Desde el Tercer Piso

Justicia, lucha contra la corrupción y derechos humanos en el primer año de gobierno

La tarea por tener una mejor administración de justicia, acabar o disminuir el flagelo de la corrupción y tener presente la importancia de los derechos humanos constituyen cuestiones que todo gobierno debe enfrentar, no solo como una cuestión de mejora de condiciones para la inversión, complementar la reforma del Estado o hacer que se gaste de mejor manera los recursos fiscales, sino también con un tema de la más amplia importancia ética y de consolidación del sistema democrático.

Desafortunadamente, el gobierno parece no haber entendido esta tarea urgente y ha culminado teniendo serias dificultades de articulación de políticas en estas áreas, así como groseros errores que, a mi modo de ver, explican la naturaleza conservadora de este régimen.

Luego de un sonado escándalo de corrupción que involucró a un Vocal de la Corte Suprema, el gobierno señaló que una de sus prioridades sería colaborar con la reforma de la justicia. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de ayudar con dicha tarea, no quiso emprender reformas: Observó la Ley de Carrera Judicial, su partido no ayudó a impulsar la Reforma Constitucional en materia de justicia, el presupuesto del Poder Judicial sigue siendo bajo y las recomendaciones de la CERIAJUS siguen durmiendo el sueño de los justos.

¿Responsabilidad solo del gobierno? Ciertamente no, pues muchos de los actores que llegaron con expectativas no han hecho cambios fundamentales, sobre todo por una estructura de la Corte Suprema que es ajena a todo tipo de cambio.

Pero también el gobierno tiene su cuota en no contribuir a liderar este esfuerzo. La designación de María Zavala y de una serie de colaboradores bastante cuestionados - desde personas involucradas en casos de narcotráfico hasta el fiasco que resultó ser Benedicto Jiménez en el INPE -, así como la carencia de planes claros sobre el tema judicial terminaron enturbiando una gestión ministerial que, esperemos, acabe mañana sábado.

En lo que respecta al tema de lucha contra la corrupción, los baldones no solo se han referido al poco interés en la extradición de Fujimori, sino también en la cuestionada designación de Moises Tambini del Valle como Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, a pesar de los serios cuestionamientos en su contra.

Peor aún, el gobierno ha tenido casos de corrupción bastante graves en lo que se refiere a adquisiciones - patrulleros (con Mazzetti y, al parecer, también con Alva Castro) y ambulancias -, compra de contenidos de medios de comunicación, entre otros. Tampoco se tuvo la voluntad de crear una autoridad de prevención contra la corrupción y los cambios que se pretende hacer en los organismos encargados de vigilar las compras estatales y proyectos de inversión solo buscan relajar dichos controles.

En lo que respecta a los derechos humanos, han existido más sombras que luces. Comenzando el gobierno, se planteó una propuesta de pena de muerte para los violadores de menores de edad y, posteriormente, para casos de terrorismo. El fracaso de esta última terminó con cualquier pretensión mortícola, por ahora… (Por cierto, con protesta blogger de por medio)

Posteriormente, una propuesta para otorgar defensa legal a los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos terminó encendiendo una polémica sobre el nivel de responsabilidades que el Estado peruano está dispuesto a aceptar en casos de graves vulneraciones de los derechos fundamentales. Aunque la medida podía ser entendida como un amparo a personas que actuaron en nombre del Estado, dio la sensación de búsqueda de impunidad, sobre todo por declaraciones del Primer Vicepresidente de la República en contra de estos procesos judiciales.

Por cierto, Giampietri se convirtió en un personaje controvertido por investigaciones a organizaciones no gubernamentales, por mociones que pretenden invalidar el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y por tener un asesor facista. Además, impulsó una moción contra una Sala Anticorrupción por citarlo a declarar como testigo en el caso Colina.

Y siguiendo ese camino apristas, fujimoristas y pepecistas aprobaron una norma que procura controlar los contenidos de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. La incomodidad de los partidos políticos y los empresarios con organizaciones que se ocupan de temas ambientales, lucha contra la impunidad y derechos humanos terminó en un mamotreto controlista que, esperamos, sea anulado por el Tribunal Constitucional.

Además, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Castro Castro terminó desatando un debate que parecía superado sobre la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos, así como sobre el monumento El Ojo que Llora.

Los únicos avances reales se sintieron en el campo de las reparaciones a las víctimas de la violencia: se creó el Consejo de Reparaciones que elaborará el Registro Único de Víctimas y se inició con el programa de reparaciones colectivas.

Finalmente, resulta serio que el gobierno no haya implementado el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por la administración anterior, lo que denota la real voluntad política del gobierno sobre esta materia.

Lo peor del caso, es que el gobierno no se da cuenta de estos horrores. Por el contrario, parece estar muy convencido de su tendencia sobre estos temas. Ello explica por que su vocación por el cambio es tan reducida.

¿Hemos regresado a 1999?

Durante largos años, la siembra de Fujimori fue exitosa y todavía sigue dando frutos en nuestra vida política, visibles en la debilidad de nuestros partidos. Visibles cuando al día siguiente de las elecciones, un candidato a vicepresidente traiciona al partido que lo acababa de llevar al Congreso. O como cuando se vuelve a pedir la pena de muerte y el retiro parcial o total de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La siembra de Fujimori sigue dando frutos, precisamente porque la mayoría de ellos no eran nuevos sino que estaban enraizados en los rincones más sombríos de nuestra tradición política; y porque durante el quinquenio anterior flaqueó la voluntad de reforma democrática. Por eso hoy, 15 años después, al no haber saldado cuentas con nuestro pasado, lo que se discute es si existe una alianza o solo coincidencias entre el partido de gobierno y los remanentes del fujimorismo.
(Carlos Iván Degregori, ¿Qué Sembró Fujimori?, Perú.21, 29 de marzo de 2007)

En 1999, cuando este país era gobernado por una pandilla mafiosa, el cinismo se convirtió en la divisa que acompañaba al pabellón nacional izado en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, para muchos de los protagonistas de la política peruana de ayer y hoy, dicha mirada cínica, que evita responder por las consecuencias de sus actos y que no tiene empacho alguno en irse contra antiguos aliados o enemigos jurados, continua rigiendo su conducta ante la opinión pública.

Y es que otra cosa no puedo opinar luego de revisar - en términos someros - el alegato presentado por los abogados de Alberto Fujimori a la justicia chilena, que la revista Caretas presenta hoy de manera completa en su sitio en Internet.

Varios pasajes demuestran el calibre de las mentiras y contradicciones de dichos alegatos.

Fujimori pretende decir que los jefes de Estado tienen inmunidad, mentando la soga en la casa del ahorcado. No recuerdan los abogados del ex Presidente que la Cámara de los Lores de Gran Bretaña aprobó la extradición de Augusto Pinochet, el ex dictador chileno, restringiendo los alcances de la inmunidad en casos de lesa humanidad, como son los dos procesos más importantes que enfrenta el autócrata: Barrios Altos y La Cantuta.

El ex dictador tiene la ostra - por no decir una expresión más fuerte - de citar al Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al que él y sus partidarios han atacado cual piñata. Solo lo hacen para citar que durante el gobierno del Chino, en términos estrictamente numéricos, ocurrieron menos muertes y desapariciones que durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García. Claro, Fujimori se saltea las páginas del Informe Final de la CVR en las que se critica el autogolpe del 5 de abril de 1992 - que no es mencionado en todo el documento - indican las felicitaciones y ascensos a los miembros del grupo Colina, sus responsabilidades políticas y penales como gobernante autoritario, el rol de Vladimiro Montesinos, sus atropellos a la democracia y a los derechos humanos, el caso de la matanza de Castro Castro y las degeneraciones de su política antisubversiva. Claro, eso no lo citan sus abogados, porque simple y llanamente lo hunde.

Fujimori culpa a las Fuerzas Armadas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Ciertamente, los miembros de Colina eran militares y cumplían ordenes no sólo de Fujimori sino de toda la cúpula militar que consentía estas acciones. Pero claro, olvida que hubo oficiales del Ejército como Rodolfo Robles, quien sacrificó su carrera para denunciar la verdad de lo ocurrido, o como los insurgentes encabezados por el general Jaime Salinas Sedó, quienes quisieron librarnos de una dictadura. Olvida, claro, que la Ley de Amnistía para encubrir estos crímenes - y todos los que los miembros dañinos de las Fuerzas Armadas cometieron durante ese lapso - fue dada por el Congreso genuflexo que manejó y que él mismo no dudó en firmar el mismo día de su aprobación.

En su desesperada defensa, Fujimori confunde a los asesinos de Colina con los más de 1,000 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que murieron en cumplimiento de su deber, o a quienes quedaron severamente dañados en su salud física y mental. El que aprovechó de los militares para perpetuarse en el poder, el que convirtió a las Fuerzas Armadas en su guardia pretoriana y en el festín de los ladrones, ahora es, gracias a sus abogados, en un desentendido de lo que hacían los militares que comandaba, un ignorante que no tenía conocimientos sobre Fuerzas Armadas o lucha antisubversiva - claro y luego se vanaglorió de su “doctrina Fujimori” para combatir a la subversión -, un hombre tan poco comprometido con el país que, mientras todos los peruanos luchaban por preservar sus vidas, sólo se dedicaba a dictar Cálculo II y Cálculo III en la Agraria.

Este sinvergüenza, que durante 10 años se jactó de poder dirigir el país incluso desde el otro mundo, ahora es un gran ignorante de lo que pasaba, un casi deficiente mental que tiene la aspiración de volver a gobernar el Perú, como si robar y matar durante 10 años no fuera suficiente.

Y mientras este gran cínico da 296 fojas para la Historia Universal de la Infamia (o una nueva reedición del clásico de Borges), el Congreso discute otra decisión digna de los cínicos sentados en las 13 sillas fujimoristas y de algunos apristas con vocación de defensores de Fujimori.

Durante toda la mañana, el Congreso ha discutido una moción que constituye una clara intromisión en la independencia del Poder Judicial. Javier Valle Riestra, el ex premier del dictador que ahora funge de aprista, ha presentado una Moción en la que, de aprobarse, el parlamento expresaría su “enérgica protesta” por la citación al congresista y primer vicepresidente Luis Giampietri, quien ha sido citado de grado o fuerza por la Primera Sala Anticorrupción para declarar como testigo ofrecido por los acusados en el proceso al Grupo Colina, para referir el contexto de la lucha antisubversiva, en la que, probablemente, Giampietri termine justificando cuanta violación de los derechos humanos se cometió durante ese periodo de nuestra historia.

La Moción, en su forma original, iba a proponer que se inicie acciones penales contra las magistradas Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñecco e Hilda Piedra Rojas.

Frente a esta propuesta, el Poder Judicial ha respondido de la manera más enérgica, mediante un comunicado de la Corte Superior de Lima, en el que expresan su “enérgico rechazo a esa voluntad de intromisión, interesada en perturbar el funcionamiento de estos órganos jurisdiccionales“, e indican que “los jueces solos nos debemos a la Constitución y a la ley“.

Sin emabrgo, ello no ha detenido a los congresistas apristas y fujimoristas, que terminaron votando por esta vergüenza.

Para rematar el asunto, ayer, el Comandante General del Ejército Edwin Donayre, olvidando que la Constitución le ordena no emitir pronunciamientos políticos, en una pascana organizada por el socio de Giampietri Alex Kouri, emitió una opinión favorable al almirante:

“Agradezco a mi entrañable primer vicepresidente, nuestro vicealmirante Giampietri, por su heroísmo, su valor, su arrojo ante ciertos vientos de guerra que soplan; pero usted siempre se mantiene firme. Verdaderamente, su estoicismo y su fortaleza son un ejemplo para nosotros, todos los uniformados“.

El propio Donayre reconoció, en su campechano estilo, que su jefe, el Ministro de Defensa, le ha “sacado dos veces tarjeta roja” por emitir opiniones políticos. Pero, como en el poema de Vallejo, el cadáver siguió muriendo y el general siguió hablando de lo que no debía.

¿Cuál es el fondo del asunto? Cecilia Valenzuela, en una de sus intervenciones más acertadas de los últimos años, lo ha explicado:

“La sala de Villa Bonilla ha sentenciado ya en el caso de los diarios chicha, donde se juzgó no sólo a Vladimiro Montesinos, sino a los ex propietarios del diario La Razón, la familia Wolfenson, y los militares que solventaron esos diarios infames que como El Chino, El Tío, La Chuchi o El Mañanero lucraban del Estado a cambio de destruir la reputación y la imagen de los políticos y los periodistas que combatían la dictadura más corrupta que han visto estas tierras.

Y como si fuera poco, esta sala ve el proceso contra los generales de la promoción Montesinos, que son investigados por enriquecimiento ilícito, por haberse robado el dinero de las privatizaciones con el pretexto de comprar armamento que resultó inservible. Ese proceso incluye a 45 procesados y los folios del expediente superan los 90 mil“.

Hoy, en el especial sobre los 15 años del autogolpe fujimorista, Augusto Alvarez Rodrich señala que toda dictadura es injustificable porque recorta las libertades básicas para vivir con dignidad, acaba en corrupción y culmina agravando los males nacionales. Parece que dicha lección aún no la han aprendido los políticos que atacan a los jueces anticorrupción y a quienes siguen creyendo en la inocencia del hombre más cobarde que haya ocupado el puesto de Presidente de la República.

¿Lo aprenderán algún día?

Uno de los procesos más importantes que tiene el Poder Judicial peruano entre sus manos es el referido al golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Como se recuerda, ese día Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República, destituyó a los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de Garantías Constitucionales, intervino a los demás organismos constitucionales, limitó la libertad de prensa y comenzó una dictadura que duraría 8 años y que dejó al país con una institucionalidad debilitada, una economía en recesión, violaciones a los derechos humanos y actos sistemáticos de corrupción.

En el proceso judicial, son comprendidos los Ministros que suscribieron la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, norma con la cual se quiso legitimar jurídicamente a la dictadura.

Recordemos esta lista de la infamia: Oscar de la Puente Raygada, Carlos Boloña Behr, Jaime Yoshiyama Tanaka, Víctor Joy Way, Absalón Vásquez Villanueva, Juan Briones Dávila, Víctor Malca Villanueva, Augusto Blacker Miller, Jaime Sobero Taira, Fernando Vega Santa Gadea, Augusto Antonioli Vásquez y Víctor Paredes Guerra. De ellos, solo Malca se encuentra fuera del país, en calidad de prófugo.

Todos los ministros son acusados del delito de rebelión. Además, Malca y Briones son acusados del delito de secuestro, por la serie de detenciones ilegales que se produjeron ese día (como las de Jorge del Castillo, Roberto Ramírez del Villar, Felipe Osterling, Gustavo Gorriti, entre otras). A Fujimori se le reservó el proceso hasta que venga al país.

El juicio es importante por dos motivos.

El primero, las penas. La pena máxima es de 20 años por el delito de rebelión. Con ello, personas como Boloña, que hasta ahora pasaban piola o habían recibido penas benignas, podrían pasar una buena temporada en San Jorge. O sentenciados como Joy Way ampliarían su temporada en Castro Castro.

El segundo, el hecho de que por primera vez se condene a los autores de un golpe de Estado en un proceso civil en América Latina. Ello es un mensaje para quienes quisieran ver a la democracia nuevamente derrotada y para los tontos útiles que se siguen creyendo el cuento de que el golpe de abril de 1992 era necesario.

Como lo dijimos hace unos meses:

“Cabe recordarle al pais y al ex autócrata que la bancada del FREDEMO le daba apoyo a todas sus leyes que permitían la liberalización de la economía. Y si las bancadas del APRA, la izquierda y el FREDEMO rechazaron sus leyes contra el terorismo fue porque dichas normas vulneraban la Constitución y los derechos de las personas (como se demostró despúes) e incluso estaban trabajando en proyectos de ley sobre medidas judiciales para enfrentar al terrorismo, pero sin los excesos que caracterizaron al régimen. Por tanto, Fujimori no podía señalar que los partidos lo obstaculizaban en sus tareas, todo lo contrario, pretendían colaborar con el y consensuar medidas, pero él optó por hacer las cosas a su manera.

Es también falso que el golpe de Estado fuera causa directa de la estrategia contrasubversiva que permitió la captura de los máximos líderes terroristas. El Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que capturó a Abimael Guzmán fue formado en 1989, con el apoyo de Agustín Mantilla y el general PNP Luque Freyre. Su labor quiso incluso ser infiltrada por Montesinos, sin conseguir exito en dicha infiltración. La verdadera estrategia contrasubversiva fue la detención arbitaria, las desapariciones forzadas en el interior del país y en pueblos jóvenes (de esta época, oh casualidad, son los sucesos de Madre Mía) y el procesamiento de acusados por terrorismo sin ninguna garantía”.

Sin embargo, este proceso podría volver a fojas cero por algo que los abogados conocemos como leguleyada. Como lo ha mencionado el Procurador Omar Chehade, la defensa de Fujimori y los ministros - que en muchos casos tiene nombre propio: César Nakasaki - se busca recursar a un vocal de la sala penal de la Corte Suprema que procesa este caso para que, en jerga judicial, “el juicio se quiebre”, con lo que tendría que iniciarse un nuevo juicio oral.

Para la quiebra del proceso, se necesita la aceptación de la recusación de dos magistrados. Ya se logró con uno, el honesto juez César San Martín Castro, por haber trabajado en el estudio del ex procurador José Ugaz. Actualmente, dos miembros de la sala tienen una recusación pendiente, interpuesta por la defensa para ver si les resulta lograr la demora del proceso.

Ciertamente, estaremos alertas a este proceso y que no se hagan maniobras para intentar dilatarlo más. De no prosperar las artimañas fujimoristas, estos ex funcionarios de la dictadura podrían ir haciendo maletas hacia San Jorge en poco más de un mes. Por la salud moral y democrática del país, ojalá ocurra en un futuro cercano.

MAS SOBRE EL TEMA:
Agencia Perú: ¿Qué pasó el 5 de abril?
Archivo del Tercer Piso: 5 de Abril: el día de la infamia que no debemos olvidar.

Algunos nombramientos, elecciones y casos que sacan roncha

Como bien me dijo Marco Sifuentes vía su página web, la elección de Francisco Távara como presidente del Poder Judicial era más un lunar en medio de la ciénaga en que se ha convertido la administración de justicia en nuestro país. Cuestiones que han pasado en estos días, entre elecciones, nombramientos y decisiones judiciales o políticas dan mucho que pensar sobre esta materia. Veamos:

1. En el Colegio de Abogados de Lima, ha sido elegida como Decana Luz Aurea Saenz. Para los más jóvenes, Saenz fue Contralora General de la República nombrada por Alan García Perez en 1987 y nada de la corrupción de aquel gobierno fue investigado. Su premio: ser candidata al Congreso por el Partido Aprista en el 2001. Para mayores señas “compañeriles”, es profesora principal de la Universidad Federico Villareal, la universidad más aprista del país (más incluso que la Nacional de Trujillo).

Muchos dirán, pero si el CAL es un órgano privado. Sin embargo, esta entidad debe velar por la ética profesional de los abogados - no en vano nos obligan a hacer un curso de 200 soles para poder tener el título y obligarnos a colegiarnos para ejercer la profesión - y ser un actor importante en el impulso de la reforma de la justicia. Pero de un tiempo a esta parte el CAL viene reflejando el deterioro de la profesión en todos sus aspectos, tanto en su calidad académica como ética. En esta década los abogados de Lima no han tenido un Decano que merezca tal nombre. Tengo que remontarme a los nombres de Andrés Aramburú, Jorge Avendaño, Raúl Ferrero y Delia Revoredo, durante la década pasada, para encontrar nombres de fuste a la cabeza de una institución que debería velar mejor por los abogados y por su calidad. No lo olvidemos: todos los magistrados que tenemos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público son abogados. Allí está la cantera de los malos jueces y fiscales.

2. La Corte Superior de Lima estará encabezada por un personaje cuestionado: Angel Romero Díaz. Romero Díaz es también vinculado al Partido Aprista, pues fue su personero legal en el 2001, en la campaña del come back de Alan.

Pero Romero es conocido también por ser abogado de casinos y tragamonedas, entidades que para operar han convertido al proceso de amparo en una broma y a la competencia de un juzgado en el peor chiste de Carbonell. Así, un casino de Jesús María puede operar con un amparo emitido en el juzgado civil de Cajamarca. No, no es broma.

Romero Díaz, además, fue abogado defensor de Luis Duthurburu Rojas, uno de los testaferros de Vladimiro Montesinos.

Buscando información sobre este vocal, me encontré que también es un incipiente blogger.

3. La Ventana Indiscreta ha publicado un reportaje sobre Moises Tambini del Valle, el jefe de los procuradores, o para decirlo en bonito, el Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado.

El reportaje da cuenta de los vínculos de sus familiares con Fernando Zevallos, il capo di tuti capi del lavado de dinero, vía Aerocontinente. (Con razón su lema era “nacidos para volar”).

Como no podía ser de otra manera, el doctor Tambini está comprometido con los compañeros. Ha sido abogado de Alan García, ex jefe del Departamento Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, ex candidato al Congreso por el APRA y promotor del Frente Social en el Cono Este. Por si fuera poco, fue diputado aprista entre 1985 y 1990.

Además, Tambini ha sido cuestionado en una anterior oportunidad, por poner obstáculos a la extradición del ex dictador Alberto Fujimori y a la investigación que la Procuraduría Ad Hoc hacía sobre Luis Giampietri, primer vicepresidente de la República, por malversación de fondos en compras de la Marina durante el fujimorato.

4. Como lo informamos hace unos días, el segundo juzgado penal supraprovincial ha archivado el caso de la desaparición y asesinato del periodista Jaime Ayala, ocurrida en 1984, así como otros casos de derechos humanos ocurridos en Huanta por miembros de la Infantería de Marina, como la masacre de 39 campesinos en Pucayacu.

Como señala La República:

“La mayoría de las 300 denuncias de desaparición recogidas por el Ministerio Público en Huanta entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de agosto de 1984 sindican al cuartel de la Marina de esa ciudad como el lugar a donde eran trasladados los detenidos. La instalación militar estaba en el estadio de Huanta, ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Entonces contaba con una cancha de fútbol, tribunas y camerinos donde dormían los oficiales.

Detenidos que fueron liberados relataron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que estuvieron en carpas ubicadas detrás de las tribunas que se escuchaban los gritos de los que eran torturados por las noches; y que los guardias que los cuidaban rotaban turno de día y noche. Por un mínimo de sentido común es imposible pensar que todo esto pudo haber sido hecho sin contar con el conocimiento de las autoridades militares de la zona“.

El caso también fue documentado en esa época por el programa Documento, dirigido por César Hildebrandt, e incluso mereció la salida del programa por presiones de la Marina de Guerra.

El principal responsable, Alvaro Artaza Adrianzén, conocido como “comandante Camión”, es no habido desde 1986. Viviría en Estados Unidos.

5. Finalmente, el Congreso de la República ha vulnerado una sentencia del Tribunal Constitucional. En dos oportunidades durante el presente año, el TC se ha pronunciado sobre la Ley N° Nº 28665, Ley de Organización y Funciones de la Justicia Militar Policial, ha cual ha sido cuestionada por una serie de razones que en su mayor parte han sido acogidas por el Tribunal.

En su sentencia Nº 0006-2006-PI/TC, el TC dijo:

“Disponer, respecto de las disposiciones inconstitucionales, una vacatio sententiae que, indefectiblemente, vencerá el 31 de diciembre de 2006 y que será computada a partir de la publicación de la presente sentencia, plazo que, una vez vencido, ocasionará que la declaratoria de inconstitucionalidad surta todos sus efectos, eliminándose del ordenamiento jurídico tales disposiciones legales. Precisar que el plazo de vacatio sententiae no debe servir solamente para la expedición de las disposiciones que el Legislador, en uso de sus atribuciones constitucionales, pudiera establecer, sino para que en dicho lapso se cuente con una organización jurisdiccional especializada en materia penal militar compatible con la Constitución“.

En cristiano, el Congreso estaba obligado por esta sentencia a tener lista una ley que regulara la justicia militar antes del 31 de diciembre. Sin embargo, vulnerando el respeto que todas las instituciones deben tener a los fallos del Tribunal Constitucional, nuestros otorongos aprobaron una norma que prorroga hasta el 15 de junio del 2007 la Ley de justicia militar cuestionada.

Con ello, el parlamento intenta tapar su inoperancia para hacer una norma y también delata las presiones que sufre de parte del Consejo Supremo de Justicia Militar, que sigue pretendiendo que los jueces y fiscales sean oficiales militares en actividad y que, además, vean otros delitos y, además no desean control alguno por parte del Poder Judicial. A través de su periodista favorito, Uri Ben Schmuel, ahora pretenden ver casos de narcotráfico, basados en las amenazas a jueces y fiscales, como si la solución real no fuese instalar mayores elementos de seguridad a los magistrados (o, como algunos pensamos, legalizarla).

Sin duda, la reforma judicial es uno de los temas pendientes que este gobierno debe resolver. Pero con personajes y decisiones como los antes comentados, el camino seguirá siendo empedrado.

La última elección del año, la del Presidente del Poder Judicial, acaba de decidirse.

De RPP Noticias:

La Sala Plena de la Corte Suprema eligió a Francisco Távara Córdova como nuevo presidente de este organismo para el periodo 2007 – 2009. Távara Córdova asumirá la presidencia del Poder Judicial en reemplazo de Walter Vásquez Vejarano.

El actual jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) fue elegido en segunda vuelta, imponiéndose al magistrado Javier Villa Stein, por ocho votos a favor y cuatro en contra.

Távara es un hombre honesto y un magistrado sin tachas en su trayectoria. Claro, también Hugo Sivina y Walter Vásquez Bejarano lo eran, y a pesar de ello la reforma judicial no avanzó nada. Esperemos que Távara tenga la agenda de la reforma sobre la mesa desde el 1° de Enero de 2007.

Felizmente, el Poder Judicial se salvó de tener un montesinista como Presidente.

POST SCRIPTUM (12/12/2006): Marco Sifuentes, con buen criterio, hace precisiones sobre el copamiento aprista en instituciones vinculadas con la administración de justicia como el Colegio de Abogados de Lima y la Corte Suprema de Lima. Bien vale la pena leerlo: No festejen: perdimos 2 -1.

Quiere ser Presidente de la Corte Suprema, pero su trayectoria lo delata como un “anti reforma”

El lunes 11 de diciembre, el Poder Judicial se juega buena parte de su futuro. Ese día se elige al nuevo Presidente de dicho Poder del Estado.

Esta elección ha cobrado singular importancia, toda vez que en la ciudadanía en general ha manifestado su interés en que, de una vez por todas, se emprenda la reforma de la administración de justicia en el país, uno de los servicios públicos más importantes para todos los ciudadanos, pero que se encuentra dentro de los peor percibidos por la opinión pública.

Asimismo, se ha hecho énfasis en la necesidad de hacer más transparente esta elección, en la que sólo participan los vocales supremos, dado que la decisión que se tome repercutirá en la vida de los peruanos. Sin embargo, algunos miembros del Poder Judicial (encabezados por el inefable vocal Robinson Gonzáles) han respondido a estas solicitudes de transparencia con insultos y acusaciones (infundadas) de ingerencia en el Poder Judicial, de las cuales se han hecho eco medios como Expreso y La Razón, cuya catadura moral es por todos conocida.

Pues bien, uno de los principales candidatos a este puesto es Javier Villa Stein, un abogado que durante varios años fungió como Notario de Lima y que desde 2004 es Vocal de la Corte Suprema de Justicia, desempeñándose actualmente como Presidente de la Sala Constitucional y Social Transitoria y anteriormente fue miembro de la Sala Penal Transitoria, desde la cual conoció muchos casos anticorrupción que llegaron en apelación.

Sin embargo, este Vocal tiene varias perlas en su haber.

Mientras fue abogado en ejercicio, Villa Stein se convirtió en el abogado más consultado por los diarios Expreso (aun bajo la administración Calmell del Solar) y La Razón. ¿El motivo? Sostener desde las páginas de estos periodicos lo siguiente:
- Que los vladivideos no constituyen medios de prueba válidos porque fueron filmados en forma ilegal. Villa Stein ignoró años de doctrina procesal penal que señala que lo importante es la introducción legal de la prueba al proceso penal y no como fue obtenida.
- Una defensa cerrada de los hermanos Wolfenson. En La Razón, llegó a señalar que “en el caso de los hermanos Wolfenson ve una vendetta que busca castigar a los medios de comunicación incómodos al Ejecutivo“.
- Ataques al sistema anticorrupción. En La Razón sostuvo que “los magistrados anticorrupción actúan como acólitos del Poder Ejecutivo“, “están cometiendo prevaricato todos los días” y “son activos participantes de una persecución política en el Perú“. Boccatto di cardinale para los miembros de la mafia.
- Sobre el caso Calmell del Solar, el diario Expreso señaló en 2001: “en cuanto a la presunta recepción de dinero de Calmell del Solar de Vladimiro Montesinos, el abogado penalista dijo que mientras no lo haya recibido un funcionario público era poco lo que se podía hacer, ya que no constituía un delito“. Tesis que no ha sido acogida por los magistrados anticorrupción, ni tampoco por la Corte Suprema.

Villa Stein, además, ha asesorado a los hoy condenados por corrupción José Villanueva Ruesta, Alberto Kouri y Blanca Nélida Colán.

Por si fuera poco, la semana pasada se reveló que el hijo de Villa Stein, Ernesto Villa Morán, había trabajado en el estudio de César Nakazaki, abogado del extraditable Alberto Fujimori, y que ahora labora como asesor del congresista fujimorista Rolando Souza, quien funge como defensor legal del ex presidente desde el Parlamento. Villa Morán, además, participó en la comisión de transferencia del Ministerio de Justicia como asesor de Moisés Tambini del Valle, puesto desde el cual podía tener acceso a documentos sobre los procesos anticorrupción. Cabe mencionar que Nakasaki & Souza son socios del mismo estudio jurídico.

Como magistrado, Villa Stein ha emitido polémicas sentencias como en el caso de la anulación de un proceso por malversación de fondos contra el ex Ministro y asesor Absalón Vásquez Villanueva. Dio una resolución - felizmente luego impugnada y modificada - para archivar el caso de la falsificación de firmas de Perú 2000, por considerar que no existía un delito en dicho acto. Villa Stein también se rehusó a solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Jorge Mufarech, investigado por defraudación tributaria y aduanera, lo que hizo que el caso prescribiera.

Villa Stein, además, ha sido comprometido por el corrupto vocal Eduardo Palacios Villar - el que se vendió por 400 soles - en el caso de recepción de coima dada por el ex policía Wilfredo Ipanaqué. Villa Stein fue el abogado que resolvió este caso.

Según versiones periodísticas, Villa Stein contaría, además, con el apoyo del Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, Moises Tambini del Valle, el ex jefe de su hijo. Tambini, militante aprista, es cuestionado también por su obstaculización a la lucha anticorrupción, en particular, por intentarle sacar las castañas del fuego a Luis Giampietri, el vicepresidente involucrado - ademásn del caso El Frontón - en irregularidades por compras de armamento durante el fujimorato.

Para culminar con el cuadro, esta semana La Ventana Indiscreta publicó un reportaje en el que dio a conocer el informe psicológico practicado por la Universidad del Pacífico y encargado por el Consejo Nacional de la Magistratura cuando Villa Stein postuló al puesto de Vocal Supremo.

El informe psicológico señala que “cuando se presentan vínculos afectivos, estos presentan en él mecanismos poco adecuados que se traducen en hostilidad y fuerte tensión, ya que los considera inaceptables para su desenvolvimiento” y concluye “se trata de una persona sumamente insegura, dependiente, y frente a la adversidad, demuestra pocos recursos para hacerle frente (…) con altos niveles de ansiedad“.

En suma, un postulante sumamente cuestionable y que a mi criterio, no debiera ser Presidente del poder del Estado que más cambios urgentes requiere para su reforma, a fin que los ciudadanos puedan ser mejor atendidos. Ojala el 11 no tengamos la noticia de su elección.

MAS SOBRE EL TEMA:
Justicia Viva: Currículum Vitae presentado por Javier Villa Stein.
Agenciaperú.com: El oscuro pasado del vocal Villa Stein.
La República: Hijo de Villa Stein trabajó con Nakasaki y ahora asesora a Souza en el Congreso.
Guillermo Cabala: Villa Stein debe tener mesura.
Perú.21: Villa Stein dixit.

Beto Ortiz es, a mi entender, uno de los periodistas más talentosos en nuestro país. Se dio el lujo de convertir la nota de inactuales, ese subgénero de los programas dominicales (que ahora se ha convertido en moneda corriente), en un documento de valor social. Era capaz de burlarse del “baile del Chino” en la televisión parametrada del Fujimorismo y de combinar, en una sola emisión de su programa, los chistes de Melcochita, un apanado a Laura Bozzo y una entrevista a Szyzslo. Excesivo, kitsch por momentos, insoportable en algunas apariciones, pero indudablemente talentoso.

Durante los últimos tres años, Ortiz ha padecido uno de los juicios más absurdos que periodista alguno ha padecido en este medio. Publicó un reportaje sobre el audio entre César Almeyda (el amigote de Toledo) y el general Oscar Villanueva Vidal (el cajero de Montesinos en el Ejército) y terminó acusado por intentar negociar cintas que él difundió y que no poseía. El Proceso de Kafka convertido en acción de la vida real.

Y a ello se sumó la torpeza con la que algunos enemigos de Ortiz se encarnizaron con él. Sobre todo, Fernando Olivera, el personaje que otrora fuera paladín anticorrupción y hoy no llega ni hacer la sombra de aquel que presentara el video Kouri Montesinos. Dicha torpeza e interferencia suscitó que el Perú pasara por uno de los más recientes papelones de su historia, pues Estados Unidos - país donde habitó Beto los últimos años - lo declaró asilado político.

Hoy Beto vuelve, no solo a comparecer ante la justicia, sino a enfrentar uno de los dramas que un ser humano nunca debería enfrentar: Ver a su madre y que ella no lo pueda reconocer, debido a una enfermedad degenerativa que padece desde hace algunos años.

Ojalá este reencuentro con la familia y con el país que ama (y odia) permitan que un talentoso periodista vuelva de nuevo a las pantallas. La televisión extraña un personaje que la despeine y que la saque de esta sequedad en que parece haberse convertido la tele lorcha de cada día. Un Beto sin veto.

ENLACES:
Perú.21: Pandemonio: La columna de Beto Ortiz.
El Útero de Marita: Volvió Beto.