El día de ayer, llegó el siguiente comunicado oficial a todos los integrantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú:
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
El martes 6 de marzo del 2007, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha interpuesto una demanda de amparo contra el señor Walter Muñoz Cho, miembro de la Junta de Administración de la Herencia de don José de la Riva-Agüero y Osma nombrado de acuerdo a su reglamento, a fin de que el Poder Judicial haga respetar y proteja el derecho constitucional de propiedad de la universidad sobre los bienes heredados de don José de la Riva-Agüero, y su derecho constitucional a la autonomía universitaria.
Esta medida legal ha sido tomada a raíz de dos comunicaciones (fechadas el 15 de febrero y el 1 de marzo del presente año) enviadas al Rector de nuestra casa de estudios, ingeniero Luis Guzmán Barrón Sobrevilla, en las que el señor Muñoz expresa su voluntad de intervenir en asuntos que son de absoluta competencia de la Universidad -y de las autoridades que la gobiernan-, como son los bienes que esta heredó.
Vale recordar que don José de la Riva-Agüero dispuso en su testamento la conformación de una Junta de Administración de los bienes que heredó la Universidad, estableciendo claramente que si nuestra casa de estudios seguía existiendo 20 años después de su deceso, esta adquirirá en propiedad absoluta dichos bienes. Siguiendo la voluntad de nuestro ilustre benefactor, en 1964, cumplido el lapso estipulado, la Universidad inscribió a su nombre los bienes dejados en herencia en los Registros Públicos. Desde entonces, la Junta de Administración perdió autoridad y competencia en todos los asuntos referidos al patrimonio de la Universidad, tanto en administración como en gobierno y gestión.
La acción de amparo interpuesta contra el señor Muñoz busca que se respeten los derechos de autonomía de la Universidad para gobernar y administrar sus bienes, pues en estos asuntos la Junta de Administración no tiene competencia alguna.
La Pontificia Universidad Católica del Perú es una asociación civil sin fines de lucro, inscrita en los Registros Públicos desde 1937, goza de total autonomía universitaria de acuerdo a la Constitución y a lo dispuesto en la Ley Universitaria y sus Estatutos, y ejerce legítimamente la propiedad absoluta de sus bienes.
La Universidad Católica se reafirma en el modelo de universidad que profesa y proyecta en nuestra sociedad, sostenido en valores morales y cristianos, asumidos desde su fundación hace 90 años, y por ello expresa su convicción de que las medidas adoptadas responden al imperativo de velar por su integridad institucional al amparo del derecho y la justicia.
Lima, 7 de marzo del 2007
EL SECRETARIO GENERAL
Lo curioso del caso, según me hizo notar un comentarista de este espacio, es que Walter Muñoz Cho es Director de la Sindicatura Eclesíastica del Arzobispado de Lima, es decir, quien administra los bienes de dicha arquidiocesis. Esto lo he podido comprobar mediante un contrato suscrito entre el Arzobispado y la Unidad de Gestión Educativa Local N° 2, que Muñoz Cho, en virtud de su cargo, suscribe a nombre de esta entidad religiosa.
Dada la ya añeja disputa entre el ocupante del Arzobispado y la PUCP, cabe preguntarse, ¿Muñoz Cho actúa por propia voluntad?
Seguiremos informando.
ACTUALIZACION:
Este tema es más complejo de lo que parece, pero podemos asegurar que la respuesta a la pregunta que nos hacíamos es negativa.
El asunto es el siguiente.
Los terrenos del Fundo Pando, sobre los que se levanta la Universidad Católica, pertenecieron originalmente al intelectual José de la Riva Agüero y Osma.
En su testamento, este personaje dispuso que el Fundo Pando fuera destinado a la construcción de las instalaciones de la PUCP. Como régimen transitorio, dispuso que la administración de su patrimonio estaría a cargo de una Junta de Administración y que, a los 20 años luego de su fallecimiento (ocurrido en 1944) los bienes revertirían a favor de la Universidad. Ello se produjo en 1964, con lo que la Junta perdía toda ingerencia sobre la Universidad.
Sin embargo, la Junta pretende tomar atribuciones y solicitar documentos que no le corresponden, como auditorías y otros documentos financieros. Además, quiere tener el control de los terrenos sobre los que erige la PUCP.
No es casualidad alguna que el administrador del Arzobispado y el jefe de la Junta de Administración sean la misma persona. En realidad, todo encaja dentro de lo que anteriormente hemos hecho referencia: Juan Luis Cipriani quiere que la PUCP se alinee con lo que el considera es una Universidad Católica, es decir, claramente confesional, con misas obligatorias todos los miércoles al estilo de la de Piura y con un filtro sobre actividades académicas, contenido de cursos y temas a tocar.
Además, la PUCP tiene un régimen especial dentro de las universidades pontificias, pues tiene absoluta libertad para elegir a su rector y la venia de Roma al nombramiento es un requisito formal. En otras casas de estudios similares, el Vaticano propone una terna - obviamente, con recomendación de su Gran Canciller - entre la cual se elige al rector. La PUCP se rige para estos efectos por la Ley Universitaria vigente, que da total autonomía de elección a los docentes para la designación de su autoridad más importante. Como se imaginarán, el Gran Canciller quisiera tener ingerencia en dicha elección y, según lo que tengo entendido, está moviéndose para que en la nueva Ley Universitaria, a discutirse en el Congreso, se contemple que las Universidades Católicas se regirán bajo las reglas que el Vaticano impone, y no bajo el régimen general peruano.
El mensaje es claro, según lo que me señalan mis fuentes: Cipriani quiere ser el personaje central de los 90 años, cuyas celebraciones comenzarán en unas semanas. Por ello es que ha intensificado sus ataques a la PUCP y a las instituciones que tocan temas incómodos para él.
Esta batalla recién comienza.
(Logo: Pontificia Universidad Católica del Perú)
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