Desde el Tercer Piso

Un balance sobre las políticas de relaciones exteriores, defensa y seguridad en el primer año de Alan García

Nota: Con este artículo, comienza una serie de balances sobre el primer año de gobierno de Alan García que durará esta semana y que se alternará con los temas de coyuntura

¿TENEMOS POLITICA EXTERIOR?

Esta pregunta cabe hacérsela, dado que la política exterior parece haber pasado a un segundo plano en lo que respecta a este gobierno.

Alan García es alérgico a los viajes al exterior, cuestión que dista mucho de la proyección continental que quiso tener en su primer gobierno. Tal vez esa alergia a todo aquello que tuvo que ver con dicho periodo hizo que el Plan de Gobierno del APRA en esta materia fuera, por decir lo menos, bastante austero.

Si bien la reducción de los viajes de Alan - y el ridículo debate sobre el avión presidencial - permiten ajustar ciertos gastos, lo cierto es que Perú parece haber perdido iniciativa y brújula en la política exterior. Hecho sintomático: el abrazo de la paz que Alan tuvo con Chávez hace unos meses, que dio verguenza a quienes creemos que en Venezuela gobierna un dictador. Y la Cancillería - que tiene una prudencia que linda con lo pusilánime - no dijo una sola palabra sobre el cierre de RCTV.

Peor aún, García no quiso convertirse en el líder democrático de América Latina y ha terminado recluido en las cuestiones meramente domésticas y dando trastadas que lindan con lo autoritario.

De otro lado, las relaciones con Chile, que parecían quererse manejar por cuerda separada, han terminado agriadas por incidentes respecto a los límites marítimos y terrestres. La decisión para ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya se mide con pasos de plomo, por temor a los termocéfalos de uno y otro lado de la frontera. La relación con los demás vecinos casi no ha existido, con excepción del eterno debate: ¿Permanecemos o no en la Comunidad Andina de Naciones?

Con Estados Unidos, la relación se ha medido en un solo tema: TLC. Y las cosas se le complicaron al gobierno luego de que los demócratas ganaran las elecciones parlamentarias. Se tuvo que negociar una adenda que mejora en mucho algunos capítulos del Tratado, pero se ha desperdiciado mucho tiempo con las idas y venidas que se tuvo con la presencia de Hernando de Soto - hasta ahora inexplicable - liderando el llamado TLC hacia adentro.

Finalmente, con la región Asia Pacífico se han cometido serios errores, tomando en consideración que la cumbre de APEC será en Lima el próximo año. Por un lado, la militarización de la cumbre (con licitaciones libres de control) a cargo de Giampietri. Del otro lado, (y en eso tengo que darle la razón a Aldo Mariátegui), fue un serio error no enviar a alguien de peso a la cumbre de este año, celebrada en Australia.

En suma, como mucho en el país, hemos funcionado reactivamente en el plano exterior. A mi modo de ver, esto no pasa solo por un Canciller de real perfil bajo, sino por una decisión presidencial abierta de no comprometerse mucho en los temas externos. Y ello, en un contexto de globalización, es no tener una visión de futuro.

DEFENSA: CARRERA DE CABALLOS, PARADA DE BORRICOS

Uno de los despachos que inició mejor su tarea fue el de Defensa. La llegada de Allan Wagner - un experto diplomático - acompañado de un equipo civil bastante eficiente en términos académicos y administrativos auguraba una gestión civil en Defensa que hiciera cambios puntuales.

Y, en verdad, así pareció vislumbrarse. A pesar de ciertos obstáculos preliminares - tanto desde adentro como de la prensa pro Fuerzas Armadas - se pudo maniobrar para comenzar con una reforma administrativa del sector Defensa, que buscaba definir amenazas reales y trabajar por resultados. Asimismo, se superó una crisis importante por malos manejos en compra de gasolina en el Ejército, lo que ocasionó un relevo generacional que parecía ser esperanzador en la reforma no solo de la operatividad, sino también de la mentalidad militar.

Sin embargo, tengo para mí que la gestión de Wagner se vio frustrada el día que Alan García lo cuadró en público por señalar que la operatividad de las Fuerzas Armadas era en vano. Ese día Wagner desdibujó su perfil reformista y optó por su permanencia en el cargo, a cambio de callarse la boca.

Así, la presencia del Ministro se ha visto aminorada. Si bien vienen haciendose esfuerzos para aprobar normas que ordenen las cosas en las Fuerzas Armadas, el esfuerzo de reforma inicial parece haberse perdido. En Inteligencia, más allá de la rápida reacción frente a las denuncias de venta de información en la Marina, no se vislumbran cambios en esta materia, que parece ser dominada por los intereses privados y por los agentes paralelos.

Como colofón, Wagner apareció desubicado en el tema Quijano, primero avalándolo y luego mostrándose en contra de la censura. Sin duda, poco queda del ministro que llegó con ideas en agosto y que hoy parece estar flotando por su permanencia.

SIN POLITICA DE SEGURIDAD INTERIOR

El gobierno se inició con una incógnita: Pilar Mazzetti en Interior. A su favor, jugó el hecho de su honestidad y su buena gestión al frente del Ministerio de Salud. En su contra, estaba su desconocimiento del sector Interior.

Al final, lo segundo termino pesando bastante, dado que nunca pudo articularse una política de seguridad ciudadana clara ni una reforma en el Ministerio del Interior. Lo mismo ocurrió con las medidas frente a los remanentes de Sendero Luminoso.

Y en relación con lo primero, la denuncia sobre la compra de patrulleros sobrevalorados y su pésimo manejo político sobre este tema terminó liquidando la permanencia de la neuróloga a cargo del despacho.

Su reemplazo, Luis Alva Castro, no ha distado mucho de la falta de cambios en su cartera. Pero su permanencia estuvo atada a dos factores: su agenda propia dentro del Ministerio, como contrapeso a Jorge del Castillo; y, por otro lado, el exitoso operativo de recuperación del Mercado de Santa Anita.

Sin embargo, su ausencia en el tema narcotráfico ha sido clamorosa, la distritalización de la policía linda con la burla y la previsión policial frente a los conflictos sociales fue nula.

Finalmente, las recientes medidas sobre seguridad ciudadana, muchas de ellas efectivas, han quedado ocultadas por los mamarrachos hechos por el gobierno en materia de represión a los conflictos sociales.

Otra área en la que AGP deberá darnos más de una explicación este sábado.

La semana pasada, 59 países firmaron en París la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada. Este es un instrumento de carácter internacional y pretensiones universales que condena la desaparición forzada como una práctica vulneratoria de los derechos humanos.

Puede definirse la desaparición forzada como la privación de libertad de una o más personas cometida por agentes del Estado o por quienes actúen con su autorización, apoyo o tolerancia, así como por particulares o miembros de organizaciones subversivas. Dicho acto es seguido por la falta de información o la negativa a reconocer la privación de libertad o informar sobre el paradero de la persona. Tal ausencia de información o negativa impide el ejercicio de los recursos legales y de los mecanismos procesales pertinentes. La definición comprende a las víctimas cuyo paradero continúa desconocido, aquellas cuyos restos fueron encontrados y aquellas que recuperaron su libertad

El tratado suscrito la semana pasada señala que ninguna situación excepcional, conflicto armado o inestabilidad política justifica el uso de esta práctica. Los Estados partes se obligan a investigar las desapariciones forzadas y a colocar en su legislación penal como delito la desaparición forzada. El tratado es bastante completo e incluye otras obligaciones que no es necesario detallar para comprobar su importancia.

La desaparición forzada surgió como una práctica sistemática y generalizada contra los derechos humanos durante la II Guerra Mundial. El famoso operativo nazi “Noche y Niebla”, dado contra los judíos en la llamada “solución final”, fue la primera directiva conocida sobre esta práctica y fue materia del procesamiento de los jerarcas nazis en el famoso Juicio de Nuremberg.

Serían las dictaduras latinoamericanas las que harían de la desaparición forzada una práctica conocida en el mundo. Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Uruguay fueron algunos de los países que padecieron esta vulneración de los derechos fundamentales.

¿Qué derechos vulnera la desaparición forzada de personas? El derecho a la libertad personal, al privarse a una persona de su libertad con total arbitrariedad y sin autorización judicial; las garantías judiciales, al imposibilitar el derecho de defensa del detenido; la prohibición de tratos inhumanos, crueles o degradantes, pues la víctima es aislada del mundo exterior y llevada a un lugar donde es ocultada, configurando el mero hecho del aislamiento un elemento que añade inseguridad y temor a la víctima; y, casi con seguridad, el derecho a la vida, pues el desaparecido, por lo general, es ejecutado extrajudicialmente.

Ello fue lo que ocurrió en nuestro país durante el conflicto armado interno. Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los agentes del Estado emplearon la desaparición forzada de personas de manera sistemática y generalizada como parte de los mecanismos de lucha contrasubversiva. Nos encontramos ante un patrón de conducta, que tuvo carácter generalizado y sistemático entre 1983 y 1985, así como entre 1989 y 1993.

En el primer periodo, esta practica se produjo de manera masiva e indiscriminada en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. En el segundo periodo, se hacían procedimientos más selectivos, pero igualmente sistemáticos y concentrados también en las grandes ciudades.

La desaparición forzada de personas es considerada un crímen de lesa humanidad por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Nuestro ordenamiento penal la considera un delito, pero la tipificación parece ser inadecuada, toda vez que se señala que:
a. El autor del delito sólo puede ser un funcionario público.
b. No se establece que la desaparición forzada es la privación de libertad seguida de la negativa de información sobre la detención o el paradero de la persona.
c. Se emplea el término “debidamente comprobada”, inadecuado, pues la naturaleza de la conducta, basada en la privación de libertad de una persona y seguida por la negativa de la misma o de la falta de información sobre la detención o sobre el paradero del desaparecido, hace que la prueba de la desaparición forzada sea casi imposible.

Afortunadamente, ya el Poder Judicial ha sentenciado dos casos - Ernesto Castillo Paez y Chuschi - interpretando este delito de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, supliendo los defectos de la legislación peruana. Estas sentencias están pendientes de

Como vemos, el tema tiene una suma importancia para la preservación de la vida y de otros derechos en el mundo. Y en nuestro país con especial cuidado, dado que durante el conflicto armado interno nos convertimos en la nación con el triste record de mayores denuncias por desapariciones forzadas ante el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre esta materia.

Y a pesar de ello, adivinen que país latinoamericano no está en la lista de firmantes. El nuestro. A pesar de lo antes anotado, nuestra Cancillería vuelve a convertir a la política exterior peruana en un hazmereir: Chávez nos insulta, Alan lo abraza en Cochambamba; tenemos la demanda lista ante La Haya para el tema marítimo con Chile, no iniciamos el proceso judicial; el TLC necesita un impulso, pero se contrata a la peor persona para el cargo. Y ahora, luego que casi todos los países latinoamericanos que tuvieron el problema de las desapariciones forzadas suscriben la Convención Internacional que las proscribe y que obliga a los Estados a perseguirla, el único florón de la corona que no lo hace es el Perú, por culpa de un canciller varado en solo Dios sabe que galaxia del espacio exterior.

Sin duda, una raya más al tigre y un baldón más para el Canciller José Antonio García Belaúnde, que, a contrario de lo que dijo cuando asumió el cargo, demuestra tener poco manejo de la política exterior, si es que esta existe.

Chile - Perú: el límite pendiente.

Nuevamente un incidente infeliz puso sobre la mesa el tema de nuestras anormales relaciones con el vecino del sur.

Y es que la deconfianza - aparentemente mutua - que sentimos unos con los otros alienta a que cualquier error sea objeto de inmediata suspicacia.

Esta vez el error fue una propuesta de la Presidente Michelle Bachelet para modificar la demarcación territorial chilena. La antigua I Región, Tarapacá, se dividiría en dos, dando paso a la XV Región de Arica y Parinacota. El problema se da cuando se ponen los límites de dicha región:

“Al Norte: el límite con Perú, desde el paralelo del Hito Nº 1 en el Mar Chileno hasta el Hito Nº 80 tripartito de la frontera con Bolivia”.

Y es que con la proyección desde el paralelo el Hito N° 1, perderíamos territorio marítimo. La posición peruana es que esta proyección debe hacerse desde la Línea de la Concordia, que es la que fija el límite de acuerdo al Tratado de Lima de 1929.

Si no fuera porque el Tribunal Constitucional chileno declaró inconstitucional la norma por un tema meramente formal - no vio el tema de los límites - ahorita seguiríamos en una escalada de calificativos y los termocéfalos de ambos lados estarían ya incitando a sus ejércitos a comprar armas, a romper relaciones, a llamar a nuestro embajador. Bueno, la de siempre que tenemos algún pleito, aunque sea por el pisco o el suspiro a la limeña.

Voces que van desde César Hildebrandt a Aldo Mariátegui reclaman hacer lo que la sensatez reclama: solucionar este problema de una buena vez. Lo que implica que Perú contrate un buen estudio de abogados y demande a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para fijar sus límites marítimos.

Por lo que nuestros amigos en Torre Tagle nos han podido contar, Perú, durante el gobierno de Toledo, ya hizo los contactos con estudios de abogados, formó comisiones asesoras e incluso la demanda ya estaría redactada.

Entonces, todo depende de que el canciller José Antonio García Belaúnde proceda a dejarse de tanta pusilanimería que parece rondar por los predios de la política exterior peruana y de una vez haga lo tenga que hacer.

Y esto no va a afectar nuestras relaciones con Chile, como algunos agoreros señalan. Todos los días, los países se demandan unos a otros por diversos tipos de controversia. La Corte Internacional de Justicia fue establecida para evitar que estas controversias se solucionen mediante las armas. Si el mecanismo existe y, además, se tiene una posición sólida sobre el tema, es momento de iniciar el proceso.

De lo contrario, seguiremos arrastrando al país en odios ancestrales que no conducen a nada y la relación con Chile seguirá entrubiada por varios años.

MAS SOBRE EL TEMA:
Editorial de El Comercio: Perú y Chile no pueden desviarse del objetivo integrador.
César Hildebrandt: La Cruz del Sur.
Mirko Lauer: Platos Rotos y Panes Fríos.
Aldo Mariátegui: A la playa y a La Haya.
J.J. Martinelli: Desencuentros Perú - Chile: ¿hasta cuando?

En aproximadamente 20 días, el 16 de octubre, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas elegirán a 5 de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Actualmente, Perú ocupa una plaza en esta importante instancia internacional por dos años, que culminarán a fines del 2007.

En teoría, el Consejo de Seguridad debía ser el garante de la paz y la seguridad internacionales, siendo el único medio legítimo que tenía la comunidad internacional para autorizar el uso de la fuerza de manera colectiva en los únicos casos que la Carta de la ONU permitía: amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión.

Desafortunadamente, tres factores han complotado para que este mecanismo tenga los resultados que la humanidad esperaba hace 60 años:
a) El sistema de veto otorgado a Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, que permite que la oposición de una de las 5 potencias pueda paralizar cualquier intento de acción frente a amenazas a la paz internacional, aunque, también hay que reconocer que el veto muchas veces ha servido como freno a insensateces.
b) El juego político que todos los países han utilizado en la ONU, desnaturalizando sus propósitos iniciales y convirtiéndolo en un escenario más de las disputas entre países.
c) La negativa, en los últimos años, de Estados Unidos - potencia hegemónica en lo militar - en aceptar las resoluciones de la ONU, en particular, en los casos de Irak y frente a Israel.

El segundo factor, referente al juego político y a las rencillas entre países, nuevamente surge a la luz con motivo de la elección antes mencionada.

Para ocupar el asiento que dejará vacante Nicaragua, se han presentado dos candidaturas latinoamericanas, que representan ciertamente dos polos opuestos en la forma como América Latina quiere ver su relación con el resto del mundo, en particular, con Estados Unidos.

Por un lado, tenemos a Guatemala, país que tradicionalmente se ha alineado con todo lo que se diga desde la Casa Blanca. Fue uno de los países que apoyó la invasión anglo-norteamericana a Irak y envió tropas a Bagdad. Es uno de los países que no reconoce a China Popular, sino a Taiwan, lo que complica su situación dentro del concierto internacional, en particular con Asia.

Por otro lado, encontramos la candidatura de Venezuela, país dirigido por el autócrata Hugo Chávez, cuyo discurso es contestatario frente a los Estados Unidos, que no duda en tomarse fotos con personajes como el Presidente de Irán, con aspiraciones de liderazgo continental, pero que es uno de los principales abastecedores de petróleo hacía el país a cuyo Presidente trata de “borracho” o alcohólico para abajo.

La situación no es nada fácil para nuestro país. Perú quiere mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero sin llegar a los extremos de alineamiento guatemalteco o a los que, por temporadas, tenía Alejandro Toledo con “su amigo George”. Pero votar por una país cuyo Presidente regala epitetos al nuestro y ahora acusa de fraude electoral sin ningún fundamento, tampoco es una posibilidad que nuestro país, por el momento contempla.

La salida, como lo ha anunciado el canciller García Belaúnde, será el impulso de una candidatura de consenso, que permita mantener un margen de juego equistante de ambos polos a la mayor parte de países de América Latina. De concretarse esta posibilidad, se habrá dado un buen paso para evitar caer en el juego que el vaquero de Texas y el petrolero de Caracas intentan hacer con el resto del continente. ¿Qué país será el elegido?

(Foto: Canciller García Belaúnde en la Asamblea General de la ONU - UN Photos)