Desde el Tercer Piso

Ciértamente, lo ocurrido el viernes ha traído cola, por lo menos en la blogósfera, aunque algunas cosillas se deslizaron en los medios masivos.

Lo cierto es que, a mi modo de ver, algunas cosas nos demuestró esta experiencia.

La primera, es que los blogs se van convirtiendo, poco a poco, en fuentes en los que los medios ponen cada vez más su atención.

Ya había pasado con lo del sexto hijo de Alan García, donde los blogs se convirtieron el casi único espacio donde se discutió de manera abierta y desenfadada todas las repercusiones del tema. Esta semana volvió a ocurrir lo mismo - en menor medida - con esta actividad. Hoy, Perú.21 le vuelve a dar la mirada a la blogósfera, al señalar que un blog que poco a poco se viene haciendo conocido por su oposición a Alan García podría tener relaciones con Perú Posible.

¿Esto que implica? Dos cosas: la primera, por parte de los medios, no venir menospreciando a los blogs como espacios de discusión y debate mediático. La segunda, a los bloggers, tener rigurosidad en lo que ponemos y saber a quienes de nuestros pares citamos. No todo lo que brilla es oro en la Internet.

La segunda, es que persiste cierta modorra en la sociedad con relación a la política.

Es cierto que temas como la pena de muerte o los derechos humanos pueden ser poco significativos para personas que se dedican a sobrevivir, o para un grupo de privilegiados que solo tiene su mente en hacer dinero, o para quienes sienten que la política no afecta su vida.

Sin embargo, la experiencia de los últimos años nos demuestra que tan importante es tener una conducción democrática, sensata en economía, con preocupación social y vigilada por la sociedad. Si hacemos visibles los temas que nos parecen importantes, ¿cómo los tomarán los políticos en cuenta? Si no vigilamos a los gobernantes, podrán hacer las trastadas que quieran y no se concentrarán en hacer las reformas que necesitamos para seguir en el camino del desarrollo.

Como dijo Silvio Rendón hace unos días en su blog Gran Combo Club, puede ser que en la Plaza de Armas hayan estado 40 personas, pero habían muchas más detrás.

La tercera, de manera simbólica, el Gobierno ha revelado su debilidad.

Y eso no es motivo de felicidad, sino de preocupación. ¿Por qué?

Luego de muchos años, se produjo un cambio de gobierno con dos condiciones que no se daban juntas en varios calendarios: 1) dicho cambio de posta era el paso de un presidente democrático a otro. 2) se daba en un contexto de buenhas cifras macroeconòmicas y un crecimiento sostenido de 5 años.

En suma, Perú tenía - y aun tiene - una gran posibilidad de comenzar a consolidar sus instituciones democráticas, mantener el crecimiento económico y, sobre todo, comenzar a cerrar las grandes brechas sociales que nos separan, como lo demostró la última elección presidencial.

Sin embargo, el gobierno no viene aprovechando estas condiciones, ni la ausencia (lamentable, por cierto) de una oposición política.

Dicen que es en tiempos de vacas gordas que se deben emprender las reformas. Sin embargo, más allá de algunos pocos logros significativos, todo parece haber quedado en la órbita de los fuegos artificiales o, simplemente, no hay ideas para emprender reformas. El Presidente parece estar obsesionado por la aprobación popular y por ello ha dejado de lado temas de fondo como la educación, la salud, la lucha contra la pobreza, la competitividad, la administración de justicia y la institucionalidad democrática.

Peor aún, en ese afán de popularidad y de ganancias propias, el Presidente ha terminado llevándonos a un camino bastante peligroso, de entendimientos con el sector más autoritario de la política peruana, de guiños al empresariado más mercantilista, de espaldas al país que reclamaba inclusión y a quienes confiamos que el desarrollo no se puede producir con la barbarie o el autoritarismo mandando en Palacio de Gobierno.

La pena de muerte ha sido el más significativo de sus errores. Si de Toledo aprendimos que las promesas de campaña deben ser cumplidas en la medida de lo posible, de García debemos aprender que no toda cosa que se promete es posible y que el voluntarismo ciego nos puede llevar a encrucijadas no deseadas, o a términos de debate que el país parecía haber superado.

Creo que nadie quiere que el gobierno de García fracase. Ni siquiera los más antiapristas, dado que es el futuro del país es que se juega. Sin embargo, de no hacer los correctivos necesarios, más que a Nicolás de Piérola, Alan García se parecerá cada vez más a la sombra de su primer gobierno, o peor aún, a Alberto Fujimori.

Quizás esas cuarenta personas, Sr. García, puedan decirle más que un coro de adulones y portátiles llevadas para su propio ego.

MAS SOBRE EL TEMA:
Agencia Perú: Policía reprime violentamente a manifestantes en marcha contra pena de muerte. (Video incluido)

En sólo pocos días ya hemos tenido rebote mediático. Perú.21 informa lo siguiente:

Convocan marcha en contra de la pena de muerte a través de Internet

La muy discutida manifestación ‘espontánea’ que se llevó a cabo el pasado viernes a favor a la pena de muerte ha tenido respuesta en el ciberespacio. A través de blogs y correos electrónicos se ha lanzado una convocatoria para organizar una congregación similar para este viernes 26, pero en esta ocasión en contra de la pena capital. Los manifestantes también esperan ser recibidos por el presidente Alan García.

Los convocantes, quienes se identifican como La Sociedad Civil, apelan a la libertad de expresión y esperan que las autoridades no pongan trabas a esta manifestación.

“Estamos seguros que no seremos reprimidos, así como tampoco fueron reprimidos nuestros compatriotas con un punto de vista distinto”, indica el post publicado en la bitácora ‘Desde el tercer piso’. La cita es el día viernes 26 a las 4 de la tarde en la misma Plaza Mayor.

Como se sabe, toda manifestación está prohibida en la Plaza de Armas. Sin embargo, la marcha pro pena de muerte pudo ingresar el pasado fin de semana a esta zona del Centro Histórico y fue recibida con las puertas abiertas en la sede presidencial.

Si bien los cerca de cuatro mil manifestantes gritaban a favor de la pena de muerte, no todos eran familiares de víctimas del terrorismo. También acudió personal de A Trabajar Urbano, así como empleados de diversos municipios y militantes apristas.

Asi que recuérdenlo:

¿SÓLO LA MUERTE PUEDE ENTRAR A PALACIO?

LUGAR: Plaza Mayor
DIA: este viernes 26 de enero
HORA: 4:00 p.m.

A pesar de que las marchas en el Centro de Lima están prohibidas, el viernes 19 de enero el Presidente de la República recibió a una “portátil” de más de dos mil manifestantes a favor de la pena de muerte.

Es eso justo??? El Dr. Alan García Pérez trata a todos los peruanos, sus gobernados, por igual??? Seguro que sí.

Por eso, todos los que estamos en contra de la pena de muerte nos reuniremos PACÍFICAMENTE en la Pileta de la Plaza Mayor. No habrá pre-concentración. A las cuatro de la tarde llegaremos a esperar que nuestro Presidente nos invite a entrar a Palacio.

Estamos seguros que no seremos reprimidos, así como tampoco fueron reprimidos nuestros compatriotas con un punto de vista distinto.

La Sociedad Civil

¡Sigue pasando la voz!

UPDATE:

El rebote continua:

Plaza de Armas - Perú.21

POR FAVOR, PASAR LA VOZ
Movilización
Aprovechando la buena disposición que tiene el presidente Alan García de recibir a diversos manifestantes, como lo demostró el viernes último, al recibir en el patio de honor de Palacio a la ‘espontánea’ multitud pro pena de muerte, ha empezado a difundirse una convocatoria por correo electrónico para que quienes estén en contra de la pena capital también sean escuchados por el atento presidente García. No habrá concentración previa ni se contratará buses para transportar a la gente. Todos los interesados, acudir a la Plaza de Armas este viernes a las 4 de la tarde.

Ofidio - La República

Muerte virtual

Mediante e-mails, grupos de la sociedad civil convocan a una concentración contra la pena de muerte este viernes en la Plaza Mayor. Veremos si les permiten ingresar.

Ayer veia los programas periodísticos de la noche y RPP por Internet y, de no ser por la tecnología, pensé que estaba en 1985 ¡Habían vuelto los balconazos!

Había dicho que habia cambiado. En el fondo sabíamos que no, que era el mismo demagogo de toda la vida. Ayer lo volvió a demostrar.

La marcha de ayer fue bastante rara. Comenzó con una convocatoria de la Asociación de Familiares de Victimas del Terrorismo (AFAVIT), pero terminó en una rara confusión de apristas - veamos, Mercedes Cabanillas, Luis Gonzáles Posada, César Zumaeta, el alcalde de Breña José Gordillo, la congresista Nidia Vilchez y una portatil llegada desde Huancayo - fujimoristas (como Martha Moyano) y un grupo de gente que cree fervientemente en la salida autoritaria como sinónimo de autoridad y que está dispuesta a aplaudir cual borregos al primero que les prometa linchar a un violador a un terrorista.

Lo que ya parecía a todas luces algo fuera de lo común, dado que no se permiten marchas en el Centro Histórico de Lima, lo fue más cuando los manifestantes llegaron al Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

Allí, el Presidente de la República, haciendo gala de su cada vez más patético estilo, volvió a recordar las épocas en que tenía 20 años menos, no se cuantos kilos menos, pero la misma falta de lucidez, el mismo voluntarismo ciego que lo llevo al fracaso y la misma carencia de pedagogía política que lo convierte más en un demagogo que en el estadista que su megalomanía dice que es.

Volvió a criticar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro. A dicho fallo lo calificó como “inicuo”, que según la Real Academia de la Lengua Española tiene dos acepciones: contrario a la equidad e injusto. Y siguió concentrándose en los temas accesorios, como la indemnización que debe pagarse a los familiares de las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente y que, muchos de ellos, pertenecían a Sendero Luminoso.

Explico en pocas líneas lo que el presidente no entiende. El Estado no puede ponerse al nivel de la barbarie. Lo que ocurrió entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 fue un acto premeditado para ejecutar personas que, de acuerdo a lo que se dijo en la sentencia, el Estado debía ser el garante de sus derechos, dado que se encontraban en una prisión bajo su control. No se distingue si eran o no terroristas, pues la privación de la vida humana es un derecho que nadie - ni subversivos ni el Estado - puede privar a otro. Ese es el tema de fondo y el que amerita el pago de indemnizaciones. No nos gusta, nos puede parecer hasta indigno, pero tenemos que acatarlo, pues el gobierno que entonces - lamentablemente - nos representaba hizo tabla rasa del respeto del más básico de los derechos.

Y acto seguido, volvió a enfrentar al pueblo con la clase política e intelectual que ha rechazado su propuesta de pena de muerte, asì como el imposible referéndum que plantea para imponer esta medida. Dijo que “algunos abogados, analistas y políticos quieren arrinconarme”, pero que seguiría adelante con la propuesta. 48 horas antes había dicho que no iba a pronunciarse más sobre el tema.

García sigue mintiendo a la gente. No les dice a los deudos de las víctimas del terrorismo que dicha pena no se va a poder a los asesinos de sus familiares, dado que las normas no son retroactivas y solo se aplicarían a hechos futuros. Juega con el dolor comprensible de estas personas y ha exacerbado nuevamente sus ánimos, dando a entender que la justicia es la Ley del Talión y que el único que decide quien ejecuta en este país es el Presidente de la República. Claro, tampoco dice que, en el supuesto negado de implementar la medida, pasarían varios años - por lo menos, lo que le resta de gobierno - antes que el pelotón de fusilamiento se prepare para tirar. No propone reformar la justicia, no plantea una estrategia contrasubversiva y sigue alentando el sentido común autoritario que un sector de la población tiene en el cassette mental con la lobotomía mediática a la que fue sometida por el fujimorato.

Finalmente, el Presidente dijo que iba a proclamar un “dia de las víctimas del terrorismo”. Sobre este punto, cabe hacerle algunas precisiones al Presidente.

Como sabemos, el principal responsable de lo que ocurrió durante los 20 años de conflicto armado interno fue Sendero Luminoso, a quien se adjudica el 54% de las víctimas mortales del conflicto. Recordarlas es un homenaje a los héroes civiles y militares que dieron su vida por la paz, así como a los cientos de inocentes que murieron por las masacres, los asesinatos civiles y los atentados que este grupo cometió. Y claro, no olvidar a las víctimas de asesinatos y secuestros perpetrados por el MRTA.

Pero el Presidente olvida (¿intencionalmente?) que también existió un importante número de víctimas en el conflicto que fueron provocadas por las fuerzas del orden. En algunos casos, por excesos lamentables; en otros casos, en algunos lugares y momentos, por violaciones generalizadas o sistemáticas de los derechos humanos. ¿O es que el Presidente no quiere que recordemos Cayara, Accomarca, los penales, La Cantuta, El Santa, Barrios Altos, Pucayacu o Huanta? Y no hablemos de los casos donde la propia comunidad mató a personas confundiéndolas con terroristas, como fue la situación producida en Uchuraccay en 1983. ¿Estas víctimas no merecen ser recordadas al igual que los que murieron víctimas del terrorismo?

Quizás algún asesor deba hacerle recordar al Presidente el Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, emitido en los últimos días del gobierno de Alejandro Toledo. Es el reglamento de la Ley del Plan Integral de Reparaciones (punto sobre el cual Alan no dice esta boca es mía). En dicho Decreto Supremo, se señala, dentro de las reparaciones simbólicas, la instauración del 28 de agosto de cada año como el “Día del Homenaje a todas las víctimas de la violencia”.

Ya que el gobierno tiene la voluntad de revindicar a las víctimas, que lo haga, pero con todas. No le cuesta nada al país y ya tiene una norma que lo respalda para hacerlo. Pero que sea con la verdad completa y no con una media verdad.

Si lo que habíamos visto nos llamaba a preocupación, lo de ayer rebasó varios límites. Vimos a un tipo sin escrúpulos, capaz de manipular tanto a familiares de víctimas que merecen ser reparados por el dolor causado durante tantos años, como a iracundos que siguen vivando las bravatas autoritarias de Alan García. Lo único que busca es seguir satisfaciendo su ego y su verdadera obsesión, la encuesta del día o la semana siguiente. Ese fue el mismo camino de desbarrancadero nacional que nos llevó a una grave crisis.

Ya que tanto le gusta la historia, comience por revisar la suya propia, la de su primer gobierno, Dr. García.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: Política Matarife.
Rosa María Palacios: Todo Presidente necesita su Punta Sal.
Nicolás Lynch: Una disputa por la verdad.
Alberto Adrianzén: Liquidar la transición.

Ayer los aprestos autoritarios de los que ha venido haciendo gala el Presidente de la República, así como un grupo de parlamentarios del oficialismo y un sector de la prensa que comparte un desprecio por los derechos humanos y la institucionalidad democrática sufieron dos reveses que son dignos de comentar.

PRIMER ESPALDARAZO PARLAMENTARIO A LA CVR

El primero de ellos es la declaración firmada por 69 congresistas de todas las bancadas en el que se comprometen a actuar conjuntamente para el desarrollo legislativo de propuestas en tres temas vinculados con las recomendaciones propuestas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La propuesta, impulsada por los congresistas Güido Lombardi, Rosario Sasieta, Elizabeth León y Víctor Mayorga, supone un trabajo parlamentario enfocado en tres temas centrales:
a) Derecho a la identidad. Con prioridad de la situación de niños y niñas que permanecen hoy indocumentados, particularmente en zonas rurales de los andes y la amazonía.
b) Desarrollo de programas integrales de atención a la salud mental para las víctimas de la violencia.
c) Reformas y modificaciones pertinentes en la currícula educativa, con la finalidad de incorporar los aspectos sustantivos del Informe Final de la CVR referidos a la verdad y la reconciliación.

Tal ha sido el consenso sobre estos temas que se ha congregado a buena parte de las bancadas de UPP, Partido Nacionalista y Alianza Parlamentaria (en este último caso, a la bancada completa, así como a conspicuos líderes del Partido Aprista como Jorge del Castillo, Mercedes Cabanillas, Luis Alva Castro, Aurelio Pastor y Luis Negreiros. Incluso dos integantes del fujimorismo - Rolando Reátegui y Cecilia Chacón - y la segunda vicepresidenta de la República han firmado esta declaración.

Como era de esperarse, las firmas de personajes como Mauricio Mulder, Lourdes Alcorta, Luis Giampietri, Keiko Fujimori y Luisa María Cuculiza no aparecen ni por asomo en el documento.

Además de los temas importantes a ser tocados a partir de la legislatura que comenzará en marzo, es resaltante que los firmantes señalaran, en el primer párrafo del documento, lo siguiente:

“El reconocimiento al diagnóstico profundo de la realidad formulado por la CVR en su informe final de agosto de 2003, así como a los contenidos sustantivos de las recomendaciones allí contenidas, nos persuaden a promover un amplio debate en este renovado Congreso de la República, con la finalidad de establecer pautas de acción que puedan ser asumidas de manera conjunta por sus miembros, independientemente de la filiación o pertenencia a las diferentes organizaciones políticas que se encuentran hoy representadas en el Parlamento Nacional”.

A LA PENA DE MUERTE LE DIERON VUELTA

La segunda noticia buena venida desde la Plaza Bolivar fue el archivamiento del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para aplicar la pena de muerte para casos de terrorismo.

Es evidente que el Estado tiene que hacer algo para detener a los remanentes de Sendero Luminoso que aún operan, pero ello no se puede hacer apelando a los mismos métodos que este grupo de personas cometían. Los miembros de los grupos subversivos se irrogaron la potestad de decidir quien merecía o no seguir viviendo en nombre de lo que ellos calificaban como “el bien común”, y de lo que desde la mayor parte de la sociedad se calificó como desprecio por la vida humana y que demostró el carácter totalitario y de desprecio por los derechos humanos de estas organizaciones. Los denominados “ajusticiamientos populares”, los asesinatos selectivos y las masacres colectivas cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA constituyen una muestra de hasta donde puede llegar el desprecio por la vida humana.

Sin embargo, el Estado no puede actuar con la misma lógica con la que actúan los grupos subversivos en nombre de la pacificación. Existe una deslegitimación factual de las acciones del Estado para enfrentar a la subversión si es que éstas se basan en la vulneración de los derechos humanos. Lo ocurrido durante los años del conflicto armado interno nos mostró que es lo que el Estado no debe hacer en estos casos. Si bien era inevitable y legítimo que los gobiernos democráticos declararan estados de excepción y que se utilizara a las Fuerzas Armadas en el combate contra los grupos subversivos, el Estado no tomó las previsiones necesarias para impedir que los derechos fundamentales de la población fueran atropellados, desatendiéndose las denuncias sobre las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden y, en algunos casos, garantizando la impunidad de los responsables de las mismas. Ello hizo que se produjera numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes estatales que, en algunos lugares y momentos, fueron prácticas generalizadas o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos.

La aprobación de la pena de muerte para casos de terrorismo hubiera implicado que el Estado peruano no aprendió la lección de los años de violencia. Las estrategias contrasubversivas que apelaron a la eliminación de población civil resultaron contraproducentes no sólo por razones de principio, sino también por cuestiones prácticas: la represión indiscriminada postergó la ruptura entre Sendero Luminoso y los sectores más pobres del campesinado y no evitó la expansión de las acciones armadas a otras zonas del país.

A ello se suman los argumentos ya dados por diferentes estudios o personas especialistas en la materia: la pena de muerte no es disuasiva, en el caso de terroristas podría convertir en mártires a los ejecutados e implicaría la renuncia al sistema interamericano de derechos humanos. La condena de la Unión Europea a esta iniciativa gubernamental, añadida a la sensibilidad mundial por la ejecución de Saddam Hussein nos hubiera implicado un papelón internacional de dimensiones mayúsculas, sumado a lo que hubiera significado que alguien que se proclame socialdemócrata apele a los sentimientos más primarios de la población y a los sectores más reaccionarios de la política y el periodismo peruanos.

Porque sólo como reaccionario e insensato se podría calificar un comentario sobre la pena de muerte con el que un conocido editorialista se lamenta la desaprobación de la medida. Aquí, va el párrafo final:
“Y estoy a favor de la pena de muerte en un sentido laico, al margen de creencias religiosas u opiniones clericales. La apruebo abiertamente porque me gusta polemizar contra el discurso ‘políticamente correcto’ y castrante a nivel intelectual de la izquierda y de la Iglesia”.
(Aldo Mariátegui, “Sobre la Pena de Muerte”, Correo)

El tema de fondo es que muchos consideran las torturas, los asesinatos y las matanzas como necesidades de la guerra, frente a las cuales no cabe ninguna denuncia o intento de llevar a la justicia a sus perpetradores, pues para esta gente significaría apuñalar por la espalda a quienes combatieron al senderismo. Ese desleznable argumento nos llevaría a que Telmo Hurtado, el asesino de Accomarca, Alvaro Artaza, el marino que fue el terror de Huanta o los miembros del Grupo Colina sean santificados como héroes nacionales y no como lo que son, asesinos de inocentes.

Y SIN EMBARGO

No obstante estas dos victorias, es totalmente preocupante el ritmo crecientemente autoritario con el que el Presidente de la República viene conduciendo su gestión gubernamental.

Veamos los hitos de esta preocupante tendencia presidencial y gubernamental:
- La inclusión como primer vicepresidente de la República de Luis Giampietri Rojas, personaje con un discurso contrario a la defensa de los derechos humanos e involucrado en los sucesos de los penales de 1986, así como en acusaciones de corrupción durante la época de Alberto Fujimori. A ello se suma la presencia como Ministro de la Producción de Rafael Rey, hombre ligado al fujimorismo durante la década pasada, quien votó a favor de la indignante ley de amnistía.
- El desinterés en la lucha contra la corrupción y en la extradición de Alberto Fujimori.
- Ley que modifica las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con el fin de controlar los proyectos de las ong’s. Esta norma fue claramente una vendetta del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo contra as organizaciones no gubernamentales involucradas en temas de institucionalidad democrática, derechos humanos, lucha contra la corrupción y defensa del medio ambiente.
- La reciente confraternidad con el mandatario más autoritario de la región, Hugo Chávez Frías.
- Sus proyectos para imponer la pena de muerte para violadores y terroristas, que ocasionarían la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. su único apoyo: quien más, el fujimorismo. Por cierto, ahora derrotado políticamente, García busca un referéndum, imposible de cumplir de acuerdo con la Constitución, que prohibe este tipo de consultas para la disminución de derechos fundamentales.
- El maltrato del que vienen siendo objeto 8 campesinos, acusados sin pruebas de ser los responsables de las condenables muertes de 8 personas a manos de Sendero Luminoso.
- Las leguleyadas con las que se intenta evadir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Penal Castro Castro y el no reconocimiento de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales en 1992.
- La exagerada postura de parte de la bancada aprista de acusar constitucionalmente a Alejandro Toledo por los allanamientos del Perú ante el sistema interamericano.
- La mentira del Presidente al señalar que existían 1,208 casos pendientes ante la Corte Interamericana, cuando sólo existía 1 en dicha instancia y 195 ante la Comisión Interamericana, que no necesariamente llegarán todos a la Corte.
- La ofensa a la familia del campesino ayacuchano Bernabé Baldeón, amparado por la Corte Interamericana al haber sufrido torturas seguidas de muerte en 1990 y al que acusó sin pruebas de ser terrorista. A García no le ha quedado otra que disculparse públicamente con la familia.

Todo esto sólo en 6 meses de gobierno.

Mientras tanto, Expreso, La Razón y Correo son los únicos diarios que lo aplauden, la votación de ayer demuestra su soledad y falta en reflejo al aliarse con un grupo autoritario y cuya única agenda es la protección de un delincuente y su crdibilidad comienza - si es que no ha terminado - de irse al tacho de la basura entre los sectores intelectuales y periodisticos del país, muchos de los cuales lo apoyaron frente a la amenaza autoritaria que representaba Ollanta Humala. Hoy, con su actitud, Ollanta Humala se da el lujo de aparecer como defensor de derechos humanos - por su posición contraria a la pena de muerte - y a Alejandro Toledo lo podrían convertir en Premio Nacional de Derechos Humanos, si es que siguen echando la culpa de una responsabilidad sobre un hecho que no le corresponde a él, sino a Alberto Fujimori.

Cuando AGP asumió el poder, dijimos que tenía una oportunidad histórica para hacer un buen gobierno. Hoy es hora de decirle al Presidente que debe enmendar rumbos, pues el camino que viene escogiendo lo aleja cada vez más del estadista que dice ser y lo acerca más a un carnavalesco y patético autócrata, de aquellos que han pululado tanto en América Latina. Para eso no lo elegimos, Dr. García. No queremos un gobierno cuyo aroma sea el del colector de La Chira.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: García y Fujimori.
Alan García: Referéndum para la pena de muerte.
Jorge del Castillo: Ejecutivo descarta otros mecanismos para aplicar pena de muerte a terroristas.
Aurelio Pastor: A Alejandro Toledo no se le podría acusar por allanamiento ante la CIDH.
Raúl Castro: Pena de muerte contra violadores también sería archivada.
Perú.21: 69 congresistas apoyan recomendaciones de la CVR.
Javier Valle Riestra: Pena de muerte no es disuasiva.
Declaración de Congresistas para impulsar y tomar medidas que contribuyan a la debida atención de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La República: Carta de familiares de Bernabé Baldeón García al Presidente de la República.
Editorial de Caretas: Fusilándose el pie.
IDEHPUCP: Comentarios al Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo sobre pena de muerte para terroristas.
Carlos Raffo: Congreso “se chupó” al no aprobar pena de muerte para terroristas.

El viernes por la noche, mientras hacía mi maleta, prendí CNN para ver que pasaba en el mundo. Los rumores que la ejecución de Saddam Hussein era inminente se habían incrementado durante todo el día. Poco más allá de las 10 de la noche, la noticia reboto alrededor del mundo: la soga había cumplido su propósito mortícola.

Creo que nadie puede negar que Hussein era un criminal y de la peor calaña. Durante su prolongada dictadura de más de 26 años sometió a su pueblo a un régimen de terror. Bien lo saben los kurdos a los que mandaba exterminar. Bien lo saben los chiitas que mandaba ejecutar. Bien lo sabe todo aquel que musitaba en silencio para que su régimen de terror culminara. Sus crímenes de lesa humanidad le habrían merecido la condena en cualquier tribunal del mundo.

Sin embargo, sus captores ignoraron dos cuestiones básicas.

La primera, que todo individuo, así sea el peor criminal del mundo y no muestre arrepentimiento por sus fechorías – como era el caso – tiene derecho a un juicio justo, con todas las garantías del caso. Y esta no había sido la historia. Los juicios a Hussein habían sido una farsa: abogados cambiados, asesinados o encarcelados; jueces abiertamente parcializados, restricciones al derecho de defensa. Vulneraciones que harían parecer incluso al tradicionalmente incompetente Poder Judicial peruano en una corte de nivel elevado.

La segunda, que no se deben crear mártires entre el enemigo. Además de nuestros reparos principistas sobre la pena de muerte – que se resumen en dos: la imposibilidad para un Estado o una persona para decidir cuando la vida de un ser humano deja de valer la pena para ser quitada y la disminución en la autoridad moral estatal – había aquí un criterio práctico: la ejecución del ex dictador iraquí, en un país convertido en poco menos que un burdel dantesco de sangre y horror a todo nivel, exacerbaría más los ánimos y convertiría en figura “de culto” a un criminal condenable por donde se le mire.

La cortedad de miras de un gobierno torpe, que solo buscaba adelantar la fecha de la ejecución para que la nueva mayoría demócrata en el Congreso no se le venga encima, y el propósito de saltarse toda norma internacional sobre derechos humanos por parte de la administración Bush han sido los móviles de una ejecución que, además, nos deja sin esclarecer del todo cual fue la verdad en esa intrincada relación entre su gobierno y un dictador al que apoyaron durante varios años mientras le sirvió para acallar a sus enemigos, los iraníes.

Iraq sigue siendo un botín a merced de soldados norteamericanos, terroristas, mercenarios de toda laya y radicales de todos los sectores. Este hecho complica más las cosas y sólo un mezquino o deficiente mental lo hubiera ignorado. Verdad, quien pilotea la Casa Blanca reúne ambas cualidades.

MAS SOBRE EL TEMA:
Archivo del Tercer Piso: ¿A la horca?
El Comercio: Diversos países rechazaron hasta el final la pena de muerte.
Augusto Alvarez Rodrich: Error político.
El Mundo (España): Especial: Saddam Ejecutado.
Utero de Marita: Colgaron a Saddam Hussein - fotos y video.

Parece que el Congreso está empeñado en mandar a la horca a alguien. Según registra El Comercio:

“La Junta de Portavoces del Congreso acordó que el proyecto de ley que plantea la pena de muerte para los terroristas, presentado por el Poder Ejecutivo, sea debatido por el pleno en la presente legislatura, que termina el 19 de enero próximo, aún cuando no haya sido dictaminada por las comisiones de Constitución y Justicia“.

Y el argumento que da Javier Velásquez Quesquén es el siguiente:

“En otro momento, explicó que la pena capital, planteado para los casos de terrorismo, no es una reforma constitucional por lo que no necesita de dos legislaturas y que, además, está establecida en el artículo 140 de la Constitución. “Estamos hablando solo de una ley de desarrollo”, explicó“.

Tal parece que el congresista aprista ha olvidado sus clases de Derecho Constitucional y Derecho Internacional, que como abogado debe haber llevado. Pero como aquí tenemos Memorex Forte, le recordamos al “padre de la Patria” (y de paso, a todos los demás), lo siguiente:

En 1979, en consonancia con su retorno a la democracia, el Perú eliminó de su legislación penal y de su Constitución casi todas las causales de pena de muerte, con excepción de la traición a la patria en caso de guerra exterior.

Ese mismo año y conjuntamente con la aprobación de la Constitución de 1979, el Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, el instrumento internacional que permite a los peruanos a acceder a mecanismos de protección de los derechos humanos cada vez que el Estado infringe sus deberes. De carácter abolicionista, la Convención estableció lo siguiente sobre la pena de muerte:

Artículo 4. Derecho a la Vida:
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

En otras palabras, ya que el Perú decidió mantener la pena de muerte para un solo supuesto, no podía ampliar su aplicación a otros delitos a los que no se aplique en el momento de ratificación de la Convención Americana.

En 1993, Fujimori, leal como siempre a su máxima “hecha la ley, hecha la trampa” amplió en la Constitución de 1993 - de contrabando - los supuestos de pena de muerte. Este artículo dice a la letra lo siguiente:

“La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.

Para evitar que el Perú pueda “sacarle la vuelta” a la norma y aplicar la pena de muerte por casos de terrorismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, estableció que cada vez que el Estado emita una norma manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado.

Es decir, en términos no jurídicos, la simple expedición de esta norma ya vulneraba la Convención Americana y, en caso de ejecutarse a alguien, el Estado peruano tendría responsabilidades internacionales que asumir muy serias por este tema. Este hecho, sumado al intento de “acuerdo de paz” que Guzman y Montesinos hicieron en 1993, evitaron que se aplique esta pena.

Para decirlo en cristiano, si el Congreso emite una “norma de desarrollo constitucional” vulneraríamos nuestros compromisos internacionales y haríamos otro papelón ante la comunidad internacional, dado que una demanda en la Corte Interamericana (e incluso, aquicito nomás, en el Tribunal Constitucional).

Y en el colmo del desparpajo, Velásquez Quesquén llegó a decir que: “esta decisión es una de las respuestas enérgicas ante el recrudecimiento del narcoterrorismo en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), y que acabó con la vida de cinco policías y tres civiles“.

El efectismo le gana la partida a la inteligencia. La barbarie la pretenden combatir con la barbarie. La estupidez y la insensatez pretenden reducir la solución a meter bala y fusilar gente.

Como hace un tiempo dijimos, el Presidente de la República ha cambiado de canción preferida. Ya no es “El Rey”, como en su periodo anterior, o “La Vida es un Carnaval”, como durante la campaña electoral. Ahora parece que el tema a cuyo son nos quiere hacer bailar es “Yo soy la muerte”, de El Gran Combo de Puerto Rico. Y a ese son nos quiere hacer bailar con esa canción a todos los peruanos, con el aplauso de las Alcortas y las Cuculizas, de los García Miró y los Alditos, olvidando las lecciones de los años que luchamos contra el terrorismo: más inteligencia, menos efectismo, no violar los derechos ciudadanos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Salomón Lerner Febres: Retiro de la CIDH favorecería a Alberto Fujimori.
La República: No existe comando unificado para combatir al narcoterrorismo.
Carlos Tapia: “El problema es socioeconómico”.
La República: Pena de Muerte otra vez.

El lamentable y condenable suceso del último fin de semana en la provincia de La Mar, donde murieron 5 policías y 3 civiles a manos de miembros de Sendero Luminoso, no solo merece nuestro rechazo y congoja, sino también una reflexión serena, pero firme sobre lo que se debe (y lo que no se debe) hacer en estas circunstancias.

Considero que no debe magnificarse la magnitud del problema. Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente y no supone una amenaza real para la subsistencia del Estado peruano como lo fue en las décadas de 1980 y 1990.

Sin embargo, quedan aún dos columnas relativamente importantes de esta agrupación. La del Huallaga, liderado por el llamado “camarada Artemio” y la del VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), que es la que efectuó la emboscada del último sábado.

El gobierno de Alberto Fujimori mantuvo a propósito la existencia de estos dos grupos. Sus afanes reeleccionistas necesitaban de una amenaza que hiciera que la población siguiera prefiriendo el autoritarismo como supuesta salvaguardia frente a la paz - que, por cierto, Fujimori no hizo nada por contribuir - por lo que descuidó cualquier intento de acabar con las organizaciones subversivas durante su periodo final.

En democracia, se tenía plena conciencia de lo que se tenía que hacer: un exhaustivo plan de inteligencia en la zona, un comando policial militar suficientemente coordinado, equipado y conducido bajo una clara dirección política, y un plan de desarrollo integral de las localidades en las que aún se movían las columnas senderistas.

Asimismo, se tenía la convicción que no nos encontrábamos ante el mismo Sendero Luminoso ideologizado y fanático de décadas pasadas, sino ante una agrupación que buscaba aprovechar su posición como “ama de llaves armada” de madereros y narcotraficantes en los dos enclaves que aun conserva.

Sin embargo, a pesar de tenerse este diagnóstico acertado, poco se ha avanzó.

Los planes de paz y desarrollo no fueron adecuadamente implementados, no se dotó de suficientes recursos y capacidad a los comisionados por la paz y desarrollo y en el colmo de la estupidez, Toledo creyó que esos planes eran suficientes para reparar a las víctimas de la violencia, olvidando que su fin era otro: dotar de mecanismos de desarrollo alternativo a la población de la zona para que sintieran la presencia estatal. Este gobierno ni siquiera ha mencionado estos planes como parte de la estrategia (aunque esperaremos a mañana, que Pilar Mazzetti, Allan Wagner y Rómulo Pizarro anuncien lo que tengan que anunciar).

En lo que respecta al trabajo de inteligencia, existían reportes que informaban sobre las actividades en la zona, pero, de acuerdo a lo señalado por la Ministra y a lo que hemos podido confirmar por otros canales, ciertamente existió negligencia por parte del comando que envío a un grupo de jóvenes polícías a patrullar con pocos pertrechos y de noche, cuestión que es bastante arriesgada en el VRAE. Identificar claramente la posición y estrategia del contrincante es lo que se ha hecho a medias y que, en este caso, nos ha costado 8 vidas humanas.

Finalmente, las disputas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron que no existiera una real colaboración entre ambas fuerzas. Es cierto que la principal responsabilidad - constitucional - de preservar el orden interno es de la Policía, pero, en este caso, son los militares quienes tienen mayor conocimiento y experiencia en la zona. Nuevamente, vemos aquí lo pernicioso de la corrupción: en la reciente visita que varios ministros hicieran a una de las bases militares instaladas en el VRAE, se hizo patente que los colchones de la tropa ni siquiera servían para los ejercicios de un fakir. El Ministro de Agricultura José Salazar tuvo que “poner de la suya” para comprar nuevos colchones, ante la vergüenza del entonces Comandante General del Ejército César Reinoso.

Estos son los verdaderos problemas que aquejan a la lucha contrasubversiva y no las monsergas que algunos políticos y medios comienzan a dar, nuevamente, contra el trabajo de la CVR o de las organizaciones de derechos humanos. Basta señalar que en el tomo IX de su extenso Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo referencia como uno de los retos de la reconciliación a la persistencia del conflicto armado interno en algunas zonas de nuestro país, de la siguiente manera:

“La violencia se mantiene en alrededor de dieciocho distritos y afecta la selva de Junín, Huánuco y San Martín. Han seguido las incursiones y las muertes, generando inseguridad. La población pide en algunos casos la presencia de los militares, en otras, su salida. Conviene señalar que las condiciones de combate a la subversión no se han modificado en cuanto a estrategia - que sigue siendo militar y no política. Nos parece que la reconciliación obliga a una nueva estrategia política y militar en las zonas de conflicto para que no se cometan los viejos errores y para conluir el conflicto de forma pacífica con la población en el más breve plazo. Esta nueva perspectiva exige la participación de los poderes del Estado en la toma de decisiones contra la violencia y la inseguridad aún existente“. (IF CVR, Tomo IX, página 79).

Quizás habría que recordar lo que dijo César Hildebrandt hace algunos años, cuando se descubrió la matanza de Cayara y que parafraseo hoy con relación a lo que ocurre en este momento. Soy enemigo viceral, moral, intelectual de Sendero Luminoso. Deseo que la democracia derrote al terror en una batalla complicada, no solo militar sino social, económica, etc. Hay que barrer con los abismos sociales que son el caldo de cultivo de la violencia. Yo quiero que mi país gane la última batalla contra la violencia, por eso me preocupa, porque estamos lejos y a la vez cerca de esa victoria.

OTROSI DIGO: Frente a la actitud de asunción de responsabilidades de Pilar Mazzetti y Allan Wagner, resulta poco menos que penosa y patética la actitud del Presidente de la República, quien nuevamente se ha pronunciado en favor de la aplicación de la pena de muerte para quienes sean responsables del delito de terrorismo. García nuevamente demuestra que quiere el aplauso fácil, la aprobación personal de 60% y satisfacer su elefantiásico ego, antes que plantear ideas, pues carece de las mismas. Convertirse en el vocero de una medida poco democrática, inviable jurídicamente y poco eficaz para la disuación del delito nos pinta de cuerpo entero que en Palacio de Gobierno hay una vocación mortícola y nos plantea la duda sobre si entre 1985 y 1990 esa misma vocación estuvo presente en el hombre que dirigía los destinos del país en aquel entonces.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Mazetti admite negligencia en el asesinato de policías. Wagner revela nombres de presuntos terroristas.
La República: El VRAE es el más grande productor de cloridrato de cocaína en el Perú.
Editorial de El Comercio: Por una acción militar policial decisiva.
APRODEH: Solidaridad con víctimas de emboscada subversiva en Ayacucho.
Augusto Alvarez Rodrich: Sendero, otra vez.
Mariella Balbi: El Nudo de Vizcatán.
Mirko Lauer: ¿Conocemos realmente al enemigo?
Fernando Rospigliosi: Es un problema de ineptitud.
Benedicto Jiménez: “Con la pena de muerte se alimenta una discusión esteril”.
Gino Costa: “Para combatir los remanentes subversivos se necesita una estrategia ofensiva con mayor inteligencia y presencia del Estado”.
Carlos Basombrío: ¿Podrán domar al bravo VRAE? (17/11/2006)
Utero de Marita: ¿Quién mató a los policías? VRAE (17/11/2006)

Saddam Hussein: entre la condena a un criminal y el respeto a los derechos fundamentales.

Saddam Hussein, el ex dictador que entre 1979 y 2003 gobernó con mano de hierro a Iraq, es un criminal cuya responsabilidad en delitos de lesa humanidad está fuera de toda duda.

Ha sido acusado de la muerte de 5,000 kurdos en un ataque con armas químicas producido en 1988 y de la muerte de varios civiles kurdos y chiitas luego de la Guerra del Golfo en 1991.

Uno de los casos por el cual se le procesa es el de la muerte de 148 personas en la localidad de Dujail en 1982, cuando, luego de un atentado, Hussein mandó a eliminar a un número significativo de supuestos disidentes o implicados en dicha sublevación.

Por este caso, Hussein ha sido condenado a ser ahorcado el día de ayer, con la conmoción e impacto que, previsiblemente, esta noticia ha provocado.

Como era de esperarse, George W. Bush ha celebrado la noticia como si fuera el Día de Acción de Gracias y la está explotando lo más que puede para ver sí mañana martes las elecciones para el Congreso no le suponen el duro revés que todos los analistas preven. La cercanía del dictado de la sentencia a los comicios parlamentarios ha despertado varias suspicacias.

Suspicacias que se incrementan de la forma en como ha sido llevado este proceso, con jueces extranjeros, solventados con fondos de Estados Unidos - un Estado, no olvidemos, que ocupa ilegalmente otro Estado - y que plasma las ideas que Bush y su virrey en Irak Paul Brener tienen sobre la justicia o como ajusticiar a sus enemigos. El proceso, además, ha tenido trabas para el trabajo de los abogados del acusado, así como el asesinato de abogados, un juez y candidatos a magistrados.

Europa, en este tema, ha sido tajante. La Unión Europea hace varios años ha desterrado la pena de muerte como sanción penal. Lo ha recordado García Zapatero, representantes del gobierno francés e incluso Tony Blair, el sempiterno aliado de Bush, que en esto no se alinea con su cómplice en lo que fue una invasión violatoria del derecho internacional.

Como es sabido, mi opinión es contraria a la pena de muerte, incluso en los casos de criminales de la calaña de Hussein. Más aún, si esta condena ha sido dictada en contra de todo estándar internacional de protección del derecho al debido proceso y en medio de una invasión ilegal y no amparada por las reglas del Derecho Internacional. Hussein debe ser castigado, es un criminal, pero no de esta manera.

Y para quienes le quieran buscar algún “efecto práctico” al asunto, cabe recordarles la situación actual de Iraq, donde hay atentados cuando antes no los había, prisiones donde se tortura y vulnera los derechos de las personas, donde un país invasor hace lo que se le da la gana. ¿Creen que poniendo a un criminal como “mártir” mejorará la situación?

ENLACES:
Perú.21: Crónica sobre la sentencia a Saddam Hussein.
BBC Mundo: Lo que ocurrió en Dujail.
Farid Kahhat: No hubo debido proceso.
BBC Mundo: Reacciones diversas sobre la sentencia.
El Mundo (España): Blair y Europa contra la pena de muerte.
Amnistía Internacional rechaza la pena de muerte.
Relator Especial de la ONU objeta juicio a Hussein y pide tribunal internacional.
El Universal (México): Secretario General OEA - chileno José Miguel Inzulza - rechaza pena de muerte a Hussein.

El ciudadano Alan García Pérez olvida que su primer deber como Presidente de la República es hacer respetar las leyes, en particular, aquellas que garantizan los derechos fundamentales de las personas.

Pues otra cosa no puede desprenderse de las insólitas declaraciones que diera el último sábado a la prensa, cuando se le preguntó sobre su anuncio para implantar la pena de muerte para terroristas y, en particular, sobre la preocupación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sobre este tema:

“A mí no me preocupa la reacción, a mí lo que me preocupa es cumplir con el pueblo peruano. No me preocupan las reacciones de personas que tengan otro punto de vista jurídico. Yo cumplo mi obligación y lo hago por convicción“.

Las declaraciones de AGP saben a rancio fujimorismo, el mismo que se salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al caballazo, cuando este organismo jurisdiccional ante el cual nuestro país se ha sometido declaró que buena parte de las leyes antiterroristas dictadas durante la dictadura eran incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Al Presidente, lo que le disgusta, es que la Comisión Interamericana haya dicho algo que él mismo sabe y que oculta al resto de la ciudadanía para favorecer su ego populista: no puede extenderse las causales de pena de muerte en el Perú y normar la aplicación de dicha pena para el delito de terrorismo nos ocasionaría responsabilidades internacionales serias y una nueva sentencia condenatoria en San José de Costa Rica.

Curioso, viniendo de alguien que se proclama demócrata y que acudió al sistema interamericano para defender sus derechos vulnerados durante el gobierno al que ahora tanto se esfuerza por parecerse.

Preocupante, cuando el Presidente será el encargado de pronunciarse sobre el Proyecto de Ley que otorga facultades a APCI y que, como hemos advertido en esta columna, acarrea el peligro de vulneración de derechos fundamentales. El abogado Javier de Belaúnde ha efectuado un estudio serio sobre esta norma, que encuentra 9 infracciones a la Constitución.

¿Allí primará también su voluntad política y su servinacuy con el fujimorismo, antes que el respeto de los derechos de las personas, Dr. García? ¿Primará su hambre de protagonismo antes que el cumplimiento de sus deberes presidenciales?

ENLACES:
Perú.21: García lanza desafío al sistema interamericano.
Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre pena de muerte y Ley contra Ong’s.
La opinión de Javier de Belaúnde sobre el proyecto de Ley contra las Ong’s.
Editorial de El Comercio (05/11/2006): ONG: Rendición de cuentas, pero sin censuras.
Juan Paredes Castro: ¿Por qué el APRA y el gobierno pierden el compás político?
Nelson Manrique: Algunos apuntes por los 100 días.
Carlos Basombrío: ¿Por qué el romance?
Beatriz Merino recomienda al Congreso suspender aprobación de ley contra ONGs. Como era de esperarse, Fujimoristas y Lourdes Alcorta la critican.

Mientras que la nueva “superconvivencia” sigue queriendo afectar los derechos ciudadanos.

Parece que el Presidente de la República ha cambiado de canción preferida. Ya no es “El Rey”, como en su periodo anterior, o “La Vida es un Carnaval”, como durante la campaña electoral. Ahora parece que el tema a cuyo son nos quiere hacer bailar es “Yo soy la muerte”, de El Gran Combo de Puerto Rico.

Y es que ayer, aprovechando que era un día muerto en lo que a informaciones se refiere, García lanzó la peregrina idea de presentar un proyecto de ley para implementar el artículo 140° de la Constitución, con el fin de incluir en el Código Penal la pena de muerte para sentenciados por terrorismo.

Varias cosas que comentar sobre este tema.

El primero, que si bien existen remanentes de Sendero Luminoso, los cuales deben ser combatidos por el Estado peruano, éstos, como reconoció el propio García ayer, no constituyen una amenaza para el país. Lo mismo ha mencionado Pilar Mazzetti, Ministra del Interior. Si no hay peligro inminente, ¿por qué lanzar una propuesta efectista?

El segundo, que dicho artículo constitucional fue expedido en vulneración de lo señalado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impedía ampliar los supuestos de aplicación de la pena de muerte. En 1979, los habíamos reducido. En 1993, el fujimorismo los amplió, desconociendo lo que decía dicha norma.

Y, sin embargo, el artículo nunca se aplicó. No por “falta de coraje” como mencionó ayer el Presidente de la República, sino porque se sabía que se vulneraría los compromisos internacionales del Perú en materia de derechos humanos. Además, la Corte Interamericana dictó una opinión consultiva en la cual señalaba claramente que el dictado y/o implementación de una norma que vulnerara la Convención ocasionaría responsabilidad internacional para el Estado. En otras palabras, una nueva sentencia condenatoria contra el Perú y un nuevo papelón internacional.

Por lo demás, era contraproducente hacerlo, dado el carácter fanático de los miembros de SL, que convertirían a los ejecutados en “mártires” de una guerra que nunca tuvo nada de legítima.

Y en tercer lugar, cabría preguntarse a quien le aplicarían la norma, pues la mayor parte de la cúpula de SL y del MRTA están en la cárcel, purgando penas altas impuestas, ahora, en democracia. La retroactividad de la pena, no existe en nuestro ordenamiento, que sepamos.

Huele esto a psicosocial. En momentos en que AGP hace gala de su poca tolerancia a las críticas frente a los exiguos resultados de sus 100 primeros días y en que la superconvivencia “apro-conservadora-fujimorista” dará, el día de hoy, su zarpazo contra las ong’s, afectando derechos ciudadanos. Al gobierno comienza a versele el fustán y a García esto le incomoda.

De seguro las Alcorta y las Cuculiza de este Congreso aplaudirán al Presidente por este anuncio. Lo cierto es que AGP parece no haber aprendido la lección de los años que luchamos contra el terrorismo: más inteligencia, menos efectismo, no violar los derechos ciudadanos.

UPDATE: La “superconvivencia” aprobó hoy la norma del controlismo.

ENLACES:
Alan García: “Guerra avisada, no mata gente”.
Augusto Alvarez Rodrich: Mata Gente.
La República: La propuesta presidencial y los problemas constitucionales que acarrearía.
Fernando Vivas: Vade Retro, ONG.
Beatriz Boza: ¿O ene qué?
Francisco Eguiguren: ¿Para qué más controles a las ONG’s?
Marco Sifuentes: El aprismo y el fujimorismo: historia de alianzas y persecusiones.
Caretas: El soplo de los 100 días.