Desde el Tercer Piso

Todavía no pongamos las mismas caras de terror que el personaje de la foto. Sin embargo, parece que el gobierno ha decidido adelantar la carrera electoral hacia el 2011.

Todo comenzó el viernes, cuando en una reunión con gobernadores apristas en La Libertad, Alan dijo que pensaba en un tercer gobierno aprista en el 2011. La pregunta inmediata que a todos se nos vino a la mente es quien lo encabezaría. Y, conociendo la megalomanía del Presidente, la primera respuesta fue que, en realidad, se estaría buscando la reelección inmediata de García.

Sin embargo, existen dos obstáculos a dicha idea, si es que esta existió alguna vez. El primero es el reformado artículo 112° de la Constitución, que impide la reelección inmediata. Como se sabe, para modificar la Carta de 1993 se requiere dos votaciones de 81 votos en el Congreso, en dos legislaturas ordinarias sucesivas, o llevar el asunto a referéndum, luego de una votación favorable de 61 congresistas. Si el Congreso no se ha puesto de acuerdo en llevar a buen puerto reformas constitucionales importantes, como las referidas a la bicameralidad o a la reforma judicial, pues menos interés se tendrá en modificar el más polémico de los artículos constitucionales.

De hecho, si me preguntan mi opinión, modifiquemos la Constitución, pero para que nunca más un Presidente de la República vuelva a serlo. Ello haría que los partidos políticos renueven sus cuadros más rápidamente y no tengamos a Presidentes pensando en su reelección - pues si no es el 2011, será el 2016, piensa García - antes que en gobernar adecuadamente el país.

El segundo obstáculo se encuentra en García y su aprobación. Como bien lo comenta Carlos Melendez, además de tener un respaldo que apenas llegaría a un tercio de la población en el país, la aprobación a la gestión presidencial se está concentrando en los sectores A y B. LQQD, la reelección alanista tiene tanto futuro como la clasificación de Perú a Sudáfrica 2010.

Pero si bien está descartada la posibilidad de reelección de Alan, pues sí es claro que el APRA quiere quedarse en Palacio hasta luego del 2011. Y si bien todo partido de gobierno tiene legítimas aspiraciones de pretender nuevamente la presidencia, pues hay que tener mucho cuidado con el manejo de recursos públicos por tres motivos: la desigualdad en la competencia, la crisis económica internacional y la corrupción.

De hecho, comencemos a activar las señales de alarma. Perú.21 informa hoy que:

EL DÍA DE LA FRATERNIDAD - I
La vuelta de Alan
El secretario general del Apra, Mauricio Mulder, indicó a Plaza de armas que el presidente Alan García volverá a ser el orador principal en el Día de la Fraternidad, que se realizará el próximo viernes 22. “García es presidente del partido y de todos los peruanos, desde el partido se dirige a los peruanos, no existe ninguna estrategia especial”, manifestó Mulder. Correcto, pero lo justo sería que Canal 7 no transmitiera dicho mitin partidario.

EL DÍA DE LA FRATERNIDAD - II
Un poco de memoria
Si bien el presidente tiene el derecho de pronunciar un
discurso en cualquier jornada partidaria, lo cierto es que el año pasado él desistió de hacerlo porque consideraba que, como jefe de Estado, representaba a todos los peruanos y no solo al Partido Aprista. Pues bien, parece que hoy García ya piensa del mismo modo y alista su verborragia, justo cuando la oposición acusa al Apra de haber adelantado la campaña del año 2011.

Peor aún, una ceremonia en Cutervo desarrollada ayer con la presencia de Jorge del Castillo tuvo todos los visos de un mitin partidario. Y si recordamos la honestidad de sus declaraciones sobre los programas sociales de hace poco más de un mes, pues las suspicacias están fundadas.

Mucho ojo con este tipo de manifestaciones que expresan que el gobierno, más que en hacer una mejor gestión, va pensando en el partidor electoral. Cierto es que la oposición anda en lo mismo, pero, a quien elegimos para gobernar no debería estar considerando aún, dicha posibilidad.

Por cierto, ¿qué fue del cambio responsable del 2006?

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: Yo me quedo
Laura Arroyo Gárate: 2011 de infarto: si los dejan
Carlos Basombrío: Jugando al 2011
Nelson Manrique: Soñando con el 2011
Santiago Pedraglio: Midiendo la reelección
Mario Saldaña: ¿El candidato del APRA o de Alan?
Fernando Tuesta: Cabanillas o Del Castillo sería el candidato del APRA en 2011
Manuel Saavedra: Líderes políticos deben organizar sus partidos antes de pensar en la presidencia.

O un espacio para repensar el Congreso

Ayer la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el regreso del sistema bicameral para el Congreso de la República a partir del 2011. En realidad, es el inicio de un nuevo debate sobre la posibilidad de volver a contar con un Senado, discusión que se ha producido varias veces durante los últimos años, sin éxito.

Recordemos que para que una modificación constitucional se apruebe es necesario que, en dos legislaturas ordinarias sucesivas, la iniciativa alcance 80 votos en el Pleno del Congreso. La otra opción de reforma (60 votos en una legislatura y un referéndum confirmatorio de la iniciativa) queda descartado de plano, por el malestar que un amplio sector de la población causa la idea, a la que perciben como un incremento de más de lo mismo y un mayor gasto en el Congreso, al que sienten como lejano a sus problemas y lleno de personajes que no responden a sus iniciativas.

Ciertamente, luego de los escándalos Canchaya y Menchola, no era el mejor momento para aprobar esta iniciativa. Sin embargo, me encuentro entre quienes piensan que la reinstauración de una Cámara de Senadores puede ayudar - no digo que sea la panacea - a contar con un mejor Congreso.

Para comenzar, ha quedado demostrado que los parlamentos unicamerales gastan más que un Congreso bicameral. No ha existido una racionalidad en el gasto, sobre todo en el tema de asesores poco capacitados. Además de ello, creo que no se toma en cuenta el hecho de que mantener una institución funcionando bien cuesta dinero, costo que muchos quieren no asumir por la satanización - a veces justificada, otras no tanto - que se le ha hecho al Congreso de la República.

Creo que a un parlamento no se le puede medir por el número de leyes que saca. Acostumbrarnos a eso hizo que tuvieramos campeones mundiales en presentar iniciativas descabelladas o copiadas - a lo Bryce - de otros países. La restricción para presentar los proyectos de Ley solo por bancadas ha hecho que se reduzcan el número de proyectos, un Senado puede ayudar a que la calidad de los mismos mejore.

Es necesario, además, tener en cuenta que un Senado tiende a pensar los problemas macro del paìs, por lo que se le encarga la designación de altas autoridades y una revisión de las leyes, a fin que las miradas regionales - siempre importantes - no terminen llevando a la instauración de pequeños países autónomos, sin relación entre sí. La Cámara de Diputados o el Parlamento Unicameral actual tienden a pensar mucho en como complacemos a una determinada región, sin pensar a veces que la labor del parlamentario no es hacer obras concretas, aunque puede ayudar a concretar proyectos de inversión con normas que puedan estimular determinadas actividades en su región.

Sin embargo, esto no es suficiente para mejorar la calidad del actual Congreso. Ciertamente, la reintroducción de la segunda cámara y el debate alrededor de este tema puede ayudar a comenzar a introducir cambios necesarios. Aquí anoto algunos que me parecen pertinentes:
1. Pensar en darle a las elecciones parlamentarias el lugar que merece y no supeditarlas a las elecciones presidenciales. Al igual que Colombia y Francia, podríamos hacer estas elecciones en fecha distinta a la elección del Presidente de la República, lo que implicaría que la opinión pública pueda reflexionar realmente sobre sus candidatos y se puedan exponer, de mejor manera, sus planteamientos y trayectoria personal y profesional.
2. Eliminar el voto preferencial. La experiencia ha demostrado que ha sido pernicioso para los partidos, por la competencia interna salvaje; para la igualdad de los candidatos, pues generalmente sale elegido quien más propaganda hace (y no necesariamente los mejores); y para la unidad de las bancadas, que terminan perdiendo consistencia debido a que ingresan personas que rápidamente se desvinculan o mantienen “posiciones singulares” dentro de su bancada.
3. Conforme se vaya demostrando las bondades del parlamento bicameral, ir pensando en incrementar el número de curules, sobre la base de distritos electorales más pequeños. Ello para tener un cierto nivel de representatividad de los electores, que pueden controlar de manera más directa a sus elegidos.
4. Renovación por tercios o mitades, como mecanismo de evaluación popular del trabajo parlamentarios.
5. Finalmente, rebajar los requisitos que se requieren para presentar una iniciativa legislativa ciudadana, a fin que los ciudadanos podamos comprometernos en el impulso de normas que respondan a nuestras necesidades.

Una cuestión final. Creo que es necesario que la población conozca que es lo que hace el Congreso. Muchas veces noto que las expectativas sobre lo que puede hacer son muy altas y no se condice con lo que la realidad legal le manda (o limita) hacer. Es necesario que los partidos políticos, los medios de comunicación y los sistemas educativos comiencen a esplicar a la población que puede y que no puede hacer un parlamentario. Quizás en esa falta de información - junto a las inconductas de algunos congresistas y a la lejanía del Congreso - pueda explicarse la desaprobación con la que cuenta.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: El dilema de las Cámaras
Mercedes Cabanillas: Debe postergarse debate sobre bicameralidad.
Aurelio Pastor: No sabíamos que debate de bicameralidad iba a coincidir con escándalos.
La República: Retorna el Senado.
Antonio Zapata: El Congreso en su laberinto.
Pepi Patrón: Debe aprobarse la revocatoria por tercios.
CPN Radio: División en Perú Posible por la bicameralidad.
Fernando Tuesta: Sistema Bicameral debería tener como mínimo 240 legisladores.
Utero de Marita: Maravillosa Bicameralidad
Física 3: ¿Necesitamos unas elecciones tan largas?
Una Bitácora de Jomra: Reforma Constitucional: ¿Retornará la bicameralidad?

El último fin de semana ha significado un nuevo capítulo en la ya añeja disputa entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Básicamente, lo que se discute aquí es un tema de importancia: ¿cómo será, de ahora en adelante, la organízación electoral?

Entre 1931 y 1993, tuvimos un sistema donde una entidad autónoma, llamada Jurado Nacional de Elecciones, se hacía cargo de la organización de las elecciones y, al mismo tiempo, de resolver los conflictos jurídicos en materia electoral.

Con la Constitución de 1993, el Perú pasa a tener un modelo bi-cefálico en materia electoral. Se crea la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como ente encargado de la organización y administración de las elecciones, mientras que el Jurado sólo se encargaría de certificar a los ganadores de los comicios y resolver cuestiones jurisdiccionales en materia electoral. Algunos consideran que el modelo, en realidad, es de tres cabezas, dado que también se crea el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y se coloca dentro del llamado “sistema electoral”, pero, en realidad, la única función de este organismo dentro de los procesos electorales es tener actualizado el padrón de electores.

Existían dos problemas que, posteriormente, se fueron agudizando.

El primero, tenía que ver con la naturaleza del régimen político que había decidido la división: al ser una presidencia autocrática, Fujimori y Montesinos tenían entre manos ejercer el control de las instituciones electorales a fin de asegurar su permanencia en el poder, por lo que dividieron las funciones sin criterio técnico. Ello fue lo que ocurrió en las elecciones de 1998 y 2000, donde personajes cuestionados accedieron a los puestos de la ONPE y el JNE.

El segundo, se relaciona con las funciones de cada organismo. Y allí, ni la Constitución ni las leyes orgánicas fueron claras, con lo que se presentó una superposición de funciones entre ambas entidades, lo que genera duplicación de esfuerzos y gastos en algunas materias.

El primer defecto fue felizmente superado con el retorno a la democracia. Con el ingreso de personas honestas y competentes, tanto el JNE como la ONPE han desarrollado procesos limpios, transparentes y respetados por la ciudadanía, que manifiesta su confianza a ambas entidades por su trabajo. Ello revela una de las virtudes del sistema democrático: es mucho más difícil controlar el resultado electoral con personas honestas y competentes al mando de las instituciones electorales.

Sin embargo, el segundo defecto se ha agudizado y no son pocos los choques entre ambas instituciones por competencias. A las leyes orgánicas de elecciones y de cada institución, la Ley de Partidos Políticos ha sumado funciones a cada una de estas entidades, sin tener en claro que cosa corresponde a cada cual.

En este marco, desde hace algunos años, el Jurado Nacional de Elecciones propone la unificación de los entes electorales. Basta ver lo que dice su página web, en los últimos párrafos de su reseña histórica:

“Más adelante, la Constitución 1993, constituyó un retroceso para el máximo organismo electoral, al fragmentarlo en tres entes autónomos.

La misión que desarrolla es garantizar el respeto y el cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales, mientras que su visión es constituirse como el ente electoral unificado, encauzador de los procesos electorales y generador de la activa participación de la ciudadanía, base de la democracia“.

Para ello, además, se esgrimen los argumentos dados por comentaristas a la Constitución de 1993 en materia electoral, en particular, Valentín Paniagua, quien advirtiera sobre los peligros de tener separadas las funciones electorales en un contexto de autocracia y corrupción como el vivido en los años 90.

Sin embargo, el funcionamiento efectivo de la ONPE en democracia ha hecho revisar esta posición a varios especialistas en materia electoral (como Carlos Blancas Bustamante o Fernando Tuesta), quienes ya no se inclinan por una reunificación, sino por especificar cuáles son las funciones que competen a cada organismo para evitar conflictos.

Para complicar este panorama, el sábado Alan García salió a respaldar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Mendoza, en sus esfuerzos de unificacion. Sin embargo, el Presidente de la República no ha escuchado los argumentos de Magdalena Chu, jefa de la ONPE y se ha dejado llevar por los vínculos profesor - alumno que tuvo con Mendoza años atrás.

¿Mi posición? Creo que se ha demostrado en la práctica que ambas entidades pueden existir y que la fusión ya no es necesaria. Sí es necesario tener en cuenta cuáles funciones deberían quedar para cada entidad y, ver hacia el futuro temas como el voto voluntario y el voto electrónico, que sin duda obligarán a modificar la organización electoral. Por lo pronto, el JNE no tiene el respaldo de las otras fuerzas políticas para la reunificación, pero el respaldo presidencial puede inclinar la balanza a su favor, aunque sin tomar en cuenta criterios técnicos. Es necesario un debate mayor sobre este tema, a fin de tomar la mejor decisión posible.

Opositores, Constituciones y Reformas

Uno a veces se pregunta si Alan García busca no tener oposición o se contenta con la que hay, por ser funcional a sus intereses personales.

Esa es la impresión que me dejó la reunión de ayer en Palacio sobre Reforma del Estado. Tal como lo preveía, más allá de la foto y el gesto político, poca sustancia, salvo la aprobación de la Ley del Poder Ejecutivo que puede ayudar a recomponer las cosas dentro del aparato estatal.

Para lo que ha servido esta reunión es para resucitar - es un decir - a Ollanta Humala como líder opositor.

El comandante ha estado durante los últimos seis meses más perdido que integrante de la Trinchera Norte en tribuna sur de Matute. Sus declaraciones, más allá de letánicas críticas al APRA por no aplicar el programa nacionalista, no han causado efecto y lo han desdibujado.

Peor aún, parece que sus alfiles Gonzalo García Nuñez y Carlos Tapia no logran controlarlo o lo han asesorado para que se radicalice. Y la jugada le viene rindiendo malos resultados.

Humala se ha empecinado en el tema de la vuelta a la Constitución de 1979 a través de una Asamblea Constituyente, que señala que es una bandera aprista. ¿Y que dice el Plan de Gobierno del APRA sobre la materia?:

“El Partido Aprista Peruano promoverá que se otorguen facultades constituyentes al nuevo Congreso para restituir la Constitución firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, actualizándola a las necesidades de un Estado promotor, regulador, descentralizado y democrático; que el pueblo peruano sienta que está a su servicio y participe en las decisiones y beneficios de sus políticas, programas y proyectos”.

Sin embargo, el APRA ha dejado esta bandera de campaña y creo que hace bien en dejarla.

Es cierto que la Constitución de 1979 tiene un valor simbólico mayor que la Constitución de 1993. La primera fue la resultante de una transición a la democracia y fue finalmente firmada por quien fue elegido como Presidente Constitucional en las elecciones de 1980. La segunda fue producto final de un golpe de Estado y de un régimen que no dudó en violarla cuando se le antojó.

Pero es también cierto que, autoritarismos y fraudes de origen al margen, bajo esta Constitución se logró vacar a Fujimori y permitir la formación del gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua. Y han pasado dos gobiernos democráticos en Palacio - incluyendo al actual - que han respetado esta norma con escrupulosidad. La práctica ha “legitimado” a la Constitución de 1993, pero ello no ha impedido que se hagan reformas parciales importantes, tales como:
- La anulación de la reelección presidencial inmediata, el principal defecto de dicha Constitución.
- La supresión de la firma de Fujimori, por su permanente incapacidad moral.
- El cambio del capítulo sobre descentralización, que ha permitido el proceso que hoy, a trompicones, está en marcha.
- El cierre del régimen de cédula viva para los pensionistas del Decreto Ley 20530.
- La potestad tributaria de gobiernos regionales y locales.
- El derecho a voto para militares y policías.

Asimismo, debe tenerse en cuenta el Proyecto de Constitución elaborado por la Comisión presidida por Henry Pease para este propósito. Este proyecto mantiene lo mejor de las Constituciones de 1979 y 1993 y hace la reforma con los mecanismos de esta última. Los trabajos de aprobación estaban bastante avanzados, como pueden verse aqui, e incluían un capítulo económico - el quid del asunto para Humala - elaborado bajo la supervisión de Jorge del Castillo y que es sustancialmente mejor que los de las cartas anteriores. Creo que es necesario culminar con este debate, explicando a la ciudadanía la conveniencia de hacer cambios parciales, fundamentalmente en 4 áreas centrales:
- Administración de Justicia
- Definir por una o dos cámaras en el Congreso.
- Mejora de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución.
- Régimen Económico, sobre la base del proyecto Del Castillo.

Por lo demás, no es cierto que la Constitución “entregue” los recursos naturales a las empresas trasnacionales extranjeras, como lo dijo Humala ante la mirada de una perpleja Rosa María Palacios. El complejo de Adan que tienen los políticos peruanos los quiere hacer autores de la Constitución propia, sueño acariciado por todo aquel que tiene aspiraciones de trascendencia o por quien quiere convertir al Estado en su botín particular.

La Constitución de 1993 carece del consenso social para mantenerse tal como está, en eso estamos de acuerdo. Pero no creemos que cambiando la Constitución van a resolverse de manera automática - cual Harry Potter - los problemas del país, como lo intenta presentar Ollanta Humala. Es necesario fijar un marco de consensos básicos, pero mejor aún es pensar en políticas que nos saquen del marasmo en que estamos. En ello el líder nacionalista padece de una alarmante escasez de ideas.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Humala, apágate.
Francisco Eguiguren: No hay crisis política que justifique Asamblea Constituyente.
Susana Villarán: ¿Pichanguita o partido de fondo?
Henry Pease: En desacuerdo con Asamblea Constituyente.
Gran Combo Club: Reformas del Estado y casilleros vacíos.
Mario Castillo Freyre (PPC): Sería nociva reforma constitucional como la plantea Humala.

Una añeja pelea, un proyecto inoportuno, un falso dilema

Ya sé, vieron el titulo y de seguro van a cambiar de canal (o de blog). Pero ya era tiempo de un tema que escapa (en algo) a la politiquería (y ausencia de temas políticos) de estas semanas.

Contemos la historia por partes.

Entre 1930 y 1995, todas las elecciones celebradas en el Perú las organizaba el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Al mismo tiempo, el JNE tenía la facultad de resolver cuanto reclamo en materia electoral hubiera. Es decir, era juez y parte en estas elecciones.

El JNE tuvo un buen periodo entre 1979 y 1990, cuando todas las elecciones que se celebraron en esa época no tuvieron visos de fraude alguno. Pero también tuvo baldones, como la amarrada elección de 1950, donde Odría - único candidato - fue “elegido” Presidente, o la elección parlamentaria de 1995, donde más de un millón de votos se “perdieron”.

La Constitución de 1993 separó al otrora superorganismo en 3: la RENIEC, que no es otra cosa que el Registro Civil (donde sacas tu DNI o tu duplicado), la ONPE, que se encargaría de organizar las elecciones y el JNE, que tendría la función de justicia electoral.

Desde esa época, el JNE ha reclamado, piteado, sacado comunicados y poco le faltaba hacer una marcha para que lo devuelvan a la situación de “super JNE”.

Es cierto que, en la época en que se dio este cambio, la intención no fue técnica sino política. Vale decir, manejar los organismos electorales a fin de hacer que las votaciones del Chino se inflaran como la espuma. Juristas como Valentín Paniagua denunciaron esta intención en escritos académicos y no académicos. Las elecciones del 2000, que fueron un fraude de principio a fin, confirmaron la hipótesis del recientemente fallecido ex Presidente.

Pero, también es cierto que con una o con tres instituciones electorales, el fujimorismo manipularía las elecciones de la re-reelección. No solo puso su gente en la ONPE, sino que por lo menos 3 magistrados del JNE pasaron por la salita del SIN y no precisamente a tomar té y galletitas con Vladimiro.

Pues bien, los procesos electorales manejados por la ONPE luego que regresara la democracia (es decir, de 2001 hasta hoy) han sido medianamente eficientes y constituyen la prueba de que, en efecto, era necesario contar con un organismo independiente que organizara las elecciones, distinto del encargado de resolver los litigios electorales.

Sin embargo, la ambición del JNE por volver a ser la entidad que otrora fue, sumado a las contradicciones sobre competencias que existen en la Ley Orgánica de Elecciones, dan motivo a que, de cuando en cuando, JNE y ONPE se jalen de las mechas (en especial, el Presidente del JNE contra el jefe de la ONPE).

Pero el nuevo capítulo en esta historia larga de peleas ha sido un proyecto bastante inoportuno presentado por la Celula Parlamentaria Aprista. Es decir, con la venia de Alan.

Inoportuno por dos razones. La primera, la oportunidad. Estamos a un mes de las elecciones y eso de exacerbar conflictos entre instituciones electorales como que no es muy proper a esta altura del partido. La segunda, lo que dice: se trata de una reforma constitucional para liquidar la OPNE y volver al “super JNE”.

La tendencia en América Latina es que ambas funciones se separen en dos entidades distintas. Y la verdad, con los resultados tan apretados que tenemos ahora en nuestras elecciones (México y Ecuador son el mejor ejemplo de ello), es mejor que así sea. Por lo demás, es técnicamente mejor que dichas funciones estén en dos organismos separados, a fin de brindar mayores garantías de que lo que tú decidiste sea lo que se refleje en el resultado final.

¿Otro proyecto al aire en el APRA, escuché por allí?