Desde el Tercer Piso

Hace algunas horas… (vía RPP):

El experto en derecho constitucional Javier Valle Riestra, opinó que al presidente Alan García no le conviene la extradición del ex mandatario Alberto Fujimori porque se volvería por solidaridad sentimental en un líder opositor y factor “perturbatorio”.

Asimismo, el también congresista aprista ratificó que la extradición del ex presidente Fujimori, quien permanece en Chile, no procederá.

Durante todo este tiempo, don Javier Maximiliano Alfredo Valle Riestra Gonzáles Olaechea ha defendido la tesis de que Alberto Fujimori no será extraditado. Para ello da dos argumentos: el hecho de que los jefes de Estado gozan de cierta inmunidad y que no existen pruebas contra el Chino en los casos de derechos humanos.

Para ello, habría que recomendarle al ilustre tribuno hacer el ejercicio que todo abogado hace antes de dar una opinión: leer. En primer lugar, el Informe de la Fiscal Mónica Maldonado, que determina la inexistencia de una imnunidad para Fujimori en su calidad de jefe de Estado por los crímenes que se le imputan. En segundo término, el post de Alberto de Belaúnde, en el que se detallan las pruebas existentes contra Fujimori por violaciones a los derechos humanos, basado en el informe del IDEHPUCP.

Pero quizás, más que falta de lecturas, a Valle Riestra lo nubla una cosa: su compromiso orgánico con el fujimorismo.

No solo Valle Riestra fue premier de Fujimori en 1998, cuando la dictadura era fuerte- en uno de los giros más inexplicables de la política peruana - sino que en es protagonista directo o indirecto de varios vladivideos. De hecho, Montesinos le recomienda a Andrónico Luzic, dueño de Luchetti, tomar los servicios de Valle Riestra, un abogado “de su entera confianza”. O, directamente, hay diálogos como estos en la salita del SIN:

Valle Riestra: No se va calmando la gente, se puede calmar. Porque es necesario hablar mucho para que las cosas no cambien.
Montesinos: Bueno, pero…
Valle Riestra: ¿Qué cosa quiero yo? Que el régimen dure ¿sí o no?
Montesinos: Claro, lógico.
Valle Riestra: ¿O que se desmorone?
Montesinos: Bueno, es que no se va a desmoronar porque hay dos pilares fundamentales.
Valle Riestra: Claro, yo lo sé. Yo estoy diciendo que soy un idiota si es que quisiera eso. Yo quiero que dure, que sea longevo, que cumpla con sus objetivos, que son los que son los más positivos para el Perú.
Montesinos: Además hay una cosa, y vamos a hablar a calzón quitado. ¿Quién va a gobernar el 2000 en el Perú?
Valle Riestra: ¿Quién quiere gobernar? Fujimori.
Montesinos: Dentro de…
Valle Riestra: Yo ya tengo los fijos que están en muestrario.
Montesinos: Puede ser Andrade, la Lourdes Flores Nano, Borea.
Valle Riestra: No, pues, ni hablar.
Montesinos: Entonces, ¿cómo vamos a dejar? Sería irresponsable dejar el gobiemo a ellos.
Santander: Por una razón de Estado.
Montesinos: Claro.
Valle Riestra: Pero, entonces, hay que hacer las cosas necesarias para que pueda reelegirse.
Montesinos: Claro.
Valle Riestra: Pero, dentro de mi óptica son otros los métodos más sutiles.
Montesinos: A ver, ¿cuáles?
Valle Riestra: Tenemos un Jurado títere y el Jurado podemos hacer que haga lo que tiene que hacer.

Pero un elemento más actual define las actuales relaciones tribuno - fujimorismo. Señaló La República, hace un par de años:

El nexo que llevó a César Nakasaki hasta los abogados chilenos Gabriel Zaliasnik y Francisco Veloso fue Javier Valle Riestra. Así lo sostiene El Mercurio en un artículo publicado ayer bajo el título “El salvavidas electoral de Fujimori”. Según el diario, fue el “reconocido constitucionalista peruano”, quien resultó clave para lograr que el controvertido ex mandatario cuente por fin con una defensa legal adecuada durante su encierro en Chile. Valle Riestra trabajó en un caso con Veloso, tras lo cual iniciaron una relación maestro-alumno que se conserva hasta hoy. Por ello, cuando los asesores de Fujimori llamaron a Valle Riestra - quien fue su Primer Ministro – éste no dudó en recomendar a Veloso, el socio de Zaliasnik.

Y la relación se mantiene. Noticia de hace algunas horas en la agencia estatal ANDINA:

El presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile, Alberto Chaigneau, sería quien dirimiría respecto al pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, afirmó hoy el legislador, Javier Valle Riestra.

El parlamentario aprista dijo que dialogó vía telefónica con su amigo Francisco Velozo, abogado de Fujimori en Santiago, y preguntó “cómo está la cosa”, y lo que el defensor del ex mandatario respondió: “la verdad es que no hay una definición, el misterio es el presidente Chaigneau”.

Más que cuestiones de Derecho, parece que las cuestiones del verdadero color político de Valle Riestra son las que afloran a la hora que opina del caso Fujimori.

MAS SOBRE EL TEMA:
Alberto de Belaunde: Valle Riestra: fue ayer y sí se acuerda (con otra revelación de don Javier)
Del archivo de Agencia Peru: Valle Riestra pierde los papeles en entrevista con Cecilia Valenzuela (26.03.2002)

El Consejo Supremo de Justicia Militar volvió a demostranos que poco sabe de justicia y derechos humanos.

Una reciente decisión de este organismo puede brindarle a Vladimiro Montesinos importantes argumentos de defensa para eludir su responsabilidad penal en uno de los casos en los que está más comprometido y podría afrontar hasta 35 años de prisión.

EL CASO LA CANTUTA Y EL ENCUBRIMIENTO MILITAR

Como se sabe, entre el 17 y 18 de julio de 1992, miembros del Ejército Peruano, agrupados en el llamado Destacamento Colina, en coordinación con miembros de la base militar ubicada en la Universidad Nacional de Educación “La Cantuta”, secuestraron a nueve estudiantes y un docente de dicha universidad. Como posteriormente revelaron investigaciones periodísticas, los secuestrados posteriormente fueron ejecutados extrajudicialmente y sus cuerpos fueron quemados y trasladados a otros sitios de entierro.

El caso, producido luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, cometido por el entonces presidente Alberto Fujimori, involucra a los principales personajes de dicho gobierno y es materia del proceso de extradición que se le sigue al ex mandatario en Chile, cuyo primer fallo estará por dictarse en los próximos días.

A las violaciones de los derechos humanos producidas en 1992, se sumó la voluntad deliberada del gobierno fujimorista para encubrir a los responsables mediante mecanismos legislativos y judiciales.

En 1993, el caso La Cantuta era investigado en el fuero judicial común. El 17 de diciembre de 1993, el Consejo Supremo de Justicia Militar manifestó haber asumido jurisdicción sobre dicho caso, por lo que se originó una contienda de competencia en la Corte Suprema de Justicia. Al existir la posibilidad de que se definiese la competencia de la investigación a favor del Poder Judicial, el Congreso Constituyente Democrático aprobó una norma que modificó el número de votos favorables necesarios para resolver una contienda de competencia, lo que hizo que el proceso fuera derivado a la justicia militar.

El fuero militar realizó dos procesos sobre este caso. Un primer proceso fue destinado a los autores materiales de los hechos, a los que sentenció a diversas penas de prisión – que fueron posteriormente amnistiados en 1995 – pero sin reconocer que el Destacamento Colina era parte de la estructura del Ejército Peruano. Un segundo proceso juzgó de oficio al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, al General EP Nicolás Hermoza Ríos, Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y al general Luis Pérez Documet - presuntos autores intelectuales de este crimen -, proceso que culminó el 15 de agosto de 1994, declarando la absolución de estos personajes al señalar que el grupo de oficiales y suboficiales que cometieron el secuestro y ejecuciones extrajudiciales actuaron por su cuenta y sin conocimiento de autoridades civiles y militares. Esta sentencia, que fuera confirmada el 18 de agosto de 1994, ha servido por estos ex funcionarios para señalar que existe cosa juzgada para ellos en este caso.

Hasta el momento, el Poder Judicial procesa al Destacamento Colina por el caso La Cantuta, sin poder comprender a Montesinos Torres, Hermoza Ríos y Pérez Documet, debido a este fallo del Consejo Supremo de Justicia Militar.

LO QUE DIJO LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El 29 de noviembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó su sentencia en el caso La Cantuta.

En esta resolución se refirió al proceso seguido en la justicia militar contra los autores intelectuales de este caso, señalando que los tribunales militares, por su sujeción al Poder Ejecutivo, no cumplían con los requisitos de independencia e imparcialidad. Asimismo, se señala que la jurisdicción penal militar debe tener un carácter restrictivo y excepcional en cuanto a los delitos que procesa, vinculados con bienes jurídicos propios del orden militar. Por estas razones, la Corte considera que la jurisdicción penal militar no es el lugar competente para procesar violaciones a los derechos humanos y que, por tanto, esto constituye una violación del derecho a las garantías judiciales.

La Corte también señala que las investigaciones realizadas en el fuero militar siguen siendo un obstáculo para el alcance amplio de la actuación judicial, dado que no se han formulado cargos formales en el fuero común contra Nicolás Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos y Luis Pérez Documet, cuyo sobreseimiento fue dictado en el fuero militar. Sobre este tema, la Corte señala que el principio de cosa juzgada no es aplicable cuando el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable de una violación a los derechos humanos ha sustraído al acusado de su responsabilidad penal o cuando el procedimiento no fue instruido de manera independiente o imparcial.

Por estas razones, la Corte señala que el Estado peruano debe realizar inmediatamente las diligencias para completar, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales iniciados en el Poder Judicial, así como para activar, en su caso, los procesos que sean necesarios, para la determinación de las responsabilidades penales de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el caso La Cantuta.

LA DESOBEDIENCIA DEL CSJM AL MANDATO DE LA CORTE INTERAMERICANA

El mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implicaba que se dejaran de lado todos los obstáculos sobre el caso, incluyendo una sentencia que no constituye cosa juzgada. Es decir, el Consejo Supremo de Justicia Militar debía dejar sin efecto la sentencia de agosto de 1994, en la que exoneraba de responsabilidad a los presuntos autores intelectuales de los hechos antes comentados.

Sin embargo, como se ha podido conocer a través de La República, el CSJM se negó a anular la resolución antes mencionada, a pesar que en 2004 señaló que la única manera de anular sus fallos era mediante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestión que hizo en el caso Barrios Altos.

La Sala Revisora del Consejo arguye que la Corte Interamericana ha indicado que se puede procesar a Montesinos, Hermoza y Pérez Documet en el fuero penal común, al señalar que en este caso no puede alegarse cosa juzgada. Esta cuestión, como se desprende de la sentencia de la Corte, no es cierta, dado que se ordena que se retiren todos los obstáculos judiciales que impiden que los autores intelectuales puedan ser procesados. Un argumento de defensa que utilizarían los procesados en cuestión sería la existencia de dicha decisión, que podría desbaratar cualquier inicio de un proceso judicial en su contra, que podría llevarlos a penas que pueden llegar a los 35 años de prisión, dada la responsabilidad que tienen en este caso.

LA ENEMISTAD DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR CON LOS DERECHOS HUMANOS

Finalmente, este fallo no puede dejar de entenderse en el contexto de hostilidad que el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, General EP Juan Pablo Ramos Espinoza, tiene hacia el tema de los derechos humanos.

En una declaración dada en febrero de 2006, Ramos Espinoza señaló que era saludable la iniciativa de otorgar una amnistía a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos, dado que, en su opinión, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación era sesgado y sólo responde a la visión de determinados grupos civiles.

Asimismo, Ramos ha acusado a las organizaciones de defensa de los derechos humanos de pretender desaparecer la justicia militar. Como estas mismas organizaciones han explicado, ellos respaldan la propuesta de adecuación – no de eliminación – de la justicia militar a los principios de un Estado Constitucional de Derecho, señalados en el Plan Nacional de Reforma Integral de Administración de Justicia trabajado por la CERIAJUS. Este planteamiento implica una reforma constitucional, en los términos siguientes:

“Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía nacional en actividad, que comentan delitos estrictamente castrenses, serán juzgados por jueces que conforman una competencia especializada del Poder Judicial”

Por tanto, no se busca desaparecer a la justicia militar, sino que se busca su integración en un esquema de justicia compatible con la Constitución, evitando el procesamiento de violaciones a los derechos humanos en este fuero. Esta propuesta ya había sido planteada por la Comisión para la Reestructuración Integral de las Fuerzas Armadas, que fue integrada, entre otras personalidades, por miembros en retiro de los institutos castrenses, entre ellos, el ex gobernante del Perú, Francisco Morales Bermúdez y es compartida por la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los Informes de la Defensoría del Pueblo.

Esta animadversión personal del General Ramos Espinoza puede costarle caro al país, dado que su decisión podría dejar en la impunidad uno de los casos más importantes en materia de derechos humanos que, como mencionamos anteriormente, tiene entre sus principales involucrados al ex Presidente Alberto Fujimori, quien también podría aprovechar esta falta de criterio del CSJM, al pretender señalar que dichos actos se cometieron sin su consentimiento, tal como lo ha señalado en su alegato de defensa en Chile.

Sin duda, esta decisión deberá rectificarse, dado que se vulnera un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, además, podría dejarse sin castigo a los autores intelectuales de uno de los crímenes que mereció la atención de la prensa independiente y el repudio de la ciudadanía. Estamos advertidos.

MAS IMPUNIDAD:
Utero de Marita: ¿Joy Way en libertad?

Las firmas falsas de Perú 2000 pueden quedar sin castigo

Una Sala del Poder Judicial, que fue destinada para luchar contra la corrupción, puede dejar sin sanción a los autores intelectuales de la falsificación de firmas de Perú 2000, el hecho que dejó patente ante el país y la comunidad internacional la voluntad de fraude de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales que manipuló para presentarse y ganar.

El caso se ha visto enredado desde su inicio en las instancias judiciales. Luego de la campaña mediática que los esbirros del fujimorismo iniciaron en contra de los testigos que denunciaron este hecho ante la unidad de investigación del diario El Comercio, el Poder Judicial y el Ministerio Público, controlados por Vladimiro Montesinos, dieron una serie de resoluciones en favor de los autores intelectuales del hecho.

Los dos hechos judiciales más importantes de ese caso durante el año 2000 fuero la acusación fiscal elaborada por Arquimides Pesantes, sentenciado a 8 años de prisión por pertenecer a la red de corrupción en el Ministerio Público, y una posterior resolución dictada por la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros en octubre de 2000, tiempos en que todavía era controlada por Alejandro Rodríguez Medrano, resolución que dijo que no había existido falsificación de documentos. El beneficiado fue Migdonio Bellota, ex regidor de Vamos Vecino, involucrado en la falsificación.

Posteriormente, ya en democracia, el Fiscal Víctor Cubas reabrió el caso, debido a las manifiestas irregularidades en su tramitación durante la dictadura, solicitud que fue acogida por la Primera Sala Anticorrupción, presidida por Inés Villa Bonilla. Ya para este tiempo habían sido comprendidos en el proceso como autores intelectuales a Vladimiro Montesinos, Oscar Medelius (a punto de ser extraditado de Estados Unidos por este caso), Ricardo Chiroque Paico (que postuló nuevamente por el fujimorismo a la alcaldía de San Juan de Lurigancho), Daniel Chuan (propietario del membrete Perú 2000) y José Portillo Campbell (¿se acuerdan?, “papelito manda”), entre otros.

Sin embargo, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en una decisión cuestionable dictada en el 2003, decidió declarar como válida la resolución que limpiaba a Migdonio Bellota, dictada en un proceso a todas luces viciado y declaraba la reapertura del proceso como inválida. Posteriormente, anularon la resolución de la impunidad. Sin embargo, en mayo de 2005, nuevamente la Corte Suprema incurrió en el mismo horror jurídico.

Para enredar más las cosas, la semana pasada, la Sexta Sala Anticorrupción ha cometido un desliz del tamaño de la Catedral de Lima. A solicitud de los procesados Medelius y Chuan, se les amplió el alcance de la resolución del año 2000, es decir, la dictada por su ex jefe y, peor aún, amplió de oficio (es decir, porque quisieron) los alcances de la misma a Montesinos, Chiroque, Portillo y demás involucrados.

Aunque la Procuraduria Ad Hoc ha interpuesto un recurso de nulidad contra esta resolución vergonzosa, ciertamente es preocupante que un caso importante de corrupción, documentado fehacientemnte por la investigación hecha por el equipo encabezado por Ricardo Uceda y que luego fuera corroborada por el Fiscal Víctor Cubas, pueda terminar en la más absoluta impunidad. El Presidente del Poder Judicial parece estar comprometido con los cambios necesarios para una mejor administración de justicia, pero la conducta de algunos jueces nos vuelve a poner el tema de la cultura e idiosincracia como uno de los mayores lastres para que las cosas cambien en dicho Poder del Estado.

MAS SOBRE EL TEMA:
Francisco Távara, Presidente del Poder Judicial: OCMA y Fiscalía deberán intervenir si se comprueban irregularidades en falsificación de firmas de Perú 2000.

Ya anteriormente habíamos comentado las andanzas de Alex Kouri, en particular, en lo que se refiere a la controvertida obra de la Vía Expresa del Callao.

Como sabemos, los limeños que pasamos hacia el Aeropuerto tenemos que pagar el peaje más caro del mundo: S/. 1.50 (aproximadamente 45 centavos de dólar) por atravesar una vía rápida de solo 2 kilómetros. El mismo pago lo tenemos que hacer también al regreso del Aeropuerto. Eso en cualquier parte del mundo se llama estafa, pero para Kouri se llama negocio.

Como también sabemos, la Via Expresa del Callao fue una ayudadita a empresarios argentinos y peruanos que no tenían el capital suficiente para cumplir con la obra. Y con suegro incluido en la colada, nada menos.

Posteriormente, dos sombras cubrieron la investigación: los impedimentos dados desde la Municipalidad del Callao para que la Contraloría hiciera su trabajo y la inicial negativa del Pleno del Congreso para que se otorgara a la Comisión de Fiscalización facultades de comisión investigadora.

Pero poco a poco las cosas han ido cambiando para Kouri, pues se ha venido conociendo que la relación entre el actual Presidente Regional del Callao y Vladimiro Montesinos tuvo como trasfondo, entre otros temas, la famosa Vía Expresa. No en vano Pandolfi firmó un Decreto Supremo que permitió hacer la obra.

Pero esta semana las cosas se le complicaron al ex alcalde.

Por un lado, Víctor Andrés García Belaúnde dio a conocer que Kouri selló el negocio del peaje en la salita del SIN, según un vladivideo perdido. Vídeo en el que incluso le ruega al “Doc” que Fujimori vaya a presenciar la ceremonia de entrega de la buena pro, para subirle sus bonos a favor de la inconstitucional re-reelección. La respuesta de Kouri fue una bravata e insinuaciones de negocios hechos por el congresista de Acción Popular.

De otro lado, hasta los antiguos aliados de Kouri se le voltearon: Renzo Reggiardo, de las filas del fujimorismo, ha señalado que la obra y la empresa encargada de hacerla tienen serios cuestionamientos. Lo que se complementa con una investigación hecha por Caretas, que señala los viajes hechos por Kouri a Argentina, entre ellos, para visitar al Vicepresidente argentino Daniel Scioli, cuya campaña habrìa sido financiada por los dueños de las empresas que conforman el consorcio Convial, las cuales también se encuentran cuestionadas por demoras en construcción de carreteras en el país del tango.

Finalmente, rectificando un error pasado, el Pleno del Congreso otorgó a la Comisión de Fiscalización facultades de Comisión Investigadora. Se ha pedido el levantamiento del secreto bancario para el ex Alcalde del puerto más importante del país.

El caso Kouri es importante, dado que representa un estilo de hacer política en el Perú: el famoso “roba pero hace obra”, o el cinismo encarnado en un personaje político. Además, estamos hablando de un personaje que tiene aspiraciones presidenciales no ocultas y que, además, tiene a un hombre suyo en el gobierno: Luis Giampietri Rojas.

¿Será el APRA capaz de acusarlo?

MAS SOBRE EL TEMA:
Editorial de El Comercio: Lo que debe responder Kouri
Mirko Lauer: ¿La mejor defensa es el chucaque?

Varios temas que no me dan para un post, pero que merecen ser comentados:

La nueva Acta de Salazar: El Ministro de Agricultura firma una nueva acta con cocaleros, esta vez, con los del Cusco. Esta es más grave que la de Tocache, pues se compromete a denunciar un tratado internacional sobre control de drogas. ¿Una nueva fecha para celebrar el día del narco? (Más información, en el Utero).

Otro Congresista de UN en aprietos: Tanto Rosa María Palacios como Caretas han reportado del nuevo escándalo de un parlamentario. Se trata de Franco Carpio, representante por Lambayeque. Este personaje hizo presión para que su concuñado Jonás Godoy - sin parentesco - fuera nombrado como nuevo rector de la Universidad Nacional de Chiclayo. Su sobrina - la hija del favorecido, tampoco pariente mía - trabaja como asesora en el Congreso. Algo llamado tráfico de influencias huele en el ambiente.

Acusación contra Chicho Mohme: Ayer Beto Ortiz presentó en su programa un audio en el que Vladimiro Montesinos señala que Gustavo Mohme Seminario, actual director de La República, fue un “topo” dentro de la oposición y que recibió dinero por este tema. Lo curioso es que el único medio que rebota la noticia es Expreso, cuyas antipatías por La República son conocidas. Como era de suponerse, Mohme ha negado la especie. La mejor defensa que tiene es que la línea del diario que dirigía su padre nunca claudicó ante la dictadura.

El retorno de Hildebrandt: Volvió a Radio San Borja y en una entrevista con Caretas hace 3 revelaciones. La primera, es que no ingresará a La Primera; la segunda, es que el proyecto de diario es con la gente de Acción Popular y Javier Diez Canseco; y la tercera, es que salen sus memorias en unos días. Por cierto, el chato remata la entrevista con una respuesta de antología:
“Recuerdo haber descubierto el plagio de Fernando Iwasaki, pues me mandan muchas tesis. Pero él tuvo la dignidad de irse. En otros funciona la ecolalia: si Alfredo Bryce niega, Alonso Cueto niega. La cofradía literaria es como la cofradía periodística. Son los chicos de La Trattoría. Por supuesto que espero sus comentarios sobre mi libro. Uno publica para ser acribillado. Uno publica como San Sebastián, para ser asaeteado. En este país, todo lo que hagas será materia de emboscada”.

¿Y por qué 2.0? Nada, solo que hoy es el Día Internacional del Internet y había que ponerse a tono.