Desde el Tercer Piso

Hoy Perú.21 da dos datos bien precisos sobre el caso de la Católica:

La sentencia que declaró improcedente el amparo presentado por la Universidad Católica contra el representante del Arzobispado de Lima, en la disputa por la administración de los bienes heredados de José de la Riva Agüero, tendría una curiosa explicación. Resulta que el juez de la causa, Jaime Román Pérez, mantendría estrechos vínculos con el abogado del Arzobispado, Vicente Walde Jáuregui, ex magistrado destituido por el CNM.

Se sabe también que el juez Román habría recibido insistentes llamadas del titular de la Octava Sala Civil de Lima, Manuel Soller Rodríguez, quien es muy amigo de Walde Jáuregui. Es más, Soller es quien preside la sala que resolverá la apelación de la sentencia. Con semejante ‘ayuda’ no es un milagro que el cardenal Juan Luis Cipriani haya vencido en este primer asalto a la Universidad Católica.

Walter Walde Jaúregui fue Vocal de la Corte Suprema y fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿El motivo? Anular una sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, dictada por la propia Sala que él integraba. Osea, ir contra sus propios precedentes. Este abogado es el representante de Cipriani.

Pero no es el único antecedente. Según una hoja de vida confeccionada por el Instituto de Defensa Legal, el abogado del Cardenal tiene estas observaciones:

Se le vincula con el Apra. El caso que más se le recuerda es el de su participación en la estatización de la banca decretada por Alan García en 1987, cuando desestimó una acción de amparo que pretendía impedir la intervención de los bancos, cuando ya otro juez, Eduardo Raffo, había dispuesto el cese de la misma.

En 1991 estuvo involucrado en una investigación que realizó la Oficina de Control Interno sobre un supuesto intento de soborno, que habría comprendido a su secretario y a funcionarios de la Central de Crédito Cooperativo, la CCC. La investigación se interrumpió con el golpe del 5 de abril de 1992 impidió una investigación exhaustiva de la denuncia.

Y sobre Manuel Soller, podemos decir que es un juez que según el Colegio de Abogados era solamente regular. Asimismo, fue procurador del Estado en la época de Fujimori, para defender el Decreto Legislativo 776, que quitaba recursos a las municipalidades provinciales.

Y no deja de tener vínculos con el APRA. Su hermano, Luis Felipe Soller, ha sido “Representante Personal del Presidente de la República Dr. Alan García Pérez para asuntos relativos a la problemática nacional en la gestión del Estado” y “Asesor de la Secretaria General de la Presidencia de la República desde 1986 a 1990″.

Dada la cercanía del Cardenal y del Presidente, como que algo no está bien en esta historia.

(Fotoshop: El Morsa)

En 42 días dejaré las aulas universitarias. La PUCP - que se ha convertido en mi segunda casa - me ha dado experiencias buenas y no tan buenas, la oportunidad de contar con una formación que va más allá de lo estrictamente profesional y, por supuesto, de conocer a mucha gente muy valiosa.

Anoche, conversando con alguien a quien siempre agradeceré a la vida y a mi segunda casa haberla conocido, me hizo recordar que mi querida PUCP sigue en peligro.

Esta semana, los dos diarios favoritos del Cardenal y Primado del Perú - Expreso y Correo - informaron sobre la demanda de amparo que la Universidad interpuso frente al representante de Cipriani ante la Junta Administradora de los bienes de Riva Agüero: la demanda habría sido declarada improcedente en primera instancia.

Como dice el Comunicado que la PUCP nos dio a conocer el martes último, resulta bastante extraño que los dos diarios más requeridos del Arzobispado hayan tenido noticia de esto antes que las partes.

¿Y que implica la improcedencia de la demanda? Pues no es un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que tiene que ver con las cláusulas del testamento de Riva Agüero - a pesar de lo que diga cierto abogado cuyos pronósticos sobre la extradición fueron totalmente errados y sesgados -, sino que implicaría - y utilizo el condicional pues hasta ahora no tengo acceso a la sentencia - una de dos cosas: una declaración de carácter formal sobre algún requisito de la demanda o que el juez consideró que el tema no se debe ventilar en un proceso de defensa de derechos fundamentales, sino que hay otras vías judiciales que considera como más adecuadas para ello.

La pelea sin duda, será de largo aliento. La PUCP ya señaló que apelará el fallo y, de ser posible, llegará hasta el Tribunal Constitucional. Y ese es el cauce en donde deberá manejarse, prioritariamente, este tema.

Sin embargo, el terreno de la opinión pública también es importante. Y por ello es que reafirmo lo que dije en su momento. El testamento de Riva Agüero da la razón a la PUCP sobre la propiedad y no dice nada sobre la orientación ideológica de la Universidad. Y este es un tema que va más allá de la propiedad o el manejo de los bienes de la Católica. Tiene que ver con como concebimos una universidad confesional, que en este caso se ha manejado como Universidad antes como producto de una confesión, basándose en la libertad que, además, no es incompatible con el catolicismo. No es solo un tema de libertad, sino también de libertades.

A pesar que la Católica también tiene sus problemas, por mi parte, seguiré defendiendo a mi Universidad, pues seguirá siendo la casa en donde me formé y donde he vivido varios de los años más intensos de mi aun corta vida. Como dijo Jorge Bruce: “Si se meten con nuestra mamá, nos van a encontrar a todos al frente”.

MAS SOBRE EL TEMA:
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El tema PUCP - Arzobispado de Lima sale a la luz pública.

En este fin de semana, el tema de las disputas entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Arzobispado de Lima ha terminado de tomar un cariz público.

El viernes, la página web del Arzobispado de Lima publicó un comunicado firmado por Walter Muñoz Cho, el hombre enjuiciado por la Universidad, donde señala su punto de vista sobre el conflicto. Indica que él no ha intervenido en asuntos de la Universidad, pero que la Junta de Administración de los bienes de José de la Riva Agüero y Osma si debe tener un rol dentro de la PUCP. Claro, eso es una violación del derecho constitucional a la autonomía universitaria.

Ayer sábado, en su púlpito radial de RPP, Cipriani señaló que tiene la “obligación de velar por la Universidad Católica” y que, al ser la Junta de Administración “perpetua e insustituble” tiene ingerencia en la Universidad. Olvida el Cardenal que, al pasar los bienes de Riva Aguero de forma definitiva a la PUCP, toda ingerencia de ese organismo se terminó, con lo que no había forma de reclamar documentos sobre los bienes de la Universidad.

Y, hoy, sale una reveladora nota de Perú.21 que nos da más luces sobre la materia. Por primera vez, dos miembros de la comunidad universitaria hablaron abiertamente del tema.

Javier Neves Mujica, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, señaló que “la posición del señor Muñoz es que la universidad no podría vender ni comprar ningún bien sin la autorización de la junta, es decir, sin su autorización, y que todas las compras y ventas que se han hecho serían indebidas porque la junta no las autorizó“, lo que, en su opinión legal sería una intromisión seria al derecho de propiedad.

Asimismo, Neves señaló que el testamento de Riva Agüero solo otorgó a la Junta poderes sobre las llamadas “mandas” del testamento, que tienen que ver con otras cláusulas del mismo que no tienen que ver con la marcha de la PUCP.

Y sobre el tema también se ha pronunciado el mismisimo Rector de la PUCP, Luis Guzmán - Barrón, quien ha señalado que:

“Nosotros también salvaguardamos los deseos de José de la Riva-Agüero como una institución que está muy bien considerada y que no ha perdido su condición de católica. En realidad, el tema acá es más bien económico y de administración de la universidad. El señor Walter Muñoz Cho, en sus escritos, dice que la universidad se abstenga de hacer cosas que impidan su ejercicio como miembro de la Junta de Administración de los Bienes de Riva-Agüero. Me parece extraño que dos personas, el rector y una persona designada por el arzobispo de Lima, tengan la potestad de revisar lo que hacen la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, y no creo que don José de la Riva-Agüero se hubiera puesto en ese plan. El señor Muñoz quiere intervenir en la administración de la universidad. Eso supondría que él se siente al costado de quienes han sido elegidos democráticamente, y él no es un miembro de la universidad. Lo que la universidad reclama es el derecho que tiene a gobernarse con autonomía. Creo que los asesores del cardenal lo están llevando a una interpretación equivocada“.

Suenan las campanas…

El día de ayer, llegó el siguiente comunicado oficial a todos los integrantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú:

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:

EL SECRETARIO GENERAL

Lo curioso del caso, según me hizo notar un comentarista de este espacio, es que Walter Muñoz Cho es Director de la Sindicatura Eclesíastica del Arzobispado de Lima, es decir, quien administra los bienes de dicha arquidiocesis. Esto lo he podido comprobar mediante un contrato suscrito entre el Arzobispado y la Unidad de Gestión Educativa Local N° 2, que Muñoz Cho, en virtud de su cargo, suscribe a nombre de esta entidad religiosa.

Dada la ya añeja disputa entre el ocupante del Arzobispado y la PUCP, cabe preguntarse, ¿Muñoz Cho actúa por propia voluntad?

Seguiremos informando.

ACTUALIZACION:

Este tema es más complejo de lo que parece, pero podemos asegurar que la respuesta a la pregunta que nos hacíamos es negativa.

El asunto es el siguiente.

Los terrenos del Fundo Pando, sobre los que se levanta la Universidad Católica, pertenecieron originalmente al intelectual José de la Riva Agüero y Osma.

En su testamento, este personaje dispuso que el Fundo Pando fuera destinado a la construcción de las instalaciones de la PUCP. Como régimen transitorio, dispuso que la administración de su patrimonio estaría a cargo de una Junta de Administración y que, a los 20 años luego de su fallecimiento (ocurrido en 1944) los bienes revertirían a favor de la Universidad. Ello se produjo en 1964, con lo que la Junta perdía toda ingerencia sobre la Universidad.

Sin embargo, la Junta pretende tomar atribuciones y solicitar documentos que no le corresponden, como auditorías y otros documentos financieros. Además, quiere tener el control de los terrenos sobre los que erige la PUCP.

No es casualidad alguna que el administrador del Arzobispado y el jefe de la Junta de Administración sean la misma persona. En realidad, todo encaja dentro de lo que anteriormente hemos hecho referencia: Juan Luis Cipriani quiere que la PUCP se alinee con lo que el considera es una Universidad Católica, es decir, claramente confesional, con misas obligatorias todos los miércoles al estilo de la de Piura y con un filtro sobre actividades académicas, contenido de cursos y temas a tocar.

Además, la PUCP tiene un régimen especial dentro de las universidades pontificias, pues tiene absoluta libertad para elegir a su rector y la venia de Roma al nombramiento es un requisito formal. En otras casas de estudios similares, el Vaticano propone una terna - obviamente, con recomendación de su Gran Canciller - entre la cual se elige al rector. La PUCP se rige para estos efectos por la Ley Universitaria vigente, que da total autonomía de elección a los docentes para la designación de su autoridad más importante. Como se imaginarán, el Gran Canciller quisiera tener ingerencia en dicha elección y, según lo que tengo entendido, está moviéndose para que en la nueva Ley Universitaria, a discutirse en el Congreso, se contemple que las Universidades Católicas se regirán bajo las reglas que el Vaticano impone, y no bajo el régimen general peruano.

El mensaje es claro, según lo que me señalan mis fuentes: Cipriani quiere ser el personaje central de los 90 años, cuyas celebraciones comenzarán en unas semanas. Por ello es que ha intensificado sus ataques a la PUCP y a las instituciones que tocan temas incómodos para él.

Esta batalla recién comienza.

(Logo: Pontificia Universidad Católica del Perú)