Desde el Tercer Piso

La reestructuración que las Fuerzas Armadas no quieren impulsar.

EL ESTADO DE LA CUESTION

La dictadura instaurada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos durante la década de los noventa se basó en el apoyo de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Al culminar dicho periodo de nuestra historia, quedaba en claro lo siguiente:
a) Los altos mandos de las Fuerzas Armadas participaron en un gobierno autoritario, en lugar de defender la democracia y el Estado de Derecho, tal cual es su obligación ante la Nación.
b) Las Fuerzas Armadas intervinieron en política, a pesar que su carácter “no deliberante” no lo permite. El extremo de eta práctica fue la firma de “cartas de sujección” al régimen.
c) La cúpula militar se enriqueció ilícitamente, a través de negociados en la compra de armamento y otras adquisiciones, así como de relaciones con el narcotráfico y desvío de fondos.
d) Se encubrieron y/o perpetraron violaciones a los derechos humanos.
e) Los ascensos y bajas dentro de las instituciones castrenses se produjeron sobre la base de lealtades políticas con el régimen de turno y no de acuerdo a los méritos.
f) El uso de los servicios de inteligencia para la hostilización de opositores y el proyecto reeleccionista de Fujimori.

Asimismo, esta situación fue permitida por una educación militar que no prepara a los hombres de armas para la democracia, así como por una cultura del secreto y un mal entendido “espíritu de cuerpo” que encubre o elude responsabilidades sobre actos ilícitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

Era claro, entonces, que una de las tareas de la transición democrática era la reforma de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar su operatividad dentro de un sistema democrático, con mecanismos de transparencia y profesionalidad y sin encubrir delitos cometidos tanto en el pasado como en el presente.

El gobierno de Valentín Paniagua emprendió la creación de un sistema anticorrupción que permitió que los miembros de dicha cúpula militar fueran procesados y enviados a una prisión común, siendo la mayoría sentenciados por actos de corrupción. Asimismo, se declararon nulos los ascensos producidos al final de régimen fujimorista, las Fuerzas Armadas ingresaron al ámbito de vigilancia de la Contraloría General de la República y al Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. De otro lado, los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas pidieron perdón al país por su sujeción a la dictadura fujimorista y se manifestaron a favor de la creación de la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

El gobierno de Alejandro Toledo debía liderar un esfuerzo de reforma integral de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, comenzó con mal pie, al nombrar a David Waisman como Ministro de Defensa. Waisman no era una persona capacitada para el cargo y depositó la dirección del Ministerio, en la práctica, en asesores de dudosa reputación y capacidad.

A finales del 2001 se constituyó la Comisión para la Reestructuración Integral de las Fuerzas Armadas, conformada por miembros del gobierno, militares en retiro y especialistas civiles en el tema militar. Esta Comisión contó con el apoyo de Narcis Serra, el Ministro de Defensa español que lideró un proceso similar en su país. Al final de su trabajo, se emitió un Informe Final sobre las siguientes bases:
a) La reestructuración de las Fuerzas Armadas es parte del proceso de modernización del Estado y de la consolidación democrática.
b) La reestructuración debe situar a las Fuerzas Armadas en el marco del Estado Democrático de derecho, sujetas a la autoridad del gobierno elegido. Debe apuntar a la normalización de las relaciones entre civiles y militares en un contexto democrático.
c) La reestructuración es un conjunto de medidas a aplicar en el corto, mediano y largo plazo. El acto inicial determinante es la creación de un Ministerio de Defensa que funcione como órgano de diseño, ejecución y supervisión de la política de defensa, siendo el instrumento básico del control civil democrático de las Fuerzas Armadas.

Este proceso debía realizarse, tomando en consideración las siguientes dificultades:
a) La herencia nefasta del régimen fujimorista.
b) Problemas por superar en el ámbito de los derechos humanos.
c) Un alto nivel de autonomía de las instituciones castrenses respecto del poder político institucional.
d) Tendencias autoritarias incluso en partidos democráticos.
e) Falta de normas que normen de manera clara la seguridad, la defensa y el orden interno.
f) Escaso número de civiles y organizaciones que ayuden al diseño de políticas en el ámbito de seguridad y defensa y que ejerzan un mecanismo de fiscalización por fuera del Estado.
g) Problemas de seguridad derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de la inestabilidad de la región.

En 2002, Aurelio Loret de Mola es designado como Ministro de Defensa y se compromete con el paquete de reformas. El cambio que más impulsó fue la creación de un nuevo Ministerio de Defensa, cuya implementación duró un año. Loret de Mola, que impulsó además la creación de un Centro de Estudios en Derecho Internacional Humanitario, entre otras labores, salió en protesta por las dificultades presupuestales del sector. El Ministro consideraba que era necesario elevar el presupuesto para las Fuerzas Armadas, tanto por su operatividad como para que los militares aceptaran los cambios a implementarse.

Luego de la partida de Loret de Mola, se retoma la costumbre de nombrar militares en retiro en el cargo. Fue el caso de Roberto Chiabra, un oficial competente, pero con un proceso pendiente por supuestos actos de corrupción y poco compromiso con la reforma militar. A ello se sumó su participación en las propuestas de ascensos del año 2004, donde acabo cediendo tanto a presiones políticas como a quienes reclamaban mayor autonomía militar en este aspecto. Posteriormente fue nombrado Marciano Rengifo, otro militar en retiro, perteneciente al partido de gobierno, donde la cosa desencadenó en la creación del Fondo de Defensa Nacional, con total autonomía de manejo por parte de los institutos armados y el retroceso en muchos de los aspectos avanzados.

En el fondo, se comprobó que una reforma solo era posible si es que se institucionalizaban los mecanismos para efectuarla y existía una voluntad política del gobierno. Pero ambos se fueron diluyendo durante el gobierno de Toledo.

A ello se suma que el tema de la reforma militar no fue tocado por los principales candidatos presidenciales y que, además, sus “expertos” en la materia fueron oficiales en retiro, en lugar de capacitar a los miembros de sus partidos en la problemática de seguridad y defensa. En suma, la clase política, como en muchas cosas, se hizo de la vista gorda.

SIGNOS OMINOSOS

En julio de 2006, ya durante el gobierno de Alan García, fue nombrado como Ministro de Defensa Allan Wagner, un reconocido diplomático de carrera, que incorporó como viceministros y equipo asesor a civiles destacados como Fabián Novak, profesor de Derecho Internacional, y Renzo Chiri, secretario ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas.

Wagner llegó con ideas nuevas. Planteó una reestructuración administrativa de su Ministerio que duraría 300 días, anunció que los aumentos presupuestales se darían en base a una determinación de las amenazas a la seguridad y tiene la intención de que las Fuerzas Armadas asuman el saneamiento de su pasado, tanto en temas de derechos humanos como de corrupción.

Han sido los problemas del pasado (y algunos del presente) los que han generado mayores dudas al Ministro y los primeros signos ominosos de parte de personas que no están involucradas con la reforma y que, además, muestran las dificultades que tendrá Wagner en su gestión. Aquí un repaso:
a) El escándalo de la construcción de la carretera a Cabana durante las postrimerías del régimen de Toledo demostró dos cosas. La primera: las Fuerzas Armadas no tienen porque involucrarse en la construcción de vías. La segunda: hay mafias que siguen operando, como la de los Aybar Cancho, involucrados en el tráfico de armas a las FARC.
b) El fuego cruzado de acusaciones entre el actual Comandante General del Ejército, Cesar Reinoso, y el General Rafael Hoyos de Vinatea, a quien se abrió un proceso sumario por lo de la carretera a Cabana. El final se ve venir: ambos pasarían a retiro en diciembre.
c) La adquisición de pertrechos y alimentos en mal estado para las bases contrasubversivas encargadas del combate a los remanentes a Sendero Luminoso. Todo un desaliento a las personas que deberían estar mejor atendidas.
d) El robo de pertrechos militares para venderlos a las FARC. Es decir, el “Plan Siberia” de Montesinos en versión artesanal.
e) La denuncia hecha por Perú.21 sobre un desfalco en la Fuerza Aerea.
f) La denuncia hecha por Caretas sobre la compra de vehículos lujosos para militares de alto rango. Un balazo a la austeridad. Compra felizmente detenida por el Ministro Wagner.
g) El encendido y patético discurso del almirante Luis Giampietri, primer Vicepresidente de la República y congresista, defendiendo la impunidad para sus compañeros de armas que violaron derechos humanos durante la guerra contrasubversiva.
h) El escándalo alrededor del accidente del avión Fokker de la Marina donde viajaba el equipo de Alianza Lima en 1987.
i) Las propuestas parlamentarias para volver al servicio militar obligatorio y la instrucción pre militar en los colegios.

A ello se suma la campaña que desde los periódicos “Expreso” y “La Razón”, voceros oficiosos de todo aquel que se oponga a reforma democrática alguna, se hace para que el Ministro Wagner despida a sus colaboradores, no toque a las Fuerzas Armadas o se vaya a su casa.

¿POR DONDE ENCAMINAR LA REFORMA?

Para volver el impulso de reforma, es necesario tomar medidas de corto plazo, como las siguientes:
a) Salida del Comandante General del Ejército y del General Hoyos de Vinatea, así como de la cúpula de la Fuerza Aerea.
b) Presentación y aprobación de una ley de ascensos y situación militar en las Fuerzas Armadas.
c) Continuar con la reestructuración administrativa del Ministerio de Defensa.
d) Revisar el Libro Blanco de la Defensa Nacional, a fin de identificar las amenazas a la seguridad nacional de manera clara y sobre esa base, aumentar el presupuesto militar.
e) Establecer un sistema de control externo de los gastos de las Fuerzas Armadas, así como un departamento de asuntos internos.
f) Descartar cualquier iniciativa de vuelta al servicio militar obligatorio o a la instrucción pre militar.
g) Establecer mecanismos de adquisiciones que garanticen transparencia, control y accionar conjunto. Someter las contrataciones y adquisiciones al control de CONSUCODE.
i) Formulación de un Código de Etica que entatice los valores de respeto a los principios constitucionales, democráticos, a los derechos humanos y a practicar la honestidad y el honor militar.
j) Proseguir con una política de colaboración en los procesos judiciales e investigaciones seguidas contra militares por violaciones a los derechos humanos.
k) Formular las nuevas leyes de justicia militar, de acuerdo a los criterios señalados por el Tribunal Constitucional

Ello implica no dejar de lado las recomendaciones de la Comisión para la Reestructuración Integral de las Fuerzas Armadas, que implican cambios constitucionales, legales, administrativos y educativos que deben comenzar a ser implementados por el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Como vemos, no es un problema de recursos del que adolece nuestras Fuerzas Armadas. Es un problema institucional de más amplio rango. De boicotearse nuevamente un esfuerzo de reforma, quizás esta misma columna se repita con las mismas palabras, pero agregando lo que no se hizo (o se hizo mal) durante el gobierno de Alan García.

ENLACES:
Fernando Rospigliosi: Cambios en las FF.AA.
Salomón Lerner Febres: “Tenemos un Estado precario que no impulsa las reformas institucionales”.
Iris Jave: Poder Civil.
Carlos Basombrío: Guerra en los cuarteles.