Si una táctica mediática fue desplegada en los años noventa fue la campaña sistemática en contra de los opositores al fujimorato. A través de titulares que tocaban el mismo tema en varios diarios - todos comprados al mejor postor por Vladimiro Montesinos -, todo aquel que se opusiera a Alberto Fujimori era pasado por una moledora de carne sistemática, con contenido dictado desde la salita del SIN.
Y si bien Fujimori y Montesinos ya están en prisión, su espíritu está presente en algunos medios de comunicación.
Uno de estos enemigos es Gustavo Gorriti, una de las personas que encarna lo que debe ser un buen periodista: una buena pluma, uso de los métodos de investigación y corroboración, principios democráticos sólidos e investigaciones que lo respaldan.
El 7 de mayo de 2008, Gorriti sacó un artículo sobre la lucha que viene emprendiendo la Policía Nacional contra “Artemio”, uno de los líderes de lo que queda de Sendero Luminoso. La historia que cuenta el periodista nos da una idea de como se va estrechando el cerco sobre este personaje, a pesar de las limitaciones logísticas a las que el despacho que “encabeza” Luis Alva Castro. Debo decir que del relato de Gorriti puedo admirar a los policías que, con inteligencia y sin violar derechos humanos, vienen aplicando una estrategia inteligente y que, estoy seguros, dará resultados en el futuro cercano.
Sin embargo, días más tarde, el domingo 11 de mayo, Expreso y La Razón pasaron a Gorriti por sus respectivas moledoras de carne: sus secciones de trascendidos - Polidatos y Carnecitas, respectivamente - sacaron sendas notas en contra del reportaje, específicamente por hacer alusión a la palabra “guerrillero”, a la que estos diarios atribuyeron como condescendencia con Sendero Luminoso, la cual, cualquiera que conoce la trayectoria de Gorriti, sería bastante idiota en creer en la misma.
Dos cuestiones me llamaron la atención de este asunto.
La primera, es el párrafo de marras al que ambos medios aluden y que, como verán, es claro en su afán descriptivo de un fenómeno militar:
Con más de 25 años de experiencia militar en el terreno, “Artemio” es uno de los más veteranos guerrilleros en América Latina. (A diferencia de quienes utilizan el término “terrorista” o “guerrillero” con una connotación esencialmente valorativa, IDL-SC los usa solo como una descripción de metodología militar). Su conocimiento del terreno y su red de información rápida, ambos muy eficientes, le han permitido eludir varias veces capturas que parecieron inminentes.
Los dos diarios no solo se olvidan de todo el contenido del artículo, que reconoce de modo amplio los esfuerzos que viene haciendo la Policía por acabar con los remanentes de Sendero en el Alto Huallaga. Asimismo, se olvidan del segundo párrafo del artículo, que aclara las cosas aún más:
Así, frente a una insurrección guerrillera (que suele incluir acciones terroristas, de sabotaje, políticas y de propaganda junto con las propiamente guerrilleras), no es fácil saber quién está ganando y quién perdiendo. El número de bajas y de arrestos, por ejemplo, puede ser un indicador engañoso, que demuestre el resultado de golpes eficaces contra los insurrectos o, por lo contrario, mayor actividad de éstos.
En otras palabras, Gorriti no propagandiza a favor de SL, tal como ambos medios pretendieron presentarlo, sino hacer lo que hace un analista militar serio: presentar los hechos y las estrategias describiendo los hechos y tomando partido, de manera indiscutible, por el bando democrático, que es el del Estado que hoy gobierna Alan García.
Pero más sorprendente es aquello que ambos diarios hicieron y que el propio Gorriti denunció el miércoles pasado en su acostumbrada columna semanal en Caretas: Palabras más, palabras menos, Expreso y La Razón colocaron en sus secciones de trascendidos el mismo texto. Vean los recortes de ambos diarios y hagan la comparación:
En jerga periodística, a esto se le conoce como un “bajado”. Es decir, alguien redacta una nota para que otros medios la reboten tal cual, o cambiando solo unas palabras. En el caso de La Razón y de Expreso, se trata del mismo trascendido en dos partes, al que le cambian los títulos y algunas cuestiones ligeras de redacción, pero el contenido esencial y hasta el final son exactamente iguales.
Esto hace suponer dos cosas: O ambos diarios están coordinando campañas de este tipo - a las cuales también se suma en varias ocasiones Correo - o alguien les dicta a ambos diarios el contenido de sus notas, trascendidos y supuestas investigaciones.
Señores Luis García Miró y Uri Ben Schmuel, por un mínimo de respeto a sus lectores y a la verdad, ¿podrían explicarnos cual es realmente su cau - cau?
En Villa yo nací en Villa me crié, en Villa tuve mis hijos, en Villa me enamoré, el diá que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa he de luchar.
Si hicieramos la pregunta sobre el momento clave para la derrota de Sendero Luminoso, la mayor parte de personas responderían que dicho hito se produjo el 12 de septiembre de 1992, cuando cayó Abimael Guzmán y la mayor parte de la cúpula de la organización que quiso hacer estallar el país en pedazos. La mayor parte del tiempo coincido con esta afirmación.
Luego de leer ayer la historia de Maria Elena Moyano, tal vez mi próxima respuesta a dicha interrogante varíe. Y por ello es importante redescubrir lo que fueron esos años y lo importante que fue Moyano para la derrota de Sendero Luminoso.
Para graficar mejor lo que representa Villa El Salvador, veamos cuales fueron algunas de las razones que llevaron a esta comunidad a ganar el Premio Príncipe de Asturias:
Su “organización vecinal”, en la que se mantiene siempre un alto grado de participación democrática, consiste en un modelo autogestionario basado en la tradición andina. Miles y miles de vecinos se convierten anualmente en dirigentes. Cada manzana de casa elige cinco dirigentes, que ocupan las diversas secretarías: Salud, Educación, Comercialización, Producción y Servicios. Cada barrio elige a su vez otros ocho representantes y, finalmente, se nombran diez personas que conforman el Consejo Ejecutivo Comunal, donde está representado el conjunto de la población.
En 1973, se celebró la primera Convención de Pobladores y se fundó la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, CUAVES. A partir de ella, fueron surgiendo otras organizaciones vecinales, como la Federación Popular de Mujeres, la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos o la Central de Cooperativas de Mercados que convirtieron a Villa El Salvador en un modelo de comunidad autogestionaria digno de ser estudiado.
Durante finales de los años ochenta, el modelo autogestionario tuvo que hacer frente a dos graves problemas. Por un lado, la crisis econòmica hacía más importante la labor de los clubes de madres, los comedores populares y las organizaciones de mujeres. De otro lado, Sendero arreciaba en las zonas urbanas y tenía un objetivo central: controlar las organizaciones populares para llevarlas hacia su proyecto autoritario y violento.
Sendero primero trataba de captar a los dirigentes, por la ideología o por la fuerza. Si no podía, utilizaba dos métodos: el desprestigio a través de acusaciones de corrupción o el asesinato.
María Elena tuvo que pasar por esas etapas. A la vez que era Presidenta de la Federación de Mujeres, también era parte de Izquierda Unida y teniente alcaldesa de Villa El Salvador. Aunque cuidó mucho que su labor como dirigente vecinal y representante política corrieran por “cuerdas separadas”, lo cierto es que ello se hizo imposible cuando Sendero y la izquierda legal se enfrentaron abiertamente. Un proyecto de cambios llevado a cabo en paz y democracia contra una revolución armada y autoritaria. Eso se hizo más evidente con el paso de los años y la izquierda, en medio de su división interna, comenzó a entenderlo.
Por ello es que a Moyano pretendieron primero captarla y luego acusarla de malos manejos en la Federación de Mujeres. No pudieron hacerle daño, salvo en aquellos que quisieron creer patrañas, en medio de una situación compleja para una comunidad amenazada por el terror y la crisis. La situación llevo a María Elena a ser clara y contudente frente a Sendero y a decir frases como estas, en 1991:
La revolución es afirmación a la vida, a la dignidad individual y colectiva; es ética nueva. La revolución no es muerte ni imposición ni sometimiento ni fanatismo. La revolución es vida nueva, es convencer y luchar por una sociedad justa, digna, solidaria al lado de las organizaciones creadas por nuestro pueblo, respetando su democracia interna y gestando los nuevos gérmenes de poder del nuevo Perú.
Hace varias décadas, Alejandro Romualdo escribía un poema sobre Túpac Amaru que quienes tenemos de 35 años para abajo debemos haber escuchado en el colegio. Y recuerdo el primer párrafo de aquel poema, análogo a lo que fue el final de la vida de María Elena Moyano y el inicio de la derrota de Sendero:
Lo harán volar con dinamita. En masa, lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes le llenarán de pólvora la boca. Lo volarán: ¡Y no podrán matarlo!
Sendero no solo es derrotado por un trabajo de inteligencia policial decidido, claro y que respetó los derechos humanos. Tampoco lo es únicamente por la valentía de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policiales y de las rondas que cumplieron con su deber sobre la base de la Constitución. Fundamentalmente, hay que decirlo, a Sendero lo derrotamos todos, porque rechazamos ese proyecto violento, de destrucción de lo que pretendíamos crear como democracia, de muerte de inocentes, de derramamientos de sangre. Porque la violencia no soluciona los problemas, sino que los acentúa.
Por ello es que lo que hizo María Elena Moyano es encomiable: enfrentar con la fuerza de las ideas y de la acción a quien pretendía hacer de su comunidad un páramo del terror. Y por ello es tan chocante ver a su hermana avalar otro tipo de autoritarismo que tanto daño ha hecho a nuestra patria.
En medio del arenal, surgió una comunidad. En medio del arenal, se derrotó al terror.
No ha sido suficientemente resaltado en los medios lo que constituye la noticia más importante del año: la ratificación de la sentencia contra la cúpula de Sendero Luminoso, por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica que Abimael Guzmán pasará el resto de sus días en una prisión y que los demás miembros del nivel más alto de lo que fue la organización más peligrosa y letal que padeció el Perú en toda su historia republicana pasarán largos años en la cárcel, por los crímenes que cometieron.
La trascendencia de esta sentencia es mayúscula, por varios motivos.
En primer lugar, se desbarata el argumento común en la década de los noventa, que afirmaba que solo con mano dura y jueces sin rostro podía condenarse a quienes convirtieron al país en un río de sangre. Por el contrario, el proceso ha tenido todas las garantías para los acusados, quienes no tendrán argumentos para acudir al sistema interamericano de derechos humanos, dado que su derecho al debido proceso fue respetado. La Sala Penal Nacional y la Segunda Sala Provisional de la Corte Suprema han conducido el juicio con pulcritud. Esto demuestra que no son necesarias medidas como las tomadas en los años noventa y que hicieron que se tuvieran que realizar nuevos juicios a la cùpula de Sendero Luminoso.
También se descarta el argumento de la defensa de Sendero Luminoso, que señalaba la inexistencia de pruebas contra Guzmán y sus secuaces. La Fiscalía, con acierto, asumió las tesis más modernas en derecho penal - recomendadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación - y acusó a los miembros de la cúpula senderista de autores mediatos de la matanza de Lucanamarca, uno de los peores crímenes cometidos durante el conflicto interno.
¿Cómo pudo demostrarse esta responsabilidad? La autoría mediata, en términos jurídicos, implica la culpabilidad de quienes ordenaron cometer los crímenes, quienes cuentan con el dominio de los hechos. ¿Qué significa esto? Que ellos pueden determinar si se comete o no la acción delictiva, a tal punto que no importa quien sea el ejecutor. Ello, como sabemos, fue la tónica de las acciones de Sendero Luminoso: no importaba quien ponía la bomba o cometía el asesinato, sino la orden del Comité Central.
Dado que Sendero Luminoso acumuló tanto poder en Guzmán y Elena Iparraguirre, ello hace que tengan la mayor responsabilidad en estos hechos. De hecho, la Comisión de la Verdad señala en sus conclusiones:
29/30. La CVR encuentra la más grave responsabilidad en los miembros del sistema de dirección del PCP-SL por el conflicto que desangró a la sociedad peruana, por los siguientes elementos: • Por haber dado inicio a la violencia en contra del sentimiento abrumadoramente mayoritario de la población; • por haber planteado su lucha contra la democracia peruana con una estrategia sanguinaria; • por las prácticas violentas de ocupación y control de territorios rurales y poblaciones campesinas con un alto costo en vidas y en sufrimiento humano; • por su política de genocidio mediante actos de provocación al Estado; • por su decisión de proclamar el llamado equilibrio estratégico que acentuó el carácter terrorista de sus acciones
La democracia peruana acaba de dar una muestra importante de que puede hacerse bajo el respeto de la ley y la Constitución. Así como en varios momentos merece críticas, el Poder Judicial merece una felicitación importante por llevar, con pulcritud y severidad, un caso complejo, tanto por las implicancias jurídicas que tiene, como por el daño causado por Sendero Luminoso a la sociedad peruana.
Esperemos que, en otros casos, el Poder Judicial se siga portando a la altura de las circunstancias.
Igualmente preocupante es la hipótesis que comienza a manejarse en algunos medios de prensa. Tanto La República como Cuarto Poder han hablado de la posibilidad de la existencia de un nuevo grupo subversivo, autodenominado Los Revolucionarios de la Región Apurímac, una organización que estaría dedicada exclusivamente a un sólo objetivo: la defensa de los intereses del narcotráfico. Ello explicaría porque los ataques de los últimos años en la zona del VRAE apuntan a objetivos militares o policiales y no a población civil.
De hecho, se ha acentuado la coincidencia en los análisis de los especialistas en temas de seguridad sobre el peligro que supone el narcotráfico en nuestro país. Rubén Vargas, Santiago Pedraglio y Fernando Rospigliosi han advertido en las últimas horas sobre las aristas que tiene el narcotráfico en la zona del VRAE. Ocobamba, una zona de tránsito de la droga, no es más que un punto a tomar en cuenta en una larga cadena. Dejo a Rospi para la explicación macro:
Este suceso es uno más que muestra hacia dónde estamos yendo: a una espiral de violencia y corrupción que terminará envolviendo a toda la sociedad. El asesinato de varios mexicanos en Lima en los últimos meses, con el típico estilo de los sicarios; la muerte a manos del Ejército de nueve ‘mochileros’ que transportaban droga -dos en Puriyaco, Huancavelica, y siete en Putis, Ayacucho- el mes pasado, son parte de esta creciente ola de violencia.
De hecho, ya otros síntomas de violencia vinculados al negocio de la droga se sienten en otras regiones del país. En mi reciente visita a Piura, por lo menos dos personas me indicaron la existencia de violencia vinculada a la microcomercialización de drogas y asaltos en motocicleta vinculados a esta actividad. Lo mismo ocurre en algunas zonas del departamento de La Libertad, donde el clan Sánchez Paredes hace de las suyas.
Pero el tema va más allá de los peligros de mexicanización que Rospigliosi y Carlos Basombrío han hecho referencia en sus respectivas columnas. El narcotráfico, como bien se ha puntualizado, no busca la destrucción del Estado, sino la infiltración en el mismo para sus actividades ilegales. De hecho, ya durante este casi año y medio de gobierno han habido denuncias de personas vinculadas al Partido Aprista con el negocio de la droga, que hacen recordar a los casos Del Pomar y Langberg.
En una conferencia sobre Periodismo y Etica a la que asistí hace un mes, Miguel Ramírez, la persona que más ha investigado el caso Fernando Zevallos, nos decía que las investigaciones sobre narcotráfico no sólo eran las más peligrosas por la violencia que podría emplear esta gente para amedrentar, sino también por los vínculos que tenían en las altas esferas del poder. Denle una chequeada a un reportaje de Marco Sifuentes sobre Moisés Tambini, para que vean cuanta gente está presente en el cumpleaños de Lupe Zevallos.
Volvamos ahora a Ocobamba. Revisando el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la parte referida a la historia de la violencia en la Región Sur Central, me topo con lo que ocurrió en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, esta última donde se ubica Ocobamba. De la lectura de esta parte del Informe (Tomo IV, páginas 122 a 134), puedo concluir que la zona, desde hace varios años, ha sido harto convulsionada: - Andahuaylas y Chincheros están muy cerca de una de las zonas más convulsionadas del conflicto armado: Chungui y Oreja de Perro. De hecho, fue en Ocobamba donde hubieron miembros de Sendero Luminoso adoctrinando a los escolares de estas zonas que iban hacia Apurímac para asistir al colegio que no tenían en sus localidades. - En 1965, Ocombamba fue una de las zonas donde se registraron acciones del ELN, una de las guerrillas que hizo acciones armadas durante dicho año. - La primera acción armada de SL en la zona fue el ataque a la comisaría de Ocobamba, en 1981, hace 26 años. Las incursiones fueron más o menos frecuentes. - En 1983 se instaló una base militar en Ocombamba. Como en otras zonas del país, la población vivió entre dos fuegos. Sin embargo, el aprendizaje de las Fuerzas Armadas fue más rápido y el rechazo campesino también, por lo que hacia 1988 se podría decir que el conflicto se redujo considerablemente en la zona, aunque no dejaron de haber ciertas acciones armadas. - Pueden ver en el anexo de casos registrados en Apurímac (páginas 163 a 184) las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto y reportadas a la CVR en la zona.
Un caso con varias aristas, que nos hacen ver que el país que nos lego el conflicto sigue allí, a la vuelta de la esquina.
Si bien los analistas aún especulan sobre si remanentes de Sendero Luminoso participaron en este suceso condenable por donde se le mire, tanto Jaime Antezana como Carlos Tapia han coincidido en la hipótesis central: la acción del narcotráfico como represalia a un operativo de incautación de drogas.
Y es que, más allá de la costosa propaganda que el Ministerio del Interior nos ha puesto durante semanas, es claro que el Estado no tiene una política de lucha contra el narcotráfico. Y ello comprende tanto el aspecto meramente represivo - donde parece que no existe una estrategia - como lo que se refiere a los cultivos alternativos y a las políticas sociales indispensables para enfrentar un problema que, no lo olvidemos, estuvo cruzado durante años con el conflicto armado interno.
Y si las investigaciones determinan que fue Sendero Luminoso, pues cabría decirle al “Ministro del Interior” y a los ayayeros del gobierno donde están los defectos de la política antisubversiva: el desarrollo de los truncados planes de paz y desarrollo, las disputas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y la carencia de un trabajo de inteligencia en la zona. Las leyes ya están dadas y las Fuerzas Armadas y Policiales parecen ser más conscientes ahora de que ese trabajo tiene que hacerse respetando los derechos humanos, dado que existe un proyecto de Ley dirigido a crear un protocolo de actuación en esta materia.
Con la lucidez que lo caracteriza, Martín Tanaka ha llamado a estar alertas y a defender los derechos de todos los peruanos teniendo en cuenta de que lado estamos: el de la democracia y la legalidad. No el del terror. Ese deslinde ha sido hecho por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y se ha repetido en el caso Feria.
Pero yo iría un paso más allá. Quizás sea hora de que nuestros partidos políticos hagan lo que deberían hacer: presencia política y confrontación de ideas. A esta gente no solo se le combate con una buena estrategia militar, sino también en el campo de las ideas. Y allí es donde hay una falencia importante por cubrir. Es un trabajo que debería comenzar el día de hoy.
Para quienes ya manejan ciertos códigos y datos con relación a Abimael Guzmán o Sendero Luminoso el libro les podrá decir muy poco. En realidad, creo que Roncagliolo ha escrito el libro - por cierto, con una prosa que se deja leer rápidamente - principalmente para el público foráneo, que desconoce muchos detalles de lo ocurrido en el Perú.
Y en ese intento, Roncagliolo busca dar ciertas interpretaciones y metáforas a sus lectores para acercarse más a un inexpugnable personaje y a su intrincada visión de la realidad. La intención es loable, pero parece que, por momentos, el autor no mide hasta donde puede llegar con los recursos literarios. Por ejemplo, en la página 71, deja la siguiente analogía sobre la ideología de Sendero Luminoso:
“El valor casi místico que se atribuye la ideología recuerda a la Fuerza de Luke Skywalker, una herramienta espiritual y trascendente que le da a su usuario poder ilimitado. Por supuesto, materialista no cree en fuerzas del más allá. Pero para Guzmán, el marxismo es “ciencia y, a su vez, una ideología”, es decir, una verdad trascendental. Este tipo de marxista realiza el mismo proceso racional que un teólogo. Dispone de argumentos racionales, pero en lo fundamental, lo suyo es un acto de fe”.
(Para quienes quieran ver hasta donde la ideología senderista era subordinadora y la metáfora del autor es desacertada, ver aquí)
Más que la historia grande del conflicto armado interno - que la podemos leer en el Informe Final de la CVR - Roncagliolo apuesta por contarnos lo que ocurría en la trastienda y lo enlaza con su propia historia personal. La pregunta que me queda en el camino es si no termina banalizando al personaje del que intenta hablar y a la historia detrás del personaje que intenta resaltar. La respuesta espero tenerla al terminar el libro.
Hace un año, en esta misma fecha, escribía una reflexión sobre uno de los hechos más significativos de los últimos años en el Perú: la captura de Abimael Guzmán, el líder de la organización más totalitaria que nuestras tierras han podido ver y que supuso el inicio del fin del conflicto armado interno.
A raíz de este aniversario, Juan Carlos Tafur y Juan Carlos Valdivia han propuesto una idea ciertamente interesante: que los 12 de septiembre sean una fecha de conmemoración de lo que fue una victoria frente a un grupo que la sociedad y los tribunales han condenado, tanto por su desviada ideología – que no era más que la antojadiza interpretación cuasi mesiánica del marxismo – como por sus acciones que supusieron crímenes de lesa humanidad y vulneraciones al derecho internacional humanitario.
Refuerzo más la idea de Tafur y Valdivia, señalando que la conmemoración nos serviría para recordar dos cuestiones fundamentales que generalmente se olvidan. La primera, es que a Guzmán se le capturó sin vulnerar los derechos humanos de nadie, en un operativo de inteligencia modélico y en el que no tuvieron nada que ver los principales aprovechadores mediáticos de la captura: Alberto Fujimori – que estaba pescando en Iquitos - y Vladimiro Montesinos – quien se hallaba en una recepción castrense. La segunda, es enfatizar que, hace poco menos de un año, se condenó a Guzmán y al resto de la cúpula senderista a penas severas, que incluyen, en dos casos, la cadena perpetua, sin que se vulnerara el debido proceso como ocurrió en los deslegitimados procesos hechos por jueces sin rostro.
Y es que una fecha como esta debe hacernos recordar, como señalan ambos periodistas, que, en efecto, el Estado peruano derrotó a Sendero Luminoso. Pero dicha victoria no se debió – como señalan aún algunos personajes de la derecha más retardataria y del fujimorismo – a las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, sino que el triunfo fue a contracorriente de un pensamiento anclado en un sector importante de la clase política y militar y de la sociedad peruana: la tesis de los “costos a pagar” por la pacificación, sin importar que fueran vidas humanas.
Estos aspectos fueron suficientemente enfatizados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no tuvo resquemor alguno en condenar las acciones, ideología y justificaciones hechas por Abimael Guzmán y el grupo que lideró. Un grupo de trabajo que, cabe recordar, fue denostado por la propia Elena Iparraguirre, que lo calificó como “de derecha”. Ese insulto de la otra lìder principal de Sendero es la más clara prueba de que el trabajo de la CVR no benefició en nada a dicha agrupación que, con métodos terroristas, inició un conflicto que dejó cerca de 70,000 víctimas durante 20 años.
Sin duda, un día para recordar. Quizás la mejor manera sea con la imagen de lo que fueron esos años de barbarie, que nos marcaron a todos nosotros. Los dejo con un reportaje del recordado Bruno de Olazábal sobre Sendero Luminoso.
Tarata supuso un punto de quiebre en el conflicto armado interno en términos mediáticos, dado que puso en evidencia de los sectores altos y medios la magnitud de la violencia que era capaz de engendrar Sendero Luminoso y que ya había cobrado miles de víctimas entre nuestros compatriotas de la sierra y la selva de nuestro país. A mi juicio, supuso también un punto de no retorno para Sendero Luminoso en su accionar demencial en la capital y, así como el asesinato de María Elena Moyano supuso su pérdida de legitimidad ante los sectores populares, el atentado dejó sin justificación a las pocas personas que dentro de los niveles más instruidos aún daban cierta justificación a acciones armadas como método de hacer política o para tomar el poder.
Un reportaje de Rossana Cueva para La Ventana Indiscreta nos ha presentado las investigaciones de la CVR sobre este caso, que demostraron la premeditación del accionar senderista y la lógica demencial de Abimael Guzmán, a quien escuchamos en audio diciendo que los muertos eran “daños colaterales”. Excusa inaceptable de parte de alguien que inició un conflicto que le costó al país cerca de 70,000 muertos y desaparecidos y del cual Sendero Luminoso fue el principal responsable.
Sin embargo, parece que el drama para las personas que sobrevivieron a dicha tragedia aún continua. Según informó el domingo El Comercio, existen dos serios problemas con relación a los edificios reconstruidos. Por un lado, se utilizaron materiales baratos o mal hechos en la reconstrucción de los inmuebles, que presentan serias fallas hasta el día de hoy. Por otro lado, el pago mensual de la deuda que cada vecino tiene que afrontar se ha incrementado, debido a que ENACE - la entidad que prestó los fondos para la reconstrucción - fue desactivada en 1998 y durante años el Estado no indicó a quien pagar. Cabe señalar que varios de los afectados son personas que tienen como único ingreso sus pensiones de jubilación.
Y es que, más allá de programas de reparaciones que debieran beneficiar a estas personas, parte del reconocimiento de ciudadanía que tienen las víctimas de la violencia surge a partir de un buen trato por parte del Estado. A pesar que no soy partidario de los “perros muertos” o amnistías de deudas, quizás en este caso debiera pensarse en la propuesta de exoneración de pagos hecha por el alcalde Manuel Masías.
La acción del Estado para la reconciliación nacional, a pesar de algunos avances, sigue estando en entredicho.
El lamentable y condenable suceso del último fin de semana en la provincia de La Mar, donde murieron 5 policías y 3 civiles a manos de miembros de Sendero Luminoso, no solo merece nuestro rechazo y congoja, sino también una reflexión serena, pero firme sobre lo que se debe (y lo que no se debe) hacer en estas circunstancias.
Considero que no debe magnificarse la magnitud del problema. Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente y no supone una amenaza real para la subsistencia del Estado peruano como lo fue en las décadas de 1980 y 1990.
Sin embargo, quedan aún dos columnas relativamente importantes de esta agrupación. La del Huallaga, liderado por el llamado “camarada Artemio” y la del VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), que es la que efectuó la emboscada del último sábado.
El gobierno de Alberto Fujimori mantuvo a propósito la existencia de estos dos grupos. Sus afanes reeleccionistas necesitaban de una amenaza que hiciera que la población siguiera prefiriendo el autoritarismo como supuesta salvaguardia frente a la paz - que, por cierto, Fujimori no hizo nada por contribuir - por lo que descuidó cualquier intento de acabar con las organizaciones subversivas durante su periodo final.
En democracia, se tenía plena conciencia de lo que se tenía que hacer: un exhaustivo plan de inteligencia en la zona, un comando policial militar suficientemente coordinado, equipado y conducido bajo una clara dirección política, y un plan de desarrollo integral de las localidades en las que aún se movían las columnas senderistas.
Asimismo, se tenía la convicción que no nos encontrábamos ante el mismo Sendero Luminoso ideologizado y fanático de décadas pasadas, sino ante una agrupación que buscaba aprovechar su posición como “ama de llaves armada” de madereros y narcotraficantes en los dos enclaves que aun conserva.
Sin embargo, a pesar de tenerse este diagnóstico acertado, poco se ha avanzó.
Los planes de paz y desarrollo no fueron adecuadamente implementados, no se dotó de suficientes recursos y capacidad a los comisionados por la paz y desarrollo y en el colmo de la estupidez, Toledo creyó que esos planes eran suficientes para reparar a las víctimas de la violencia, olvidando que su fin era otro: dotar de mecanismos de desarrollo alternativo a la población de la zona para que sintieran la presencia estatal. Este gobierno ni siquiera ha mencionado estos planes como parte de la estrategia (aunque esperaremos a mañana, que Pilar Mazzetti, Allan Wagner y Rómulo Pizarro anuncien lo que tengan que anunciar).
En lo que respecta al trabajo de inteligencia, existían reportes que informaban sobre las actividades en la zona, pero, de acuerdo a lo señalado por la Ministra y a lo que hemos podido confirmar por otros canales, ciertamente existió negligencia por parte del comando que envío a un grupo de jóvenes polícías a patrullar con pocos pertrechos y de noche, cuestión que es bastante arriesgada en el VRAE. Identificar claramente la posición y estrategia del contrincante es lo que se ha hecho a medias y que, en este caso, nos ha costado 8 vidas humanas.
Finalmente, las disputas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron que no existiera una real colaboración entre ambas fuerzas. Es cierto que la principal responsabilidad - constitucional - de preservar el orden interno es de la Policía, pero, en este caso, son los militares quienes tienen mayor conocimiento y experiencia en la zona. Nuevamente, vemos aquí lo pernicioso de la corrupción: en la reciente visita que varios ministros hicieran a una de las bases militares instaladas en el VRAE, se hizo patente que los colchones de la tropa ni siquiera servían para los ejercicios de un fakir. El Ministro de Agricultura José Salazar tuvo que “poner de la suya” para comprar nuevos colchones, ante la vergüenza del entonces Comandante General del Ejército César Reinoso.
Estos son los verdaderos problemas que aquejan a la lucha contrasubversiva y no las monsergas que algunos políticos y medios comienzan a dar, nuevamente, contra el trabajo de la CVR o de las organizaciones de derechos humanos. Basta señalar que en el tomo IX de su extenso Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo referencia como uno de los retos de la reconciliación a la persistencia del conflicto armado interno en algunas zonas de nuestro país, de la siguiente manera:
“La violencia se mantiene en alrededor de dieciocho distritos y afecta la selva de Junín, Huánuco y San Martín. Han seguido las incursiones y las muertes, generando inseguridad. La población pide en algunos casos la presencia de los militares, en otras, su salida. Conviene señalar que las condiciones de combate a la subversión no se han modificado en cuanto a estrategia - que sigue siendo militar y no política. Nos parece que la reconciliación obliga a una nueva estrategia política y militar en las zonas de conflicto para que no se cometan los viejos errores y para conluir el conflicto de forma pacífica con la población en el más breve plazo. Esta nueva perspectiva exige la participación de los poderes del Estado en la toma de decisiones contra la violencia y la inseguridad aún existente“. (IF CVR, Tomo IX, página 79).
Quizás habría que recordar lo que dijo César Hildebrandt hace algunos años, cuando se descubrió la matanza de Cayara y que parafraseo hoy con relación a lo que ocurre en este momento. Soy enemigo viceral, moral, intelectual de Sendero Luminoso. Deseo que la democracia derrote al terror en una batalla complicada, no solo militar sino social, económica, etc. Hay que barrer con los abismos sociales que son el caldo de cultivo de la violencia. Yo quiero que mi país gane la última batalla contra la violencia, por eso me preocupa, porque estamos lejos y a la vez cerca de esa victoria.
OTROSI DIGO: Frente a la actitud de asunción de responsabilidades de Pilar Mazzetti y Allan Wagner, resulta poco menos que penosa y patética la actitud del Presidente de la República, quien nuevamente se ha pronunciado en favor de la aplicación de la pena de muerte para quienes sean responsables del delito de terrorismo. García nuevamente demuestra que quiere el aplauso fácil, la aprobación personal de 60% y satisfacer su elefantiásico ego, antes que plantear ideas, pues carece de las mismas. Convertirse en el vocero de una medida poco democrática, inviable jurídicamente y poco eficaz para la disuación del delito nos pinta de cuerpo entero que en Palacio de Gobierno hay una vocación mortícola y nos plantea la duda sobre si entre 1985 y 1990 esa misma vocación estuvo presente en el hombre que dirigía los destinos del país en aquel entonces.
El caso que le costó la cadena perpetua a la cúpula de Sendero Luminoso
Santiago de Lucanamarca es un distrito ubivado en la provincia de Huancasancos, a 10 horas de la ciudad de Huamanga, capital del departamento de Ayacucho.
La provincia de Huancasancos fue una de las más convulsionadas por el conflicto interno durante la década los los ochenta. Sendero Luminoso aprovechó los conflictos intracomunales y de grupos de poder, así como la ausencia de protección del Estado hasta 1983.
Aunque algunos sectores de la población apoyaron inicialmente a Sendero, a medida que el carácter abusivo de su propuesta fue siendo claro para la población y afectaba la vida de las comunidades, la población se organizó para hacerles frente. En Lucanamarca, días antes de la matanza, los pobladores victimaron a un miembro de Sendero Luminoso. Ello provocó la venganza de Sendero, en una de las masacres más sangrientas y demenciales de las que se registra en el Informe Final de la CVR.
El domingo 3 de abril de 1983, setenta miembros de Sendero Luminoso, armados con hachas, machetes, cuchillos y armas de fuego, iniciaron un ataque a lo largo de un trayecto que comprendió las zonas de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua, Muylacruz y Lucanamarca.
Esta acción fue decidida por el propio Abimael Guzmán quien, en un alarde de su cinismo, dijo lo siguiente sobre uno de los actos más cruentos de su accionar:
“Frente al uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria respondimos contudentemente con una acción: Lucanamarca. Ni ellos ni nosotros la olvidamos, clado, porque ahí vieron una respuesta que no se imaginaron, ahí fueron aniquilados más de ochenta, eso es lo real; y lo decimos, ahí hubo exceso, como se analizara en el año 83, pero toda cosa en la vida tiene dos aspectos: nuestro problema era un golpe contundente para sofrenarlo, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil; en algunas ocasiones como en ésa, fue la propia Dirección Central la que planificó la acción y dispuso las cosas, así ha sido (…) ahí lo principal fue hacerles entender que éramos un hueso duro de roer y que estábamos dispuestos a todo“.
Los testimonios de los sobrevivientes dan muestra del horror cometido.
Antonio Quincho, en cuya vivienda reunieron a 29 personas entre hombres, mujeres y niños para asesinarlos, dio el siguiente testimonio a la CVR de lo que encontró 2 días después en su hogar: “con las manos y los pies amarrados, hasta las trenzas salidas de las señoritas, a quienes los habían cortado con hacha, cuhillo, pico, incluso les habían echado agua caliente…encontraron a los niños quemados sus manitos, caritas, a los niños recién nacidos les habían sacado las tripas y pisado sus cabezas hasta que salgan sus sesos“.
Marcelino Casavilca fue obligado a tenderse frente a la puerta de la iglesia del pueblo. Su testimonio ante la Comisión relata con crudeza lo que ocurría en ese lugar: “Ahí realmente nos hacen agachar, diciendo “ustedes pobres miserables querían escapar” diciendo, ahora tiene qe recibir castigo acá, nos han hecho manos amarrados en el cuello ahí. Cuando estuve echado, me manda con una bala, con eso me he quedado desmayado, y aca toda esta parte del brazo está roto, en el cuello con cuchillo después me han matado, ya muerto he quedado, no me daba cuenta ya“.
Envenciona Huancauari refirió que luego de la huida de los subversivos corrió a ver a su esposo Gliserio Rojas Quincho, viendo el siguiente cuadro: “Cuando me acerqué, estaba convulsionando, aun con vida, tenía la boca partida por el hacha, parte de la masa encefálica estaba fuera del cráneo, porque su cabeza estaba partida en cuatro (…) algunos órganos del pecho habían sido retenidos en la ropa, cuando quise levantarlo de un brazo, ya no lo tenía, estaba separado del cuerpo“.
Murieron 69 víctimas. El Estado no procesó el caso hasta el año 2002. Su muerte se produjo cuando se hallaban bajo un total estado de indefensión y desventaja, en circuntancias en que les resultaba imposible defenerse o resistir y que no consituían en modo alguno amenaza a la vida o la integridad de los senderistas.
Diecocho de las víctimas fueron niños entre los seis meses y los diez años de edad. Ocho fueron adultos mayores entre los cincuenta y sesenta años. Once fueron mujeres entre los 13 y 19 años, algunas de ellas en estado de gestación.
Esta es la muestra de la insanía y el terror que vivimos los peruanos. Sendero Luminoso decía actuar “en nombre del pueblo”, pero lo que hacía era oprimirlo y matarlo. Decía defender sus intereses, pero lo que hacía era violar los derechos humanos y socavar la democracia.
Que nunca más se repita esta barbarie.
UPDATE:
Abimael Guzmán Reynoso y Elena Iparraguirre recibieron la cadena perpetua.
Laura Zambrano Padilla y María Pantoja Sánchez, integrantes de la cúpula senderista, recibieron 35 años de prisión.
Margot Liendo Gil, Osmán Morote Barrionuevo, Víctor Zavala Cataño, Martha Huatay, Margie Clavo Peralta, Angélica Salas La Cruz y Victoria Obdulia Trujillo fueron condenados a 25 años de prisión.
Oscar Ramírez Durand, el único de la cúpula que mostró algo de arrepentimiento y colaboró en el juicio, recibió 24 años de prisión.
Los abogados de Guzmán y el Procurador Guillermo Cabala apelaron la sentencia.
Los abogados de los senderistas, Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, denostaron de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la consideraron un “instrumento de la derecha en su contra”. Ello confirma que dicho grupo de trabajo condenó claramente a Sendero Luminoso, echando por tierra cualquier especie que las vinculaba con dicha organización político - criminal.
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