Desde el Tercer Piso

Revelación sobre muerte de espía ecuatoriano es confirmada ante Poder Judicial.

La noticia más sorprendente del día es la declaración jurada enviada por Jesús Sosa Saavedra, miembro del tristemente célebre Grupo Colina, a la Segunda Sala de Terrorismo, en la que confiesa su participación en uno de los crímenes revelados por el periodista Ricardo Uceda en el libro Muerte en el Pentagonito.

Como es conocido, la investigación realizada por Uceda tuvo como principal fuente al ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, quien además de participar en las conocidas acciones de Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori, también participó en otras ejecuciones extrajudiciales y torturas durante la lucha contrasubversiva en la década de 1980.

Sin embargo, el caso revelado no tiene relación con la lucha contra el terrorismo, sino sobre un poco conocido caso de espionaje, ocurrido en 1988, durante el primer gobierno de Alan García.

Enrique Duchicela era un sargento de la Fuerza Aerea Ecuatoriana que cumplía funciones diplomáticas en nuestro país. Este oficial resultó ser el enlace con oficiales del SIE peruano que se encargaban de proporcionar información al vecino del norte, en momentos en que aún no habíamos resuelto nuestro diferendo limítrofe. El teniente EP Marco Barrantes fue identificado como uno de los vendedores de la información.

De acuerdo a lo señalado por el libro de Uceda, confirmado hoy por Sosa en su declaración, el jefe del SIE de aquel entonces, coronel Oswaldo Hanke, y su superior inmediato, el comandante Harry Rivera, encargaron al agente de inteligencia realizar una operación de seguimiento y captura del espía ecuatoriano. Ya se había detenido a Barrantes, quien se encontraba en los sótanos del Pentagonito.

Según Sosa, también habría tenido conocimiento del hecho el entonces Comandante General del Ejército Artemio Palomino Toledo.

Con posterioridad a su captura, Duchicela y Barrantes fueron eliminados por órdenes de Hanke y Rivera. Los cuerpos, de acuerdo a lo narrado por Uceda en su libro, posteriormente fueron cremados en un horno destinado para este tipo de operaciones. El Estado peruano nunca ha reconocido la desaparición o detención de ambas personas.

Como señala Uceda en su libro, hay varios temas a dilucidar:

“La revelación de la pérdida (de documentos claves para la relación Perú - Ecuador), escondida en un expediente judicial hasta la aparición de este libro, habría producido un escándalo político en 1988. Las muertes evitaron el descrédito, la posible remoción de la cúpula militar. De otro lado, la desaparición de su espía indicó a Ecuador que el Perú sabía todo. Encajó el golpe, en la expectativa de devolverlo. Hasta hoy es un misterio cómo informó de esta sitación el comandante general del Ejército, Artemio Palomino, al Ministro de Defensa, Enrique López Albujar (asesinado por el MRTA en 1990), y al Presidente Alan García“.

Ni Palomino ni Alan García quisieron dar su versión de los hechos sobre este caso al periodista.

Actualmente vienen siendo procesados por este caso 5 personas: Hanke, Rivera y los suboficiales Julio Ramos Álvarez, Gumercindo Zambrano Salazar y Jorge Ortíz Mantas. Palomino no está comprendido en el proceso y Alan García no ha sido llamado como testigo. El Fiscal los acusa de secuestro y ha pedido 25 años de prisión para los implicados. No se ha ampliado el caso por torturas, desaparición forzada y asesinato.

Sosa es una personaje que sabe bastante. Quizás sea el momento en que, de una vez por todas, se presente ante el Poder Judicial y declare todo lo que conoce. Ello no le librará de la condena por los crímenes en los que participó, pero permitirá ir develando algunos de los cementerios secretos del Ejército Peruano.

Chile - Perú: el límite pendiente.

Nuevamente un incidente infeliz puso sobre la mesa el tema de nuestras anormales relaciones con el vecino del sur.

Y es que la deconfianza - aparentemente mutua - que sentimos unos con los otros alienta a que cualquier error sea objeto de inmediata suspicacia.

Esta vez el error fue una propuesta de la Presidente Michelle Bachelet para modificar la demarcación territorial chilena. La antigua I Región, Tarapacá, se dividiría en dos, dando paso a la XV Región de Arica y Parinacota. El problema se da cuando se ponen los límites de dicha región:

“Al Norte: el límite con Perú, desde el paralelo del Hito Nº 1 en el Mar Chileno hasta el Hito Nº 80 tripartito de la frontera con Bolivia”.

Y es que con la proyección desde el paralelo el Hito N° 1, perderíamos territorio marítimo. La posición peruana es que esta proyección debe hacerse desde la Línea de la Concordia, que es la que fija el límite de acuerdo al Tratado de Lima de 1929.

Si no fuera porque el Tribunal Constitucional chileno declaró inconstitucional la norma por un tema meramente formal - no vio el tema de los límites - ahorita seguiríamos en una escalada de calificativos y los termocéfalos de ambos lados estarían ya incitando a sus ejércitos a comprar armas, a romper relaciones, a llamar a nuestro embajador. Bueno, la de siempre que tenemos algún pleito, aunque sea por el pisco o el suspiro a la limeña.

Voces que van desde César Hildebrandt a Aldo Mariátegui reclaman hacer lo que la sensatez reclama: solucionar este problema de una buena vez. Lo que implica que Perú contrate un buen estudio de abogados y demande a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para fijar sus límites marítimos.

Por lo que nuestros amigos en Torre Tagle nos han podido contar, Perú, durante el gobierno de Toledo, ya hizo los contactos con estudios de abogados, formó comisiones asesoras e incluso la demanda ya estaría redactada.

Entonces, todo depende de que el canciller José Antonio García Belaúnde proceda a dejarse de tanta pusilanimería que parece rondar por los predios de la política exterior peruana y de una vez haga lo tenga que hacer.

Y esto no va a afectar nuestras relaciones con Chile, como algunos agoreros señalan. Todos los días, los países se demandan unos a otros por diversos tipos de controversia. La Corte Internacional de Justicia fue establecida para evitar que estas controversias se solucionen mediante las armas. Si el mecanismo existe y, además, se tiene una posición sólida sobre el tema, es momento de iniciar el proceso.

De lo contrario, seguiremos arrastrando al país en odios ancestrales que no conducen a nada y la relación con Chile seguirá entrubiada por varios años.

MAS SOBRE EL TEMA:
Editorial de El Comercio: Perú y Chile no pueden desviarse del objetivo integrador.
César Hildebrandt: La Cruz del Sur.
Mirko Lauer: Platos Rotos y Panes Fríos.
Aldo Mariátegui: A la playa y a La Haya.
J.J. Martinelli: Desencuentros Perú - Chile: ¿hasta cuando?

Quo Vadis?: Interrogante en latín que quiere decir “¿A dónde vas?”

Y llegó el sexto mes, periodo propuesto por el Presidente de la República para que lo evaluemos a nuestras anchas, porque dice que recién allí podrá exhibir resultados. Y vaya que exhibe varias cosas este gobierno que de cambio y de responsable parece tener poco.

LO POSITIVO:

Es curioso decir esto, pero el principal logro del gobierno de Alan García es la economía. La buena marcha macroeconómica que viene de la época de Toledo - ojo, no de la de Fujimori donde, contra toda lección de economía, se cuadraba caja con la plata de las privatizaciones - se ha mantenido, gracias al aumento de las exportaciones y al boom que ciertos sectores siguen manteniendo. En eso, García no se ha equivocado e incluso ha acertado al colocar medidas tributarias que permitan ir ajustando - tímidamente - el esquema de supervisión imperante.

Lo segundo es que se mantienen espacios de diálogo con sectores sociales y económicos a partir de los cuales procesar demandas. Sin embargo, se extraña que dichos mecanismos sigan siendo reactivos y no preventivos.

Lo tercero, medidas aisladas aunque importantes como la instalación del Consejo de Reparaciones para determinar a las víctimas del conflicto armado interno que serán beneficiarias del PIR (aunque el Consejo no funciona en la práctica, por la ausencia de un Secretario Ejecutivo), la evaluación a los maestros y la adopción del Plan Educativo Nacional como política de Estado.

Cuarto y final, una sincera preocupación por la austeridad y por la reducción de gastos en el Poder Ejecutivo y en otras instancias del Estado.

TEMAS DE FONDO: CARENCIA DE IDEAS:

Sin embargo, el Gobierno no ha aprovechado estos logros, a los que se suman el buen contexto internacional y su popularidad para impulsar reformas de fondo. La constatación a la que cualquiera puede llegar fácilmente es que no se tenía un Plan de Gobierno estructurado, más allá de enunciados genéricos y que se había llegado al poder tan solo por llegar.

Esto se puede comprobar con una rápida mirada a algunos temas de fondo.

Comercio Exterior y Competitividad: Se perdió seis meses importantes en la aprobación del TLC, por un capricho presidencial con nombre y apellido: Hernando de Soto. En su intento por aparecer como interesado en la ratificación del Tratado, se nombró a este personaje como representante personal del Presidente para este tema. Sin embargo, la realidad fue demostrando que el equipo debía estar encabezado por los puestos que lideraron el esfuerzo durante el gobierno anterior: Ministerio de Comercio Exterior y Embajada del Perú en Washington. De Soto queda en un papel relegado, en el llamado “TLC hacia adentro”, que uno no sabe si es una plasmación concreta del Plan Nacional de Competitividad elaborado en el periodo de Toledo o algo nuevo. El voluntarismo presidencial también casi nos cuesta las negociaciones con la Unión Europea, preocupada por la posible aprobación de la pena de muerte.

Descentralización: Un controvertido cierre del Consejo Nacional de Descentralización que le ha traido más problemas que soluciones al gobierno. Una acusación constitucional contra Jorge del Castillo a presentarse en los próximos días, una posible demanda de acción popular sobre la norma y el reclamo de varios presidentes regionales abonan en esa línea. La intención del gobierno: tener una relación “más cercana” con los presidentes regionales (es decir, manejarlos a su antojo), tal como lo hizo en el anterior periodo. La pregunta ¿tienen una política de descentralización? flota en el ambiente.

Salud: Más allá de las campañas de vacunación, no se tiene una política clara sobre la materia. Carlos Vallejos sigue en debe.

Educación: Sin duda, la evaluación a los maestros fue un golpe político que afectó al SUTEP como interlocutor y como entidad ante la opinión pública. Sin embargo, cabe preguntarse de que manera esta evaluación se conectará con un plan de capacitación, y este plan de capacitación con el Plan Educativo Nacional. En otras palabras, persiste la duda sobre si el Ministro Chang tiene idea de qué hacer con la educación.

Justicia y lucha anticorrupción: Francisco Távara entra con buen pie al Poder Judicial, con un Plan de Acción para dos años con metas concretas y señales de transparencia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no lo acompaña. La presencia de funcionarios cuestionados por su pasado - como el jefe de los Procuradores, Moises Tambini del Valle - o por su parcialidad - como el secretario del Consejo de Derechos Humanos Luis Alberto Salgado - sumado a las pocas ganas de hacer reformas en serio complotan en este sentido. Y ya ni hablemos de lucha anticorrupción, pues la voluntad que se tiene en este tema se restringe a los limitados esfuerzos que Briceño, Chehade y compañía hacen para los casos Fujimori y Montesinos. Hasta ahora esperamos la creación de una entidad que ayude a prevenir las prácticas indebidas dentro del Estado.

Seguridad Ciudadana: Más allá de la buena voluntad de la Policía, no se tiene un plan en la materia y no se coordina con los municipios. Pilar Mazzetti parece más concentrada en defender su permanencia en el puesto antes que en reformar un sector que pide cambios a gritos desde hace buen tiempo.

PLAN DE ACCION INMEDIATA: ¿UN SALUDO A LA BANDERA?

Como parte de su Plan de Gobierno, el APRA presentó un Plan de Acción Inmediata para los primeros 180 días del mandato presidencial. En dicho plan, se incluían medidas de corto plazo destinadas a reducir el gasto y a cuestiones que devuelvan la confianza en la labor del Estado.

Sin embargo, el seguimiento meritorio hecho por Proyecto Coherencia - a través de su iniciativa Lupa 180 - demuestra que en esta materia el gobierno tiene pocos logros que exhibir: sólo el 14% de lo planteado ha sido cumplido. A pesar que Jorge del Castillo intenta restar validez a dicho trabajo, el seguimiento hecho es bastante preciso y certero y nos demuestra la fragilidad de ideas existente en el gobierno.

¿A qué se debe este incumplimiento? Por un lado, a que muchas de las medidas eran de difícil o imposible ejecución. Por otro lado, a falta de voluntad y/o distracción en otros temas. Lo más preocupante, es que, vistas en conjunto, no logramos ver una lógica armónica en lo presentado por el PAI dentro de una visión integral del Estado.

LO MALO Y LO FEO: LUIS XIV Y EL DESPOTISMO NO TAN ILUSTRADO HABITAN EN PALACIO

Finalmente, vayamos a lo ya sabido. El estilo presidencial ha sido el mayor defecto de estos primeros seis meses.

Básicamente, se ha gobernado a lo que la “sacrosanta” voluntad de Alan García ha dictado. Los minstros han perdido peso, la oposición no existe y el Presidente impone su agenda, no la del país, sino la de los réditos personales.

La carencia de una idea sobre qué hacer ha llevado a que AGP pretenda suplir esta falencia con su consabido voluntarismo, sus cambios de humor y una peligrosa coincidencia de ideas con los sectores más autoritarios y conservadores del país.

¿Qué es lo que le cuesta al país todo esto? Mucho, a anotar:
- No aprovechar un momento económico y político de bonanza macroeconómica y paz política.
- No emprender reformas de fondo en el periodo en que puede aun correrse ciertos riesgos políticos.
- Persistir en temas que envilecen a la opinión pública, o que la terminan dividiendo.
- Quemar su imagen y sobreexponerse, quitando protagonismo y autoridad a sus ministros, a los que trata como sus secretarios.
- Llevar a su Partido a una contradicción con su actuación durante la década de los noventa, en defensa de la democracia y de los derechos humanos.
- Olvidar la agenda básica planteada por la campaña electoral: la inclusión.
- Un creciente ritmo hacia el autoritarismo y hacia la poca tolerencia a las críticas.

Lo que no recuerda el Presidente es que la alta popularidad es pasajera. A esta altura, en su primer gobierno, tenía 76% de aprobación. Terminó con 9%. Si García quiere dejar de lado ese lastre, deberá comenzar a pensar como estadista y no como un candidato a Miss Congeniality.

Dicen que a veces los mejores candidatos no son los mejores gobernantes, García viene confirmando hasta ahora esta sensación. Dependerá de él que al final de su mandato esa impresión no se confirme.

MAS SOBRE EL TEMA:
Especial de Perú.21.: Los 180 días de García.
Jorge del Castillo no acepta críticas por 180 días.
Acción Popular: Pronunciamiento 180 días de gobierno.
Víctor Andrés García Belaúnde: No estaban preparados para gobernar.
Augusto Alvarez Rodrich: Lo bueno, lo malo y lo feo.
Carlos Basombrío: “Alan García se cree el Rey”.
Rosa María Palacios: Muerta de pena.
Lupa 180: Observatorio Coherente de los 180 días del gobierno aprista.

Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de la República durante el gobierno de Alejandro Toledo, está de vuelta en Lima. Y ha dejado la prudencia característica de los diplomáticos de carrera para decir algunas cuantas verdades - por lo menos, desde su punto de vista - sobre el manejo de política exterior del actual gobierno aprista.

En dos entrevistas, una hecha en Perú.21 en la edición del día de hoy y la otra, esta mañana en CPN Radio, Rodríguez Cuadros ha sido contudente con varios temas: Chile, TLC, derechos humanos y las acusaciones en su contra. Y en muchas de ellas parece tener bastante de razón.

Aquí, los pasajes más picantes de dichas conversaciones:

Sobre su regreso

“El Gobierno decidió dar por terminadas mis funciones en Ginebra. De acuerdo con la ley, se me tenía que nombrar en otra embajada o en otra representación permanente. Yo envié una comunicación oficial a la Cancillería señalando que declinaba cualquier nombramiento en el exterior y que solicitaba mi traslado a Lima.”

“(…) tengo discrepancias serias con la política exterior y, como ex canciller, quiero ejercer el derecho de esclarecer y de explicar al país las líneas de política exterior que yo ejecuté, especialmente aquellas que se diferencian sustantivamente de las actuales”.

Sobre el TLC

“Lo concreto es que han habido errores de apreciación. Todos los analistas y los entendidos sabíamos que (el TLC) no se iba a aprobar este año y han habido también problemas en el enfoque negociador, pero yo creo que no hay que dramatizar (…) de todas maneras habrá TLC el próximo año”.

Sobre derechos humanos

“Lo que es imposible es aplicar la pena de muerte sin violar la Convención Americana y los compromisos adquiridos por el Perú. Hay gobiernos, como el de Fujimori, que violan la Convención y no se retiran de la Corte, pero son gobiernos que se ponen al margen de la legalidad internacional. Y no hay ninguna posibilidad de vestir con una supuesta legalidad a cualquier fórmula de ampliación de la pena de muerte“.

“Creo que se están tomando algunas medidas y se están haciendo propuestas que no solamente van contra los derechos humanos sino contra la legalidad internacional, por ejemplo, el caso de la pena de muerte y el de las ONG. Espero que el Gobierno no ingrese a un nivel de colisión con la legalidad internacional; porque estaríamos reproduciendo lo que sucedió con Fujimori”.

Sobre Rolando Souza y las acusaciones en su contra

“Yo no me voy a referir a las palabras del señor Sousa sobre mi persona, pero sí quiero señalar que él ha incurrido en los delitos de calumnia y difamación agraviada, y de todas maneras voy a presentar una demanda judicial”.

“Él dijo que yo había nombrado a mi esposa antes de que me fuera. Aquí le dejo la constancia del Ministerio de RR.EE. en la que se señala que los cónyuges diplomáticos tienen derecho a trabajar en el exterior, pero uno de ellos solo recibe el 60% del sueldo“.

“¿Por qué, si esas denuncias son mentiras, el canciller no salió a desmentirlas? ¿Eso no hubiera sido lo más lógico?
Usted lo ha dicho. Era lo más lógico. Eso tiene que preguntárselo a la Cancillería. Cada quien es dueño y responsable de sus silencios y de sus no silencios.

¿Por qué cree que no recibió el respaldo de la Cancillería?
Yo no diría que no recibí el respaldo de la Cancillería, porque creo que la Cancillería no debe hacer un acto de adhesión, pero sí está en la obligación, ante la opinión pública y el país, de esclarecer los hechos si es que hay afirmaciones que provienen de una alta autoridad, como es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores”.

¿Qué dirá a todo esto el Canciller José Antonio García Belaúnde?

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Manuel Rodríguez Cuadros: “Discrepo de la política exterior de este gobierno“.
CPN Radio: Rodríguez Cuadros estima que “de todas maneras” el TLC se ratificará el próximo año.

Dos ejemplos de la poca transparencia gubernamental.

UN PORTAL PRESIDENCIAL VACIO

Hace unos años, se consiguió que se aprobara la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, norma fundamental para que el Estado nos brinde la información sobre sus actividades oficiales, presupuestos, adquisiciones y demás información relevante. Esto le permite al ciudadano conocer como funciona realmente el aparato estatal y ejercer la fiscalización necesaria sobre las actividades y fondos estatales.

En su artículo 5, la norma señala lo siguiente:

“Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información:
1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula, si corresponde.
2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones.
3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos.
4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente.
5. La información adicional que la entidad considere pertinente“.

Pues bien, el primer llamado a cumplir con la norma no lo está haciendo.

Como es sabido, el Despacho Presidencial durante el gobierno de Alejandro Toledo implementó el Portal Electrónico de la Presidencia de la República, en el que mal que bien, podíamos acceder a varios de los datos señalados por la Ley.

Sin embargo, desde que Alan García entró al poder hace 4 meses, el Portal Presidencial se encuentra desactualizado y con el consabido mensaje de “pagina en mantenimiento”.

Una actualización no demora tanto tiempo. México ha actualizado en 3 días su portal presidencial con el cambio de gobierno. Chile lo hizo en 2 días.

Si el Presidente busca hacernos creer que ha cambiado, quizas debiera comenzar por este pequeño pero significativo detalle que, además, es una disposición que quien debe velar por cumplir y hacer cumplir las leyes debe acatar.

A ELLOS LES GUSTA LA GASOLINA.

El jueves, en su columna semanal en Caretas, Gustavo Gorriti hizo una denuncia realmente explosiva sobre corrupción en los altos mandos del Ejército Peruano.

A cada unidad del Ejército le dan determinados montos por dotación de gasolina para sus vehículos. Los montos deben ser auditados por la Contraloría General de la República, para verificar si es que se le dio un adecuado uso.

Lo que Gorriti denunció fue el intento de miembros del Ejército de “hacerle el avión” a la Contraloría. La Brigada de Fuerzas Especiales hizo traer 6 vehículos que están inutilizados y les cambió la placa de rodaje para justificar el gasto en combustible, que en realidad iría al bolsillo de alguien en la Brigada de Fuerzas Especiales. Felizmente, la Contraloría anotó los números de motores de los vehículos, con lo que el engaño se hizo evidente.

Lo mismo habría ocurrido en la propia Comandancia General del Ejército, a la cual se entrega más de 10 mil galones de gasolina al mes, que son en realidad vales, es decir, dinero. Y para justificarlos habrían traido los vehículos del Ejército de todo Lima, que no reciben ni una sola gota de combustible de dicha partida. Allan Wagner solicitó un informe al Comandante General del Ejército César Reinoso sobre el tema, el cual desconocemos si lo entregó en el plazo de 24 horas solicitado por el Ministro de Defensa.

Esto se da en un contexto donde en el Ejército siguen los ecos de las siguientes denuncias:
- La estafa en la construcción de la carretera a Cabana, que motivó mutuas acusaciones entre César Reinoso y el general Rafael Hoyos de Vinatea. La situación de ambos es complicada, más aun cuando el propio ex presidente Alejandro Toledo mencionó en la sesión del sábado en el Congreso que quienes debían rendir informe al Ministro de Defensa por este tema eran tanto el Comandante General (Reinoso) como el Jefe de la Segunda Región Militar (Hoyos). Dicha declaración, sumada a esta denuncia, estaría por desencadenar la salida de Reinoso de su puesto el 31 de diciembre.
- El tráfico de arsenales y polvorines del Ejército.
- La denuncia de varios jefes miitares sobre comida malograda o material en mal estado, situación dramática en el caso de la unidad contrasubversiva.

Y a pesar de todo esto, hay quienes siguen pensando que “con el Ejército no hay que meterse”, “a las Fuerzas Armadas ni tocarlas con el pétalo de una rosa” o que siguen constituyendo “un poder tutelar de la Nación”.

El Ejército es una institución que merece respeto. Pero quienes se lo faltan no son quienes criticamos lo malo que ocurre allí, sino los propios uniformados que han convertido en una chacra a dicha entidad, o quienes se convierten en defensores de ladrones y violadores de derechos humanos. La denuncia de Gorriti, documentada y sustentada, se convierte en el síntoma de alerta que el gobierno requiere para, de una vez por todas, dar paso a una reforma de las Fuerzas Armadas que las comprometa con la democracia, el respeto a los derechos humanos y a la legalidad. De lo contrario, algo en los cuarteles seguirá oliendo a podrido, tanto por los millones esquimados al Estado o los cadáveres escondidos bajo la alfombra.

ACTUALIZACION:
A la medianoche de hoy, Alan García anunció que César Reinoso pasa al retiro y cambió también al Jefe de Estado Mayor, Inspector General y jefe de la Segunda Región Militar, así como al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas José Williams Zapata.
Los militares nombrados, en particular el General Edwin Donayre, nuevo Comandante General del Ejército, tienen gran ascendiente y una carrera sin mácula.
Preocupa el envío del General Williams a la Junta Interamericana de Defensa en Washigton, en momentos que tiene procesos pendientes con la justicia.

Mientras chequeas estas líneas, el Presidente Alan García se reune con sus Ministros para ver cuál será la estrategia peruana para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Como sabemos, a mitad de año, el Congreso del Perú ratificó el TLC, con protesta de congresistas cocaleras incluidas. En aquella ocasión dijimos tres cosas en las cuales nos ratificamos:

“Por supuesto que hay muchas cosas criticables en los Estados Unidos (como la política bélica y económica de su actual presidente), pero no considero que estamos ante un caso de colonialismo comercial o de implantación del imperio. Ello obedece a fobias que la nueva izquierda latinoamericana (la de Chile, Uruguay y Brasil) ya ha dejado atrás“.

“Un TLC no es, por sí mismo, la panacea o la garantía de que nuestra economía crecerá sostenidamente. Para que rinda sus frutos, debemos mejorar la competitividad del pais“.

“Para que este acuerdo entre en vigencia ahora deberá ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. No será una tarea fácil, dado que algunos representantes de estados agrícolas lucharán para que no se apruebe“.

Pues bien, la cosa, desde junio a hoy, se ha complicado.

La política bélica y económica de George W. Bush, a la que hicimos referencia en dicha columna, le pagó la factura al gobierno republicano (seamos claros, no ganaron los demócratas, perdieron los republicanos) y han perdido la mayoría en el Congreso. Ello ha hecho que en el periodo de lame duck que le queda al actual periodo de la Cámara de Representantes el TLC no haya sido incluido en la agenda y se vea la posibilidad de aprobar la APTDEA. La opción que hoy se discute en el Consejo de Ministros es la del cabildeo de 7 Ministros en Washington y una presión más fuerte hecha por Hernando de Soto.

De otro lado, si bien los peros en contra del TLC parecen haberse morigerado en el Perú, en Estados Unidos son dos temas los tomados como pretexto por los demócratas: el cumplimiento de las normas laborales y la cuestión del medio ambiente. Sobre el segundo tema, parece haber cierto consenso en que es necesario contar con una autoridad ambiental fuerte e independiente de las presiones empresariales. Sobre el primero, creo que deberíamos escuchar al laboralista Jorge Toyama: “En el Perú tenemos mejores leyes laborales que en los Estados Unidos, pero no se cumplen en la realidad”. Son dos cuestiones internas que el gobierno debería ver como resolver: dotar de mayor fuerza a CONAM y fortalecer el Ministerio de Trabajo (¿cuánto le han dedicado en la nueva Ley de Presupuesto?) son dos cosas que están en la cancha del Poder Ejecutivo.

A ello se suma la absurda acusación que algunos integrantes de este gobierno - Jorge del Castillo y José Antonio García Belaúnde - hicieron este fin de semana a Alejandro Toledo sobre la postergación del debate del TLC. Vamos, sí Toledo era quien quería que esto se firme sí o sí, al hombre no pueden achacarle que retrasó el debate. Por lo demás, Toledo se comprometió a cumplir la ley laboral, cosa que en el Perú, lamentablemente, no se hace y que - independientemente de sus motivaciones - nos presentan los demócratas con justa razón. Si a Toledo se le tiene que reconocer en algo es precisamente en su tesón para buscar este tratado, cuestión que ayer ha señalado el Presidente García, a quien tampoco debería achacársele responsabilidad alguna por vaivenes en la política norteamericana que eran perfectamente previsibles.

En lo que sí parecen haberse quedado sin argumentos o planes los encargados del gobierno actual es en las políticas de fomento a la competitividad y de compensaciones a los sectores que serían afectados por el TLC. Hernando de Soto dijo que, tal como estaba la competitividad del país, el Tratado sólo beneficiaría al 2% de empresas en el Perú. Sin embargo, parecemos haber perdido el norte en esta materia y ni siquiera la mencionamos. Independientemente que se apruebe el TLC con Estados Unidos, es indispensable contar con una política nacional que promueva empresas que, a la par de competitivas, respeten los derechos de sus trabajadores y del resto de ciudadanos. Este es el tema que se ha convertido en la verdadera “pata coja” del TLC, pero al que parece que los comentaristas y encargados de políticas no prestan tanta atención.

ACTUALIZACIÓN: Jorge del Castillo ha señalado que se pedirá que el TLC sea votado el 2007 en el Congreso norteamericano. Perú.21 señala lo siguiente:

“Luego de considerar todos estos elementos y que existe sin duda un gran riesgo que podría ser altamente negativo, hemos decidido tomar el común acuerdo con la Casa Blanca y el Congreso americano de que el sometimiento de la votación del TLC se haga mejor el próximo año”, dijo el primer ministro a la prensa en Palacio de Gobierno.

MAS SOBRE EL TEMA:
Archivo del Tercer Piso: TLC: Recta Final (con bronca incluida).
Augusto Alvarez Rodrich: El consenso sobre el TLC.
Perú.21: AGP le enmienda la plana a sus ministros por el TLC.
Editorial de El Comercio: No perdamos la brújula ante el TLC.
Editorial de La República: Debate inconducente.
Mirko Lauer: El TLC cuelga de un hilo demócrata.
UterodeMarita.com: Alan le jala las orejas a Jorgito.

Esta por culminar el año - marcado por procesos electorales - y la pregunta que me suscita el final de esta temporada es la que aparece en el título.

Varios signos aparecidos durante este año nos alertan que algo no funciona bien en la política peruana y, en particular, con los partidos políticos:
- Un outsider autoritario como Ollanta Humala estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales.
- Un movimiento autoritario y sin estructura, como el fujimorismo, obtuvo 13 congresistas. Sin embargo, no logra ninguna victoria importante en las elecciones regionales y municipales.
- Unión por el Perú, con candidatos de alquiler, le va relativamente bien en ambos procesos electorales.
- Unidad Nacional tiene poco de Unidad y de Nacional. Se fue desgajando durante el año y hoy gana sólo en Lima y por el arrastre personal de Luis Castañeda Lossio.
- Acción Popular agoniza luego de la muerte de sus dos grandes líderes.
- Somos Perú es arrasado en medio del desgaste de alcaldes eternos y acusaciones de corrupción.
- Ninguna de las izquierdas - ni la radical, ni la más moderna - logran articular movimientos nacionales con arrastre popular. Curiosamente, gente salida de sus filas logra éxitos locales y regionales.
- Más que movimientos regionales, como apunta Martín Tanaka, tenemos caudillos regionales con arrastre: Juan Manuel Guillén, Iván Vásquez, Alex Kouri, Vladimiro Huaroc, Federico Salas, Yehude Simón e incluso el aprista José Murgía.
- En varios lugares, las elecciones han acabado a balazos, con toma de actas y destrucción de municipios. Los casos de Puente Piedra y Campanilla han sido los más comentados por la prensa.
- El Presidente de la República da un patético discurso en el que hace gala de su caudillismo y mesianismo diciendo que, “si fuera necesario”, él mismo postularía a la Alcaldía de Trujillo para recuperar el otrora sólido norte que ahora al APRA le parece mas una malagua.

No estamos hablando de hechos que nunca se hayan repetido en la historia del Perú. Los balazos y anforazos fueron nota común de las elecciones del siglo XIX (los famosos tiempos del pisco y la butifarra), e incluso conformó un capítulo entero de “Conversación en la Catedral”, cuando se narra la historia de la toma de anforas durante el Ochenio de Odría.

Y lo de los partidos fue una debilidad histórica del Perú de toda la vida. Nuestro primer partido fue la Fuerza Armada, que gobernó ininterrumpidamente hasta 1872, cuando Manuel Pardo ganó las elecciones y fue el primer intento de construir una organización política. Lástima que la Guerra del Pacífico y los aprestos excluyentes de la República Aristocrática terminaran por acabar con un intento de articular una red de representación de diversos sectores sociales.

Lo que tuvimos en el siglo XX fueron caudillos civiles, que si bien respetan las elecciones y la división de poderes, lo que implantaron fue una democracia caudillista, donde gobernar se convirtió en sinónimo de mandar, la famosa apelación al pueblo “directamente y in intermediarios”. En suma, fueron incapaces de organizar partidos que sobrevivieran al caudillo. Ejemplos nos sobran: Guillermo Billingurst, Nicolás de Piérola e incluso se podría ubicar aquí a Luis Bedoya Reyes y Fernando Belaúnde Terry.

Incluso en el partido más organizado, el APRA, el caudillismo ha sido la nota común. Si bien ha sido la única organización capaz de formar cuadros, disciplina y cierta prolongación temporal, sucumbió a la democracia de caudillos y a la falta de renovación. Haya primero y hoy Alan García son la fiel expresión de ello.

La izquierda se unió en los 80’s bajo el liderazgo de Alfonso Barrantes y tuvo en consideración las demandas populares, lo que permitió tener éxitos electorales y una presencia importante. Sin embargo, el cuestionamiento al liderazgo de Barrantes, la esquizofrenia que padeció entre su sector radical y su sector moderado y las muertes que Sendero le causó la liquidaron.

A ello debe sumarse que la entraña autoritaria hizo más difícil la creación de partidos, su subsistencia o su conformación como organizaciones que conecten con las demandas de la población. Todos los dictadores del siglo XX (Leguía, Sanchez Cerro, Benavides, Odría, Velasco, Fujimori) articularon un discurso fuerte en contra de los partidos, los persiguieron y preponderaron la importancia del cemento antes que las ideas y los planes de largo plazo. A la usanza de Luis XIV, señalaron que el Estado eran ellos.

Mientras tanto y, sobre todo, en el interior del país, Sendero Luminoso liquidó a toda una generación de dirigentes comunales, alcaldes y autoridades. Dejó sin liderazgos locales a los partidos y dejó al país al amparo de propuestas autoritarias.

Todo ello nos suscita varias interrogantes.

La primera: ¿cómo hacer que los partidos se identifiquen con las demandas de la población? Hasta ahora siguen percibiendo que la demagogia y los fuegos artificiales son los medios para hacerlo, pero los resultados electorales les responden en la cara que la población no les cree.

Una segunda interrogante, ¿hay algún potencial o material humano para construir un sistema de partidos que medianamente funcione en el Perú? Porque una cosa quedó clara en esta elección respecto al supuesto “único partido que tenemos en el Perú”: el caudillismo manda. Caído el caudillo o no interviene en la elección y la cosa se desbarranca electoralmente.

Una tercera cuestión, que quizás suena más a pregunta retórica: ¿por qué quienes estamos interesados en política no entramos o fundamos un partido? ¿Será que nuestro compromiso sólo queda en la crítica o en mecanismos de expresión ciudadana? ¿Por qué a muchos nos seduce más la idea de trabajar en organizaciones de la sociedad civil - no sólo ong’s -, en hacer blogs como estos o en hacer periodismo antes que en construir mejores ofertas para adecentar la política en el Perú?

Una cuarta pregunta, ¿no es tiempo de modificar nuestros cronogramas electorales para que no tengamos movimientos aluvionales que se junten solo para los momentos electorales? (Por ejemplo, cerrando la inscripción de partidos un año antes de la elección) ¿No es necesario dar mayores recursos y apoyo al JNE y a la ONPE para que verifiquen si es que realmente los grupos que solicitan inscripción cumplen con los requisitos señalados por la Ley de Partidos Políticos? ¿No es hora de colocar sanciones a quienes incumplan las disposiciones de la Ley de Partidos?

Un quinta: ¿No es hora que nos dejen de vender gato por liebre? Que los socialdemócratas no se pinten como izquierdistas, que los radicales se asuman como tales, que los conservadores apristas no se las den de socialdemócratas, que los conservadores no se maquillen como liberales y que los liberales lo sean también en lo político.

Finalmente: ¿Del Castillo, Mulder, Tapia, Flores, Castañeda, Villarán, Diez Canseco, Borea, Estrada, no se habrán dado cuenta que es necesario solidificar instituciones y que es necesario tener comites locales y provinciales más sólidos, practicar la democracia interna y ensuciarse los zapatos para conocer las necesidades de la gente? Y no solo me refiero a las necesidades imperiosas de los pobres, sino también de la venida a menos clase media, e incluso de los sectores más privilegiados.

No tengo una respuesta a todo esto. Mas que todo es la reflexión final que me dejan las 2 elecciones de este año. Lo peor de todo es que cada vez más me suena más a interrogantes sin responder.

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