Si una táctica mediática fue desplegada en los años noventa fue la campaña sistemática en contra de los opositores al fujimorato. A través de titulares que tocaban el mismo tema en varios diarios - todos comprados al mejor postor por Vladimiro Montesinos -, todo aquel que se opusiera a Alberto Fujimori era pasado por una moledora de carne sistemática, con contenido dictado desde la salita del SIN.
Y si bien Fujimori y Montesinos ya están en prisión, su espíritu está presente en algunos medios de comunicación.
Uno de estos enemigos es Gustavo Gorriti, una de las personas que encarna lo que debe ser un buen periodista: una buena pluma, uso de los métodos de investigación y corroboración, principios democráticos sólidos e investigaciones que lo respaldan.
El 7 de mayo de 2008, Gorriti sacó un artículo sobre la lucha que viene emprendiendo la Policía Nacional contra “Artemio”, uno de los líderes de lo que queda de Sendero Luminoso. La historia que cuenta el periodista nos da una idea de como se va estrechando el cerco sobre este personaje, a pesar de las limitaciones logísticas a las que el despacho que “encabeza” Luis Alva Castro. Debo decir que del relato de Gorriti puedo admirar a los policías que, con inteligencia y sin violar derechos humanos, vienen aplicando una estrategia inteligente y que, estoy seguros, dará resultados en el futuro cercano.
Sin embargo, días más tarde, el domingo 11 de mayo, Expreso y La Razón pasaron a Gorriti por sus respectivas moledoras de carne: sus secciones de trascendidos - Polidatos y Carnecitas, respectivamente - sacaron sendas notas en contra del reportaje, específicamente por hacer alusión a la palabra “guerrillero”, a la que estos diarios atribuyeron como condescendencia con Sendero Luminoso, la cual, cualquiera que conoce la trayectoria de Gorriti, sería bastante idiota en creer en la misma.
Dos cuestiones me llamaron la atención de este asunto.
La primera, es el párrafo de marras al que ambos medios aluden y que, como verán, es claro en su afán descriptivo de un fenómeno militar:
Con más de 25 años de experiencia militar en el terreno, “Artemio” es uno de los más veteranos guerrilleros en América Latina. (A diferencia de quienes utilizan el término “terrorista” o “guerrillero” con una connotación esencialmente valorativa, IDL-SC los usa solo como una descripción de metodología militar). Su conocimiento del terreno y su red de información rápida, ambos muy eficientes, le han permitido eludir varias veces capturas que parecieron inminentes.
Los dos diarios no solo se olvidan de todo el contenido del artículo, que reconoce de modo amplio los esfuerzos que viene haciendo la Policía por acabar con los remanentes de Sendero en el Alto Huallaga. Asimismo, se olvidan del segundo párrafo del artículo, que aclara las cosas aún más:
Así, frente a una insurrección guerrillera (que suele incluir acciones terroristas, de sabotaje, políticas y de propaganda junto con las propiamente guerrilleras), no es fácil saber quién está ganando y quién perdiendo. El número de bajas y de arrestos, por ejemplo, puede ser un indicador engañoso, que demuestre el resultado de golpes eficaces contra los insurrectos o, por lo contrario, mayor actividad de éstos.
En otras palabras, Gorriti no propagandiza a favor de SL, tal como ambos medios pretendieron presentarlo, sino hacer lo que hace un analista militar serio: presentar los hechos y las estrategias describiendo los hechos y tomando partido, de manera indiscutible, por el bando democrático, que es el del Estado que hoy gobierna Alan García.
Pero más sorprendente es aquello que ambos diarios hicieron y que el propio Gorriti denunció el miércoles pasado en su acostumbrada columna semanal en Caretas: Palabras más, palabras menos, Expreso y La Razón colocaron en sus secciones de trascendidos el mismo texto. Vean los recortes de ambos diarios y hagan la comparación:
En jerga periodística, a esto se le conoce como un “bajado”. Es decir, alguien redacta una nota para que otros medios la reboten tal cual, o cambiando solo unas palabras. En el caso de La Razón y de Expreso, se trata del mismo trascendido en dos partes, al que le cambian los títulos y algunas cuestiones ligeras de redacción, pero el contenido esencial y hasta el final son exactamente iguales.
Esto hace suponer dos cosas: O ambos diarios están coordinando campañas de este tipo - a las cuales también se suma en varias ocasiones Correo - o alguien les dicta a ambos diarios el contenido de sus notas, trascendidos y supuestas investigaciones.
Señores Luis García Miró y Uri Ben Schmuel, por un mínimo de respeto a sus lectores y a la verdad, ¿podrían explicarnos cual es realmente su cau - cau?
Hace una semana y media, Susana Villarán contaba lo siguiente en su blog:
Recuerdo haber entrevistado en la radio a Fermín Azparrent, alcalde de Huamanga, luego de la histórica Marcha por la Paz contra Sendero Luminoso. En esa movilización, por primera vez en la historia de terror que sembró Abimael Guzmán y su sanguinario grupo, 15,000 personas salieron a las calles a repudiarlos. Lo hicieron venciendo el miedo y a pesar de sus cargas de dinamita y de las amenazas a de muerte a los dirigentes de Izquierda Unida que la convocaron. Poco días después lo asesinarían a la entrada de su casa.
Hoy su hija Carmen está detenida, acusada de estar vinculada con el terrorismo y en un Pabellón del Establecimiento Penitenciario Chorrillos de máxima seguridad, junto a las sentenciadas de Sendero, organización que la privó brutalmente de su padre a edad temprana.
APRODEH se está haciendo cargo de la defensa de Carmen Azparrent y su director, Miguel Jugo, ha declarado, en referencia al reportaje de Hildebrandt Jr., a La Primera:
Miguel Jugo explicó que el programa de televisión, entre otras malas mañas, mostró dos videos editados maliciosamente para hacer creer al público de que se trataba de uno solo. “El mismo informe delata su artimaña, pues cuando la cámara enfoca a Carmen Azparrent, María Socorro Gabriel y Guadalupe Hilario, los asientos son de color blanco, mientras que cuando enfocan a Roque Gonzales y los demás son de color amarillo y negro”, remarcó.
La cuestión es bastante obvia si se ve el reportaje, por lo que Roberto Bustamante se anima a comentar lo siguiente:
En la imagen superior está Melissa Patiño en un bus con asientos amarillos, efectivamente. En la inferior, está Carmen Azparrent en un bus con asientos blancos. ¿Buses con colores diferentes para los asientos? Uhm. Con este truco óptico, César Hildebrandt Chávez debería ser nombrado nuestro David Blaine o nuestro Chris Angel (los tiempos de David Copperfield fueron). Claro, si es que él fue realmente el editor del video. ¡Que pase el mago Canela!
El ya polémico reportaje viene cobrando ya otra víctima y otra mentira más para justificar lo que, a todas luces, es una serie de detenciones arbitrarias. Algo sigue oliendo mal en un asunto que parece convertirse en emblemático de como el gobierno viene manejando las disidencias. Y claro, en el camino abona para que los radicales se ganen algo con este tipo de horrores jurídicos y periodistas otrora reconocidos vean caer su credibilidad a niveles más bajos que la popularidad de Alejandro Toledo durante su mandato.
Prensa que se vuelve en vocero del gobierno deja de ser independiente. Tal vez un manual de periodismo no caería mal por la avenida San Felipe. Mientras tanto, 7 peruanos siguen presos injustamente y algunos solo atinan a decir: uyuyuy.
Hace un par de semanas volví a ver Buenas Noches, Buena Suerte, la pelicula dirigida por George Clooney en la que se cuenta el daño que ocasionó el macarthismo a Estados Unidos, debido a la persecusión de personas por sus ideas y por las violaciones al debido proceso que se generaron en la tristemente célebre comisión del Senado norteamericano. Pero también se contó como la prensa supo hacer una investigación seria para develar este tipo de irregularidades y la existencia de algunos medios de comunicación proclives a sostener las fobias de McCarthy.
Pues bien, parece que Clooney podría venír a Lima, tranquilamente, a hacer una segunda parte de la película, pero, esta vez, enfocada en los efectos que la prensa puede hacer en favor de una cacería de brujas.
A estas alturas, todos conocemos el caso de Melissa Patiño, una joven de 20 años que fue detenida hace casi 60 días en Aguas Verdes por haber asistido a una reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana, una agrupación continental que junta a varios grupos ubicados en el espectro más radical de la izquierda. Hasta allí, nada que reprochar en términos de la libertad de expresión y de conciencia - claro, quien escribe está en las antípodas de lo que piensan estas personas -, aunque no han faltado quienes busquen una conexión entre la CCB y las FARC, cuestión que, de todas maneras merece una investigación.
¿Por qué fueron detenidos Melissa y otras personas? Porque supuestamente la reunión de la CCB era para iniciar acciones terroristas para ir en contra de las cumbres internacionales de mayo y noviembre. Sin embargo, como bien lo ha mencionado Rosa María Palacios:
Ustedes no han leido el auto apertorio de instrucción. Yo si. Y ahi no hay nada que sirva para acusar de colaboración con el terrorismo en agravio del Perú, Ecuador y Colombia
.
Y cuando un auto de instrucción no tiene fundamento, pues estamos ante una acusación sin pruebas y sin siquiera indicios. Es decir, hay personas injustamente detenidas a las cuales debería liberarse en este mismo instante. Claro, aquí median dos incompetencias: la de la Policía Nacional por no hacer bien su chamba de inteligencia y la de quien se encarga del caso en el Poder Judicial por no verificar que los indicios eran suficientes en este tremendo embrollo.
A pesar de ello, hay medios de comunicación que se han prestado a seguir con este juego de la persecución por ideas. En este caso, un espacio con nombre de película de Hitchcock se prestó a intentar cubrir con mentiras - bien editadas, por cierto - lo que a todas luces parece una arbitrariedad. El video de La Ventana Indiscreta, que pueden ver a continuación, es un claro ejemplo de lo que, en términos generales, se llama hacer periodismo tendencioso:
Sin embargo, la verdad ha podido salir a la luz gracias al vlog Utero TV, que ha podido rescatar las declaraciones del verdadero novio de Melissa Patiño, así como develar una serie de inexactitudes que tuvo el reportaje de César Hildebrandt Chávez. Vean ahora lo que prepararon Marco Sifuentes y Juan Carlos Goicochea sobre este tema:
Asi que ya sabes, Clooney, date una vueltita por Lima. Material para hablar de macarthismo tienes de sobra. Y periodistas de ambos bandos, también.
Dicen que la libertad de prensa es el mayor valor de la democracia. Es cierto, si no fuera por ella, no se podría controlar al poder. Por ello, cuando surge una amenaza a la misma, hay que alertarla con todas nuestras fuerzas.
El domingo 24 (de febrero), el diario La Industria de Trujillo publicó una serie de documentos, atribuidos a la familia Sánchez Paredes, y que llegaron en forma anónima a las instalaciones de ese matutino. Entre los papeles aparece un presunto documento interno de Minera Santa Marina que refiere acciones a tomar en el cerro de oro El Toro de Huamachuco. Dicha empresa, por cierto, está enfrentada a la comunidad liberteña de Huamachuco por el control de los terrenos aledaños a la mina de oro. Los pobladores denunciaron a CARETAS 2014 haber recibido amenazas de muerte y agresiones por parte de supuestos emisarios de Fidel Sánchez Alayo, tal como consta en denuncias policiales de la comisaría del sector.
El documento revelado por La Industria menciona un supuesto nexo entre Sánchez Alayo y el abogado Marco Peralta Castañeda, quien es asesor principal del congresista Rodríguez. Testimonios recogidos en Trujillo indican que Peralta asesora legalmente a Santa Marina, pero éste lo negó categóricamente en una entrevista telefónica con CARETAS.
Pues bien, a los pocos días, uno de los acusados por La Industria, Greco Quiroz Díaz, ex asesor del gobierno regional y también miembro del partido de la estrella, acusó a Alva Castro de ser quien proporcionó los documentos que llegaron al diario trujillano en forma anónima. Todo esto, en una entrevista que le dio a La Industria.
Esto ha sido lo que ha motivado la denuncia del Ministro del Interior. Sin duda, un caso donde matar al mensajero, s decir, a quien publicó la entrevista, es la seña clara de que Alva Castro busca salvar su imagen a toda costa.
Y es que, en realidad, no tiene sustento jurídico alguno que LAC demande al medio de comunicación en que se virtieron estas declaraciones. Si pudo haber un demandado por supuesta difamación era Greco Quiroz, no un medio de comunicacion del que pretende obtener una reparación civil de un millón de soles.
Sin duda, un caso de amedrentamiento a la prensa independiente que merece ser conocido y tomado en cuenta. Parece que la intolerancia pretende llevarse a los tribunales. Mi solidaridad con los periodistas de La Industria.
Ayer por la noche conversaba con un amigo sobre el libro de Pedro Salinas, Rajes del Oficio, al que calificamos ambos como un estado de la prensa en la primera década del siglo XXI.
Pero leyendo los diarios de hoy, diría que dicho estado, reflejado a través de las opiniones de los periodistas más independientes del medio - aunque se cuela por allí un director de un medio que es candidato a dirigir El Peruano -, es parcial.
Sin duda, existen periodistas que tienen la valentía de decir, todos los días, lo que piensan y lo que sienten, sobre todo frente a un gobierno al que hay varias cosas que criticarle.
El problema es que parecen islas en medio de un tono general en que, como dice Salinas en una entrevista para Dedo Medio, a Alan García lo creen un Churchill en algunos medios de comunicación. Y yo añadiría que, peor aún, el Presidente cree lo mismo.
Ello explicaría lo relatado en el editorial de Augusto Alvarez Rodrich de hoy: el Presidente cuadra a un conocido reportero de RPP y le insinua que su director de noticias (Raúl Vargas Vega) y su dueño (Manuel Delgado Parker) no harían preguntas incómodas.
Es cierto que todo Presidente busca tener “buena prensa”, es decir, que le pregunten más por los supuestos logros y obras físicas antes que por los cuestionamientos. Ello explica, por ejemplo, porque Luis Castañeda Lossio hace de mudo casi todo el tiempo, con excepción de presentaciones complacientes en los noticieros de la mañana para presentar sus nuevos proyectos. Y ese es un mal que no solo caracteriza a García, sino a casi todos los detentadores de poder en el Perú.
Y, para complicar más las cosas, cuando existen propietarios de medios de comunicación que hacen difícil tener una relación independiente con el poder. Ello explica las dificultades de César Hildebrandt o Juan Carlos Tafur, por mencionar dos ejemplos, de encontrar medios en que los cobijen. A pesar que finalmente se logran ubicar, toma tiempo que vuelvan a reencontrarse con su público.
Sin duda, coincido con varios de los entrevistados por Salinas en su libro cuando señalan que la relación entre el poder y la prensa debe ser difícil, complicada y en la que las distancias deben estar presentes. El problema está cuando el detentador del poder no comprende dichas relaciones y pretende que bailemos todos al son que nos toca, sobre todo, cuando no sabe explicar problemas que nos agobian a todos.
La reciente polémica sobre la transmisión del juicio a Alberto Fujimori en Tv Perú - vean la polémica suscitada en Menos Canas al respecto - marca, a mi modo de ver, un nuevo capítulo en la discusión sobre lo que debe hacerse con los medios de comunicación del Estado.
Leyendo Rajes del Oficio 1 y 2, la serie de buenas entrevistas a periodistas hechas por Pedro Salinas, noto que si hay una pregunta que genera discrepancias entre nuestros referentes opinantes es la referida a si el Estado debe tener o no medios de comunicación. Veamos una pequeña muestra: - Beto Ortiz, con real politik, señala que es bueno que se conozca la verdad oficial. - Rosa María Palacios cree que, en principio, no los debería tener, pero que no es dogmática sobre el tema. - Rospigliosi cree que debe ser un canal cultural con un directorio independiente. - Alvarez Rodrich dice que estos medios deben orientarse a los objetivos del Estado. - Los Vargas Llosa padre e hijo, Bayly y Tafur, como buenos liberales, le dicen definitivamente no a la idea. - Y Fernando Vivas, nuestro crítico de televisión, dice que no debieran existir, pero que es potestad del Estado tenerlos.
Y en esas mismas indecisiones también andan nuestros políticos. Tal como lo ha indicado Fernando Vivas, en los próximos días culminará un trabajo largo para la elaboración de una Ley especial para la radio y televisión estatales que permita, de una vez por todas, liberarla del máximo de sus defectos: la supeditación a los vaivenes políticos y a los intereses que cada gobierno tiene de tener “buena prensa”.
Ello implica definir el peso de las noticias, las actividades oficiales y de la “parrilla de programación” cultural dentro del canal del Estado. Esta es la razón que ha hecho que Vivas y Alvarez Rodrich propongan salidas intermedias para la transmisión del juicio a Fujimori, en el entendido que la programación propuesta por la señal televisiva debe respetarse, pero que noticias como el proceso judicial más importante de nuestra historia deben ser cubiertas de manera especial y pedagógica.
Creo yo que el Estado debe tener medios de comunicación a su cargo, pero con una visión de televisión pública. ¿Que implica ello? Que se tenga una cobertura informativa sobria y equitativa, programas de entretenimiento de calidad y un fuerte componente cultural que no deje de lado las manifestaciones y costumbres - pues de imaginarios y prácticas se compone la cultura - de todos los rincones de nuestro país. Ello implica un manejo independiente, profesional y que, en algunos casos, revista la forma de coproducciones y colaboraciones con universidades o productoras independientes. Televisión Nacional de Chile quizás sea un ejemplo donde podamos mirarnos como futuro de lo que ahora es TV Perú.
Y mientras tanto, los televidentes deben seguir reclamando para que la programación cultural se mantenga y los programas informativos no parezcan cada vez más una edición de La Tribuna. La presión pública, basada en la buena imagen que tuvo el canal del Estado durante el gobierno pasado, puede generar un cambio mientras se aprueba la legislación pertinente. Y cuando ésta se apruebe, debemos estar vigilantes para que los mecanismos de independencia se encuentren plasmados y sean respetados por un gobierno que quiere tener un tono monocorde y sin críticas en la pantalla chica.
Ojalá no tengamos que apagar la tele para informarnos de mejor manera.
No se que pasa en la redacción de Correo. Si el escándalo del plagio a Henry Spencer ha causado indignación, pues conocer que las prácticas de este tipo vienen de antes en EPENSA les va a resultar aún peor.
Alberto de Belaúnde es el administrador del blog Real Politik, una bitácora que ha comentado temas vinculados a la política nacional, medio ambiente y derecho y, más recientemente, sobre política internacional.
Pero el diario de los Agois - ya dirigido por Aldo Mariátegui en ese entonces - hizo, el 1 de junio de 2006, tres días antes de la segunda vuelta, un artículo en que copió 5 de las 9 frases recopiladas por De Belaúnde en su celebrado post, sin, por supuesto, citar a quien se dio el trabajito de buscar los greatest hits del vocero de Ollanta Humala.
Hoy Alberto ha denunciado el hecho y no puedo hacer más que solidarizarme con él. Y recordarle a los amigos de Correo que el plagio es un delito y que cualquier persona que se sienta afectada por el mismo puede hacer la denuncia correspondiente. Y claro, siempre queda el camino del Consejo de la Prensa Peruana para la interposición de la queja de rigor.
Este tipo de conductas dicen mucho de los redactores de un medio de comunicación. Parece que en algunos medios están acostumbrados a sacar las noticias de internet, sin citar la fuente, y no reconocen el crédito de las personas que se mataron elaborando la información para compartirla con el público. Esta suerte de “flojera de redacción” es inaceptable para un medio que pretende tener credibilidad como Correo, o al menos, es lo que su director y sus periodistas nos pretenden hacer creer.
Amigos de las facultades de Comunicaciones. Se requiere dictado del curso de Deontología Profesional en la redacción de Correo. Voluntarios, acudir a Jorge Salazar Araoz 171, Santa Catalina. Supongo que los Agois pagarán. Por algo piden que dejen su currículo en su página web.
Los periodistas tenemos muchos defectos, pero de todos la vanidad es el peor, porque lo encuentro más propio de escritores, artistas y políticos que de gente tan imperfecta como nosotros, que somos seudointelectuales y, muchas veces, ignorantes. Gran parte de nuestro problema son los enormes egos en nuestra profesión. (Ricardo Uceda, 10 de febrero de 2008)
Dos posiciones comienzan a ser claras. De un lado, los diarios El Comercio, Perú.21 y La República, quienes manifiestan quejas fundadas y documentadas hacia la actuación de la Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar y que incluso llegan a lanzar propuestas para solucionar este caso que tiene como trasfondo la falta de seguridad para magistrados y testigos involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Varios bloggers hemos hecho eco de estas denuncias y las hemos complementado con varios datos y puntos de vista.
Del otro lado, el diario La Primera – y, en menor medida, Expreso y La Razón – han emprendido una campaña para desacreditar las versiones a favor de la causa de Loayza. Los argumentos centrales de los columnistas César Hildebrandt y Raúl Wiener – los más empeñados en esta empresa – no se basan en una inconducta de la fiscal o en documentos que desmientan su versión sino, simple y llanamente, en una sola palabra: prejuicios.
No voy a ponerme a defender a los grupos editoriales El Comercio y La República. Cada persona sabe en su fuero interno a quien le cree y a quien no. Sin embargo, si me parece criticable que la posición de dos periodistas que tienen varios años de carrera en el medio – independientemente del abismo de credibilidad que media entre uno y otro – se basen en sus odios, fobias y resentimientos hacia personas naturales o jurídicas o en teorías de la conspiración que niegan hechos que, por lo demás, están fehacientemente demostrados.
Peor aún, toda esta aventura ha tenido un corolario realmente penoso. Ha vuelto a revivir viejas rencillas entre periodistas, las cuales, lejos de centrarse en el tema de fondo con relación a la denuncia sobre narcotráfico, han sacado odios y perjuicios. Basta ver las diatribas de Wiener contra El Comercio y el periodista Marco Sifuentes, así como el intercambio de puyas entre Fernando Rospigliosi y Hildebrandt para darnos cuenta que el centro de la noticia está ya no en el lío entre fiscales o los vínculos del narcotráfico con las organizaciones encargadas de investigarlo, sino en estas pugnas y teorías de la conspiración que flaco favor le hacen al esclarecimiento de los hechos, como a la imagen de la prensa.
Y quizás por ello sea adecuada una voz algo más intermedia, como la que se recoge de Ricardo Uceda en una entrevista del dia domingo:
El caso Loayza es un síntoma de lo mal que está el Ministerio Público y buena parte de la prensa. Naturalmente están los medios que defendieron a Fernando Zevallos y no me sorprende que tengan en su agenda el defender a la fiscal de la Nación. Pero yo diría que en la prensa que sí investiga al narcotráfico hay muchas veces una excesiva intimidad con los jueces y los fiscales que desde sus fueros ven este caso.
Hace algunos meses, escuché a Santiago Pedraglio señalar que la prensa de investigación debía tener como norte de sus principales preocupaciones e indagaciones lo que venía pasando con el narcotráfico, dado que se venía constituyendo. Algunos periodistas parecen haber seguido dicha senda y han conseguido datos importantes, tanto sobre Zevallos como sobre los Sánchez Paredes. Otros, en cambio, parecen subestimar el tema, en el mejor de los casos, si es que los tentáculos de la corrupción no han llegado hasta algunas salas de redacción.
Lo importante para el periodismo es, por un lado, investigar hasta las últimas consecuencias en este tipo de casos, tomando la debida distancia de las fuentes que, no lo olvidemos, tienen “agenda propia”. Ello no implica dejar de lado casos como el de las amenazas a Luz Loayza, pues las mismas no tienen fecha de caducidad y es necesario incidir en la necesaria protección a los magistrados, lo cual, por cierto, no implica que la prensa deje de criticar las actuaciones judiciales y fiscales cuando sea necesario.
Lo peor de estas historias de “sospechosos comunes” es que, bien intencionados o no, estos hombres de prensa fanáticos de las intrincadas fantasías sobre evil news corporations dejan de lado aquello que es lo central de este caso: la existencia de poderosos narcotraficantes en el país que tienen montada una red de contactos en la política, el empresariado y, además, en las instituciones encargadas de investigarlos. Y ello debe sumarse el problema de seguridad interior que vienen propiciando a través de sus sicarios y protectores, algunos de ellos, remanentes de Sendero Luminoso.
Así como se exige independencia a los periodistas de los poderes políticos y económicos, también es necesario que no sean tontos útiles del narcotráfico, que es otro poder en el Perú. Y, por las últimas revelaciones, parece que recién estamos comenzando un partido bastante largo en la lucha por obtener la verdad. ¿Lo sabrán jugar todos los periodistas?
POST DATA SOBRE EL TEMA DE LA FISCAL LOAYZA: Luego de ver los reportajes en Cuarto Poder y Panorama sobre el lío entre fiscales, me quedan claras dos conclusiones, que ya fueran adelantadas por Mirko Lauer en una columna de la semana pasada: la Fiscal Luz Loayza no se encuentra en una posición adecuada para seguir en este caso, no por los errores administrativos que ambos programas detectaron o por las vínculaciones con la DEA de las cuales Hildebrandt reniega - en un error del experimentado periodista desde mi punto de vista - sino porque emocionalmente no está lo suficientemente tranquila como llevar a cabo una investigación que requiere nervios de acero.
El otro gran punto urgente es la creación de un sistema de protección a testigos, jueces y fiscales que funcione de veras y que evite que nuestros magistrados queden en guardia baja frente a amenazas físicas o amendrentamiento mental. Y, por último, es imperioso que el Consejo Nacional de la Magistratura investigue en serio a Adelaida Bolívar: su conducta y los contactos de su esposo con la banda de Fernando Zevallos lo ameritan y han hecho que muchos ciudadanos dejemos de confiar en ella.
Si las instituciones de nuestro país dan algunos pasos en esta dirección, evitaremos que el gran ganador de este sainete sea Fernando Zevallos.
Fue uno de los casos más complejos e impactantes que el país tuvo que presenciar durante el conflicto armado interno. Por un lado, conocer la forma en como los comuneros enfrentaban a la subversión y los equívocos a los que se pudo llegar. De otro lado, el drama de una comunidad que luego fue diezmada por la insanía de Sendero Luminoso. Y, por cierto, diversas interpretaciones sobre el caso que, en su momento, causaron polémica.
Uno de los primeros posts que escribí trata sobre este caso, sobre la base de lo señalado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (que no distaba en los hechos de lo señalado por la Comisión Vargas Llosa, pero tienen discrepancias severas en las interpretaciones, siendo lo de la CVR más acertado en el diagnóstico y decripción del cuadro general alrededor de los hechos): los comuneros fueron los victimarios de los periodistas y sus acompañantes, a quienes confundieron con senderistas, luego que fueran incitados por miembros de las Fuerzas Armadas a matar a todo extraño que se encontrase a pie. Y, posteriomente, 135 comuneros, en una población de 470 habitantes, murieron en masacres ejecutadas por Sendero Luminoso, como venganza por no alinearse con su ideología.
En Uchuraccay, creo yo, se resume gran parte del problema de aquellos - y de estos años -: una violencia sin precedentes, la incomprensión frente a una realidad compleja, el poco respeto por la vida humana, distintas interpretaciones y malos entendidos que terminaron ocultando la verdad por años.
Tal como lo hizo el año pasado, Juan Gargurevich recuerda en su blog algunos pasajes de lo ocurrido luego de la masacre. Vale la pena leerlo.
Y también vale la pena recordar las actividades que se vienen haciendo en conmemoración de esta fecha, tanto en Lima como en Ayacucho.
sólo podría decir que la mejor manera de homenajear perpetuamente a quienes cayeron en esta u otra de las masacres de la época del terror, es, señores periodistas, apostar siempre por la verdad. Por más utópico o idealista que suene, ésta existe y es nuestra obligación hacer que todos la sepan.
Tarea que no solo le corresponde a los periodistas, sino a todos los peruanos.
Con justa razon, el blog Lo Justo, Varón nos llama la atención por el poco interés que le hemos puesto a la escandalosa sentencia que exculpa a los responsables intelectuales de la muerte del periodista Alberto Rivera, asesinado en Pucallpa hace tres años.
¿Por qué mataron a Rivera? Pues por las mismas razones por las que Miguel Pérez Julca, hombre de prensa que trabajaba en Cajamarca, fue victimado: denunciar las irregularidades del poder local y regional.
Rivera denunció en su momento que el alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, reelegido extrañamente, tenía vínculos con el tráfico de madera y el narcotráfico.
La presión de la prensa ha hecho que el caso no quede en el olvido y que los autores materiales sean sancionados. Sin embargo, al alcalde Valdez simple y llanamente, nadie lo toca. Y es que el poder del tráfico de madera y el narcotráfico en la selva es bastante fuerte, a pesar que tres de los sicarios contratados por el burgomaestre lo sindicaron como quien lo contrató para realizar el asesinato. Peor aún, el fiscal del caso no apeló la sentencia y si no es por la voluntad de los familiares, el caso no llegará hasta la Corte Suprema.
Cuando matan a un periodista no solo quitan una vida, sino que le quitan a la gente el derecho a informarse para poder fiscalizar a sus autoridades. Si se permite la impunidad en este caso, pues el derecho a la vida y a la libertad de expresión será poco menos que letra muerta en el Perú.
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