Desde el Tercer Piso

Si por algo hay que felicitar al Gobierno en sus pocos esfuerzos por hacer cumplir las recomendaciones de la CVR es por el inicio del Programa de Reparaciones Colectivas.

En su etapa piloto, el Programa, parte del Plan Integral de Reparaciones, entregará a 450 comunidades afectadas por la violencia la suma de S/. 100,000.00 para que realicen proyectos en beneficio de la población.

Hace algunos meses, alerté sobre la posibilidad del malgasto de estos fondos, considerando el fracaso del shock de inversiones. Hoy, tengo más elementos para encender las alarmas.

En una nota hecha por La República, el Secretario Ejecutivo de la CMAN (el ente estatal encargado de diseñar los programas de reparaciones, Jesús Aliaga Baldeón, indica un preocupante bajo nivel de ejecución: solo 18 comunidades vienen ejecutando los planes de desarrollo planteados. Dos factores son los que demoran las obras: un SNIP poco flexible - aunque necesario para evitar obras inadecuadas - y, aquí está lo más sustantivo, la falta de proyectos viables.

Sobre este último punto, algo dijo la Defensora del Pueblo Beatriz Merino en su discurso por los 4 años de la CVR:

“Mediante un sistemático seguimiento del proceso de reparaciones, la Defensoría del Pueblo ha realizado visitas de supervisión a dichas regiones con el propósito de sostener reuniones con representantes de los Gobiernos Regionales y Locales, de las organizaciones de víctimas, así como de miembros de las comunidades afectadas.

Por ello es necesario que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales brinden un mayor apoyo técnico a las comunidades beneficiarias, haciendo que dicho proceso sea más participativo y descentralizado.”

Esto nos demuestra que la tarea más urgente que tiene este gobierno es la Reforma del Estado. Tarea que es más imprescindible cuando lo que está en juego son la reconstrucción de vidas, como con las víctimas del conflicto armado interno o con los damnificados del terremoto de hace dos semanas.

La emergencia ocurrida el miércoles pasado nos ha dejado muchas lecciones sobre el manejo de este tipo de desastres naturales.

La primera y, quizás la más importante, tiene que ver con la institucionalidad. Como lo ha recordado hoy Martín Tanaka, basado en una idea del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, son los mecanismos institucionales los que determinan si las reacciones frente a desastres naturales son las adecuadas. Ha quedado demostrado que no. Se supone que desde el gobierno de Toledo existe la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres, que debería coordinar, priorizar y supervisar medidas de prevención, atención y rehabilitación frente a desastres naturales. Es decir, un ente que coordine lo que hagan todas las entidades que tienen que ver con este tema. Pero de ella no se ha oído hablar en estos días. Solo hemos visto al Presidente y a varios ministros haciendo acciones aisladas.

Asimismo, se requiere fortalecer los entes existentes - INDECI, Instituto Geofísico del Perú, IMARPE, por mencionar algunos - dado que, siendo el país una zona vulnerable a desastres naturales, se requiere de presupuesto y personal suficientemente entrenado para afrontar y prevenir los efectos de este tipo de ocurrencias. En el caso del INDECI, ha quedado claro que los gobiernos regionales y locales deberán tener una mejor actuación de la que han tenido en estos días. Y se requiere también que las universidades preparen a profesionales que puedan colaborar a mejorar la situación. Ya la UNI y la PUCP lo hacen con los ingenieros y expertos en estructuras. Roberto Bustamante, hace meses, decía que la Universidad Agraría cerró la especialidad de meteorología. ¿No se requieren más profesionales de este tipo de carreras en un país como el nuestro?

Es indispensable contar con una red de comunicaciones de emergencia. Al margen de la necesaria auditoría que deberá hacerse a las compañías de telecomunicaciones, es necesario un compromiso de inversión de las mismas que pueda dotar al Perú de algo que permitiría una ayuda más efectiva y menos gazapos gubernamentales.

Finalmente, se requiere un equilibrio presidencial a la hora de declarar en estos momentos. Los papelones hechos por el Presidente de la República, enfrentándose con peruanos y extranjeros dispuestos a ayudar, o exigiendo ayudas que ya existen, indican una falta de equilibrio emocional que, a pesar de la emergencia, no debería tener un funcionario de tan alto peso en la vida del país. Si al Presidente se le elogió por haber transmitido serenidad en las primeras horas de la tragedia, hoy parece haberse desbocado peligrosamente. Por su propia salud mental y la de los peruanos, valdría la pena que, por unos días, su labor fuera más silenciosa.

OPINIONES:
Editorial de El Comercio: La emergencia exige liderazgo
Jorge Bruce: Lo traumático y lo empático
Alberto de Belaúnde: Extrañando a Paniagua
Mirko Lauer: Defensa de las ONGs
Eduardo Adrianzén: Réplicas

Quisiera comenzar citando un mail de Antonio Peña Jumpa, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP. El acaba de perder a su madre en el sismo y ha estado en la zona, por lo que tiene mucho que decir sobre el tema de la reconstrucción:

SALVEMOS PISCO: URGENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Antonio Peña Jumpa

La tierra sigue temblando. En Lima también se siente, pero no se imaginan qué es estar con la psicosis de otro terremoto o maremoto sin alimentos, sin agua, sin electricidad y sin autoridades.

Antonio me exime de mayores sugerenciassobre lo que se debe hacer, dado que conoce mejor la tierra donde nació que yo, que solo estuve en Ica durante 2 semanas cuando tenía 3 años.

Pero quizás si cabe hacer un comentario frente a lo dicho por Peña Jumpa frente a la acción del gobierno. Justamente aquello que se recomienda es lo contrario de lo que se ha hecho y revela la precariedad del Estado y del gobierno para atender este tipo de emergencias. Desde un primer mensaje desinformado del Presidente de la República, pasando por la negligencia de no atender un informe del Instituto Geofísico del Perú que alertaba sobre la ocurrencia de un sismo en la zona, la falta de planeamiento estratégico que ha hecho que todo se lleve gracias al voluntarismo, la no convocatoria a la empresa privada iqueña para apoyar las tareas de rescate - ellos lo han hecho de motu propio - o la grosera falla en las comunicaciones el día del sismo son algunos rasgos que nos confirman que la palabra improvisación es la más pronunciada en el Estado peruano.

Y a ello se ha sumado un gazapo gubernamental que revela que ni en épocas de emergencia el gobierno deja de lado sus actitudes intolerantes. Rafael Rey y Alan García acusan a las organizaciones no gubernamentales de no estar en la zona. Sin embargo, la mayor parte de ellas estuvo desde el primer momento en la zona. Es más, fue por un informe de una ong que nos enteramos de lo que pasaba en Huancavelica. En el momento que deberíamos estar más unidos, el gobierno comienza a dividir a los peruanos.

Todos queremos que la reconstrucción y las labores para superar la emergencia salgan lo mejor posible. Pero sin un responsable claro de la conducción del proceso, sin mejoras en los sistemas de prevención de daños y sin un Centro de Planeamiento Estratégico seguiremos teniendo este tipo de respuestas frente a crisis como estas que, como sabemos, van a seguir ocurriendo dada nuestra geografía.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: Guerra Avisada.
Utero de Marita: Todo vuelve a la normalidad.

EL DATO:
Cecilia Blume, ex asesora del MEF y la PCM, ha abierto un blog para ayudar a la gente en Los Molinos, Ica.

El Presidente de la República, minutos después de la última réplica fuerte que hemos tenido, ha procurado explicar ante los medios de comunicación las fases en las que el operativo de emergencia está procurando ponerse en práctica.

Una primera fase ha sido el traslado de heridos graves a Lima y conseguir los implementos necesarios para el entierro de los fallecidos, necesario para completar el necesario periodo de duelo de los familiares y para evitar una emergencia sanitaria.

La segunda fase comprende el reparto de alimentos y ayuda humanitaria necesaria. Aquí es donde se están presentando mayores problemas por el estado de las carreteras y, como apunta bien Augusto Alvarez Rodrich, por las debilidades propias del Estado que se acentúan en situaciones de emergencia como esta.

Esto ha terminado provocando saqueos y desesperación en la población. Sin duda, hay un problema en la llegada de esta ayuda, que se ve complicado con cuestiones de seguridad - la fuga de presos de una cárcel - y con inescrupulosas personas que quieren hacer su agosto en diciembre. La solucíón no es, como dice un sujeto inescrupuloso que funge de director de un diario, tirar a matar a los saqueadores. Solo a alguien que la vida de sus compatriotas le importa un pepino se le ocurre decir una propuesta descabellada como esta. La Policía tiene que mantener el orden, pero no puede agravar una situación que ya de por sí es complicada. Quizás el señor director de Correo, en lugar de sugerir “metan bala”, le diga a su columnista “especializado” en desastres naturales que deje de proponer negocios futuros en su columna, pues está al mismo nivel de los especuladores que venden el kilo de pollo a 15 soles en Pisco.

Esta situación de emergencia nos pone de relieve la necesidad de un Centro de Planeamiento Estratégico que pueda diseñar planes que permitan afrontar tragedias como esta. Y que se continue la evaluación de aquellos sistemas del Estado y de servicios públicos que han fallado. Lo de la telefonía ha sido una grosería que ni las excusas de Cayetana Aljovín pueden paliar.

Me da gusto que desde la televisión, los blogs y los demás medios de comunicación se esté pidiendo la ayuda necesaria para los damnificados. Pero creo que hacen falta algunas medidas complementarias. Creyendo quien habla en el mercado, sería indespensable, por 15 días, poner topes a determinados precios y tarifas para evitar la especulación, así como deducir las donaciones hechas por las empresas de impuestos. Y eso es algo que el Estado puede hacer con un Decreto de Urgencia, dado que existe una emergencia clara a la cual atender.

El país requiere estar unido, si, pero no deben dejar de hacerse observaciones puntuales que pueden ayudar a que las colaboraciones que todos estamos haciendo den los frutos deseados.

Reforma del Estado, Descentralización y Conflictos Sociales en el primer año de Alan II

Cuando Alan García asumió el mando hace un año y anunció sus primeras medidas, pudo preverse cierto entusiasmo sobre la reforma de un Estado que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población.

Las primeras medidas de austeridad, prometidas en la campaña para recuperar la confianza de la población, eran un gesto reclamado por la población, pero que no debían convertirse en el único eje de la reforma del Estado. Peor aún, su aplicación a los cuadros técnicos del Poder Ejecutivo comenzaron a provocar fugas en mancha o búsqueda de empleos en el sector privado, con la consiguiente pérdida de calidad del personal contratado en altas esferas.

Posteriormente, con Verónica Zavala a la cabeza, se inició lo que se llamó el “inicio de la Reforma del Estado”, con la fusíón de organismos públicos descentralizados y programas sociales. No estaba mal, pero se notó carencia de ideas cuando se convocó a la prensa para que diera sus opiniones, o cuando simplemente se dejó de hablar el tema desde el gobierno.

El gobierno no entendió una visión más amplia de la Reforma del Estado, que fuera más allá de la mera simplificación administrativa, que tuviera metas por sectores y programas, con reformas institucionales de fondo como acompañantes importantes y que promoviera la transparencia.

¿Los resultados? No tenemos hasta el momento un Centro de Planificación Estratégica en que se plasmen las políticas del Acuerdo Nacional, el shock de inversiones fue un monumental fracaso y tuvo incluso serias denuncias de corrupción y la sensación que quedó en la población es que no se saben gastar los recursos públicos.

Para complicar más las cosas, otro fuerte componente de la reforma del Estado, la descentralización, ha sido abandonada a su suerte. Ya durante la campaña electoral se notaban las deficiencias del planteamiento aprista. Luego, con pompa, se anunció que octubre de 2006 sería el mes de la descentralización, sin que se tomaran medidas efectivas para reimpulsar el proceso.

Pero la “política real” de descentralización se fijó el 25 de enero de 2007, cuando se liquidó el Consejo Nacional de Descentralización. En dicha oportunidad escribimos lo siguiente:

“El gobierno no tiene un esquema claro de que quiere hacer con la descentralizaciòn. Y es que el APRA padece de cierta esquizofrenia sobre el tema. Durante su primer gobierno, los Alfonso Ugarte Boys estuvieron a favor de la misma y fue uno de los caballitos de batalla de AGP, pero el esquema que emplearon centralizaba toda decisión sobre el tema en el Presidente de la República y dejaba bastante debilitados a los presidentes regionales frente a las asambleas no elegidas por la población. De allí el fracaso de esa experiencia descentralizadora.

Curioso recordar además que fue el APRA la principal propulsora del No en el referéndum realizado para la formación de macroregiones en octubre de 2005, cuando decía que era necesario fortalecer a los gobiernos regionales”.

Luego comenzaron a repartir los cheques del canon en Palacio de Gobierno, dando la apariencia de impulso a las regiones, pero el engaño quedó descubierto cuando vino la ola de protestas sociales y no se tenía una instancia que pueda articular políticamente los intereses del Poder Ejecutivo y los niveles subnacionales de gobierno. Hasta el aprista Rodolfo Raza, último presidente del CND, ha señalado que la eliminación de este organismo fue un grosero error.

A ello se suman errores de la concepción que tuvo el proceso de descentralización desde el gobierno de Alejandro Toledo, en el que se priorizó la elección de autoridades sobre la conformación de regiones más grandes. El resultado: los impulsos para la creación de regiones son escasos y, en la práctica, se han transferido competencias a los departamentos que debieron transferirse a las regiones, lo que complica aún más el proceso. Y claro, los reclamos regionales son cada vez más incesantes.

En ese panorama surge la protesta social, en medio de un Estado que no encuentra mecanismos de desfogue y previsión de conflictos. Y cuando los encuentra, como en el caso de la Defensoría del Pueblo, el Poder Ejecutivo resume su impotencia y le dice: “resuelve tú el conflicto” cuando no es su tarea hacerlo.

¿Por qué se optó? Por la satanización de las protestas - a la que abonó, sin duda, la radicalidad y violencia con las que muchas de ellas estuvieron acompañadas - o el remedio meramente represivo (criticado hasta por apristas conspicuos como Luis Negreiros).

28 de julio puede ser una buena oportunidad para un cambio de rumbo que profundice en reformas importantes que hagan que tengamos un Estado eficiente, al servicio de las personas, descentralizado, transparente y previsor de los conflictos sociales.

La atención de la opinión pública durante las últimas semanas se ha centrado en las denuncias periodísticas referidas a las adquisiciones que dos ministerios realizaron a finales del año pasado. Si bien dichas operaciones cumplieron con los requisitos legales vigentes sobre la materia, adolecieron de una falta de pericia y calidad en el gasto realizado.

La mayor parte de los comentarios sobre este tema se han centrado, como ya parece ser costumbre, en la anécdota de los cambios de funcionarios, los despidos masivos de personal encargado de estas compras o en las repercusiones políticas de corto plazo. Sin embargo, este tema tiene aristas interesantes que pueden repercutir sustancialmente en la manera cómo se consolida el sistema democrático en nuestro país.

Actualmente, vivimos una época de crecimiento económico cuyo antecedente más cercano se halla en los años cincuenta y sesenta, cuando la economía mundial alcanzó su máxima expansión en términos de crecimiento económico y mejora de la calidad de vida. Nuestro país crece a tasas sostenidas superiores al 5% desde hace 5 años, nuestras reservas internacionales se incrementan y nuestra caja fiscal tiene mayores recursos para gastar. Ello, lamentablemente, se contradice con el alto nivel de pobreza – que afecta a la mitad de nuestros compatriotas – y, sobre todo, con la exclusión presente, patentizada en el bajo nivel de servicios básicos que brinda el Estado y reflejada por los hallazgos del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La consolidación de la democracia no sólo pasa por la realización de elecciones libres o contar con mejores congresistas, sino, fundamentalmente, en que el Estado brinde mayores y mejores servicios a sus ciudadanos, sobre todo, a quienes menos tienen.

Lo ocurrido durante esta semana es una muestra patente de la incapacidad que tiene el Estado de poder administrar de manera adecuada sus recursos. Y esto ocasiona un problema significativo: el Estado tiene la necesidad de gastar mayores recursos para mejorar la seguridad ciudadana, la salud, la educación, el sistema de justicia y la atención al ciudadano en general. Y si no lo hace de manera adecuada, los frutos de la actual bonanza macroeconómica se habrán desperdiciado de mala manera, como parece ocurrir con el publicitado “shock de inversiones”.

¿Cómo afecta esto a la democracia? De varias maneras. En primer lugar, se carecen de planes de mediano y largo plazo para reformar el Estado, optándose por parches como la renegociación de contratos o establecer comisiones ad hoc para cada licitación. En segundo lugar, cuando se tienen estos planes, no se toma en cuenta al destinatario final, el ciudadano. En tercer lugar, una mala gestión de los recursos deja a los más pobres y excluidos sin acceso a los servicios básicos, el gobierno democrático es visto como ineficiente y, sin duda, este sector de la sociedad podrá estar más proclive a optar por salidas de corte autoritario que le brinden una solución “inmediata” o “pragmática”.

Finalmente, no hay que perder de vista que, en el mejor de los escenarios, dentro de los próximos meses comenzarán a implementarse los planes de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno, que vienen siendo elaborados por la CMAN. Dados estos antecedentes, considero que, como espacio preoupado por un real cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, debiera estar alerta a este tipo de situaciones, para evitar que el dinero destinado a reparar el daño causado por acción u omisión durante los años de violencia se malgaste u ocurran situaciones de sobrevaluación como las que hemos presenciado durante esta semana. Complementar mi mirada desde los derechos humanos con una visión de reforma del Estado que integre reformas institucionales con criterios de eficiencia en la administración y gasto estatales dará mejores resultados para un trabajo de fiscalización que considero necesario.

Estas son aun unas nociones pequeñas sobre este tema. No soy experto en reforma del Estado o en políticas públicas, pero algo he podido aprender durante estos meses en las que he seguido estos temas. Quizá sea un eje que pueda considerar en un futuro a mediano plazo como tema de reflexión.

Por ahora, como diría Bayly, lo dejo allí.

El anuncio hecho el viernes de la venta del avión presidencial ha generado comentarios bastante serios sobre esta posibilidad.

Carlos Raffo se opone con una animosidad digna de mejor causa porque su jefe compró el avión, mientras que Doris Sánchez intenta bajarle la llanta a quienes hablan de la frivolidad de los viajes presidenciales de su jefe. Y no han faltado quienes se ha puesto a pensar sobre la conveniencia de la medida.

Pero todo esto tiene todas las vías de ser una cortina de humo.

Como lo ha dicho ayer Rosa María Palacios, esto tiene todos los visos de querer ocultar el escándalo de la sobrevaluada compra de los patrulleros y la cada vez más escandalosa resistencia de Pilar Mazzetti - una profesional honesta, pero a la que el cargo le ha quedado grande - a renunciar al cargo.

Y, desde otro punto de vista, Augusto Alvarez Rodrich nos señala que esta vocación de pirotécnicos que tienen en Palacio de Gobierno ha llevado a que convoquemos a los recién nombrados presidentes de los organismos reguladores a conformar el comité encargado de la venta del avión.

Es decir, para el Presidente de la República, es más importante vender un avión cuya importancia en el presupuesto - e incluso como gesto - es mínima, antes que la reforma del Estado, que comprende dar mayores facultades a los organismos reguladores para vigilar mercados monopólicos o para incentivar el ingreso de mayor competencia.

¿Tan rápido se olvidaron del plan de gobierno? ¿Quién está haciendo los libretos de Palacio: Carlos Alvarez o Jaime Bayly?

El domingo, Alan García solicitó a los directores de medios de comunicación que le pudieran dar sus ideas sobre la reforma del Estado en una reunión a celebrarse próximamente en Palacio de Gobierno.

García partió de la premisa que la prensa debe aportar sus iniciativas y no sólo limitarse a criticar al gobierno, que es la forma en como piensan desde Palacio que se esta conduciendo el periodismo contra el gobierno.

Sobre la iniciativa han habido dos posiciones marcadas. Por un lado, quienes creen, como Enrique Zileri, que la prensa aporta todos los días sus opiniones e información sobre los principales problemas del país - incluyendo la reforma del Estado -, y que una reunión con el Presidente para presentarles alternativas no estaría mal. Del otro lado, Federico Salazar y Gustavo Gorriti señalan que la función del periodista no se determina desde Palacio de Gobirno, sino que se debe mantener la suficiente distancia del poder para poder criticarlo y, además, la función periodística no se concentra en gobernar.

Frente a la última opinión reseñada, el Primer Ministro Jorge del Castillo ha tenido una respuesta bastante destemplada y ha llamado “francotiradores” a quienes no están de acuerdo con la propuesta presidencial.

¿Mi opinión sobre el tema? Creo que desde los diarios serios, en sus páginas editoriales y a través de sus columnistas se hacen aportes bastantes sensatos al gobierno. Cabría destacar lo que hacen Miguel Santillana o Pablo de la Flor en Correo, Augusto Alvarez Rodrich, Santiago Pedraglio, Carlos Basombrío o Martín Tanaka desde Perú.21, Mirko Lauer, Carlos Castro y los columnistas del llamdo G-12 económico de La República, por citar solo algunos nombres. En el caso de El Comercio, el año pasado publicaron una agenda de propuestas para el gobierno en temas que van desde la institucionalidad democrática y tienen una plana de consultores que constantemente da sus puntos de vista sobre diferentes problemas.

En esa línea, no sería inconveniente acudir a la cita presidencial, dado que los planteamientos han sido dados y sólo sería cuestión de sistematizarlos.

Sin embargo, comparto parte de la preocupación de Gorriti y Salazar.

Por un lado, conociendo el estilo presidencial, García querrá darle a esta reunión el tono de “estos son mis muchachos”, la fotito inoportuna que seguramente Gorriti y Salazar quieren evitar. Porque todos los días los periodistas se reunen con autoridades y les dan sus opiniones. Solo que en dichas reuniones no hay cámaras de por medio. Y ese esa distancia y exhibicionismo el que se quiere evitar, pues tiene sabor a poca sustancia.

Por otro lado, comienzan a sonar en el gobierno las mismas voces que en periodos pasados decían: “construyan, no critiquen”, “resalten lo positivo”. Y a ellos cabe decirles, sorry, la relación de la prensa y los gobiernos nunca es 100% armónica. Ni el gobierno debe tocar al son que le toque la prensa (pues gobernar es su trabajo), ni la prensa debe bailar al mismo ritmo que el gobierno (pues fiscalizar es su trabajo). Asi que esos pedidos a “la cordura”, “la construccion” y a “la propuesta” también pueden confundirse con “no toquen los temas que incomodan al Presidente”. Mucho cuidado con este tipo de versiones.

Finalmente, me queda la sensación de que el gobierno no tiene idea de que hacer con la Reforma del Estado. El hecho que convoque a todo el mundo a ver que idea puedo rescatar no implica un genuino afán concertador, saludable en toda democracia, sino el reconocimiento implícito de que no se sabe que hacer. Y eso es realmente preocupante. Si la reforma del Estado solo va a ser fusionar Organismos Públicos Descentralizados y Programas Sociales y mandar a personal a su casa (no seamos inocentes, eso va a ocurrir), será un parche más para el Estado, pero no garantizará que tengamos a un aparato estatal operando al servicio de las personas.

Opositores, Constituciones y Reformas

Uno a veces se pregunta si Alan García busca no tener oposición o se contenta con la que hay, por ser funcional a sus intereses personales.

Esa es la impresión que me dejó la reunión de ayer en Palacio sobre Reforma del Estado. Tal como lo preveía, más allá de la foto y el gesto político, poca sustancia, salvo la aprobación de la Ley del Poder Ejecutivo que puede ayudar a recomponer las cosas dentro del aparato estatal.

Para lo que ha servido esta reunión es para resucitar - es un decir - a Ollanta Humala como líder opositor.

El comandante ha estado durante los últimos seis meses más perdido que integrante de la Trinchera Norte en tribuna sur de Matute. Sus declaraciones, más allá de letánicas críticas al APRA por no aplicar el programa nacionalista, no han causado efecto y lo han desdibujado.

Peor aún, parece que sus alfiles Gonzalo García Nuñez y Carlos Tapia no logran controlarlo o lo han asesorado para que se radicalice. Y la jugada le viene rindiendo malos resultados.

Humala se ha empecinado en el tema de la vuelta a la Constitución de 1979 a través de una Asamblea Constituyente, que señala que es una bandera aprista. ¿Y que dice el Plan de Gobierno del APRA sobre la materia?:

“El Partido Aprista Peruano promoverá que se otorguen facultades constituyentes al nuevo Congreso para restituir la Constitución firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, actualizándola a las necesidades de un Estado promotor, regulador, descentralizado y democrático; que el pueblo peruano sienta que está a su servicio y participe en las decisiones y beneficios de sus políticas, programas y proyectos”.

Sin embargo, el APRA ha dejado esta bandera de campaña y creo que hace bien en dejarla.

Es cierto que la Constitución de 1979 tiene un valor simbólico mayor que la Constitución de 1993. La primera fue la resultante de una transición a la democracia y fue finalmente firmada por quien fue elegido como Presidente Constitucional en las elecciones de 1980. La segunda fue producto final de un golpe de Estado y de un régimen que no dudó en violarla cuando se le antojó.

Pero es también cierto que, autoritarismos y fraudes de origen al margen, bajo esta Constitución se logró vacar a Fujimori y permitir la formación del gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua. Y han pasado dos gobiernos democráticos en Palacio - incluyendo al actual - que han respetado esta norma con escrupulosidad. La práctica ha “legitimado” a la Constitución de 1993, pero ello no ha impedido que se hagan reformas parciales importantes, tales como:
- La anulación de la reelección presidencial inmediata, el principal defecto de dicha Constitución.
- La supresión de la firma de Fujimori, por su permanente incapacidad moral.
- El cambio del capítulo sobre descentralización, que ha permitido el proceso que hoy, a trompicones, está en marcha.
- El cierre del régimen de cédula viva para los pensionistas del Decreto Ley 20530.
- La potestad tributaria de gobiernos regionales y locales.
- El derecho a voto para militares y policías.

Asimismo, debe tenerse en cuenta el Proyecto de Constitución elaborado por la Comisión presidida por Henry Pease para este propósito. Este proyecto mantiene lo mejor de las Constituciones de 1979 y 1993 y hace la reforma con los mecanismos de esta última. Los trabajos de aprobación estaban bastante avanzados, como pueden verse aqui, e incluían un capítulo económico - el quid del asunto para Humala - elaborado bajo la supervisión de Jorge del Castillo y que es sustancialmente mejor que los de las cartas anteriores. Creo que es necesario culminar con este debate, explicando a la ciudadanía la conveniencia de hacer cambios parciales, fundamentalmente en 4 áreas centrales:
- Administración de Justicia
- Definir por una o dos cámaras en el Congreso.
- Mejora de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución.
- Régimen Económico, sobre la base del proyecto Del Castillo.

Por lo demás, no es cierto que la Constitución “entregue” los recursos naturales a las empresas trasnacionales extranjeras, como lo dijo Humala ante la mirada de una perpleja Rosa María Palacios. El complejo de Adan que tienen los políticos peruanos los quiere hacer autores de la Constitución propia, sueño acariciado por todo aquel que tiene aspiraciones de trascendencia o por quien quiere convertir al Estado en su botín particular.

La Constitución de 1993 carece del consenso social para mantenerse tal como está, en eso estamos de acuerdo. Pero no creemos que cambiando la Constitución van a resolverse de manera automática - cual Harry Potter - los problemas del país, como lo intenta presentar Ollanta Humala. Es necesario fijar un marco de consensos básicos, pero mejor aún es pensar en políticas que nos saquen del marasmo en que estamos. En ello el líder nacionalista padece de una alarmante escasez de ideas.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Humala, apágate.
Francisco Eguiguren: No hay crisis política que justifique Asamblea Constituyente.
Susana Villarán: ¿Pichanguita o partido de fondo?
Henry Pease: En desacuerdo con Asamblea Constituyente.
Gran Combo Club: Reformas del Estado y casilleros vacíos.
Mario Castillo Freyre (PPC): Sería nociva reforma constitucional como la plantea Humala.

Desde hace varios años, oigo hablar de la tan mentada Reforma del Estado.

Durante los años noventa, esta se pensó como la racionalización de recursos del Estado, destinado fundamentalmente a achicarlo, de acuerdo con una visión que comprendía que la burocracia estatal debía ser lo más reducida posible y concentrarse fundamentalmente en servicios básicos, como administración de justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, educación, salud y seguridad ciudadana.

La tesis del Estado mínimo fue la que primó y, sobre esa base, se hicieron los tímidos intentos de racionalización administrativa que tuvieron éxito, pero también el despido de cientos de trabajadores estatales que pasaron a engrosr las filas del subempleo o del desempleo abierto.

Esta idea ya no es compartida ni por los académicos de varios sectores - aunque un grupo se mantiene irreductible en esta idea - y por un sector de la población.

El enfoque actual enlaza los mecanismos de modernización y simplificación administrativa con metas concretas e institucionalidad democrática. Así, hablar de reforma del Estado implica hacernos las preguntas previas: ¿cuáles son las metas que queremos cumplir? ¿cómo cumplirlas? ¿cómo organizamos al Estado para ello?

Generalmente, cuando se tratan estos temas, se quiere ver sólo una parte, la de la gestión administrativa. En ella es la que se ha concentrado el gobierno para lanzar su propuesta de fusión de organismos públicos descentralizados y su convocatoria para una reunión de Consejo de Ministros en la que los miembros de la oposición participarían planteando sus propuestas.

Frente a esa propuesta, se ha respondido de diversas maneras: Humala ha dicho que irá, pero que planteará como requisito previo la entrada en vigencia de la Constitución de 1979. Lourdes duda en ir o no. Otros han dicho que la convocatoria, sin una agenda y sin conocer los planes del gobierno, no es más que fuegos artificiales. Y hay quienes han sugerido que el Acuerdo Nacional sea el espacio de debate.

Lo que pienso es que debemos ver este tema de una manera integral:
- ¿Hay que ver el tema constitucional? Si, pero no sobre la Constitución de 1979, gesto simbólico e inútil. Si ya hubo un trabajo de reforma constitucional trabajado en el Congreso anterior y ya bastante avanzado, ¿por qué no culminarlo?
- ¿Cómo abordar la reforma de la administración pública? Poniendo metas sector por sector para saber cuáles deben ser las fusiones a realizarse. Y tener un sentido social: ciertamente esto, como lo ha dicho Jorge del Castillo, va a acarrear despidos, pero es necesario que se tenga planes para incorporar a estas personas a nuevos mercados de trabajo.
- Completar esta visión sobre la base de reformas institucionales: justicia, seguridad ciudadana, defensa nacional, educación y sistema político.
- Implementar mayores mecanismos de transparencia, fiscalización y participación ciudadana y mejorar los que ya se tienen.

En suma, lo que propongo es una visión más amplia del tema. Creo que sobre este base el trabajo se puede sostener. Lo de mañana pudo ser importante, pero creo que ni el gobierno ni la oposición tienen la agenda clara sobre este tema. Si van a hacer política, prepárense, no vayan con propuestas improvisadas.

Y a ustedes, los dejo con varios enlaces que tratan mejor de lo que lo he hecho este tema.

MAS SOBRE EL TEMA:
Agenda Perú: La Reforma del Estado en el Perú. Pautas para reestructurar el Poder Ejecutivo (Estudio de Gustavo Guerra García).
Juan Carlos Cortez: Reforma del Estado (Ponencia ante el Acuerdo Nacional).
Rosa María Palacios: Reformar el Estado ¿Para lograr qué?
Perú Político: Programas sociales y descentralización. Reformando al Estado.
José Tavera: Reforma del Estado en el Perú. El punto de vista de un economista.
Diego Luna: Instumentos y procedimientos para modernizar el Estado.
Eduardo Hart: Reforma del Estado: ¿hay segunda sin primera?