Dos programas sacan más revelaciones sobre el caso. #esnoticia profundiza sobre dos nuevas de denuncias de supuestos cobros por conmutaciones e indultos, así como en una conmutada que integró la Comisión de Gracias Presidenciales (Diario 16 descubriría que esta última persona también es aprista). Mientras que Cuarto Poder ahondó en la relación Nava - Facundo Chinguel, que incluyó obras de agua sin permiso de Sedapal en San Juan de Lurigancho y apoyo del segundo (incluyendo pago de avisos publicitarios radiales) en la campaña del primero al Parlamento Andino.

22 de abril: La revista Velaverde descubre que 3 apristas condenados a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas se beneficiaron con la conmutación de penas durante el gobierno de Alan García.

23 de abril: La República hace otro hallazgo: algunos de los conmutados en la gestión de Facundo Chinguel reincidieron en el tráfico de drogas vía Serpost. Curiosamente, el abogado aprista fue miembro del directorio de la empresa estatal de correos.

Y parece que recién estamos al inicio del destape de una caja de Pandora.

Hace cuatro años, el politólogo y abogado Eduardo Dargent publicó un pequeño libro llamado Demócratas Precarios. El argumento central del volumen lo resumió su autor de esta manera:

concluía que en el Perú y en varios países de América Latina las élites de derecha y de izquierda eran estratégicas en su apoyo a la democracia. Cuando las élites de ambos lados del espectro político perciben que un gobierno puede avanzar sus intereses por medios autocráticos, lo apoyan con entusiasmo. En cambio, cuando sus intereses son amenazados por un gobierno abusivo, invocan la democracia para defenderse. “Demócratas” pues, lo son cuando están asustados; “precarios”, pues abandonan la democracia cuando les conviene.

Este pequeño estudio, al que he vuelto en estos días de precariedad democrática en Venezuela, no sugiere que el comportamiento de las élites es el factor central para que el sistema democrático se consolide o se derribe en nuestros países. Pero Dargent sí concluye que su conducta puede ser clave para frenar o limitar la concentración del poder. Y, en estos días, la tesis ha vuelto a cobrar sentido con el comportamiento de las élites peruanas en relación con el proceso electoral venezolano.

Basta revisar las redes sociales para darnos cuenta que varios simpatizantes de izquierda, que se enfrentaron a Fujimori en el 2000, han tenido una actitud justificatoria frente al polémico - por decir lo menos - proceso en el que Nicolás Maduro fue electo como presidente de Venezuela. Y si bien, en privado, varios de ellos indican que los modelos cubano y venezolano son inaplicables a nuestra realidad por diversas razones (entre ellas, que no tolerarían un clima tan represivo), en nombre de una supuesta “revolución social”, siguen defendiendo a los dos gobiernos más cuestionados, en cuanto a libertades, en América Latina.

Y en el otro lado, varios de quienes se la pasaron dando vivas al fujimorato durante los noventa, hoy se han vuelto demócratas conversos, solo porque el autócrata al que critican es de signo contrario al suyo. Justificaciones en nombre de “la paz” o “el modelo” fueron esgrimidas por estas personas para ponerse el kimono o bailar el ritmo del Chino, a pesar que, también en privado, reconocen que, en los años que siguieron a la caída de nuestra última autocracia, han podido hacer mejores negocios y contar con mejores oportunidades.

En el fondo, quienes optan por este tipo de posiciones no creen en la convivencia democrática. No solo porque su preocupación por el régimen político se activa únicamente cuando sus intereses son afectados, sino que, en periodos en los que no existe amenaza alguna a las libertades, buscan, antes que una sana rivalidad e intercambio de ideas, eliminar a su enemigo. Para decirlo claro, existe una derecha conservadora que no quisiera ni siquiera a una izquierda moderada en el país (y por ello, apoyó tan entusiastamente el proceso de revocatoria de Susana Villarán). Pero también existe una izquierda conservadora que, en el fondo, quisiera otro Velasco que acabe “de una vez y para siempre” con todo vestigio de derecha en el Perú.

Como señaló hace algún tiempo Martín Tanaka:

Acaso la clave del éxito democrático implique que las élites en general asuman el respeto al pluralismo y la alternancia, que las de derecha reconozcan la necesidad de políticas de Estado más integradoras, y que las de izquierda reconozcan la centralidad de los mecanismos de mercado.

Lo antes dicho no quiere decir que no existan, en el Perú, izquierdistas y derechistas (además de centristas) que creen en la democracia y que saben identificar cuando nos encontramos ante un autoritarismo competitivo, el régimen híbrido que, desde 1992, se ha convertido en la principal amenaza para la consolidación de la institucionalidad en la región. Un tipo de autocracia que inició tristemente, en nuestro país, un personaje que ahora está preso por robo y asesinato y que hoy, con signo económico distinto, prolonga Maduro desde Caracas (como bien lo ha dicho ayer Henrique Capriles). Y en ambos casos, con una comunidad internacional que se hizo de la vista gorda, en salvaguarda de una ideología o por mero pragmatismo.

Sin dejar de criticar el penoso papel de nuestros políticos en esta coyuntura (y vaya que Humala, Toledo y Keiko han hecho méritos para ello), era necesario volver a este tema. Finalmente, los frenos que pueda tener cualquier gobernante en nuestro país para evitar una nueva aventura contra el sistema democrático dependerán mucho de élites menos precarias y oportunistas.

PD: Mi solidaridad con Carlos Tovar “Carlín” por las amenazas del presidente del Poder Judicial en su contra.

Las dos últimas semanas han sido las peores que ha tenido el Partido Aprista Peruano desde que dejó el gobierno en julio de 2011. Los cuestionamientos a los indultos y conmutaciones de penas otorgados durante el quinquenio anterior han recordado anteriores vinculaciones entre miembros de esta agrupación con personajes ligados con el narcotráfico y han vuelto a poner sobre la mesa el viejo mal que todos los dirigentes apristas - en público y en privado - reconocen como el lastre de sus dos administraciones: la corrupción.

Sin embargo, las reacciones han variado conforme fueron avanzando los días y las acusaciones. Si la semana anterior, el APRA estuvo a la ofensiva, acusando al gobierno de lanzar estas diatribas para cumplir con el supuesto objetivo de la “reelección conyugal”, luego del grave golpe que supuso la acusación de El Comercio sobre uno de los promotores de gracias presidenciales sentenciado por sus relaciones con “Los Norteños”, han elegido el silencio y la cautela.  Una muestra de ello ha sido la conducta de la mini bancada aprista en la interpelación a Juan Jiménez Mayor esta semana. Sin dejar de lanzar críticas, tanto Mulder como Velásquez Quesquén evitaron pedir la cabeza del presidente del Consejo de Ministros, como si lo hicieron algunos de sus pares fujimoristas.

En privado, en la Casa del Pueblo - y en su sucursal miraflorina, es decir, la oficina de Alan - admiten que la cadena de acusaciones (que incluye las visitas del abogado Miguel Facundo Chinguel a Palacio de Gobierno en la gestión aprista, así como a dos conmutados participando en los incidentes de La Parada) ha sido bastante fuerte. Y es que el problema no es, como dicen los compañeros, una posible inhabilitación a Alan García (dado que el oficialismo no tiene los votos), sino un perjuicio a la imagen pública de AGP en grado tal que sus opciones hacia el 2016 queden debilitadas. La chapa de “liberador de narcos” va a ser tan difícil de arrancar como la que el propio Alan impuso a Lourdes como “candidata de los ricos”.

Esta crisis se produce en un momento en que las relaciones internas en el APRA se han recompuesto. Como informamos en Velaverde:

Velaverde pudo conocer, por boca de varios militantes, que los dirigentes nacionales apristas más respetados son Javier Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder, por su desempeño como congresistas y voceros partidarios. El representante lambayecano es el favorito para ocupar la secretaría general, mientras que Mulder ha recuperado el terreno que perdió en la elección interna de 2010, cuando una alianza entre Del Castillo y los denominados ‘cuarentones’ lo confinó a la comisión política.

(…)

Las discrepancias internas son mayores con Jorge del Castillo. Una fuente refirió a esta revista que la consolidación del liderazgo de García menguará la influencia ‘jorgista’. “No será reelegido como secretario general, pero Alan lo mantendrá en una comisión política que será bastante plural”. Cabanillas justificó su ausencia en la presentación de García en el Congreso: “muchas veces tenemos compromisos laborales, pero Jorge se ha expresado en la misma línea que todos nosotros. No hay suspicacias”. Del Castillo declinó declarar para este informe.

Ello se nota en quienes están saliendo a dar la cara por el partido en estas semanas. Son Velásquez y Mulder quienes han asumido un rol más protagónico y, en menor medida, Omar Quesada y Mercedes Cabanillas. Del Castillo ha quedado al margen y su peso será menor si es que se concretan los planes de García por colocar a un secretario general que dependa directamente de sus directivas personales. Es sintomático también que la oficina de Alan en San Antonio sea un lugar cada vez más frecuente para las reuniones de la comisión política aprista.

Lo ocurrido en las dos últimas semanas ha sido un boomerang para el APRA. No solo porque la intención de “adelantar” la discusión electoral, antes que a Nadine Heredia, ha terminado golpeando al propio Alan García, sino porque ha puesto sobre la mesa dos temas de fondo que pocos tenían en la agenda.

El primero de ellos es la penetración del narcotráfico. Como bien señala Fernando Rospigliosi en su columna de hoy domingo, el “problema fundamental es la corrupción de las instituciones encargadas de perseguir el narcotráfico, la Policía, el Poder Judicial, la fiscalía, el sistema penitenciario”, razón por la que no deberíamos sorprendernos con lo ocurrido en Alfonso Ugarte.

El segundo, poco explorado hasta ahora, es la necesidad de revisar la potestad de la potestad de gracia presidencial. Ya el Tribunal Constitucional, cuando se pronunció sobre el caso Crousillat, señaló la necesidad de establecer algún tipo de motivación para el control constitucional posterior de los indultos humanitarios. Mientras que abogados como Roberto Pereira han señalado la necesidad de eliminar la amnistía y acotar la potestad de otorgar indultos.

Estos últimos dos temas merecerían una discusión mayor, más allá de los escándalos a los que, lamentablemente, el partido más antiguo del país ya nos tiene acostumbrados.

(Foto: La República)

Cuando existen problemas fuertes, existen varias formas de afrontarlos. Durante esta semana, algunas dificultades fuertes surgidas en el ámbito político han sido enfrentadas con rodeos y declaraciones que buscan ubicar la agenda en otros puntos, lejos de afrontar directamente lo ocurrido. A esta forma de mirar el panorama se le llama una “huida hacia adelante”.

La desastrosa sentencia emitida por el juez Malzon Urbina a favor de los comerciantes de La Parada ha sido enfrentada directamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima y por buena parte de la prensa nacional. Se ha apelado un fallo bastante irregular y se ha recordado la trayectoria de un magistrado que, si el Consejo Nacional de la Magistratura hace bien su trabajo en mayo, debería estar fuera de la carrera judicial. Sin embargo, el Poder Judicial ha procurado evitar problemas y, ante el primer problema grave de su gestión, Enrique Mendoza ha preferido la tibieza. Con ello, sabemos cual será la característica central de su presidencia. La incognita ha comenzado a despejarse.

Lo mismo ocurre en el caso del indulto humanitario a Alberto Fujimori. Afortunadamente, el gobierno no ha tenido la insensatez de dar una respuesta sobre la materia con el Presidente de la República en China. La más que probable negativa de esta gracia presidencial debe ser afrontada por Ollanta Humala en Lima y con un mensaje claro al país sobre las razones de esta decisión. Quienes sí parecen estar sumidos en la desesperación son los fujimoristas. Con diferencias entre ambos, tanto Keiko como Kenji Fujimori, han buscado presionar al gobierno para que brinde una respuesta de una vez, pero con una torpeza tal que parecieran estar convencidos que la gracia no será otorgada o, al menos, hacen méritos para que no se las den. Todo ello, en medio de una familia dividida (por primera vez, Alberto está alejado de sus dos hijos preferidos) y ataques a excolaboradores como Carlos Raffo.

Pero el protagonista de la mayor huida hacia adelante de la semana es Alan García. Ante los cuestionamientos políticos frente a los indultos y conmutaciones de penas otorgados durante el segundo gobierno, el APRA ha respondido con un vendaval de ataques al actual gobierno, acusándolo de digitar a la comisión presidida por Sergio Tejada. Mientras, los amigos políticos y mediáticos del expresidente han buscado bajarle la llanta a estos cuestionamientos y a las respuestas dadas desde diversos sectores.

García ha jugado con la típica versión de la huída hacia adelante, pues ha adelantado el cronograma electoral, tratando de afectar la supuesta (e ilegal) postulación de Nadine Heredia a la presidencia de la República con la etiqueta de la “reelección conyugal”. Pero, como señala Carlos León Moya:

García va a necesitar más que eso para salir bien librado. Más allá del tema legal, estas acusaciones vienen con un costo político que podría caer sobre su pesado cuerpo en los siguientes meses. Aunque el argumento “el presidente y su esposa me quieren bajar la llanta” le ha resultado rentable esta semana, tiene el costo de la debilidad. A fin de cuentas, ¿quién obligó a García a dar esos indultos? ¿Quién dio soporte a los ministros de su gobierno que ahora están bajo sospecha? De continuar las acusaciones por un tiempo, la respuesta “me atacan por interés electoral” se tornará inútil. Las miradas –y las portadas– voltearán hacia García, y eso ya es una pequeña derrota.

Y ese es el problema. Esa estrategia va a ser difícil sostener por largo tiempo. Peor aún, al adelantar el cronograma electoral, también se perjudica él, pues, como todos somos conscientes - y los amigos apristas con quienes hablé esta semana no dudan en ocultarlo - que busca su tercer gobierno en 2016. El recuerdo de los errores de su segunda gestión (que son más de los que en Alfonso Ugarte buscan reconocer) es, para periodistas como Rosa María Palacios, lo que buscan evitar a toda costa desde el APRA. Algunos cercanos a García señalan que es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero esta es bastante difícil de conseguir con la oposición del fujimorismo y de Solidaridad Nacional a dañar a quien consideran aún como un potencial aliado.

El problema con las huidas hacia adelante es que se evitan mirar los problemas de fondo. Mendoza no observa los graves problemas de imagen de la judicatura, basados en las malas actuaciones de muchos jueces. Los fujimoristas no están viendo, con la mira puesta en el indulto, que si no fortalecen su organización, al final les pasará lo que ocurre a todos los partidos fundados por dictadores o autócratas. Y García y sus compañeros más cercanos no se han percatado que, al adelantar la campaña, también ellos pueden ser golpeados y duramente. Todos ellos terminan perjudicados a mediano plazo.

Durante las últimas dos semanas, he leído toda variedad de balances sobre lo que ocurrió en la revocatoria. De todos, los que, a mi humilde criterio, se acercan más a lo que pasó el 17 de marzo, son los enunciados por Eduardo Dargent en Velaverde y Steve Levitsky en una entrevista en La Prensa.

Comienzo por la tesis de Dargent. Mi amigo Eduardo sostiene que, más allá del aporte importante que tuvo el PPC en la campaña del NO y los errores de los revocadores (sobre todo, Marco Tulio y Castañeda), el factor que jugó a favor de Susana Villarán fue el hecho que buena parte de los electores que definieron su voto en la última semana - sobre todo, en sectores populares - lo hicieron para que se quede la alcaldesa. Más allá de las motivaciones que cada votante tuvo, este es un aporte comprobable que definió el triunfo final.

Sin duda, para las crecientes clases medias, los dos factores más políticos tuvieron influencia, pero para quienes le pusieron atención al proceso recién en las últimas semanas (la hipótesis a partir de la cual parte Dargent), otras cosas pueden haber pesado en la votación. Y allí estarían los mensajes pragmáticos dados tanto desde el PPC como por la propia campaña del No. La premisa de la que parte Eduardo es comprobable, dado que es en los meses de verano donde la mayoría de ciudadanos se desconecta de las preocupaciones políticas, hasta marzo, cuando comienzan los pagos de colegios y la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta.  Hasta aquí, no aparece ningún voto de origen ideológico, que sí se encuentra en quienes estaban convencidos de su decisión sobre la continuidad de Villarán en el cargo.

Pasemos a lo dicho por Levitsky. Dentro de las cuestiones que el politólogo estadounidense señala hay dos temas que señala y que me llaman la atención. Comencemos por el primer tópico: la izquierda:

Primero, son varias izquierdas. Fuerza Social está dentro, para mí es centroizquierda, una tendencia moderada y progresista. Quieren reinventar la izquierda, pero son un partido chiquito con poco éxito hasta ahora. Hay otras izquierdas también, pero son todas chiquitas, sin peso electoral. Hay presencia en los medios, participan, pero ningún grupo de izquierda hoy tiene peso electoral. Decir que el triunfo del No significa que ahora la izquierda será un factor importante en 2016 me parece equivocado. La izquierda en Perú, en términos electorales, no ha existido en más de 20 años y hoy no existe.

Estoy de acuerdo con lo que Levitsky dice. Y antes que algunos amigos de izquierda comiencen con sus teorías conspiradoras, voy al grano. Yo soy de los que piensa que en el país deberían existir, por lo menos, dos izquierdas: una moderada y una más radical, a fin de representar a dos espacios políticos distintos. Si ambas se alían en términos electorales o no, es una discusión que se las dejo a ellos, pero en la que creo que una pregunta debe primar: ¿para qué?

No niego tampoco el rol que cumplieron varios militantes de izquierda durante la campaña en contra de la revocatoria, empezando por los regidores que probablemente serán revocados. Me consta, porque lo pude ver en el terreno, que varios de ellos redujeron sus horas de descanso al mínimo para conseguir que la gestión de Villarán se quedara. Pero creo que una visión que enfatiza en la existencia de un “pueblo izquierdista” resulta siendo engañosa, peca por exceso de wishful thinking y le hace daño a un sector político que debe saber donde está parado, antes de avanzar hacia lo que quiere conseguir, que es una mayor cuota de votos en las siguientes elecciones.

La izquierda, sin duda, ha ganado y ha perdido en este proceso. Ha vuelto a reconocer que el marketing es importante para una victoria electoral. Sin el trabajo de Abel Aguilar primero y, sobre todo, de Luis Favre después, el efecto que hubieran tenido las bajadas de sus militantes y de miembros de otros partidos a diversos lugares de Lima hubiera sido sustancialmente menor al que tuvieron. Tienen ahora más cuadros que pueden exhibir experiencia en gestión pública y a algunos líderes - sobre todo, Marisa Glave - que pueden tener un futuro interesante en la política.

Pero creo que deben reconocer, ahora, que el triunfo de Villarán en 2010 no se produjo por una cuestión ideológica, que una mayoría precaria puede ser más engañosa que ser una minoría y que, finalmente, hay que aprender a convivir con otras tendencias, sin sectarismos. Y sobre todo, saber que, si bien hay un espacio para los sectores zurdos en la política nacional, hay una desconexión con los sectores populares desde que se rompió la conexión organizaciones sociales - partidos a fines de la década de 1980. Ese es un tema que hasta ahora no se trabaja en serio, pues se sigue pensando en dicha lógica.

El segundo punto tiene que ver con el PPC. Levitsky apunta que:

Lo del PPC no fue predecible, creo que hicieron una muy buena jugada. Tampoco creo que el PPC surja a partir de ahora como un partido muy importante a nivel nacional. Ellos siempre han sido fuertes en Lima, pero débiles fuera de la capital. Considero que seguirá siendo así.

Luego de su triunfo, el principal reto para el PPC es ser un partido que vaya más allá de Ancón, Chosica y Asia. No es que partan de cero. Tienen 12 alcaldes fuera de Lima y un grupo significativo de regidores. Sin embargo, es claro que no son los que tienen, por ejemplo, el APRA o incluso un grupo como el liderado por César Acuña.  Tienen a su favor una constante renovación de cuadros, experiencia en gestión pública y una bancada, pero en su contra juega el hecho que no han obtenido un triunfo electoral resonante. Amen de otros problemas que deberán afrontar (algunos de los cuales describo en un dossier en Velaverde mañana).

Pero así como el PPC existe, hay un espacio aún no cubierto para una derecha liberal que pueda hacerle frente al sector más conservador del país, donde está más lleno el espectro político (APRA, fujimorismo, Solidaridad Nacional). Se trata, obviamente, de un sector que ha crecido mucho en espacio mediático, pero que no ha hecho crecer su popularidad entre los ciudadanos de a pie ni menos aún ha construido una organización. No hay allí, por tanto, una victoria en este proceso, sino una expectativa.

En tanto existan extremismos, tanto la izquierda, como el PPC y los liberales estarán obligados a entenderse, como me lo refirió Álvaro Vargas Llosa en una reciente entrevista. Más aún como, cuando señala Gonzalo Zegarra, existe un sector centrista que parece haber definido los dos últimos procesos electorales. Ello no significa renunciar a las identidades o a sus propios rasgos particulares. Y, en todos los casos, existe una deuda pendiente sobre la representación de ciudadanos para los cuales la política les dice poco y, lo poco que les dice, no les suena bien.

Una de las lecciones que más recuerdo de mi paso por una facultad de Derecho se encuentra en el impacto que la legislación tiene en los ciudadanos. Una buena norma puede generar estímulos importantes para la consolidación de la democracia, para la buena marcha de la economía y, sobre todo, para hacernos la vida menos difícil a quienes no ocupamos un puesto público. Pero mis profesores - de todas las ramas del Derecho y de distintas tendencias - advertían sobre los riesgos de los mamarrachos jurídicos que, lamentablemente, son muy comunes en nuestra sociedad. Dos de ellos han merecido la protesta del público en estos días.

El primero de ellos tiene que ver con la ley de reforma (parcial) del régimen pensionario privado, concentrada en la rebaja de las comisiones que nos cobran las AFP por administrar nuestro dinero. Y más que cuestionar cuál comisión es mejor - para ello, los amigos economistas pueden dar mayor información, pues esta varía en cada caso en particular -, sí me preocupa un tema. Los ciudadanos que queríamos quedarnos en la comisión por flujo, que actualmente es la que rige el sistema privado de pensiones, teníamos que hacer un trámite para quedarnos, en lugar que fuera al revés, como mandaría el sentido común. Y se trataba de la suscripción de dos documentos que, en ventanilla, no demoraba más que 5 minutos pero que, por las colas que hubo, se hacía engorroso. Ya ni hablo de lo que ocurrió con quienes querían hacerlo vía Internet, pues las mejoras recién llegaron en la última semana, luego de muchos reclamos antes las redes sociales.

Pero lo que más me sorprendió es que el presidente del Consejo de Ministros señalara que “la norma se aprobó al revés de lo que propusimos”. Si fue así - y el señor Jiménez es abogado - ¿por qué no la observaron? En un gabinete donde priman los hombres y mujeres que han pasado por una facultad de Derecho, sorprende que ninguno de ellos haya reparado en este detalle. Probablemente, como señaló Pablo Secada hace varios meses, en la expedición de la norma, antes que el interés de los ciudadanos (sobre todo, de los afiliados al sistema privado de pensiones), primaron los egos.

La segunda norma que ha causado controversia fue dictada por el Poder Ejecutivo. Se trata del Decreto Legislativo N° 1146, una norma que permite una convocatoria obligatoria mediante sorteo para el servicio militar, que es voluntario en el Perú desde 1999. Un severo retroceso en una institución que, antes de su reforma, había disminuido su mala imagen, producto de los maltratos y levas que se daban como consecuencia de su obligatoriedad. Como indican los especialistas del Instituto de Defensa Legal:

(…) la norma establece un retorno condicional a la modalidad del servicio militar obligatorio, el cual no es acorde a democracias que tienden a consolidarse debido a que vulnera diversos derechos ciudadanos, como por ejemplo el ejercicio de la libertad de elección laboral y profesional. Además, dicho sistema se caracterizaba por incorporar a soldados que en su mayoría carecían de estudios escolares completos, provenían de los sectores más pobres, eran reclutados a la fuerza y, en algunos casos, eran víctimas de maltrato a su integridad física y psicológica. También dicho sistema se fortalecía en una lógica que asignaba una función reformatoria de conductas propias de pandilleros, delincuentes, vagos, etc., lo cual tergiversaba la función exclusiva de instrucción militar para la defensa nacional.

Para agravar más las cosas, hay algunas exoneraciones para poder escapar de esta medida. La más controvertida de ellas supone el pago de una multa de 1850 nuevos soles, suma que probablemente será pagada por comodidad por los sectores altos y con gran esfuerzo por la clase media, pero que nuevamente castiga a los sectores menos favorecidos económicamente a cumplir con este servicio. Peor aún, el pago de una propina bastante baja (350 soles) generará un problema a aquellos jóvenes que, desde temprana edad, colaboran con el aumento del ingreso familiar y que, al ser sorteados y no poder exonerarse, no pueden tomar un empleo que les permita un ingreso mayor. Por tanto, no se trata de un servicio pluriclasista, como señala Mirko Lauer en su columna de hoy, sino que repite las mismas taras del SMO.

En ninguno de los casos, el centro fue el ciudadano. En el primero de ellos, solo importó la rebaja de las comisiones per se, sin buscar la mejora de todo el sistema. En el segundo, el aumento de la tropa disponible para las Fuerzas Armadas, antes que la profesionalización castrense. Y en ambas situaciones, quienes no acceden a una información adecuada son quienes salen perdiendo.

Susana Villarán: Ha ganado una segunda oportunidad, gracias a un porcentaje importante de limeños que decidieron bancarse hasta el final de su gestión, a pesar que no necesariamente la aprueben. Ese es el mensaje que deberá entender hasta el final de su mandato. Debe tener cuidado con gaffes como las que tuvo anoche - sobre sus vacaciones, que corrigió rápidamente - y ahora deberá trabajar en una gestión más concertada. Sus restantes declaraciones de la noche indican que entendió ese mensaje.

Fuerza Social: El conteo rápido de Ipsos Perú, al 100%, muestra que varios de los regidores - entre ellos, Eduardo Zegarra y Marisa Glave, dos de los principales colaboradores de Villarán - corren riesgo de ser revocados, en cantidad suficiente como para llevarnos a una nueva elección, solo para elegir a sus reemplazos. Dado que el conteo tiene un margen de error de 1%, habría que esperar a la ONPE para saber si tendremos que ir nuevamente a elecciones a fin de año. Osea, tres semanas más, por lo menos.  (Ojo 1: los revocados no pueden presentarse, dato de Fernando Tuesta. Lean su post sobre elecciones de regidores) (Ojo 2: En el simulacro de Ipsos del sábado, solo 11 regidores quedaban fuera, entre ellos Zegarra. Glave quedaba dentro del Concejo) (Ojo 3: Si bien los regidores revocados no pueden presentarse a la elección, podrían entrar como funcionarios municipales).

PPC: El gran ganador del proceso. No solo demostró desprendimiento y capacidad de concertación, sino que volvió a poner a Lourdes Flores Nano en la primera división de figuras políticas. Sus regidores serán el soporte de la gestión concertada, sea que se queden o no sus pares de Fuerza Social. Y si hay nuevas elecciones para regidores, es probable que la mayoría de nuevos concejales sean suyos.

Solidaridad Nacional: El gran perdedor de la jornada. La desesperación de Luis Castañeda Lossio haciendo campaña en el mismo día de la consulta popular, Pepe Luna señalando que “sacarán ventaja con los votos de los conos” y una campaña tan mala que emuló al horror que fue la del 2011 (aun espero a Gustavo Pacheco y su “expediente Favre”). La cereza sobre el pastel: el único revocado fijo es Luis Castañeda Pardo, el hijo del dueño de la chingana, sacrificado por su propio padre. Y aquí Carlín ilustra bien lo dicho:

APRA: El otro gran derrotado de la noche. Por más que se notara en la última semana que estaban tratando de no perjudicarse tanto, lo cierto es que Alan García pierde su tercera elección consecutiva. La apuesta por el “voto popular pragmático” va a tener que esperar. Dato: hasta hace una semana y media, los apristas me decían que ganarían entre 10 y 15 puntos. A los dos días, comenzaron a ocultarse.

Fujimorismo y Humalismo: En el fondo, todos sabían que iban por el Sí y el No, respectivamente, pero ninguno decidió jugársela del todo. Keiko Fujimori apuesta a suavizar el fujimorismo en regiones y sumarse al “coro anticaviar” los seguía ubicando en su mismo espacio. Mientras que en Palacio decidieron no meterse en un pleito suyo, aunque en el fondo, el resultado de hoy no les disgusta para nada.

Perú Posible: Más que Toledo, pesaron sus dos alcaldes de Lima Sur. Vean las fotos de la celebración de la tarde de ayer.

Marco Tulio Gutiérrez: Gran signo de interrogación: ¿mantendrá su fama como abogado experto en revocatorias o su imagen se verá marcada por sus errores absurdos de las últimas dos semanas? No se descarte que alguien lo quiera para armar su lista parlamentaria.

Luis Favre: Sube sus bonos como consultor luego de este resultado. Revirtió en 45 días lo que era un escenario adverso. Un equipo con varias figuras de la campaña humalista - sobre todo, brasileños - repitió el triunfo, hasta ahora parcial, del No.

Revocatoria: Luego de lo vivido hoy, no me quedan dudas que la institución debe eliminarse o, a lo sumo, poner 50 candados para su aplicación y modificar su forma de realización.

PD: No se pierdan la crónica sobre la jornada de ayer en Velaverde. Solo por esta semana, la revista sale el martes.

No puede estimarse aún el resultado final del proceso de revocatoria, pero sí se puede concluir que el principal ganador de este proceso no es, como muchos piensan, Luis Castañeda Lossio o el APRA, sino el Partido Popular Cristiano y su lideresa, Lourdes Flores Nano.

¿Por qué sostengo esta afirmación? Porque las ganancias de los primeros dos actores mencionados solo podrán estimarse si es que gana el Sí. Y aún en ese caso, corren el peligro de no obtener lo que pretendían. Castañeda Lossio no tiene segura la alcaldía en la posible elección que se realizaría en la parte final del año en caso todo el Concejo Metropolitano se vaya a su casa. Y el APRA aún tiene tensiones internas sobre como canalizar el “voto popular pragmático” que quieren captar, más aún si el fujimorismo comienza a hacer política en provincias (ayer Keiko Fujimori estuvo en Cajamarca). Peor aún cuando, si no se cambia la legislación sobre revocatoria (algo urgente luego de los costos de este tipo de procesos en Lima, pero sobre todo, en provincias), podrían correr la misma suerte.

Pero el PPC tomó una decisión difícil: apostar por la institucionalidad en un país en la que esta aún no es valorada por la mayoría de ciudadanos. Y se de las tensiones internas que esta apuesta causó en un sector del partido. Sin embargo, creo que tendrán un triunfo sea cual fuere el resultado de la revocatoria. Si el Sí obtiene la victoria, desde filas pepecistas podrá decirse que hicieron todo lo posible para defender la institucionalidad de la ciudad, a pesar de las diferencias con Fuerza Social. Si el No triunfa en la semana final, buena parte de la victoria se deberá al trabajo de movilización hecho, los focus groups que permitieron detectar los puntos flacos a enfrentar en la campaña y la defensa hecha por  sus regidores de la gestión, sin dejar de criticarla (individualmente, el PPC gana a un líder: Pablo Secada).

A ello se suma la aparición final de Flores, quien, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del país, no ha sido la perdedora que se ha sumado inmediatamente al bando revocador. Por el contrario, ha salido en momentos claves a defender el No. Y esta semana tuvo otro gesto singular: su presencia en el homenaje a Javier Diez Canseco, quien viene batallando contra el cáncer, reconociendo, a pesar de las diferencias, su consecuencia dentro de la política peruana, en la que existen muchos mercenarios y politicastros.

Sería demasiado prematuro decir que una alianza FS-PPC se dará para los siguientes comicios municipales, sean en 2013 o en 2014. Aún existe desconfianza mutua en algunos sectores de ambas agrupaciones. Y tampoco quiere decir que  este buen momento de la casi cincuentenaria agrupación política resuelve sus añejos problemas. Pero los pone en mejor pie de lo que estaban hace 2 años para poder afrontar su futuro. De ellos dependerá aprovechar esta oportunidad.

(Foto: La Primera)

No me encuentro entre quienes lloran la muerte de Hugo Chávez. Siempre me encontré entre quienes calificaron al gobierno chavista como un autoritarismo competitivo, más cercano al fujimorismo de lo que los simpatizantes de la última autocracia peruana reconocían en público y en privado. No respetó muchas de las libertades básicas de sus ciudadanos - sobre todo, la de expresión -, generó gran división entre sus compatriotas a los que decía defender, ahondó el gran drama económico venezolano (la dependencia petrolera) con signo distinto al de sus predecesores.

Tampoco estoy entre quienes descorchan el champagne a su deceso. El cáncer es una enfermedad sumamente dolorosa, para quien lo sufre y para su familia. Y también cabe reconocer que existía un importante sector de venezolanos que simpatizaba con él, porque creía que los frutos de la “Venezuela Saudita” por fin eran repartidos a un sector social que no fue beneficiado en su momento de los frutos de la explotación petrolera.

Para bien (para algunos) y para mal (para otros), Chávez marcó la política latinoamericana durante la última década y media. Era el perfecto partner de un Bush ultraconservador, el emblema de un sector de la izquierda que creía ver a un Fidel redivivo, el oxígeno de La Habana languideciente, el punching ball perfecto de la derecha latinoamericana y el perfecto ejemplo, para quienes están entre el liberalismo y la socialdemocracia, para demostrar, con un dinosaurio caribeño y carismático, los límites de un modelo personalista y carismático.

Hace poco más de un mes, decía Enrique Krauze en su blog:

Mientras transcurre el duelo, Venezuela vivirá un chavismo sin Chávez. Su retrato en tiempos de gloria, su silla vacía, su imagen retransmitida interminablemente, acompañará por un tiempo al nuevo presidente. Pero en todas las religiones (y en la naturaleza humana) los duelos tienen un fin. Y en ese momento, que será como un extraño despertar, todos los venezolanos, chavistas y no chavistas, deberán enfrentar la ineludible y gravísima realidad económica. Ocurrió en la URSS en 1989, ocurrirá definitivamente en Cuba, ocurrirá en Venezuela.

Lo que vendrá en Caracas en las próximas horas es incierto, sobre todo, luego de los funerales. ¿Sucesión, elecciones controladas, elecciones libres? Y la otra gran pregunta es si, pasado el duelo, la clase política venezolana, chavista y no chavista, logrará un mínimo consenso de convivencia pacífica. Parafraseando a Carlitos, el personaje de Conversación en la Catedral, el fin de Chávez es el comienzo ¿de qué?

Muchos peruanos votaron por OIlanta Humala en el entendido que un militar podía solucionar los problemas de seguridad ciudadana. De todos los argumentos que se dieron a favor de Humala, este siempre me pareció el más endeble, dado que la labor y entrenamiento castrense es bastante distinto del requerido para enfrentar a la delincuencia. Claro está, soy consciente que algunos de mis compatriotas no piensan así, pues frente al robo de cosas que les cuestan bastante esfuerzo obtener, las pandillas cerca de casa y el asalto con pistola, lo único que desean es que el problema se acabe, sin importar el costo a emplear, cuestión con la que discrepo, pues creo más en la labor de inteligencia.

Dicho esto, el gobierno actual ha tenido una serie de ofertas con miras a mejorar este problema. Sobre todo, más policías y más patrulleros. Sin embargo, ambos ofrecimientos son incompletos. No necesariamente tener más efectivos patrullando las calles será mejor, si es que carecen de la adecuada preparación y entrenamiento. Y desde el gobierno pasado tenemos a muchos oficiales y suboficiales que han salido vía preparación rápida, solo para asegurar que había más custodios en la vía pública (aunque vemos a muchos de ellos conversando entre sí, en lugar de vincularse con el vecindario). Lo mismo se puede decir de vehículos que están muchas veces parados, esperando que pasen varios incautos para pedir  “para la gaseosa”.

Coincido como voces como las de Fernando Rospigliosi al señalar que el principal problema a enfrentar en la Policía es la corrupción. Y no solo por lo evidente, es decir, el robo en compras que deben beneficiar a la seguridad de todos, sino también por el efecto que tiene en el ciudadano común: la desconfianza hacia la institución policial. Salvo que fuere un familiar cercano, ¿usted confía en un policía? Si usted sufre un robo, ¿denuncia en la Comisaría? ¿A quién ve patrullando más, al serenazgo, al guachimán de la cuadra o al policía de la dependencia más cercana?

Pero este problema no se podrá afrontar sin un liderazgo claro. Es  obvio que dicho líder no es el general Raúl Salazar, director general de la PNP, cuestionado casi desde su nombramiento y que ha arrastrado varios errores hasta el día de hoy. Su permanencia en el cargo solo se explica por la hipótesis dada ayer por El Comercio: su cercanía a personas bastante influyentes en la pareja presidencial. Y la terquedad de Humala porque los cambios se hagan en los tiempos que él considere convenientes, no cuando se lo pide la gente.

De allí que no sorprenda que la encuesta de aprobación presidencial de marzo le traiga varios puntos abajo a Humala. Sobre todo, cuando ya llegó el mes en que comienzan los colegios, se pagan los impuestos y concluye la campaña vinculada a la revocatoria, por lo que el ciudadano común y corriente volverá los ojos a un gobierno que ha pasado piola todo el verano.