Desde el Tercer Piso

Investigación de La República revela detalles sobre supuesto atentado contra Alan

Hace unas semanas, un reportaje de Panorama alertaba sobre amenazas hechas supuestamente por el MRTA al Presidente de la Repùblica, sobre la base de una nota de inteligencia. Como lo detalló en su momento Marco Sifuentes en su blog, un documento de ese tipo se realiza incluso cuando la amenaza es rídicula y sin sentido. Sifuentes incluso dio una regla que la prensa seria debiera seguir cuando se reportan este tipo de temas:

“Una amenaza al Presidente de la República es algo que no se debe tomar a la ligera, pero también es una hipótesis cuya verosimilitud hay que calibrar para no gastar pólvora en churruminos. Lo mismo se aplica para todo informe de “resurgimiento” terrorista”.

Hoy, un reportaje de Edmundo Cruz en La República revela los entretelones de una amenaza de atentado - al estilo de las FARC colombianas - contra Alan García, producida a finales del 2006. Lo revelado por Cruz alerta sobre cuatro cuestiones fundamentales:

1. La primera, el creciente poder que tiene el Vicepresidente Luis Giampietri en los temas de seguridad y defensa. Es sintomático que la seguridad presidencial durante los dìas en que se reportó el hecho la seguridad estuvo a cargo de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina (FOES), a la que perteneció Giampietri durante muchos años (nunca estuvo en inteligencia). En entrevista dada al mismo diario, Giampietri confirma que él fue el primero en dar esta alerta.

2. El poder de las agencias de seguridad privada. En especial, Forza S.A., cuyos fundadores también son oficiales de la Marina. Fueron ellos quienes hicieron una exposición para el Comando Conjunto y también para Giampietri. Resulta, por lo menos, llamativo a la atención, que uno de los directores de Forza sea el empresario Ricardo Vega Llona, amigo del Presidente de la República, y cuyo hermano ha sido sindicado por las investigaciones de la CVR (y propia confesión fraternal) como el principal responsable de la matanza del Frontón en 1986.

También llama la atención el poder de Forza, por los cuestionamientos a sus seguimientos a activistas ambientales, más aún cuando Giampietri tiene carta blanca para gastar en la cumbre de la APEC, lo que incluye la seguridad del evento.

3. El contexto en que se produce la supuesta amenaza. Como se señala al final del informe de Cruz y sus colaboradoras, este tema se produjo cuando el gobierno estaba enfrascado en campañas que lo enfrentaban a la comunidad de derechos humanos: la ley contra las ONGs, la sentencia de Castro Castro y los intentos por salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la campaña en favor de la pena de muerte para violadores de menores de edad y terroristas. Asuntos en los que Giampietri tenía (y tiene) un interés particular.

4. Los supuestos perpetradores. Sin duda, la gente del movimiento Todas las Voces está en la delgada línea de la radicalidad dentro y fuera de la Ley, de la misma manera como estuvo mucha gente en los sectores más radicales de la izquierda. ¿Ello lleva a calificarlos directamente como terroristas? No, pero si a estar alertas sobre este tema y, a que, de la misma manera como no se hizo en los ochenta, el sistema político sea capaz de incorporar a los sectores radicales a las prácticas democráticas. Esa es una lección que debimos aprender de los años de violencia.

Sin duda, este tipo de hechos debe tratarse de la mejor manera, como lo mencionamos anteriormente: sin amplificar las amenazas, pero tampoco sin minimizarlas. El trabajo hecho por Edmundo Cruz y su equipo no solo nos ha dado una lección de periodismo, sino también nos ha permitido conocer una serie de intereses alrededor de la seguridad nacional, que siempre es un tema que en un país como el nuestro se ha prestado a altos manejos, con miras a asegurar poderes tras las sombras.

MAS SIGNOS EXTRAÑOS, EN DOS INVESTIGACIONES DE EL COMERCIO:
Andrés Gomez de la Torre, actual Director de la Escuela de Inteligencia, fue asesor de Montesinos en epoca de la re-reelección.
Daniel Ramsay Romero, Subjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue cercano a Fujimori y, durante gobierno de Toledo, fue acusado de filtrar información falsa a la prensa.

Más sobre el caso de venta de información de inteligencia de la Marina a agentes privados.

Hoy hemos tenido mayores repercusiones sobre el escandaloso caso de venta de información de inteligencia, hecha por el ex agente Carlos Barba Daza, a empresas privadas, así como la contratación de este personaje para laborar en estas corporaciones, a pesar de estar prohibido que se contrate a personal en actividad de las Fuerzas Armadas para hacer labores propias de su función.

El diario La República señaló hoy un potencial conflicto de intereses del Presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso (y Primer Vicepresidente de la República) Luis Giampietri en una posible investigación sobre este tema, dado su carácter de marino. Un argumento más fuerte, a mi modo de ver, lo presenta Augusto Alvarez Rodrich, que recuerda que el Almirante, como primera acción dentro como presidente de esta comisión, investigó a una institución incómoda para sus intereses: el Instituto de Defensa Legal. Y a ello habría que sumar los rumores incesantes de que algunas de las primicias del llamado “SIN Chicha” serían de su autoría.

Pero también se han producido nuevas revelaciones sobre el caso del capitán Barba. Un reportaje elaborado por Augusto Thorndike para Domingo al Día (América Televisión), reveló que Barba también había prestado servicios de poligrafía - el famoso detector de mentiras - para Telefónica Seguridad Integral, división de la transnacional española. El director de esta división, hasta el año pasado, era un oficial de la Marina en situación de retiro. Y según información de primera mano que he tenido durante esta tarde, varios oficiales en retiro de la Marina trabajan en esta subsidiaria de la empresa española.

Pero más revelador aún es saber que, entre la información que Barba filtró, se encontraban las coordenadas exactas de los remanentes de Sendero Luminoso, así como informes de inteligencia que permiten establecer que estos remanentes vienen sufriendo varias enfermedades y dificultades logísticas. Ojo, los informes son del segundo semestre del 2006, cuando este gobierno ya estaba en el poder. Pregunta: ¿por qué no se actuó aprovechanddo ese momento de debilidad? ¿Falta de estrategia, de recursos o, porque no preguntarlo, convencimiento en las Fuerzas Armadas que mantener una amenaza latente es la única manera de obtener recursos?

Demasiadas preguntas sueltas. Demasiados intereses alrededor. ¿Alguna respuesta?

MAS SOBRE EL TEMA:
Jorge Bruce: Naufragio Moral.
Jorge del Castillo: Se sancionará a traficantes de información de inteligencia.
El Comercio: Especialista Alberto Bolívar recomienda regular a empresas privadas de seguridad.

Una moción en el Congreso que puede complicar las cosas para el sistema democrático.

El martes 27 de marzo, en su habitual columna de La República, Mirko Lauer hizo una advertencia importante sobre una Moción que viene dando vueltas en el Congreso y que podría consagrar el sentido común fujmorista sobre la lucha antisubversiva.

La Moción 965, busca la conformación de una “Comisión Investigadora para que analice la Política Antiterrorista a partir de noviembre del año 2000 hasta julio 2006, investigue los cambios del régimen penitenciario a los condenados por delitos de terrorismo, investigue el otorgamiento de indultos y conmutaciones de penas por terrorismo, investigue el traslado de los condenados por terrorismo a los diferentes penales e investigue la anulación de los procesos judiciales por terrorismo“. Es decir, un exocet contra los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, a los que el fujimorismo y sus voceros mediáticos han pretendido acusar de lenidad con la subversión, bajo la idea de que la democracia es débil para el combate a Sendero Luminoso. En suma, se toma como base la premisa “solo Fujimori y su autoritarismo, salvarán al Perú”, la misma que esta semana señaló sin escrúpulo alguno Martha Chávez.

Es cierto que el Congreso de la República tiene todo el derecho a evaluar la política antisubversiva, a fin de verificar lo avanzado y recomendar mejoras de ser necesario. Es parte de su labor de fiscalización y de canalización de demandas ciudadanas. Sin embargo, la forma en cómo se presenta la moción y quienes la presentan me hace pensar en un interés subalterno detrás.

Esta moción señala, como justificación, que “la política antiterrorista iniciada con la presente década, la flexibilización del sistema penitenciario de los condenados por terrorismo, el sistema de conmutación de penas, el otorgamiento de indultos a condenados por terrorismo, la anulación de los procesos contra terroristas y demás acciones y omisiones del Estado, han podido ser un elemento coadyuvante para que no se haya logrado la total erradicación de dicho fenómeno“.

Lo que no toma en cuenta la moción es que durante los últimos años de Fujimori se descuidó la política contrasubversiva y que, más bien, en democracia se corrigieron los errores cometidos durante el fujimorato. Según indica la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su estudio sobre el regimen fujimorista:

“Debido a la inacción, una de las herencias que su gobierno dejó fue una situación penitenciaria descontrolada, gracias a la cual los reclusos del PCP-SL habían logrado nuevamente el control de las cárceles como sus “luminosas trincheras de combate”. El estricto régimen carcelario de dichos reclusos en los penales de máxima seguridad, incluyendo la Base Naval del Callao, no era tal para 1999“.

La CVR recogió lo que ocurrió en los penales de Yanamayo (Puno), Picsi (Lambayeque), Socabaya (Arequipa) y Potracancha (Huánuco): en estos establecimientos la infraestructura penitenciaria colapsó y los pabellones se convirtieron nuevamente en centros de adoctrinamiento. ¿Y Fujimori? No hizo nada para remediar dicha situación.

Claro, los proponentes también se olvidan de las tortas de cumpleaños a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre dadas por Montesinos o, como recuerda Lauer, “las visitas a la Base Naval de más de 17 dirigentes de Sendero (en distintas ocasiones), la última de las cuales fue el 14 de noviembre del 2000“. Esta última reunión supuso la instauración del plan “por una solución política a los problemas derivados de la guerra“, que plantea una amnistía general - inaceptable desde todo punto de vista - para los miembros de Sendero.

Y también se olvida que los regímenes de conmutación de penas e indultos vienen desde la época de Fujimori y no se ha podido comprobar que alguna de las personas beneficiadas haya incurrido en actos terroristas. Esta fue la acusación que quisieron plantearle, en su momento, a Diego García - Sayán en su momento, y que fue archivada hace un mes por el propio Congreso. Ahora quieren reactivar esta vieja acusación, pero pretendiendo enlodar a todos los ministros de Justicia del gobierno toledista.

Tampoco se recuerda que el cambio de la legislación antisubversiva se debió a que buena parte de la misma era inconstitucional. No se quiere tomar en cuenta que sólo un mínimo porcentaje de los subversivos que fueron vueltos a procesar han sido absueltos por falta de pruebas y, claro, se omite que los principales cabecillas de SL y el MRTA han sido condenados a penas severas por la Sala Penal Nacional, que ha realizado un eficiente trabajo. ¿Se pretende ignorar estos logros en democracia y volver a consagrar a los jueces sin rostro, los tribunales militares para procesar a civiles, los inocentes en prisión?

¿Y quienes han presentado esta moción? Para comenzar, los fujimoristas Renzo Reggiardo y Cecilia Chacón, en un afan de defender el supuesto “legado” de su jefe. Se han sumado congresistas inimputables como Isaac Mekler y Luciana León, pero, sobre todo, han firmado gustosos esta propuesta la parlamentaria de Unidad Nacional Lourdes Alcorta - cuyo “respeto” por la vida humana es por todos conocido - y el primer vicepresidente de la República Luis Giampietri Rojas, cuyas posiciones sobre la guerra contrasubversiva son por todos conocidas.

Y conociendo a estos últimos, no dudo cuál va a ser el objetivo final de esta propuesta: la invalidación del documento que documenta mejor la violencia provocada por los grupos subversivos y los groseros errores cometidos durante la guerra contra la subversión: el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La ojeriza que el fujimorismo y los congresistas antes mencionados tienen a dicho documento se centra en que va a contracorriente de la “historia oficial” sobre la derrota del terrorismo, que centra las glorias de dicha victoria en las Fuerzas Armadas y Fujimori, olvidando lo fundamental del trabajo de la Policía y de los Comités de Autodefensa, que fueron las entidades realmente decisivas para dicha victoria. Y claro, el Informe contradice los discursos de los partidos políticos sobre sus responsabilidades políticas - y en el caso de Fujimori, penales - sobre lo ocurrido durante los años de violencia.

Además, la CVR plantea cuestionamientos de fondo a la política antisubversiva empleada durante los años noventa y no avala seguir una “línea dura” en el combate a los remanentes del terrorismo, sino que propone una estrategia integral que vaya más allá de lo estrictamente militar.

Dado que existe este peligro, me permito una sugerencia a los defensores del Informe Final y del trabajo de la CVR. Muchos de ellos se han concentrado sustancialmente en el tema de las responsabilidades penales y políticas, a modo de respuesta a los detractores de su trabajo - algunas veces, sólo tomando algunos elementos del Informe Final, sin considerar otros - cayendo en el error centrar su agenda sobre este tema en responder a los ataques de los detractores de este documento.

Mi propuesta va hacia lo siguiente: es necesario concientizar a la clase política, a los intelectuales y a la opinión pública en el hecho de que la CVR, su trabajo y su Informe Final constituyen en conjunto uno de los más importantes instrumentos para generar políticas públicas en diversos temas.

El IF describe, de manera singular, los procesos de modernización frustrados, la exclusión de las poblaciones de la sierra y selva de nuestro país, el narcotráfico, los problemas estructurales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fallas en los poderes del Estado, los problemas de la educación peruana y las particularidades regionales persistentes hasta hoy. Temas que, por cierto, se hicieron notorios en la campaña electoral presidencial del año pasado y que parecen haber sido dejados de lado.

Tomar como foco los procesos y problemas señalados por la CVR implica centralizar la discusión en los temas de fondo y, además, da pie para que, en ese marco de análisis, se puedan ver sus recomendaciones y el tema de las responsabilidades. Ello implica que el país se asuma como una sociedad de post-guerra - cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho - y que el Estado varíe sus políticas sobre la base de este reconocimiento.

No digo con esto que los juicios deban detenerse. Por el contrario, es necesario atender a la demanda de justicia y lucha contra la impunidad de la manera más rápida, con el respeto al debido proceso y garantizando el derecho de las víctimas. Pero estas legítimas demandas debe comprenderse en un proceso mayor de cambios institucionales y reparaciones que consoliden la democracia y los derechos humanos en su integridad en el país.

Hacer esta variación de enfoque determinaría que se pueda posicionar de mejor manera el trabajo de la CVR en la agenda pública y deje de verse como un tema entre “conservadores” y “pro militares” vs. “caviares” y “pro senderistas”, sino como un diagnóstico que involucra problemas de toda la sociedad, así como de realiddes particulares de cada región.

Por ello, la advertencia hecha por Mirko Lauer no sólo nos debe invitar a estar alertas para evitar reversiones perjudiciales para el sistema democrático, sino a tomar una actitud más propositiva. Ello implica no sólo continuar con las denuncias sobre estos intentos autoritarios - liderados por el Primer Vicepresidente de la República -, sino también implica posicionar de mejor manera los temas necesarios para la consolidación democrática en el Perú. De lo contrario, la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, se habrá perdido nuevamente, esta vez, por nuestra falta de acción.

Parece que el Congreso está empeñado en mandar a la horca a alguien. Según registra El Comercio:

“La Junta de Portavoces del Congreso acordó que el proyecto de ley que plantea la pena de muerte para los terroristas, presentado por el Poder Ejecutivo, sea debatido por el pleno en la presente legislatura, que termina el 19 de enero próximo, aún cuando no haya sido dictaminada por las comisiones de Constitución y Justicia“.

Y el argumento que da Javier Velásquez Quesquén es el siguiente:

“En otro momento, explicó que la pena capital, planteado para los casos de terrorismo, no es una reforma constitucional por lo que no necesita de dos legislaturas y que, además, está establecida en el artículo 140 de la Constitución. “Estamos hablando solo de una ley de desarrollo”, explicó“.

Tal parece que el congresista aprista ha olvidado sus clases de Derecho Constitucional y Derecho Internacional, que como abogado debe haber llevado. Pero como aquí tenemos Memorex Forte, le recordamos al “padre de la Patria” (y de paso, a todos los demás), lo siguiente:

En 1979, en consonancia con su retorno a la democracia, el Perú eliminó de su legislación penal y de su Constitución casi todas las causales de pena de muerte, con excepción de la traición a la patria en caso de guerra exterior.

Ese mismo año y conjuntamente con la aprobación de la Constitución de 1979, el Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, el instrumento internacional que permite a los peruanos a acceder a mecanismos de protección de los derechos humanos cada vez que el Estado infringe sus deberes. De carácter abolicionista, la Convención estableció lo siguiente sobre la pena de muerte:

Artículo 4. Derecho a la Vida:
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

En otras palabras, ya que el Perú decidió mantener la pena de muerte para un solo supuesto, no podía ampliar su aplicación a otros delitos a los que no se aplique en el momento de ratificación de la Convención Americana.

En 1993, Fujimori, leal como siempre a su máxima “hecha la ley, hecha la trampa” amplió en la Constitución de 1993 - de contrabando - los supuestos de pena de muerte. Este artículo dice a la letra lo siguiente:

“La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.

Para evitar que el Perú pueda “sacarle la vuelta” a la norma y aplicar la pena de muerte por casos de terrorismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, estableció que cada vez que el Estado emita una norma manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado.

Es decir, en términos no jurídicos, la simple expedición de esta norma ya vulneraba la Convención Americana y, en caso de ejecutarse a alguien, el Estado peruano tendría responsabilidades internacionales que asumir muy serias por este tema. Este hecho, sumado al intento de “acuerdo de paz” que Guzman y Montesinos hicieron en 1993, evitaron que se aplique esta pena.

Para decirlo en cristiano, si el Congreso emite una “norma de desarrollo constitucional” vulneraríamos nuestros compromisos internacionales y haríamos otro papelón ante la comunidad internacional, dado que una demanda en la Corte Interamericana (e incluso, aquicito nomás, en el Tribunal Constitucional).

Y en el colmo del desparpajo, Velásquez Quesquén llegó a decir que: “esta decisión es una de las respuestas enérgicas ante el recrudecimiento del narcoterrorismo en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), y que acabó con la vida de cinco policías y tres civiles“.

El efectismo le gana la partida a la inteligencia. La barbarie la pretenden combatir con la barbarie. La estupidez y la insensatez pretenden reducir la solución a meter bala y fusilar gente.

Como hace un tiempo dijimos, el Presidente de la República ha cambiado de canción preferida. Ya no es “El Rey”, como en su periodo anterior, o “La Vida es un Carnaval”, como durante la campaña electoral. Ahora parece que el tema a cuyo son nos quiere hacer bailar es “Yo soy la muerte”, de El Gran Combo de Puerto Rico. Y a ese son nos quiere hacer bailar con esa canción a todos los peruanos, con el aplauso de las Alcortas y las Cuculizas, de los García Miró y los Alditos, olvidando las lecciones de los años que luchamos contra el terrorismo: más inteligencia, menos efectismo, no violar los derechos ciudadanos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Salomón Lerner Febres: Retiro de la CIDH favorecería a Alberto Fujimori.
La República: No existe comando unificado para combatir al narcoterrorismo.
Carlos Tapia: “El problema es socioeconómico”.
La República: Pena de Muerte otra vez.

El lamentable y condenable suceso del último fin de semana en la provincia de La Mar, donde murieron 5 policías y 3 civiles a manos de miembros de Sendero Luminoso, no solo merece nuestro rechazo y congoja, sino también una reflexión serena, pero firme sobre lo que se debe (y lo que no se debe) hacer en estas circunstancias.

Considero que no debe magnificarse la magnitud del problema. Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente y no supone una amenaza real para la subsistencia del Estado peruano como lo fue en las décadas de 1980 y 1990.

Sin embargo, quedan aún dos columnas relativamente importantes de esta agrupación. La del Huallaga, liderado por el llamado “camarada Artemio” y la del VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), que es la que efectuó la emboscada del último sábado.

El gobierno de Alberto Fujimori mantuvo a propósito la existencia de estos dos grupos. Sus afanes reeleccionistas necesitaban de una amenaza que hiciera que la población siguiera prefiriendo el autoritarismo como supuesta salvaguardia frente a la paz - que, por cierto, Fujimori no hizo nada por contribuir - por lo que descuidó cualquier intento de acabar con las organizaciones subversivas durante su periodo final.

En democracia, se tenía plena conciencia de lo que se tenía que hacer: un exhaustivo plan de inteligencia en la zona, un comando policial militar suficientemente coordinado, equipado y conducido bajo una clara dirección política, y un plan de desarrollo integral de las localidades en las que aún se movían las columnas senderistas.

Asimismo, se tenía la convicción que no nos encontrábamos ante el mismo Sendero Luminoso ideologizado y fanático de décadas pasadas, sino ante una agrupación que buscaba aprovechar su posición como “ama de llaves armada” de madereros y narcotraficantes en los dos enclaves que aun conserva.

Sin embargo, a pesar de tenerse este diagnóstico acertado, poco se ha avanzó.

Los planes de paz y desarrollo no fueron adecuadamente implementados, no se dotó de suficientes recursos y capacidad a los comisionados por la paz y desarrollo y en el colmo de la estupidez, Toledo creyó que esos planes eran suficientes para reparar a las víctimas de la violencia, olvidando que su fin era otro: dotar de mecanismos de desarrollo alternativo a la población de la zona para que sintieran la presencia estatal. Este gobierno ni siquiera ha mencionado estos planes como parte de la estrategia (aunque esperaremos a mañana, que Pilar Mazzetti, Allan Wagner y Rómulo Pizarro anuncien lo que tengan que anunciar).

En lo que respecta al trabajo de inteligencia, existían reportes que informaban sobre las actividades en la zona, pero, de acuerdo a lo señalado por la Ministra y a lo que hemos podido confirmar por otros canales, ciertamente existió negligencia por parte del comando que envío a un grupo de jóvenes polícías a patrullar con pocos pertrechos y de noche, cuestión que es bastante arriesgada en el VRAE. Identificar claramente la posición y estrategia del contrincante es lo que se ha hecho a medias y que, en este caso, nos ha costado 8 vidas humanas.

Finalmente, las disputas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron que no existiera una real colaboración entre ambas fuerzas. Es cierto que la principal responsabilidad - constitucional - de preservar el orden interno es de la Policía, pero, en este caso, son los militares quienes tienen mayor conocimiento y experiencia en la zona. Nuevamente, vemos aquí lo pernicioso de la corrupción: en la reciente visita que varios ministros hicieran a una de las bases militares instaladas en el VRAE, se hizo patente que los colchones de la tropa ni siquiera servían para los ejercicios de un fakir. El Ministro de Agricultura José Salazar tuvo que “poner de la suya” para comprar nuevos colchones, ante la vergüenza del entonces Comandante General del Ejército César Reinoso.

Estos son los verdaderos problemas que aquejan a la lucha contrasubversiva y no las monsergas que algunos políticos y medios comienzan a dar, nuevamente, contra el trabajo de la CVR o de las organizaciones de derechos humanos. Basta señalar que en el tomo IX de su extenso Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo referencia como uno de los retos de la reconciliación a la persistencia del conflicto armado interno en algunas zonas de nuestro país, de la siguiente manera:

“La violencia se mantiene en alrededor de dieciocho distritos y afecta la selva de Junín, Huánuco y San Martín. Han seguido las incursiones y las muertes, generando inseguridad. La población pide en algunos casos la presencia de los militares, en otras, su salida. Conviene señalar que las condiciones de combate a la subversión no se han modificado en cuanto a estrategia - que sigue siendo militar y no política. Nos parece que la reconciliación obliga a una nueva estrategia política y militar en las zonas de conflicto para que no se cometan los viejos errores y para conluir el conflicto de forma pacífica con la población en el más breve plazo. Esta nueva perspectiva exige la participación de los poderes del Estado en la toma de decisiones contra la violencia y la inseguridad aún existente“. (IF CVR, Tomo IX, página 79).

Quizás habría que recordar lo que dijo César Hildebrandt hace algunos años, cuando se descubrió la matanza de Cayara y que parafraseo hoy con relación a lo que ocurre en este momento. Soy enemigo viceral, moral, intelectual de Sendero Luminoso. Deseo que la democracia derrote al terror en una batalla complicada, no solo militar sino social, económica, etc. Hay que barrer con los abismos sociales que son el caldo de cultivo de la violencia. Yo quiero que mi país gane la última batalla contra la violencia, por eso me preocupa, porque estamos lejos y a la vez cerca de esa victoria.

OTROSI DIGO: Frente a la actitud de asunción de responsabilidades de Pilar Mazzetti y Allan Wagner, resulta poco menos que penosa y patética la actitud del Presidente de la República, quien nuevamente se ha pronunciado en favor de la aplicación de la pena de muerte para quienes sean responsables del delito de terrorismo. García nuevamente demuestra que quiere el aplauso fácil, la aprobación personal de 60% y satisfacer su elefantiásico ego, antes que plantear ideas, pues carece de las mismas. Convertirse en el vocero de una medida poco democrática, inviable jurídicamente y poco eficaz para la disuación del delito nos pinta de cuerpo entero que en Palacio de Gobierno hay una vocación mortícola y nos plantea la duda sobre si entre 1985 y 1990 esa misma vocación estuvo presente en el hombre que dirigía los destinos del país en aquel entonces.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Mazetti admite negligencia en el asesinato de policías. Wagner revela nombres de presuntos terroristas.
La República: El VRAE es el más grande productor de cloridrato de cocaína en el Perú.
Editorial de El Comercio: Por una acción militar policial decisiva.
APRODEH: Solidaridad con víctimas de emboscada subversiva en Ayacucho.
Augusto Alvarez Rodrich: Sendero, otra vez.
Mariella Balbi: El Nudo de Vizcatán.
Mirko Lauer: ¿Conocemos realmente al enemigo?
Fernando Rospigliosi: Es un problema de ineptitud.
Benedicto Jiménez: “Con la pena de muerte se alimenta una discusión esteril”.
Gino Costa: “Para combatir los remanentes subversivos se necesita una estrategia ofensiva con mayor inteligencia y presencia del Estado”.
Carlos Basombrío: ¿Podrán domar al bravo VRAE? (17/11/2006)
Utero de Marita: ¿Quién mató a los policías? VRAE (17/11/2006)

Mientras que la nueva “superconvivencia” sigue queriendo afectar los derechos ciudadanos.

Parece que el Presidente de la República ha cambiado de canción preferida. Ya no es “El Rey”, como en su periodo anterior, o “La Vida es un Carnaval”, como durante la campaña electoral. Ahora parece que el tema a cuyo son nos quiere hacer bailar es “Yo soy la muerte”, de El Gran Combo de Puerto Rico.

Y es que ayer, aprovechando que era un día muerto en lo que a informaciones se refiere, García lanzó la peregrina idea de presentar un proyecto de ley para implementar el artículo 140° de la Constitución, con el fin de incluir en el Código Penal la pena de muerte para sentenciados por terrorismo.

Varias cosas que comentar sobre este tema.

El primero, que si bien existen remanentes de Sendero Luminoso, los cuales deben ser combatidos por el Estado peruano, éstos, como reconoció el propio García ayer, no constituyen una amenaza para el país. Lo mismo ha mencionado Pilar Mazzetti, Ministra del Interior. Si no hay peligro inminente, ¿por qué lanzar una propuesta efectista?

El segundo, que dicho artículo constitucional fue expedido en vulneración de lo señalado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impedía ampliar los supuestos de aplicación de la pena de muerte. En 1979, los habíamos reducido. En 1993, el fujimorismo los amplió, desconociendo lo que decía dicha norma.

Y, sin embargo, el artículo nunca se aplicó. No por “falta de coraje” como mencionó ayer el Presidente de la República, sino porque se sabía que se vulneraría los compromisos internacionales del Perú en materia de derechos humanos. Además, la Corte Interamericana dictó una opinión consultiva en la cual señalaba claramente que el dictado y/o implementación de una norma que vulnerara la Convención ocasionaría responsabilidad internacional para el Estado. En otras palabras, una nueva sentencia condenatoria contra el Perú y un nuevo papelón internacional.

Por lo demás, era contraproducente hacerlo, dado el carácter fanático de los miembros de SL, que convertirían a los ejecutados en “mártires” de una guerra que nunca tuvo nada de legítima.

Y en tercer lugar, cabría preguntarse a quien le aplicarían la norma, pues la mayor parte de la cúpula de SL y del MRTA están en la cárcel, purgando penas altas impuestas, ahora, en democracia. La retroactividad de la pena, no existe en nuestro ordenamiento, que sepamos.

Huele esto a psicosocial. En momentos en que AGP hace gala de su poca tolerancia a las críticas frente a los exiguos resultados de sus 100 primeros días y en que la superconvivencia “apro-conservadora-fujimorista” dará, el día de hoy, su zarpazo contra las ong’s, afectando derechos ciudadanos. Al gobierno comienza a versele el fustán y a García esto le incomoda.

De seguro las Alcorta y las Cuculiza de este Congreso aplaudirán al Presidente por este anuncio. Lo cierto es que AGP parece no haber aprendido la lección de los años que luchamos contra el terrorismo: más inteligencia, menos efectismo, no violar los derechos ciudadanos.

UPDATE: La “superconvivencia” aprobó hoy la norma del controlismo.

ENLACES:
Alan García: “Guerra avisada, no mata gente”.
Augusto Alvarez Rodrich: Mata Gente.
La República: La propuesta presidencial y los problemas constitucionales que acarrearía.
Fernando Vivas: Vade Retro, ONG.
Beatriz Boza: ¿O ene qué?
Francisco Eguiguren: ¿Para qué más controles a las ONG’s?
Marco Sifuentes: El aprismo y el fujimorismo: historia de alianzas y persecusiones.
Caretas: El soplo de los 100 días.