CASO 1: SEGURO INTEGRAL, ¿DE CORRUPCION?
El blog Pepitas punto com me informa sobre algo que no vi ayer en Prensa Libre - porque estaba avanzando con la tesis - y que ya había llegado a este Tercer Piso: un escandalo de corrupción que involucra al ex jefe del Seguro Integral de Salud Julio Espinoza Jiménez.
Según lo registrado en el programa de Rosa María Palacios, Espinoza realizó una licitación aprovechando la emergencia por el terremoto en el sur para favorecer a la empresa Plamol SRL. Esta compañía se dedica a fabricar zapatos, pero fue favorecida con la compra de raciones de alimentos. Para completar el cuadro, la compra fue sobrevalorada.
Claro, el Ministro Vallejos dice que Espinoza salió a finales del mes pasado. Pero no dijo algo que el portal Perú al Día registra:
El saliente jefe SIS Dr. Julio Espinoza Jiménez tuvo la oportunidad de abordar a los funcionarios que elaboran el PEI, a quienes explicó la razón de su salida y calificó como traición la actitud de dos funcionarios que evadieron su responsabilidad y se encargaron de enlodar su gestión con chismes y mentiras llevados a las altas esferas del gobierno.
“Hace poco a través de Internet se pretendió involucrar a mi persona y otros funcionarios en actos de corrupción, so pretexto de haber apoyado decidamente a los damnificados del sur”.
Es decir, ya sabía porque lo reemplazaban por Esteban Chiotti.
CASO 2: BENEDICTO SIN RESGUARDO
Ya saben que Benedicto Jimenez no es precisamente santo de mi devoción. La buena imágen que tenía de él se derrumbo cuando se conoció sus chantajes vía audio, sus posibles conexiones con Fernando Zevallos y el copamiento aprista del INPE.
Caído en desgracia, sin embargo, no debe dejar de reconocerse que Benedicto fue una de las personas que ayudo más a la captura de Abimael Guzmán y que, por tanto, alguna medida de seguridad tiene que tener.
Como informa el Area de Seguridad Ciudadana del IDL Jiménez solicitó al cuestionado Ministro del Interior Luis Alva Castro, en dos oportunidades, la restitución de la seguridad personal para él y su familia. Además de que los remanentes de Sendero Luminoso podrían tenerlo en la mira, sus recientes declaraciones contra el Grupo Colina en el juicio que se les sigue por violaciones a los derechos humanos aumentan los peligros para el ex policía.
¿Y qué ha hecho Alva Castro? Pues ha cumplido con la característica central de su gestión: nada.
A tal punto ha llegado el malestar del sheriff que le ha enviado una carta a Jorge Del Castillo con esta frase: “… el ministro del Interior, me ha hecho comprender que la palabra “confraternidad”, que enseñara el maestro y fundador del aprismo, Víctor Raúl… está más vacía que nunca, para mí, al menos carece de significado”
En el dolor, ¿hermanos?
CASO 3: TORPEZA RADIAL, PATINADA GUBERNAMENTAL
Mientras el caso Majaz sigue conscitando la atención por las tensiones ambientales y periodísticas que conscita - siguiente capítulo: la disputa sobre que ocurre en Tambogrande como ejemplo de lo que puede pasar en Majaz: ver artículo de la República y post en el Utero - dos pleitos entre periodismo y gobierno acaparan la atención.
El primero tiene que ver con la negativa de Radio Cutivalú a pasar un spot publicitario del Ministerio de Energía y Minas sobre la consulta popular en Majaz. El debate se centró sobre si había una censura al Estado - cuestión que parece dificil de sostener jurídicamente, dado que el Estado no tiene derechos fundamentales - o si es que había una falta de equilibrio informativo de la estación radial.
Tanto el Instituto Prensa y Sociedad como Augusto Alvarez Rodrich, bajo criterios similares, han indicado que Radio Cutivalú tenía el legítimo derecho de decidir pasar o no publicidad estatal - lo que no quita que es siempre mejor tener equilibrio informativo, al margen de la línea editorial de cada medio - y, como agravante del caso, el anuncio publicitario no tenía a un responsable sindicado y, además, contenía información falsa. Rosa María Palacios ha expuesto otros argumentos que intentan señalar que la publicidad estatal sobre el ejercicio de derechos políticos sí estaría cubierto bajo el mismo manto protector de la libertad de expresión (es decir, no podría ser objeto de “censura previa”) e indica que la publicidad engañosa puede ser sometida a INDECOPI, pero no a un filtro de parte del dueño. Como dice Rosa María al final de su intervención, este es un caso como para que el Tribunal Constitucional determine los alcances de la publicidad estatal.
El segundo caso se ha producido en Pisco. A través de las ondas de Radio Orión se propagaba el rumor de que la intensidad del terremoto en Pisco había sido mayor a 8 grados, con lo que los pobladores podrían reclamar la condonación de sus deudas. Claro, una mentira del tamaño de una catedral. ¿Consecuencias? Ayer, de madrugada, Radio Orión fue cerrada. Y aunque viene siendo claro que esta estación operaba de manera tal hace varios años, la oportunidad en que se produjo este hecho parece ser inoportuna, dado que la radio era bastante crítica de la acción del gobierno en la zona del desastre y, claro, ha terminado sacando las suspicacias a flote.
A tal grado llegan las patinadas que el habitualmente mesurado El Comercio ha sacado un editorial indicando su alarma por estos hechos que, claro, hay que sacarlos del esquema “mis amigos de mis enemigos son los buenos” y verlos en todos sus matices. Igual, el gobierno termina siendo, una vez más, su propio complotador.
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