Desde el Tercer Piso

Si bien en el tema de derechos humanos, la noticia de la semana la constituye la captura de Telmo Hurtado Hurtado, el responsable de la matanza de Accomarca en 1985 - adelanto, el proceso de extradición va a ser un poco largo, a pesar que el caso es fácilmente ganable en Estados Unidos -, otra noticia dada desde el Gobierno motiva el comentario que vendrá a continuación.

Ocurre que el domingo último se expidió el Decreto Supremo Nº 031-2007-PCM, que aprobó la relación de mártires del terrorismo pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú y del personal civil que falleció en defensa de la democracia.

En principio, comparto la idea del gobierno en impulsar esta norma. Honrar a nuestros héroes que dieron su vida por librarnos de una amenaza totalitaria, vulneratoria de los derechos fundamentales, cruel y sanguinaria, es algo que todos los peruanos debemos hacer. Además, creo que puede constituir un momento clave para que las Fuerzas Armadas y Policiales puedan comenzar diferenciar a los héroes de la gente que cometió excesos o, en algunos lugares y momentos, violaciones generalizadas o sistemáticas de los derechos humanos.

Una revisión de la lista de militares y policías homenajeados me confirma dicha impresión. Quizás el único caso donde tenga mis reparos es en el del Capitán de Navío AP Juan Carlos Vega Llona. Si bien este marino fue asesinado en Bolivia por miembros de Sendero Luminoso, no debe olvidarse que, de acuerdo a las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y a las propias declaraciones de su hermano Ricardo - ex Presidente de CONFIEP y DEVIDA -, este hombre fue el responsable directo de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del develamiento del motín en El Frontón en junio de 1986. El hecho de ser víctima y victimario a la vez produce esos reparos.

Donde la cuestión me resulta más problemática es con relación a la relación de personalidades políticas y sociales que son incluidas en la lista de defensores de la democracia. Si bien se incluyen a personas como Domingo García Rada, Orestes Rodríguez, María Elena Moyano, Pascuala Rosado y Carlos Giusti, hay algunos motivos que me hacen pensar en que la lista ha sido hecha de manera apurada. Tres son las razones principales.

El primero, es que no se incluye a autoridades políticas que fueron victimadas por agentes del Estado, con lo que se sigue negando una parte de nuestra historia.

Un ejemplo de ello es el caso de Leonor Zamora, alcaldesa provincial de Huamanga entre 1983 y 1986. Según un buen reportaje de César Hildebrandt Chávez y el Informe Final de la CVR, Zamora se volvió incómoda para las autoridades militares por denunciar varios casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Ayacucho. Según confesión escrita, Fabio Urquizo Ayma, suboficial del Ejército que luego pertenecería al Grupo Colina, fue el asesino de la ex alcaldesa en 1991.

Otro ejemplo es el caso de Saúl Cantoral Huamaní, dirigente minero asesinado en 1989, presentamente por miembros del mal llamado Comando Rodrigo Franco. La omisión resulta más sintomática cuando recuerdo que Luis Alberto Salgado, agente del Estado en este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentó en su alegato ante la Corte que Sendero Luminoso había sido el autor de este crimen.

Los únicos dos casos que he encontrado son los de los militantes apristas Marco Ayerbe Flores - asesinado en 1982 por miembros de la Policía Nacional - y Carlos Ferrer - desaparecido en 1983 por el Ejército y cuyo cadáver momificado fuera encontrado en una fosa común.

El segundo tema es que buena parte de la relación de personas comprenden a miembros del Partido Aprista, omitiendo a figuras de otros partidos. Si bien la CVR nos recuerda que el APRA fue la agrupación política que mayor cantidad de víctimas mortales tuvo durante el conflicto y que las personas incluidas deben estar presentes, me parece bastante sintomático que buena parte de quienes aparecen en dicha relación también lo estén en la detallada cronología que hace el militante aprista Jesús Aliaga Baldeón en su libro Mártires de la Pacificación, en la que rescata la historia del martirologio aprista durante la época del conflicto armado interno. Lo preocupante del sesgo es que Aliaga es actualmente Secretario Ejecutivo de la CMAN, la entidad estatal encargada de implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Dos casos ejemplifican el punto. El primero es el caso del diputado Heriberto Arroyo Mio. En mayo de 1989, este parlamentario, perteneciente a las filas de Izquierda Unida, fue muerto por miembros de Sendero Luminoso. A los pocos días, fue asesinado el diputado aprista Pablo Li Ormeño. Li se encuentra - con todo derecho - en la lista, pero Arroyo no ha sido tomado en consideración. Y eso que se formó una comisión parlamentaria durante el gobierno aprista para investigar ambos crímenes.

El segundo es el del alcalde de Huamanga Fermin Azparrent, miembro de Izquierda Unida. Este alcalde promovía la organización popular y la defensa de los derechos humanos, apoyando las asambleas comunales de vecinos y las denuncias de los comuneros de Cayara por la masacre cometida por miembros del Ejército en 1988. El 19 de septiembre de 1989 fue muerto por militantes de Sendero Luminoso.

El tercer tema es que se da un plazo bastante corto para corregir el padrón: apenas treinta días, en los cuales deberá presentarse la documentación correspondiente. Pregunto: ¿qué pasa con los alcaldes de centros poblados cuyas partidas de nacimiento o defunción fueron quemadas por Sendero Luminoso? ¿No podrían estar en la lista?

Finalmente, una preocupación final. Se supone que el Consejo de Reparaciones - presidido por Sofía Macher - fue creado para elaborar el Registro Unico de Victimas del conflicto armado interno, a fin de señalar quienes debían ser reparados. Esta lista, con lo bien intencionada que puede ser, ¿no se superpone a lo que debe ser el trabajo de este organismo? El gobierno y sus representantes en el tema de derechos humanos tienen varias dudas que aclararnos.