Una moción en el Congreso que puede complicar las cosas para el sistema democrático.
El martes 27 de marzo, en su habitual columna de La República, Mirko Lauer hizo una advertencia importante sobre una Moción que viene dando vueltas en el Congreso y que podría consagrar el sentido común fujmorista sobre la lucha antisubversiva.
La Moción 965, busca la conformación de una “Comisión Investigadora para que analice la Política Antiterrorista a partir de noviembre del año 2000 hasta julio 2006, investigue los cambios del régimen penitenciario a los condenados por delitos de terrorismo, investigue el otorgamiento de indultos y conmutaciones de penas por terrorismo, investigue el traslado de los condenados por terrorismo a los diferentes penales e investigue la anulación de los procesos judiciales por terrorismo“. Es decir, un exocet contra los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, a los que el fujimorismo y sus voceros mediáticos han pretendido acusar de lenidad con la subversión, bajo la idea de que la democracia es débil para el combate a Sendero Luminoso. En suma, se toma como base la premisa “solo Fujimori y su autoritarismo, salvarán al Perú”, la misma que esta semana señaló sin escrúpulo alguno Martha Chávez.
Es cierto que el Congreso de la República tiene todo el derecho a evaluar la política antisubversiva, a fin de verificar lo avanzado y recomendar mejoras de ser necesario. Es parte de su labor de fiscalización y de canalización de demandas ciudadanas. Sin embargo, la forma en cómo se presenta la moción y quienes la presentan me hace pensar en un interés subalterno detrás.
Esta moción señala, como justificación, que “la política antiterrorista iniciada con la presente década, la flexibilización del sistema penitenciario de los condenados por terrorismo, el sistema de conmutación de penas, el otorgamiento de indultos a condenados por terrorismo, la anulación de los procesos contra terroristas y demás acciones y omisiones del Estado, han podido ser un elemento coadyuvante para que no se haya logrado la total erradicación de dicho fenómeno“.
Lo que no toma en cuenta la moción es que durante los últimos años de Fujimori se descuidó la política contrasubversiva y que, más bien, en democracia se corrigieron los errores cometidos durante el fujimorato. Según indica la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su estudio sobre el regimen fujimorista:
“Debido a la inacción, una de las herencias que su gobierno dejó fue una situación penitenciaria descontrolada, gracias a la cual los reclusos del PCP-SL habían logrado nuevamente el control de las cárceles como sus “luminosas trincheras de combate”. El estricto régimen carcelario de dichos reclusos en los penales de máxima seguridad, incluyendo la Base Naval del Callao, no era tal para 1999“.
La CVR recogió lo que ocurrió en los penales de Yanamayo (Puno), Picsi (Lambayeque), Socabaya (Arequipa) y Potracancha (Huánuco): en estos establecimientos la infraestructura penitenciaria colapsó y los pabellones se convirtieron nuevamente en centros de adoctrinamiento. ¿Y Fujimori? No hizo nada para remediar dicha situación.
Claro, los proponentes también se olvidan de las tortas de cumpleaños a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre dadas por Montesinos o, como recuerda Lauer, “las visitas a la Base Naval de más de 17 dirigentes de Sendero (en distintas ocasiones), la última de las cuales fue el 14 de noviembre del 2000“. Esta última reunión supuso la instauración del plan “por una solución política a los problemas derivados de la guerra“, que plantea una amnistía general - inaceptable desde todo punto de vista - para los miembros de Sendero.
Y también se olvida que los regímenes de conmutación de penas e indultos vienen desde la época de Fujimori y no se ha podido comprobar que alguna de las personas beneficiadas haya incurrido en actos terroristas. Esta fue la acusación que quisieron plantearle, en su momento, a Diego García - Sayán en su momento, y que fue archivada hace un mes por el propio Congreso. Ahora quieren reactivar esta vieja acusación, pero pretendiendo enlodar a todos los ministros de Justicia del gobierno toledista.
Tampoco se recuerda que el cambio de la legislación antisubversiva se debió a que buena parte de la misma era inconstitucional. No se quiere tomar en cuenta que sólo un mínimo porcentaje de los subversivos que fueron vueltos a procesar han sido absueltos por falta de pruebas y, claro, se omite que los principales cabecillas de SL y el MRTA han sido condenados a penas severas por la Sala Penal Nacional, que ha realizado un eficiente trabajo. ¿Se pretende ignorar estos logros en democracia y volver a consagrar a los jueces sin rostro, los tribunales militares para procesar a civiles, los inocentes en prisión?
¿Y quienes han presentado esta moción? Para comenzar, los fujimoristas Renzo Reggiardo y Cecilia Chacón, en un afan de defender el supuesto “legado” de su jefe. Se han sumado congresistas inimputables como Isaac Mekler y Luciana León, pero, sobre todo, han firmado gustosos esta propuesta la parlamentaria de Unidad Nacional Lourdes Alcorta - cuyo “respeto” por la vida humana es por todos conocido - y el primer vicepresidente de la República Luis Giampietri Rojas, cuyas posiciones sobre la guerra contrasubversiva son por todos conocidas.
Y conociendo a estos últimos, no dudo cuál va a ser el objetivo final de esta propuesta: la invalidación del documento que documenta mejor la violencia provocada por los grupos subversivos y los groseros errores cometidos durante la guerra contra la subversión: el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La ojeriza que el fujimorismo y los congresistas antes mencionados tienen a dicho documento se centra en que va a contracorriente de la “historia oficial” sobre la derrota del terrorismo, que centra las glorias de dicha victoria en las Fuerzas Armadas y Fujimori, olvidando lo fundamental del trabajo de la Policía y de los Comités de Autodefensa, que fueron las entidades realmente decisivas para dicha victoria. Y claro, el Informe contradice los discursos de los partidos políticos sobre sus responsabilidades políticas - y en el caso de Fujimori, penales - sobre lo ocurrido durante los años de violencia.
Además, la CVR plantea cuestionamientos de fondo a la política antisubversiva empleada durante los años noventa y no avala seguir una “línea dura” en el combate a los remanentes del terrorismo, sino que propone una estrategia integral que vaya más allá de lo estrictamente militar.
Dado que existe este peligro, me permito una sugerencia a los defensores del Informe Final y del trabajo de la CVR. Muchos de ellos se han concentrado sustancialmente en el tema de las responsabilidades penales y políticas, a modo de respuesta a los detractores de su trabajo - algunas veces, sólo tomando algunos elementos del Informe Final, sin considerar otros - cayendo en el error centrar su agenda sobre este tema en responder a los ataques de los detractores de este documento.
Mi propuesta va hacia lo siguiente: es necesario concientizar a la clase política, a los intelectuales y a la opinión pública en el hecho de que la CVR, su trabajo y su Informe Final constituyen en conjunto uno de los más importantes instrumentos para generar políticas públicas en diversos temas.
El IF describe, de manera singular, los procesos de modernización frustrados, la exclusión de las poblaciones de la sierra y selva de nuestro país, el narcotráfico, los problemas estructurales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fallas en los poderes del Estado, los problemas de la educación peruana y las particularidades regionales persistentes hasta hoy. Temas que, por cierto, se hicieron notorios en la campaña electoral presidencial del año pasado y que parecen haber sido dejados de lado.
Tomar como foco los procesos y problemas señalados por la CVR implica centralizar la discusión en los temas de fondo y, además, da pie para que, en ese marco de análisis, se puedan ver sus recomendaciones y el tema de las responsabilidades. Ello implica que el país se asuma como una sociedad de post-guerra - cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho - y que el Estado varíe sus políticas sobre la base de este reconocimiento.
No digo con esto que los juicios deban detenerse. Por el contrario, es necesario atender a la demanda de justicia y lucha contra la impunidad de la manera más rápida, con el respeto al debido proceso y garantizando el derecho de las víctimas. Pero estas legítimas demandas debe comprenderse en un proceso mayor de cambios institucionales y reparaciones que consoliden la democracia y los derechos humanos en su integridad en el país.
Hacer esta variación de enfoque determinaría que se pueda posicionar de mejor manera el trabajo de la CVR en la agenda pública y deje de verse como un tema entre “conservadores” y “pro militares” vs. “caviares” y “pro senderistas”, sino como un diagnóstico que involucra problemas de toda la sociedad, así como de realiddes particulares de cada región.
Por ello, la advertencia hecha por Mirko Lauer no sólo nos debe invitar a estar alertas para evitar reversiones perjudiciales para el sistema democrático, sino a tomar una actitud más propositiva. Ello implica no sólo continuar con las denuncias sobre estos intentos autoritarios - liderados por el Primer Vicepresidente de la República -, sino también implica posicionar de mejor manera los temas necesarios para la consolidación democrática en el Perú. De lo contrario, la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, se habrá perdido nuevamente, esta vez, por nuestra falta de acción.
Entradas (RSS)