Desde el Tercer Piso

Varios sucesos ocurridos durante el año pasado nos dan cuenta que el narcotráfico se ha convertido en el mayor problema de seguridad del país. Asesinatos de policías, la ausencia de una política clara en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el tráfico de drogas y las amenazas a jueces y fiscales que investigan a las mayores firmas del país son una muestra de los efectos que puede llegar a causar esta actividad ilegal en nuestro medio.

Es nítido también que la solución a este problema no pasa únicamente por la represión y persecución policial y judicial de los involucrados en actos ilícitos, sino también por la repotenciación de las zonas rurales, abandonadas durante varios años, en las que la brecha entre los ciudadanos y el Estado y el mercado genera un escenario proclive a la aparición de alternativas reñidas con la legalidad.

Sin embargo, preocupa que, además de la carencia de una política de desarrollo en la selva de nuestro país, se sigan registrando contradicciones en la persecución judicial del narcotráfico.

Es lo que ha ocurrido con la disputa entre la Fiscal de la Nación y el Ministro del Interior por la protección a la Fiscal Superior Luz Loayza, una de las profesionales del sistema de justicia que ha enfrentado, con valentía, a Fernando Zevallos, el máximo capo de la droga en el Perú. Lejos de la defensa de la vida ejercida por el Ministro Alva Castro – en uno de los pocos aciertos de su gestión –, Adelaida Bolívar nos ha sorprendido a todos con una frase poco feliz: “Todo fiscal debe trabajar afrontando los riesgos. Si no tengo el coraje para desempeñar la función, no tengo el perfil para asumir el cargo”.

No se trata, como sostiene la Fiscal de la Nación, de un problema de personas reñidas con la valentía, sino de las precauciones básicas que un magistrado debe tener para poder ejercer su puesto sin presiones de ningún tipo, lo garantiza, por un lado, sus derechos a la vida y a la integridad personal y, de otro lado, su independencia.

Este último aspecto es el que parece estar en carestía en las oficinas de la avenida Abancay. Como lo han demostrado varios medios de comunicación, varios fiscales han sido sorprendidos en conductas sospechosas: ¿Qué hace la fiscal del caso Sánchez Paredes acudiendo a una diligencia en una camioneta de sus investigados? ¿Por qué un fiscal en Cajamarca pretende coaccionar la libertad de expresión, al tratar de averiguar las fuentes que dieron a un diario la “lista blanca” de los más grandes narcotraficantes del país? ¿Podría explicarnos la Fiscal de la Nación porque los informes fiscales aun en reserva sobre los Sánchez Paredes los pudo conocer el Estudio Souza & Nakasaki, patrocinante de la cuestionada familia trujillana?

Hay una palabra que define a personas como la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, a los policías de DINANDRO que todos los días salen a enfrentar al narcotráfico o a fiscales como Luz Loayza. Pero parece que no se encuentra en el vocabulario común de muchas personas en el Ministerio Público, comenzando por su máxima representante. Comience a practicarla, señora Fiscal de la Nación: Coraje.

(Artículo publicado originalmente en Prensaperuana.com. Links añadidos para este blog)

MAS SOBRE EL TEMA:
Editorial de El Comercio: ¿Quién saca la cara por la legalidad?
Augusto Alvarez Rodrich: Unas piedras bien gordas
Fernando Rospigliosi: La Fiscal y el narcotráfico
CPN Radio: CNM investigará a Fiscal de la Nación
Correo: Procuradora Sonia Medina Calvo critica a Fiscal de la Nación

Ayer, la Sala Penal de Huacho dejó sin efecto la resolución que beneficiaba a Moisés Wolfenson con la contabilización de cada uno de los días que pasó en arresto domiciliario como días de cárcel, lo que le hubiera permitido salir libre de manera inmediata.

Sin embargo, el debate jurídico sobre los beneficios que potencialmente puede acarrear el arresto domiciliario – y que ya mereció un pronunciamiento del Tribunal Constitucional – se vio enturbiado el último domingo con la “opinión como abogado” del Presidente de la República, dada en una entrevista exclusiva a La Razón, el diario de Wolfenson.

No es la primera vez que miembros del actual partido de gobierno tienen cercanías con un medio que, como dijera acertadamente Gustavo Gorriti, es más un problema sanitario que un mecanismo de expresión ciudadana. En momentos en que La Razón propugnaba abiertamente la vacancia de Alejandro Toledo, la ex Presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas tenía columna en dicho diario y no tenía ningún problema en reconocerlo. Otros parlamentarios apristas han tenido también columnas en un diario que tiene como línea editorial la defensa de una dictadura corrupta y violatoria de los derechos humanos y que, valga recordárselos, persiguió también al APRA.

Pero hay un “compañero” que guarda estrechas cercanías con los Wolfenson y, a la vez, un pasado y un presente bastante sombrío.

José Humberto Abanto Verástegui es miembro del Partido Aprista Peruano y, además, el abogado de Moisés Wolfenson, el hombre que incluso en pleno juicio recibía instrucciones de Vladimiro Montesinos. Digamos, que ello ocurra en el mismo partido donde participa Javier Valle Riestra, defensor de los golpistas Alberto Fujimori y Antauro Humala, no es precisamente una sorpresa.

Pero no es el único trabajo polémico de Abanto Verástegui. Como lo ha informado Caretas durante varios meses, este abogado está bastante ligada a la familia Sánchez Paredes, varios de cuyos miembros son investigados por sus vínculos con el narcotráfico. Abanto es el gerente general de Alta Tecnología e Inversiones Minera (Atimsa), principal accionista de Algamarca, una empresa minera que viene disputando el control de las operaciones mineras en Shahuindo, Cajamarca. Atimsa tiene como principal accionista a una off shore panameña - Ohana Overseas S.A. - cuyos directores son los Sánchez Paredes junto a Elmer Vásquez Pelaez, quien, según sale hoy en la revista de los Zileri, confesó que ayudó a un miembro asesinado del clan en el negocio del narcotráfico, allá por 1987.

Lo peor del caso es que Abanto se vino desempeñando en este cargo “empresarial” a la par que realizaba sus labores como asesor del actual Ministro del Interior Luis Alva Castro, cuando éste estaba a cargo de la Comisión de Economía. De hecho, Abanto fue asesor de Alva Castro desde 2000. La alerta de la prensa evitó que el abogado de Wolfenson pasara a ocupar un cargo en el edificio de Corpac.

No es la única cosa rara que Abanto tendría que explicarnos. Por ejemplo, sería bueno que aclare porque es que cuando el partido al que pertenece ocupa el poder, recién se acuerdan que está en el Registro de Contratistas del Estado.

En lo que va de 2007, el abogado ha ganado S/. 59,766.00, producto de cuatro trabajos hechos a favor de FONAFE, la entidad que se encarga del manejo y administración de las entidades del Estado. Cabe indicar que en los cuatro procesos de menor cuantía ganados por el letrado, éste se presentó como el único postor.

Cabe mencionar que como Director Ejecutivo de FONAFE, se encuentra otro viejo conocido de este blog: Martín Sifuentes Palacios, otro militante aprista, a quien, en junio de 2006, Agencia Perú descubrió como un personaje bastante cercano a Agustín Mantilla Campos. Una vez que fue nombrado, se sospechó, legítimamente, que habría favoritismos a favor de la gente de Alfonso Ugarte. Este es el primer caso documentado en el que tendríamos serios indicios de ello.

En las elecciones presidenciales pasadas, casi al borde de la segunda vuelta, Alan García se comprometió a luchar contra la corrupción. Hoy sale a favor de un sentenciado por esta materia y un miembro del CEN de su partido es el abogado de este personaje. Y ante las denuncias de candidatos apristas vinculados con el narcotráfico en las últimas elecciones municipales, Mauricio Mulder dijo que estaba prohibido que los abogados apristas defendieran a narcotraficantes. El abogado de los Wolfenson está estrechamente vinculado a la que parece ser una de las bandas de narcos más importante del país. Se dijo que no se favorecerían a los apristas y una entidad estatal manejada por un aprista le da contratos a un compañero que funge de abogado.

Conclusión: la devaluación de la palabra sigue siendo el gran legado de los dos gobiernos apristas.