Desde el Tercer Piso

La cada vez más cuestionada compra de patrulleros

La semana pasada, este blog presentó una serie de datos que alertaban sobre algunos cuestionamientos sobre el proceso de compra de nuevos patrulleros para la Policía Nacional.

Así, la semana pasada se descubrió que:
- Gun Supply, una de las empresas que integra el consorcio ganador, fue una de las involucradas en la contratación de personal de seguridad peruano a Iraq, con apoyo logístico del Ejército. El gerente de esta empresa, un marino en retiro es el representante oficial del consorcio.
- La otra empresa integrante de los ganadores, Daewoo International Corporation, no trae vehículos al Peru desde hace varios años, por lo que es difícil establecer un precio de mercado que permita ver si hubo o no sobrevaluación.
- A pesar de ello, habían algunos aspectos poco claros que sí merecían destacarse, como la compra de automóviles chinos - cuya calidad es poco menos que dudosa - o el precio de equipamiento de los autos.

Pues bien, para terminar de aclarar las dudas, en medio de los festejos por el Aniversario Patrio, el Area de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, dirigida por el periodista Gustavo Gorriti, ha publicado un completo reportaje sobre la subasta que desnuda más cosas sobre esta compra, ya a todas luces irregular.

Además de confirmar los datos que hemos difundido en este espacio, me llama mucho la atención algo que dice sobre los automóviles Geely, una de las dos marcas chinas:

Según una nota firmada en septiembre de 2006, por Ann Job en la publicación especializada Robb Report, sobre el ingreso de autos chinos al mercado estadounidense, el primer auto chino en exhibirse en Estados Unidos fue precisamente el Geely. Ello se dio en el North American International Auto Show, en enero de 2006. La periodista describe al Geely como “un auto japonés de hace 15 años… con asientos que se sienten baratos… y un diseño utilitario que no va a conmover a los usuarios estadounidenses”.

En esa feria automotriz, mejor conocida como el Detroit Auto Show, estuvieron presentes Shufu Li, el principal ejecutivo de la automotriz Geely, y John Harmer, el jefe de la futura operación en Estados Unidos. En una concurrida conferencia de prensa reconocieron que: a) el modelo CK 2006 no cumple con regulaciones ambientales y de seguridad de Estados Unidos, y que la compañía esperaba alcanzarlos dentro de los siguientes 18 meses, b) que esa generación de sedán CK era la tercera y que solo la quinta entraría al mercado gringo.

En otras palabras, la Policía tendrá un auto de mala calidad, al que van a estar arreglando a cada rato, con repuestos que vamos a tener que importar de China, dado que esta marca recién está llegando al Perú.

Y sobre el otro auto chino, IDL dice lo siguiente:

De las camionetas Huanghai se sabe mucho menos, dado que no se venden en el Perú y no hay información de que estén todavía circulando en el hemisferio. La compañía se presenta como un grupo propiedad del Estado chino, fundada en 1952, especializada en la fabricación de autobuses. En efecto, a mediados de los 80, llegaron algunas docenas de autobuses de esa marca, que no funcionaron bien y que fueron sacados de circulación.

A todas luces, esta compra es aún peor que la hecha por Pilar Mazzetti. En la primera se podía cuestionar, además del precio, el hecho de que fueran autos de lujo, destinados más a las ciudades que al patrullaje rural. La compra de Alva Castro intenta cubrir este déficit, pero termina comprando chatarra de mala calidad y, encima, más cara que las camionetas Tucson.

Si Alva Castro no fuera compañero, hace rato que lo habrían sacado por esto.

Ola de detenciones en Lima

El día de hoy, las paralizaciones y protestas en Lima han terminado con sendas detenciones. Una de ellas, justificada, las otras no tanto.

La primera se produjo en contra de Robert Huaynalaya, el controvertido secretario general de la facción radical del SUTEP, por alteraciones del órden público.

Como informa hoy Correo, el dirigente tiene algunas perlas que aclarar con la justicia:

Según el expediente 10339-2004 del Segundo Juzgado Penal de Huamanga, el sutepista Robert Huaynalaya azuzó a sus huestes para que tomaran e incendiaran la sede de la Corte Superior de dicha ciudad, además de atentar contra otras entidades públicas, causando cuantiosas pérdidas materiales entre el 22 y 26 de junio del 2004.

Frente a tales hechos, la procuraduría pública a cargo de asuntos de terrorismo del Ministerio del Interior denunció penalmente a Huaynalaya ante la fiscalía de turno de Huamanga, acción que determinó que en diciembre de ese año se le abriera instrucción por el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de “terrorismo”.

Pero la pugna entre facciones sutepistas no se ha detenido. Según informa El Comercio, un grupo de maestros culpó a Luis Muñoz, el secretario general del SUTEP, de tenerle una trampa a Huaynalaya, para que pueda ser detenido.

Paradójicamente, a los pocos minutos, también Muñoz y otros miembros de Patria Roja eran llevados a la misma comisaría donde estaba Huaynalaya, también acusados de atentar contra el orden público.

Pero donde la actuación policial parece haber cometido un serio exceso es con el ex congresista Javier Diez Canseco. El presidente del Partido Socialista fue detenido en la propia comisaría de San Isidro, cuando fue a averiguar por la situación de los maestros detenidos. Según la Policía, Diez Canseco cometió una agresión contra los agentes de la Policía, pero las versiones llegadas aquí nos informan que fue más bien el dirigente de izquierda el que fue objeto de vejámenes.

Aunque este espacio ha estado en contra de la huelga de maestros y de las demandas radicales de algunos sectores, no comparte algunos de los métodos empleados el día de hoy frente a las protestas sociales, sobre todo, en el caso de Javier Diez Canseco. La Policía debe saber actuar con inteligencia, para no confundir a requisitoriados con personas que, aunque radicales, no habían cometido ningún acto delictivo.

POSTDATA: Miren el Utero de Marita, donde se toma con mayores pinzas la versión de Javier Diez Canseco. Pero sobre todo, comparto el comentario final, que coincide con lo dicho por el blogger Fantomas: ¿Qué hace JDC con Humala y los chavistas (y sigue apoyando a Castro)? Pregunta que explica porque nunca voté por Javier Diez Canseco, a pesar de parecerme un tipo honesto.

Acaba de concluir el desalojo de los comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita. La Policía Nacional ya tiene el control del centro de abastos.

Caben destacar dos cosas.

La primera, un impecable operativo policial, donde la sorpresa y el respeto de los derechos fue la clave. Solo han existido personas afectadas por los gases lacrimógenos. No se reportan heridos. Gran mérito de la Policía y del jefe de la Séptima Región Policial, Octavio Salazar.

El segundo, es que no hubo la resistencia que se temía. Los comerciantes han salido pacíficamente del lugar en la mayor parte de los casos, con sus cosas y los menores de edad. El tiempo y la falta de agua y luz han hecho que la resistencia de los ocupantes sea mínima.

La única nota negra de la jornada ha sido el alcalde Luis Castañeda Lossio, quien ha pretendido ganarse glorias con ave marías ajenas. Durante todo el tiempo que duró la situación de tensión no dijo una sola palabra y hoy aparece 22 minutos antes del operativo en RPP para decir que participó en la coordinación. Fuentes cercanas a este espacio desmienten la versión del burgomaestre y confirman que la acción fue coordinada sólo por la Policía.

Y claro, es hora de comenzar a pensar en el costo social que todo esto conlleva. Si bien se cumplió con el objetivo, habrá que ver que hacemos con los comerciantes, que también tienen derecho a chambear y muchos de ellos han terminado siendo las víctimas de los inescrupulosos que vendieron el terreno.

ACTUALIZACION (11:20 AM):

Según reporta El Comercio, el operativo policial se ha desarrollado sin violencia y sin heridos de consideración.

Perú.21 destaca la rapidez del operativo, así como el decomiso de bombardas y bombas caseras durante la incursión policial. Se brinda un informe Minuto a Minuto de los hechos.

RPP Noticias informa que hasta el momento son 14 los detenidos.

SEGUNDA ACTUALIZACION: (03:10 p.m.)

Al borde del final de la mañana, se infomó sobre la detención de Fernandino Nieto, el dirigente visible de los ocupantes del Mercado.

Poco más del mediodía se ha registrado el único incidente de gravedad, al detonarse un aparato explosivo, afectando al policía Edwin Vásquez Cornejo.

La cifra de detenidos asciende ahora a 21 personas.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Saliendo de Santa Anita…

El caso de la cadete de la Policía Nacional Flor de María Cahuaya, expulsada de la Escuela de Oficiales de la institución a la que quería pertenecer, constituye un ejemplo de hasta que punto las instituciones que deberían ser las encargadas de cumplir los derechos humanos son las primeras que los incumplen.

La norma sobre la cual se basó la sanción contra la cadete vulnera la Constitución. No existe razón alguna para discriminar a una mujer por el hecho de quedar encinta, pudiéndose contemplar la posibilidad de que ella pueda reingresar a su centro de estudios, como existe en cualquier Universidad o centro de estudios superiores. Una restricción como la aplicada no resiste un test de proporcionalidad como el que aplica el Tribunal Constitucional para definir si una conducta es discriminatoria. Además, en el fondo, se viene penalizando el libre ejercicio de la sexualidad de una persona, que tiene todo el derecho de elegir en que momento decide tener un hijo o, simplemente, tener una relación íntima con su pareja.

Comentarios como los del ex Director General de la Policía Eduardo Pérez Rocha, quien se ha mostrado a favor de la medida discriminatoria por señalar que la Policía se convertiría en una “conejera” nos demuestran hasta que punto se tienen anteojeras sexistas sobre este tipo de situaciones. Ello se confirma con el silencio que han tenido el Director de la Policía Nacional, el Ministro del Interior, la Defensora de la Policía y el Ministro de Defensa (en las Escuelas de las Fuerzas Armadas se tiene la misma norma).

Señalar que cumplir los reglamentos es un valor que debe defenderse a rajatabla en una institución que se caracteriza por la disciplina es un argumento falaz. Porque un reglamento que vulnera la norma fundamental que la Policía Nacional jura defender, es decir, la Constitución del Estado, no puede ser acatado por el hecho de estar allí. Por el contrario, lo que merece es un cambio radical que, por cierto, ya había sido impulsado mientras duró la reforma policial durante el gobierno pasado, pero que, una vez que la chakana se apoderó del Ministerio del Interior, se volvió a restituir.

Flor de María Cahuaya, de seguro, ganará un proceso judicial que la revindique en sus derechos. Pero un caso como el de ella no debe volver a repetirse. Luis Alva Castro y Allan Wagner deberán dejar de lado prejuicios existentes y modificar normas de bajo rango que vulneran valores como el derecho a la educación, el principio de no discriminación y la libertad de escoger en que momento se opta por la maternidad. Respetar los derechos humanos es el primer deber que tiene un funcionario público y que dos personas con experiencia, como los ministros antes citados, debieran tener como guìa de conducta.

MAS SOBRE EL TEMA:
Ideele Radio: La cadete expulsada de la PNP ¿Un reglamento puede más que la Constitución?
Susana Villarán: Debe desaparecer Reglamento que impide permanencia de cadetes embarazadas en Escuelas de Oficiales.

La salida de Pilar Mazzetti era sólo cuestión de tiempo.

El escandaloso tema de la compra de patrulleros, confundido entre la inoperancia de su equipo de licitaciones, la defensa y posterior despido de los funcionarios involucrados, la velocidad por hacer gasto público debido al shock de inversiones y el costo político que este tema le ocasionó al gobierno, eran hechos más que suficientes para que la Ministra del Interior asumiera el costo político que le correspondía en este caso.

Sin embargo, esta renuncia - disfrazada de puesta a disposición del cargo - le ha costado más al gobierno de lo que pensaba.

Por un lado, ha quedado evidente que no se tiene mucha pericia en el gasto público, cuestión que puede ser aprovechada por quienes defienden que la empresa privada se encargue de lo que el Estado “no puede hacer”, en lugar de capacitar a los funcionarios estatales en gestión pública y criterios mínimos de manejo administrativo.

Por otro lado, la salida ha sido lo más diferida posible, lo que ha aumentó el riesgo de desgaste sobre el gabinete encabezado por Jorge del Castillo. Al mismo tiempo, las contradicciones que existían en el APRA sobre la permanencia de Mazzetti - a quien defendían un día y a la mañana siguiente la llevaban a una interpelación que hubiera terminado en una censura - demuestra que la pugna de poder y de apetitos particulares se encuentra a la hora del día.

Pero, una vez superado este capítulo y definido su reemplazante (roguemos al Señor que, sea hombre o mujer, sea una persona honesta, competente y con vocación de reforma) el gobierno deberá pensar en hacer serios cambios en una cartera que es mucho más compleja que la seguridad ciudadana o la Policía.

Es necesario reformar el Sector Interior por completo.

La última crisis que hemos vivido en estas semanas nos demuestra que el problema de este sector no se encuentra sólo en la Policía Nacional y que los cambios deberían comenzar por dotar a este Ministerio por mecanismos de transparencia necesarios - comenzando por un portal electrónico amigable y fácil de manejar - y una gerencia moderna. Ello es parte de la tan anunciada reforma del Estado.

En segundo lugar, debemos notar que el Ministerio tiene a su cargo varias funciones: la prevención de conflictos sociales a través de la Dirección de Gobierno Interior (convertida casi siempre en el lugar donde se colocan a los operadores políticos de los gobiernos de turno), la supervisión y autorización de sorteos y rifas, la defensa civil frente a desastres naturales a través del INDECI y todo lo concerniente a migraciones y naturalización. ¿Qué tan bien están funcionando estas entidades que dependen del sector? ¿Están vacunadas contra la corrupción, sea ésta grande o pequeña? Son temas que el Ministro deberá tener en cuenta.

Finalmente, no descuidar la reforma policial y la mejora de la seguridad ciudadana.

Los últimos reportes sobre el escalafón policial nos demuestran que la pirámide jerárquica ha vuelto a engordar en lo correspondiente a generales y coroneles, justamente en la cúspide, donde no debiera haber mayores aumentos sino tenderse a una disminución. Este es un síntoma que lo avanzado durante las gestiones ministeriales de Fernando Rospigliosi y Gino Costa ha retrocedido en términos alarmantes.

Y en cuanto a seguridad ciudadana, la tendencia debiera ser, como primeros pasos, a tener mapas del delito en cada ciudad del país, políticas de prevención hacia la delincuencia juvenil y mejorar la interconexión entre las comisarías. Aquí hay una prioridad de gasto mayor a la de comprar patrulleros, que el sector Interior debiera tomar en cuenta.

Ojalá el gobierno tenga la sabiduría suficiente para elegir a un buen reemplazante de Pilar Mazzetti y el nuevo titular del sector cuente con un equipo competente y, sobre todo, con la vocación reformista que no tuvo su antecesora.

¿Rodará la primera cabeza del gabinete Del Castillo?

Hace una semana, Jerónimo Centurión, desde La Ventana Indiscreta, propaló un reportaje que se ha convertido en un gran dolor de cabeza para el gobierno durante los últimos días.

La investigación cuestionaba la compra de 469 camionetas 4×2 marca Hyundai, para ser destinadas para la Policía como patrulleros.

Si bien el proceso cumplió con los requisitos de legalidad, tiene algunas cosas que aclararse, como las siguientes:

- La sobrevaluación de los vehículos. Se supone que un vehiculo en tienda costaría alrededor de 20,000 dólares y se compró a 30,000 dolares. Ello es un escándalo en un Estado que pretende ser austero.

- La apariencia de que la operación estuvo dirigida. Gildemester, la empresa que ganó la licitación, es la única que cumple con tener autos con los requerimientos solicitados por el MININTER.

- Como se ha comprobado después, Gildemester estuvo jugando a varias bandas políticas. Esta empresa, de acuerdo a la información aparecida en un blog, le pusieron las camionetas al Presidente de la República para el cambio de mando. Pero, además, también pusieron un vehículo a disposición de Ollanta Humala.

- El hecho de que el gobierno de Alejandro Toledo ya hubiera descartado, en los últimos días de su mandato, la compra de camionetas a la empresa involucrada, pues el modelo ofrecido no era el indicado.

Varios analistas han comenzado a especular con la salida de la Ministra del Interior. Ciertamente, lo ocurrido le representa un costo político, costo que se ha buscado aminorar con el despido de los funcionarios involucrados en la compra, que ha anunciado el Presidente de la República.

Sin embargo, a mi criterio, creo que la Ministra ha quedado en una posición bastante débil. Si bien es una mujer proba y capaz, este hecho ha demostrado que no solo hace falta un cambio dentro de la Policía sino en las demás dependencias del Ministerio del Interior. Y su compromiso con los funcionarios que fueron despedidos ayer hace que su posición de liderazgo quede en entredicho, más aun si el Primer Ministro le ha enmendado la plana con la renegociación de la compra.

Solo el tiempo dirá que pasará con el despacho. La verdad es que urgen cambios a gritos en este sector, del cual no solo depende el orden interno y la seguridad, sino también parte de la salubridad de este gobierno.

El lamentable y condenable suceso del último fin de semana en la provincia de La Mar, donde murieron 5 policías y 3 civiles a manos de miembros de Sendero Luminoso, no solo merece nuestro rechazo y congoja, sino también una reflexión serena, pero firme sobre lo que se debe (y lo que no se debe) hacer en estas circunstancias.

Considero que no debe magnificarse la magnitud del problema. Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente y no supone una amenaza real para la subsistencia del Estado peruano como lo fue en las décadas de 1980 y 1990.

Sin embargo, quedan aún dos columnas relativamente importantes de esta agrupación. La del Huallaga, liderado por el llamado “camarada Artemio” y la del VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), que es la que efectuó la emboscada del último sábado.

El gobierno de Alberto Fujimori mantuvo a propósito la existencia de estos dos grupos. Sus afanes reeleccionistas necesitaban de una amenaza que hiciera que la población siguiera prefiriendo el autoritarismo como supuesta salvaguardia frente a la paz - que, por cierto, Fujimori no hizo nada por contribuir - por lo que descuidó cualquier intento de acabar con las organizaciones subversivas durante su periodo final.

En democracia, se tenía plena conciencia de lo que se tenía que hacer: un exhaustivo plan de inteligencia en la zona, un comando policial militar suficientemente coordinado, equipado y conducido bajo una clara dirección política, y un plan de desarrollo integral de las localidades en las que aún se movían las columnas senderistas.

Asimismo, se tenía la convicción que no nos encontrábamos ante el mismo Sendero Luminoso ideologizado y fanático de décadas pasadas, sino ante una agrupación que buscaba aprovechar su posición como “ama de llaves armada” de madereros y narcotraficantes en los dos enclaves que aun conserva.

Sin embargo, a pesar de tenerse este diagnóstico acertado, poco se ha avanzó.

Los planes de paz y desarrollo no fueron adecuadamente implementados, no se dotó de suficientes recursos y capacidad a los comisionados por la paz y desarrollo y en el colmo de la estupidez, Toledo creyó que esos planes eran suficientes para reparar a las víctimas de la violencia, olvidando que su fin era otro: dotar de mecanismos de desarrollo alternativo a la población de la zona para que sintieran la presencia estatal. Este gobierno ni siquiera ha mencionado estos planes como parte de la estrategia (aunque esperaremos a mañana, que Pilar Mazzetti, Allan Wagner y Rómulo Pizarro anuncien lo que tengan que anunciar).

En lo que respecta al trabajo de inteligencia, existían reportes que informaban sobre las actividades en la zona, pero, de acuerdo a lo señalado por la Ministra y a lo que hemos podido confirmar por otros canales, ciertamente existió negligencia por parte del comando que envío a un grupo de jóvenes polícías a patrullar con pocos pertrechos y de noche, cuestión que es bastante arriesgada en el VRAE. Identificar claramente la posición y estrategia del contrincante es lo que se ha hecho a medias y que, en este caso, nos ha costado 8 vidas humanas.

Finalmente, las disputas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron que no existiera una real colaboración entre ambas fuerzas. Es cierto que la principal responsabilidad - constitucional - de preservar el orden interno es de la Policía, pero, en este caso, son los militares quienes tienen mayor conocimiento y experiencia en la zona. Nuevamente, vemos aquí lo pernicioso de la corrupción: en la reciente visita que varios ministros hicieran a una de las bases militares instaladas en el VRAE, se hizo patente que los colchones de la tropa ni siquiera servían para los ejercicios de un fakir. El Ministro de Agricultura José Salazar tuvo que “poner de la suya” para comprar nuevos colchones, ante la vergüenza del entonces Comandante General del Ejército César Reinoso.

Estos son los verdaderos problemas que aquejan a la lucha contrasubversiva y no las monsergas que algunos políticos y medios comienzan a dar, nuevamente, contra el trabajo de la CVR o de las organizaciones de derechos humanos. Basta señalar que en el tomo IX de su extenso Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo referencia como uno de los retos de la reconciliación a la persistencia del conflicto armado interno en algunas zonas de nuestro país, de la siguiente manera:

“La violencia se mantiene en alrededor de dieciocho distritos y afecta la selva de Junín, Huánuco y San Martín. Han seguido las incursiones y las muertes, generando inseguridad. La población pide en algunos casos la presencia de los militares, en otras, su salida. Conviene señalar que las condiciones de combate a la subversión no se han modificado en cuanto a estrategia - que sigue siendo militar y no política. Nos parece que la reconciliación obliga a una nueva estrategia política y militar en las zonas de conflicto para que no se cometan los viejos errores y para conluir el conflicto de forma pacífica con la población en el más breve plazo. Esta nueva perspectiva exige la participación de los poderes del Estado en la toma de decisiones contra la violencia y la inseguridad aún existente“. (IF CVR, Tomo IX, página 79).

Quizás habría que recordar lo que dijo César Hildebrandt hace algunos años, cuando se descubrió la matanza de Cayara y que parafraseo hoy con relación a lo que ocurre en este momento. Soy enemigo viceral, moral, intelectual de Sendero Luminoso. Deseo que la democracia derrote al terror en una batalla complicada, no solo militar sino social, económica, etc. Hay que barrer con los abismos sociales que son el caldo de cultivo de la violencia. Yo quiero que mi país gane la última batalla contra la violencia, por eso me preocupa, porque estamos lejos y a la vez cerca de esa victoria.

OTROSI DIGO: Frente a la actitud de asunción de responsabilidades de Pilar Mazzetti y Allan Wagner, resulta poco menos que penosa y patética la actitud del Presidente de la República, quien nuevamente se ha pronunciado en favor de la aplicación de la pena de muerte para quienes sean responsables del delito de terrorismo. García nuevamente demuestra que quiere el aplauso fácil, la aprobación personal de 60% y satisfacer su elefantiásico ego, antes que plantear ideas, pues carece de las mismas. Convertirse en el vocero de una medida poco democrática, inviable jurídicamente y poco eficaz para la disuación del delito nos pinta de cuerpo entero que en Palacio de Gobierno hay una vocación mortícola y nos plantea la duda sobre si entre 1985 y 1990 esa misma vocación estuvo presente en el hombre que dirigía los destinos del país en aquel entonces.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Mazetti admite negligencia en el asesinato de policías. Wagner revela nombres de presuntos terroristas.
La República: El VRAE es el más grande productor de cloridrato de cocaína en el Perú.
Editorial de El Comercio: Por una acción militar policial decisiva.
APRODEH: Solidaridad con víctimas de emboscada subversiva en Ayacucho.
Augusto Alvarez Rodrich: Sendero, otra vez.
Mariella Balbi: El Nudo de Vizcatán.
Mirko Lauer: ¿Conocemos realmente al enemigo?
Fernando Rospigliosi: Es un problema de ineptitud.
Benedicto Jiménez: “Con la pena de muerte se alimenta una discusión esteril”.
Gino Costa: “Para combatir los remanentes subversivos se necesita una estrategia ofensiva con mayor inteligencia y presencia del Estado”.
Carlos Basombrío: ¿Podrán domar al bravo VRAE? (17/11/2006)
Utero de Marita: ¿Quién mató a los policías? VRAE (17/11/2006)