Desde el Tercer Piso

En enero, mientras se debatía (again) el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este blog puso en conocimiento de la existencia de un caso incómodo para Palacio de Gobierno, ventilándose en esta instancia internacional: el asesinato del dirigente sindical Saúl Cantoral y de la activista Consuelo García Santa Cruz, victimados el 13 de febrero de 1989, durante el primer gobierno de Alan García.

La razón de dicha incomodidad era que los presuntos autores de dichos asesinatos habrían sido miembros del Comando Paramilitar mal llamado Rodrigo Franco, una organización que, hasta donde se tiene conocimiento, era liderada por Agustín Mantilla Campos.

El viernes, la Corte Interamericana hizo de conocimiento público la sentencia sobre este caso. Las reseñas periodísticas del día sabado han destacado dos cuestiones importantes del fallo: la obligación del Estado de investigar estos sucesos y el pago de reparaciones a los familiares de Cantoral.

Sin embargo, Luis Alberto Salgado, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y principal vocero del gobierno en esta materia, ha señalado que interpondrá una demanda de interpretación de la sentencia y que no pagará las reparaciones. Como era de esperarse, los familiares de Cantoral han elevado su protesta por esta nueva acción del Estado en contra de sus derechos.

¿En que se centra la protesta de Salgado? En que, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos no examina responsabilidades individuales en este tipo de casos, si ha manifestado cual es la hipótesis más plausible sobre la autoría del crímen:

98. La Corte observa que, 18 años después de ocurridos los acontecimientos, el Estado no ha impulsado un proceso judicial que determine con claridad los hechos y responsabilidades, y presenta ante la Corte diversas hipótesis respecto a la autoría de los hechos. El Estado utiliza, inter alia, dos informes del Congreso y algunos documentos policiales para defender la atribución de los hechos a agentes no estatales. Como fue señalado (supra párrs. 75 y 96), la acusación que, entre otros elementos, sirvió como base para la hipótesis de dichos informes del Congreso, concluyó en una decisión judicial absolutoria de dos estudiantes por cargos, inter alia, de terrorismo. Por su parte, la hipótesis manejada en los informes policiales culminó con el archivo de las actuaciones ordenadas por el Ministerio Público. Por el contrario, la atribución de responsabilidad por los hechos a agentes estatales se encuentra recogida en pronunciamientos oficiales, tales como el informe de mayoría de la comisión parlamentaria conocida como “Comisión Herrera”, el informe pericial del Instituto de Medicina Legal y, particularmente, el de la CVR, cuyo informe ha sido respaldado por los poderes públicos peruanos (supra párrs. 91, 93 y 97) y no ha sido desvirtuado en sede judicial. Por consiguiente, considerando las conclusiones de las instituciones oficiales que han conocido sobre los hechos del presente caso, la Corte no encuentra elementos suficientes para arribar a una conclusión distinta a la responsabilidad de agentes estatales por los hechos contra Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. Lo anterior lleva a la Corte a concluir que el Estado incumplió con su obligación de respetar los derechos a la libertad personal y a la vida por la detención ilegal y arbitraria y muerte de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz, lo cual constituye una violación de los artículos 7 y 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

Les cuento un poco el argumento con el que fue el Estado en esta materia. Ante la Corte, el Perú aceptó que no se había hecho una investigación suficiente para dar con los responsables. Sin embargo, fue hasta con 5 hipótesis sobre la autoría del crimen: Sendero, el Comando - hipótesis que no fue enfatizada, dado que Salgado es aprista -, delincuentes comunes e incluso se llegó a acusar a empresarios mineros de haber contratado sicarios. La verdad, es que suena extraño que un gobierno aconchavado con la gran inversión minera termine acusando a algunos de ellos de cometer un crímen tan execrable como este.

Sin embargo, y como señalé párrafos atrás, la Corte no determina responsabilidades individuales porque no es su papel. Para la Corte, el Estado será responsable independientemente del agente que cometió el hecho. En el caso Cantoral, este dirigente sindical había recibido amenazas de muerte y el clima contra los dirigentes mineros era de zozobra. El Estado debió garantizar la seguridad de este líder laboral, pero no lo hizo. Y ello, independientemente de quien fue el ejecutor, ya le acarreaba una responsabilidad al Estado por este hecho.

Esto me deja la impresión de que, antes de ser abogado del Estado, Luis Alberto Salgado parece el abogado del gobierno aprista en este caso. ¿No habrá sido a él a quien Agustín Mantilla se refirió como una de las influencias amicales que tiene en el Gobierno?

MAS SOBRE EL TEMA:
El Morsa: El caso de Saúl Cantoral

¿Será por esto que nos quieren sacar de la Corte Interamericana?

Como consecuencia de la polémica sentencia de la Corte Interamericanada de Derechos Humanos, algunos - como Aldo Mariátegui - han alzado su voz para convocar un referéndum que defina nuestra permanencia en dicho organismo supranacional y otros - como Rafael Rey - han dicho que deberíamos irnos y nunca más volver.

Ambos ignoran, o pretenden ignorar que la Corte ha servido para reparar abusos de diversa índole contra varios grupos de personas y sobre distintos tipos de derchos. De no ser por ella, los trabjadores de la Municipalidad de Lima no habrían sido repuestos, las leyes de amnistía no habrían sido anuladas, Baruch Ivcher no hubiera recuperado su canal y los miembros del Tribunal Constitucional injustamente defenestrados no hubieran recuperado su puesto.

Pero, tal parece que hay una razón de fondo para que en Palacio de Gobierno hayan hecho tanta alaharaca con la sentencia de marras.

El único caso pendiente que Perú tiene ante la Corte es el del asesinato del dirigente sindical Saúl Cantoral y de la activista Consuelo García Santa Cruz, quienes fueran victimados el 13 de febrero de 1989.

Cantoral, al momento de su muerte, se desempeñaba como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Durante el año 1988 se realizó una prolongada huelga minera, en la que tuvo especial participación. A raíz de este hecho comenzó a recibir amenazas y luego, el 9 de agosto de 1988, fue secuestrado por 8 horas. En febrero de 1989 fue nuevamente amenazado.

¿Por qué el caso interesa al gobierno con particular preocupación? Porque los presuntos autores de las amenazas, secuestro y posterior asesinato de Saúl Cantoral serían miembros del autodenominado “Comando Rodrigo Franco”.

Para quienes se encontraban en edad de pediatría o viven en el exterior, dicho comando perpetró una serie de atentados contra personas incómodas al gobierno de Alan García e intervino en la lucha contrasubversiva en base a asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Sus miembros son personas pertenecientes al Partido Aprista Peruano. Los dos más conocidos son el ex Ministro del Interior Agustín Mantilla Campos - ex hombre de confianza de Alan García - y Miguel Ríos Saenz (a) Chito, ex miembro de la seguridad del entonces y ahora Presidente de la República (y quien actualmente sigue cumpliendo funciones en el comité del PAP en Cajamarca). A ellos se suma como miembro conocido Jorge Mauro Huamán Alacute, miembro de la Policía en ese entonces.

Si bien la prensa de la época especuló sobre su vinculación directa con el APRA o con Alan García, tanto la CVR como el libro de Ricardo Uceda “Muerte en el Pentagonito”, que han realizado las investigaciones más serias sobre el caso, no han encontrado evidencia razonable que permita afirmar que el Comando fue una organización vinculada o dependiente del Partido Aprista.

El caso del Comando, que lleva el nombre de un mártir aprista, ha estado teñido siempre por una aureola de misterio. Se sabe que miembros del Ejército y la Policía utilizaron muchas veces este membrete para realizar desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. A ello se sumó la vocación del gobierno aprista por ocultar estos hechos. Durante aquella época, ni el Ministerio del Interior, el Poder Judicial o el Ministerio Público hicieron investigación alguna que permitiera aclarar estos hechos.

La única excepción a este caso fue una Comisión del Congreso conformada para hacer una investigación sobre este tema. A dicha investigación se le puso varias trabas para su trabajo. Dos de los miembros de dicha comisión, Manuel Piqueras y Gustavo Espinoza, fueron amenazados varias veces. Incluso a Piqueras le llegaron a secuestrar a su hija durante algunas horas. El informe en minoría presentado por ellos afirmó la existencia de evidencia suficiente sobre la existencia del Comando, mientras que el dictamen digitado por la mayoría aprista lo negó.

Justamente Espinoza y Piqueras acudirán a la Corte como testigos este 23 de enero, fecha en la que se celebrará la audiencia pública sobre este caso que, sin duda, abrirá la puerta para que en el Poder Judicial peruano se esclarezca, de una vez por todas, quienes fueron los miembros de esta tenebrosa organización y cuales eran sus reales vínculos con quien ejerce en este momento la primera magistratura de la República.

¿Se entiende ahora el temor?

MAS SOBRE EL TEMA:
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Convocatoria a audiencia pública en caso Saúl Cantoral Huamaní.
Comisión de la Verdad y Reconciliación: Asesinatos del Comando Paramilitar autodenominado Rodrigo Franco.
Utero de Marita: Mythbusters: el Comando Rodrigo Franco.
Agencia Perú: Cómo se investigó al Comando Rodrigo Franco. Testimonio de ex agente del Comando Rodrigo Franco inculpa a Mantilla.