Desde el Tercer Piso

Nací en el Centro de Lima hace 26 años y algunos meses atrás. Para mayores señas, a la espalda de Palacio de Justicia, en una clínica de nombre francés. Mi infancia la pasé en medio de casonas coloniales, edificios que en ese entonces tenían 30 años y ya expresaban cierto deterioro y las migraciones que en ese tiempo aún eran abundantes. Luego de 11 años, Pueblo Libre me acogió entre museos, edificios y parques, hasta hace una década, cuando pasé a la zona este de la ciudad.

Hago este recuento biográfico porque he podido ver, durante todo mi recorrido vital, como ha ido evolucionando la ciudad en la que nací, crecí y en la que seguramente seguiré viviendo durante mucho tiempo. Durante estos días he estado en varias zonas de la capital y he sido testigo de esos cambios. Hoy, nuestra casa es mucho más grande y, en realidad, a estas alturas, podríamos hablar de varias Limas antes que una sola. Tenemos varios centros en lugar de uno, con dinámicas políticas y económicas diferenciadas, y hasta los climas cambian de un lado a otro de la ciudad.

Sin embargo, esta diversidad - que no es otra cosa que la expresión de lo que es el Perú - necesita una visión política para solucionar los problemas comunes de todos. Ello debería ser responsabilidad del alcalde metropolitano.

Sin embargo, Luis Castañeda Lossio no ha contado con esa visión sobre la ciudad que tanto se requiere. Más allá del cemento de necesarias obras de infraestructura vial, cualquier vecino puede preguntarse que es lo que ha hecho el alcalde para comenzar a solucionar los grandes problemas de la ciudad.

Un informe preparado para Perú.21 nos da muestras claras de como viene desempeñándose el actual burgomaestre. En lo que se refiere al transporte público, uno de los más caóticos de América Latina, se indica que:

Respecto al transporte público, la evaluación de Ciudad Nuestra califica de positiva la creación del Metropolitano. No obstante, se mencionan como temas pendientes la creación de una autoridad única de transporte metropolitano -dependiente del municipio- que ponga orden en Lima. La ausencia de este ente está causando conflictos de competencia, desorden y falta de autoridad en la definición y aplicación de políticas.

Asimismo, falta la preparación de programas piloto de rutas racionalizadas y de empresas reestructuradas con los programas de renovación y chatarreo de la flota de transporte público , así como la eliminación progresiva de combis y colectivos.

Similar panorama ocurre con la seguridad ciudadana, otro de los problemas mencionados como los más importantes por los limeños en las encuestas. Si bien el combate a la delincuencia tiene responsabilidad bastante grande de la Policía Nacional, los modelos de combate a este flagelo en el mundo vienen teniendo un rol cada vez más activo de los gobiernos locales, sobre todo, de los alcaldes metropolitanos. Castañeda, en esta materia, no ha querido asumir dicha responsabilidad, que sus antecesores si quisieron poner en práctica.

Pero, además de los dos problemas más álgidos de la ciudad, preocupa el estilo de un alcalde que no rinde cuenta a los regidores metropolitanos y menos aún a los vecinos. El mencionado informe menciona:

El punto más crítico abordado por el mencionado estudio es el del buen gobierno. El informe cuestiona la casi nula participación del burgomaestre Luis Castañeda Lossio en las sesiones del Concejo Metropolitano y la restricción que enfrentan los propios regidores para acceder a la información pública relevante.

Asimismo, la evaluación considera que de parte de la administración edil hay “poca transparencia y subestimación del interés ciudadano por la información completa y oportuna”, y que un tema tan importante como la discusión presupuestal en el Concejo Metropolitano “es limitada y se lleva a cabo sin la información necesaria”.

De hecho, hasta hace unos pocos meses, las sesiones del Consejo Metropolitano no eran públicas y la pagina web de la Municipalidad de Lima es un canto a la vacuidad. La misma que exhibe Castañeda cuando da una declaración sobre un punto controvertido de su gestión. Como bien ha anotado hoy Alvarez Rodrich, a Castañeda se le escucha más en “Los Chistosos”.

Pero la situación de nuestra ciudad no es de chiste. Aun quedan varios problemas por resolver y que no solo dependen de la ausencia de un alcalde al que hay que encontrar llamando a “Los Cazafantasmas”. También depende de lo que nosotros los vecinos hagamos por nuestra casa: manejar mejor, no ensuciarla, cuidar los parques que aun tenemos, no hacer construcciones fuera de las normas y, por supuesto, querer nuestra ciudad.

Mientras tanto, la ciudad variopinta, rara, bizarra, la horrible, la de la flor de la canela, provinciana, sigue esperando esa visión de futuro y que los limeños debemos dejar de tratar mal. Más que otro vals que le canté a lo que se fue, necesitamos vecinos dispuestos a jugarse por su ciudad.

MAS SOBRE EL TEMA:
Ciudad Nuestra: Evaluación de la gestión metropolitana de Lima durante 2007
Editorial de El Comercio: Lima de Aniversario
Augusto Alvarez Rodrich: La obra del mudo
Eduardo Villanueva: Lima: aniversario en manos de un incapaz
Roberto Bustamante: Lima, la horrible ciudad carretera
Encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP sobre Aniversario de Lima
César Hildebrandt: Castañeda apaga velitas
La República: Las tareas pendientes del alcalde de Lima
Carlos Basombrío: Lima ya no es tan horrible
Cinencuentro: ¡Buenos días, Lima!
Cucharas Bravas: Lima engorda
Blogiarquía: Comentarios a la Encuesta PUCP por el aniversario de Lima

¿Hasta cuando?

Víctimas invisibilizadas. Nuevamente mueren cientos de compatriotas al año y el país sigue mirando como la rutinaria sucesión de accidentes de tránsito se sucede sin que nadie haga algo para detenerla. Ahora, ni siquiera los noticieros o programas periodísticos tienen muchas veces el decoro de poner el nombre de las víctimas, que terminan siendo cifras frías en el titular principal del día. Y siento la misma sensación que cuando leí, hace 4 años, el Informe de la Comisión de la Verdad: peruanos que mueren ante la indolencia del resto.

Y volví a ver la misma evasión de responsabilidades que hubo cuando salió el Informe Final. Luego que Beatriz Merino declarara la co-responsabilidad del Gobierno Central y de los gobiernos regionales en este tema, tanto Verónica Zavala como Vladimiro Huaroc jugaban al Gran Bonetón.

Como colofón, cuando ayer en la noche Rosa María Palacios le preguntaba a Joaquín Ormeño - uno de los empresarios supuestamente más exitosos del gremio de transporte interprovincial - sobre que hacer para mejorar la seguridad en las carreteras, el veterano hombre de negocios sólo atinaba a realizar sus reclamos gremiales de siempre. Me fui a dormir con una sensación de impunidad lamentable.

No solo se trata de una sanción penal, como acaba de señalar el Presidente de la República. Sino que en el país los mecanismos de regulación de un mercado caótico como el transporte no se cumplen. En los ochenta teníamos un cartel, hoy tenemos una jungla a la cual nadie controla y todos evaden responsabilidades.

Y mientras tanto, como en el poema de Vallejo, el cadáver siguió muriendo.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Responsabilidad punible de autoridades
Augusto Alvarez Rodrich: De la pista a la posta
La República: ¿Quién frena muertes?

El día de hoy los limeños hemos tenido que pasar las de Caín para llegar a nuestros respectivos centros de labores, salvo que tengamos un auto particular o nos hayamos tenido que trepar en el estribo de las pocas unidades de transporte público.

El motivo: un paro acatado por la mayoría de transportistas urbanos, cuyo motivo principal es el no pago de papeletas, las que consideran como arbitrariamente impuestas, debido a los convenios entre la Policía Municipal y las municipalidades que les otorgan a estas últimas un porcentaje de lo recaudado por multas. Asimismo, reclaman para que no se les retenga el brevete cuando se cumplen determinado número de infracciones.

¡Aguanten el carro!

Creo que todos los que padecemos el transporte de nuestra ciudad sabemos que - salvo honrosas excepciones - buena parte de los choferes que manejan combis, coasters y omnibuses no respetan las señales de tránsito, hacen carreras para ganar pasajeros a toda costa y paran donde quieren (aunque en esto último, también tenemos responsabilidad los pasajeros por hacerlos parar en “paraderos” cada día más inverosímiles, “bajan rompemuelles” escuché hace 2 semanas). Y claro, cada una de estas conductas suponen una infracción al Reglamento de Tránsito, por ya no hablar de quienes manejan sin tener el brevete profesional requerido para operar una de estas unidades.

La ley debe ser igual para todos y los transportistas deberían entenderlo. Si quieren ganar más no es necesario que pongan en peligro la seguridad de las personas ni cometer infracciones. La lógica de una competencia salvaje donde lo tengo que cerrar al otro para ganar es una de esas herencias perniciosas de los años noventa, donde el libre mercado se entendió como una jungla sin regulación.

Así lo han entendido los transportistas, que se quejan de todo: quieren que el Estado subvencione la gasolina, que elimine el medio pasaje, que les elimine multas. Es decir, que se incumplan las normas para que ellos puedan ganar “alguito más”. ¿No estamos perdiendo la dimensión de las responsabilidades y del deber en medio de la competencia?

Pero a lo que venía a la oficina, escuché en RPP a un chofer de una unidad de transporte urbano que denunciaba la forma en cómo las empresas de transporte operan para con sus choferes y cobradores. Según lo que denunció esta persona, para entrar a manejar una de las unidades de la empresa, el chofer y el cobrador deben pagar de su propio peculio 50 soles para seguir un curso de seguridad vial dado por la Municipalidad de Lima. Pasado este curso y obtenido un carnet, entran a trabajar, pero no bajo un contrato de trabajo, sino que hacen al chofer total y absolutamente responsable de lo que pase a la unidad, sin que la empresa se irrogue responsabilidad alguna, es decir, no hay vacaciones ni feriados ni beneficios sociales.

Un ambiente saludable de trabajo crea trabajadores satisfechos con su labor. Ello no ocurre en este sector laboral. Sin embargo, ello tampoco justifica que choferes y cobradores traten a los pasajeros como ganado y que, ante cualquier reclamo, nos respondan de la peor manera.

El tema de fondo, a mi modo de ver, es que nadie entiende que el transporte urbano es un servicio público.

Ya hemos visto de sobra como los choferes y las empresas no lo entienden de esa manera, pero el Estado, desde la década de los 90, ha contribuido a esta mala percepción.

Al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, en 1991 el gobierno de Fujimori emitió una serie de normas en materia económica que desregularon una serie de mercados, con los excesos conocidos en perjuicio de la población y de los trabajadores.

Para este caso, nos importan dos normas, el Decreto Legislativo 640, sobre libertad de rutas de transporte y el Decreto Legislativo 651, sobre libre competencia en las tarifas de servicio público de transporte urbano.

El Decreto Legislativo 640 fue derogado por el Tribunal de Garantías Constitucionales - antecesor del actual Tribunal Constitucional - pues vulneraba la Constitución de 1979, que otorgaba a la regulación del transporte y del tránsito a los gobiernos locales y no al Parlamento. Pero, una vez dado el golpe de Estado de abril de 1992, Fujimori repuso el decreto de inmediato.

A ello se sumó el hecho de que el Estado no tuviera una política de incentivo a determinadas actividades y responsabilidad social durante esos años. ¿En qué sentido? En que muchos trabajadores públicos fueron invitados a “renunciar” a sus labores a cambio de un incentivo económico. Muchos de ellos apostaron por el transporte urbano como medio de subsistencia, sin que el Estado capacitara a los nuevos empresrios para el desarrollo de esta actividad y sin regular un mercado que, a la vez, es un servicio público.

El resultado de todo esto: el caos vehicular que vivimos hoy en día. Y hasta el día de hoy los alcaldes no recuperan estas facultades del todo, por lo que este desorden persiste hasta el momento.

Sin duda, he aquí un problema más complejo que la mala educación de los choferes a resolver y en el que el Estado debería tomar cartas. ¿Lo entenderá así la Ministra de Transportes y Comunicaciones?