La reciente renuncia de la competente Rosa Mavila a la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha vuelto a poner de relieve el tema de las cárceles, en realidad, un tema que ha venido flotando en el ambiente con lo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro y con la reciente reyerta ocurrida en dicho penal, que dejó un muerto y varios heridos.
En realidad, el Perú ha carecido de una política penitenciaria desde hace varios años. Se sigue concibiendo la cárcel como un lugar donde depositamos la escoria de la sociedad, sin remedio, para que no nos haga daño, en lugar de pensar en rescatar a las personas que van allí. Por nuestra dejadez hemos convertido a los establecimientos penitenciarios en universidades del crímen, en prisiones doradas donde hay televisores de 34 pulgadas y te van a visitar vedettes, o en sitios donde el mínimo de dignidad humana está muy lejos de ser satisfecho.
Y es que aun un gran sector de la sociedad peruana sigue pensando que los internos no son personas, que son un costo más que debemos mantener a nuestras expensas, que sería mejor matarlos para no tenr que gastar en cuidar a gente que ya está perdida, que de todas maneras van a volver a delinquir.
Las cárceles peruanas mantienen ciertos estándares de calidad gracias a funcionarios como Rosa Mavila o, en su momento, Wilfredo Pedraza. Conocido fue el trabajo que el sacerdote Hubert Lanssiers hizo por los presos de las cárceles de Lima, labor que mantuvo hasta el día de su fallecimiento, en marzo del año pasado.
Pero la buena voluntad de las Mavila, los Pedraza y los Lanssiers no se puede sostener en el tiempo si es que no existe una política penitenciaria clara desde el Estado. Ello pasa, en primer lugar, por determinar cuál es la entidad encargada de custodiar las cárceles. Actualmente, tanto el INPE como la Policía se echan mutuamente la culpa de lo que ocurre allí, dado que se reparten en partes iguales la tarea de vigilar los establecimientos penales. Es necesario que una sóla entidad, con recursos y personal suficiente, se encargue de la conducción de os penales existentes.
Es necesario poner en funciuonamiento un tratamiento diferenciado entre los interno, tomar en consideración la dimensión de rehabilitación y mejorar las condiciones de la poblción penal en téminos de acceso a servicios básicos, prioritariamente, salud y alimentación.
Finalmente, es necesario poner en vigencia el Reglamento del Código de Ejecucíón Penal, a fin de precisar sus alcances y contenidos, otorgando a los operadores del sistema penitenciario lineamientos claros y precisos de actuación y a los usuarios del sistema un medio de fiscalización a fin de evitar violaciones a los derechos de los internos.
Para culminar, palabras de Hubert Lanssiers, para la reflexión de quien tenga en sus manos, luego de amainada la tormenta, la conducción de los penales:
“Ningún director gneral de penales, por más estimable que fuera ha tenido el ocio suficiente para soñar con una política penitenciaria, si entendemos la política como pretensión de organizar, de modo global, la vida de los hombres. No pudieron ocuparse de lo importante por tener que gastar sus energías en resolver lo urgente. Acosados por las exigencias justificadas y contradictoras de su personal, de los presos, de sus ministros y, cuando corría sangre en la pampa, de los periodistas, vivían en una pesadilla perpetua, una especie de rock diabólio con rayos y truenos. No era precisamente el ambiente bucólico deseable para auscultar los árboles sin perder de vista que pertenecen a un bosque.
Como lo escribía Shaw: “el hombre más triste de una prisión es el director”; el más preocupado también.
Nada funciona en nuestras cárceles, se han cuajado en una especie de inmovilismo glatinoso. No surgen grandes designios que puedan movilizar las imaginaciones y la energía y, cuando se dan, quedan atrapados en la telaraña de la inercia administrativa, de la falt de recursos, de la resignación, espesa, agónica”.
¿Romperemos ese círculo vicioso?
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