Desde el Tercer Piso

Mi país es una montaña rusa. Lo decía Carlos Iván Degregori al inicio de su libro sobre el régimen de Fujimori y lo tenía muy presente ayer cuando se produjo el sainete alrededor de la renuncia desdicha de Hernán Garrido Lecca.

A estas alturas, lo que puede calificarse como uno de los episodios de torpeza política más grave de este gobierno, no ha desencadenado, como muchos esperábamos, el inicio de los cambios ministeriales, sino un grave descrédito al Ministro renunciante y, además, un serio daño al Gabinete Del Castillo.

Lo que El Comercio llama, con pudor, “explicación lingüística extrema” - y que no es más que desdecirse de una renuncia hecha en la puerta de Palacio de Gobierno - ha desatado toda una ola de rumores e intentos de explicación sobre lo que pasó ayer en la sesión del Consejo de Ministros. Las principales especulaciones se centran en un negocio inmobiliario que comprende la venta de la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, el cual ya viene siendo cocinado desde hace algún tiempo y que llevó al propio Garrido Lecca a señalar que deberíamos mudar todos los Ministerios al Pentagonito. Otros hablan de bromas malentendidas y una discusión más seria sobre la Ley de fomento a las PYMES, en la que Garrido Lecca habría sido el perdedor. Y ya se hablaba de un hombre vinculado a Del Castillo, el ex presidente regional de Ayacucho Omar Quesada, como el nuevo inquilino de la cartera más rentable del gabinete.

Lo cierto es que, una vez abierta la boca de Marcahuasi, sorprendido el Primer Ministro y debilitada la unidad del gabinete, comenzó el juego acostumbrado de negociaciones. De hecho, no es la primera vez que un Ministro le da un portazo en la cara al Presidente García: ya Allan Wagner y el propio Jorge del Castillo jugaron la carta de la renuncia cuando sentían que no sentían respaldo y forzaron a Alan a mejorar sus condiciones de trabajo para poder quedarse. Lo peor es que Alan disfruta de estos juegos y los alienta, aún a costa de debilitar la credibilidad del gobierno y sin dedicarse a otros asuntos importantes, como mejorar la competitividad del país.

Pero el daño parece ser más grave. La presencia de Garrido Lecca por 4 semanas en Pisco vuelve a poner sobre el tapete la crítica situación de FORSUR, donde nadie quiere hacerse cargo de asumir la responsabilidad de la reconstrucción y del manejo de los fondos recaudados. Julio Favre ha culminado siendo secuestrado por el Gobierno y la renuncia, que es la única carta que le queda por jugar, no tiene visos de solución. ¿Y la reconstrucción? Bien gracias.

El sube y baja, el dar vueltas en círculos y la incertidumbre controlada de este gobierno me siguen haciendo recordar a cada vez que me subo una montaña rusa. Dejamos el Tren Eléctrico fantasma, por el lúdico masoquismo de no saber hacia donde vamos.

Ya en anteriores ocasiones hemos denunciado una práctica irregular en la Presidencia del Consejo de Ministros: la contratación de asesores para los Vicepresidentes de la República.

Como lo hemos explicado hasta el hartazgo, los Vicepresidentes tienen dos funciones claras en la Constitución Política del Perú: reemplazar al Presidente si este muere o es vacado y asumir su despacho diario cuando este viaja. Cualquier otra función que se le otorgue está fuera del ámbito legal. De hecho, como también ya ha sido mencionado, las Vicepresidencias de la República no están en el organigrama del Poder Ejecutivo y menos aún en el de Palacio de Gobierno.

Sin embargo, en dos ocasiones, este blog ha detectado la contratación de asesores para los despachos de los vicepresidentes. Tanto Lourdes Mendoza del Solar como Luis Giampietri se han visto beneficiados con una práctica doblemente irregular. Por un lado, se inventan puestos que no existen en la administración pública. Del otro, le hacen la trampa a las normas de austeridad del Congreso que han limitado el número de asesores para cada congresista - y ambos vicepresidentes lo son - y para las comisiones parlamentarias.

Aun así, la práctica se sigue efectuando.

El 10 de octubre último, al día siguiente que este blog presentara la contratación de un asesor de prensa para el Almirante y el mismo día que dicha información fuera rebotada en Perú.21, la Presidencia del Consejo de Ministros requirió la contratación de una persona natural que brinde apoyo profesional a la Primera Vicepresidencia de la Republica. Mismo modus operandi que las veces anteriores, pero, esta vez, el favorecimiento a alguien en particular es más nítido.

Los términos de referencia para la contratación son bastante claros: un ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, con Maestría en Economía, con experiencia previa en cargos de asesoría de alto nivel. Las funciones, entre otras, se refieren al apoyo profesional para elaborar proyectos y presupuestos y la elaboración de proyectos de Ley sobre Defensa, Seguridad e Inteligencia. Este último punto, por cierto, bastante parecido a la función de un asesor parlamentario.

¿Y quien es el favorecido? Pues el señor que ven a la derecha de la foto de arriba, junto al congresista José Urquizo. Se llama José Antonio Delfín Jaime y se llevará, por dos meses de trabajo con Giampietri, la suma total de S/. 8,700.00.

Delfin es un viejo conocido de Giampietri y también es ex miembro de la Marina. Durante el año parlamentario anterior se desempeñó como asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso. E incluso tuvo un incidente en las investigaciones del caso de la filtración de información de Inteligencia de la Marina. Así lo informó La República:

A pesar de que la Inspectoría de la Marina ha determinado que Barba trabajaba en complicidad con los técnicos de inteligencia Roberto Solórzano Samanez y Luis Vásquez Meneses, ni siquiera los mencionó y mucho menos señaló a nadie más involucrado en la fuga de información reservada. “Yo actué de buena fe, he sido sorprendido”, alegó Barba de acuerdo con fuentes de dicho grupo legislativo.

Tras su presentación, llegó el turno de Vásquez Meneses, quien también negó haber tenido en sus manos documentos reservados. Esto fue lo único que dijo. La presencia del ex marino José Antonio Delfín Jaime en la subcomisión lo inhibió de seguir declarando. Delfín es un asesor del grupo de trabajo llevado por Luis Giampietri.

Un ¿ex? asesor parlamentario contratado para asesorar a un Vicepresidente que es parlamentario. Como que ya va siendo hora de poner un alto a esta mala práctica injustificable.

El último jueves, Jorge del Castillo se presentó en La Ventana Indiscreta, para conversar sobre varios temas, entre ellos, el referido a la denuncia que hiciera desde este espacio sobre las contrataciones irregulares de asesores de la Segunda Vicepresidenta de la República Lourdes Mendoza del Solar.

Lamentablemente, el Primer Ministro, un experimentado político al que, personalmente, tenía en alta consideración, no ha sabido responder a los elementos de juicio puestos en consideración sobre este tema en este blog.

La excusa dada por el señor Del Castillo ha sido señalar que la contratación de personal para las Vicepresidencias es una práctica generada en anteriores administraciones presidenciales y que, por tanto, eso convierte a este comportamiento en válido.

Es cierto que durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo se contrataron asesores para el vicepresidente David Waissman. En una primera respuesta a Del Castillo, señalé que, en efecto, durante el primer semestre del año 2006, se contrataron a 6 personas para ejercer labores de asesoría para el señor Waissman, actual Congresista de la República.

Pero ello no convierte a esta práctica en una costumbre jurídica. Cualquier estudiante de Derecho sabe, desde que ingresa a la Facultad, que una costumbre jurídica tiene dos elementos indispensables para su formación. El primero, la repetición de la conducta en el tiempo; el segundo, el carácter de obligatoriedad jurídica. Sin embargo, este último elemento implica también que la costumbre no infrinja una norma legal, cuestión que ha ocurrido en este caso, dado que la Constitución señala, de manera clara, que las funciones de los Vicepresidentes de la República son dos: Reemplazar al Presidente en caso de vacancia y encargarse del Despacho Presidencial cuando el Presidente sale de viaje fuera del país. Esto es repetido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Al no establecerse otras funciones para los Vicepresidentes y contratarse personal para funciones que no se encuentran dentro del organigrama del Estado, estas contrataciones devienen en irregulares, por ser contrarias a las normas que he señalado y que, en el esquema legal peruano, son superiores a una supuesta costumbre jurídica alegada por el Primer Ministro, quien, por su condición de abogado y político experto, conoce perfectamente estas precisiones legales.

En Derecho Administrativo, el principio fundamental es el de legalidad, que consiste en que la autoridad debe sujetar su actuación a lo que dice la Constitución y la Ley. Dado que la Constitución y las normas señalan claramente las funciones de los Vicepresidentes, ellos no pueden excederse de las mismas y la PCM no puede contratar personal para que les ayuden en tareas que no corresponden propiamente a su función.

Asimismo, el Primer Ministro falta a la verdad al señalar que estos contratos fueron producto del Presupuesto del año 2006, aprobado por el Congreso pasado. En el caso de la señora Irma Rosas Durand, la contratación se hizo en un proceso hecho durante el presente año y se encuentra vigente hasta junio de 2007. Es decir, se hizo con la Ley de Presupuesto aprobada por el actual Congreso y cuyo proyecto original fue presentado por este gobierno.

Además, como se le señaló al señor Del Castillo en la entrevista con Cecilia Valenzuela, algunas de las personas contratadas por la PCM también se desempeñan como asesores parlamentarios de la Vicepresidenta de la República. Es el caso de Omar López Cusi, quien funge de asesor de prensa de la parlamentaria Mendoza del Solar.

Debo hacer además otra precisión, esta vez, con relación a los contratos firmados por la PCM para contratar asesores a favor del señor Luis Giampietri Rojas, Primer Vicepresidente de la República. Si bien el señor Giampietri no tiene procesos pendientes ante la justicia, sí mantiene al señor Jorge Figueroa Guzmán como abogado personal. Tal como lo consigna el diario La Razón, medio de comunicación que responde a la agenda propia del Vicealmirante en retiro, el señor Figueroa Guzmán fue el encargado de interponer ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) una queja contra la Primera Sala Penal Anticorrupción, por la citación que se le hizo, en calidad de testigo, para que el congresista y vicepresidente declare en el proceso seguido a los integrantes del Grupo Colina.

Asimismo, resulta poco feliz la frase con la que el Primer Ministro se expresa con relación a la responsabilidad sobre la contratación de tal o cual asesor para la Primera Vicepresidencia de la República, otorgándosela sólo al almirante Giampietri. Me refiero al caso particular del abogado Sergio Tapia Tapia, conocido abogado de violadores a los derechos humanos y que se encuentra vinculado, en Argentina, a organizaciones ultraconservadoras católicas que defienden a los militares que cometieron desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que padeció dicho país entre 1976 y 1983. Tapia es el representante de FASTA - organización cuyo fundador ha sido cuestionado por homenajear a nazis refugiados en Argentina. El gobierno del Presidente Alan García termina pagando un sueldo a una persona que abroga de los valores democráticos y los derechos que el Presidente juró defender el 28 de julio de 2006, por segunda vez.

Lamento mucho que el Presidente del Consejo de Ministros haya sido incapaz de responder adecuadamente a los cuestionamientos hechos en el programa que dirige. Esperaba que el Primer Ministro aceptara que, nuevamente, cometió un error y diera las explicaciones del caso. Sin embargo, compruebo, con poca satisfacción de mi parte, que se faltó a la verdad de manera flagrante, frente a la teleaudiencia.

No se lamente después, si es que le viene otra interpelación.

Primer Ministro minimiza denuncia de DTP. Aquí nuestra respuesta.

Me entero de que Jorge del Castillo minimizó la denuncia hecha desde este espacio sobre las contrataciones irregulares hechas por la Presidencia del Consejo de Ministros para la Segunda Vicepresidencia de la República:

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, consideró que no hay nada ilegal ni irregular en la contratación de personal por parte de la Segunda Vicepresidencia de la República, que según la denuncia hecha por un blogger comprendería un gasto superior a los 31 mil soles.

Agregó, sin embargo, que este tema habría que analizarlo, pero remarcó que no se trata de una situación fuera de lugar y que “a nadie se está sorprendiendo” con eso.

El Primer Ministro sigue mintiendo, como lo ha hecho en el caso Pandolfi, por lo que será de todas maneras interpelado por el Congreso.

En principio, Del Castillo no aclara las cuestiones legales precisadas en la denuncia que formulé el día martes, es decir, los artículos constitucionales que precisan las funciones y limitaciones de los Vicepresidentes y Congresistas, así como la inexistencia de una oficina o dependencia pública para los Vicepresidentes en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial. Y, además, tampoco considera la naturaleza de la función de Luis Giampietri y Lourdes Mendoza del Solar: reeemplazar definitivamente a Alan García si vaca en la Presidencia u ocupar el Despacho Presidencial cuando AGP estuviera de viaje.

Luego, el Premier alude a que la misma situación se presentó durante el gobierno anterior, con lo que pretende justificar la infracción legal que su despacho ha cometido - y que le puede costar otra interpelación - con este tema.

En efecto, como también me lo hizo notar un comentarista, el entonces Primer Ministro Pedro Pablo Kuczsyski autorizó la contratación de una persona para apoyo administrativo para el entonces Vicepresidente David Waismann: Zully Regis Ciudad fue contratada como Secretaria Ejecutiva de la Vicepresidencia de la República por dos meses (febrero - abril de 2006), por lo que recibió la suma de S/. 10,500.00.

PPK también contrató a las siguientes personas para Waismann, quien es actualmente Congresista de la República:
- Eladio Melitón Fuentes Ramírez: para desempeñarse como apoyo administrativo y archivador de notas de prensa, pagándole la suma de S/. 12,000.00 por 5 meses de trabajo.
- Fabiola Shiell Bustos, para trabajar 2 meses como coordinadora de actividades y reuniones de la Vicepresidencia, recibiendo S/. 9,000.00. Y luego volvió a ser contratada, esta vez por S/. 10,500.00.
- Pablo Rivero Bonifaz, quien se desempeño como Asesor Administrador de la Vicepresidencia, recibiendo la friolera de S/. 12,000.00.
- Julio Alberto Hennings Otoya, como Asistente Analista, por la suma de S/. 7,500.00

Pero como bien lo señala, cada vez que puede, Rosa María Palacios, los pecados de los otros no hacen santo a uno. Es decir, Waismann y PPK deberían dar una explicación sobre este asunto, por los mismos argumentos legales que hemos sostenido anteriormente para los casos presentados durante este gobierno. Así que, más que ayudarse, el Primer Ministro termina complicándose más citando precedentes, dado que no aclara la cuestión legal del tema y, por el contrario, termina hundiendo a más involucrados en una conducta similar a la suya. Waismann y PPK terminarán diciendo, no me defiendas compadre, luego de estas declaraciones.

En suma, el Primer Ministro no ha respondido a estas acusaciones serias. Solo se ha dedicado a recontar los pecados de los otros, pero no ha asimilado los suyos propios. Ni siquiera ha dicho que es “un error” o “una patinadita” como en otros supuestos bastante graves.

Tal parece que el cinismo se apodera hasta de los cuadros más competentes del gobierno.

MAS SOBRE TEMA:
Correo: Vicepresidenta reconoce contratos pero da misma excusa que Del Castillo.
Perú.21: Comisión de Fiscalización pedirá informe a PCM por este caso.

También la Segunda Vicepresidenta contrata personal indebidamente.

Como registramos ayer, el Primer Vicepresidente de la República, Luis Giampetri Rojas, ha tenido a su disposición una partida de S/. 100,000.00, suministrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, con la que ha pagado asesores y equipos.

Según he podido verificar, esta cuestión es totalmente irregular, por los siguientes motivos:

1. Los Vicepresidentes, de acuerdo a la Constitución, sólo tienen como función reemplazar al Presidente de la República en caso de Vacancia del cargo, o de encargarse de su Despacho durante el tiempo que se encuentre el Presidente fuera del país. (artículo 115° de la Constitución)

2. En el caso particular del actual Gobierno, los dos Vicepresidentes son, además, Congresistas. Y, de acuerdo a la Constitución, el mandato de Congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional (artículo 92° de la Constitución).

3. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no contempla a los Vicepresidentes dentro de su estructura.

4. Tampoco contempla el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial una oficina especial para los Vicepresidentes o personal a su cargo.

Pero no sólo el Almirante Frontón ha incurrido en este caso. También la Segunda Vicepresidenta, Lourdes Mendoza del Solar, ha tenido asesores pagados por la Presidencia del Consejo de Ministros.

El señor Omar Lopez Cusi fue contratado para que preste apoyo profesional a la Segunda Vicepresidencia de la República. El valor de sus servicios: S/. 7,535.00. Labores ejercidas entre agosto y octubre de 2006. Se requirió una persona que hiciera análisis de proyectos de inversión.

El señor Luis Felipe Ramírez Guerrero fue contratado, por el lapso de un mes (agosto - septiembre) para que preste apoyo profesional a la Segunda Vicepresidencia de la República en materia de gestión regional, organización de eventos y archivo de noticias relacionadas a la Vicepresidencia de la República. El monto a pagar: S/. 7,180.00.

Eleonora Sofía León y León también fue contratada por la Segunda Vicepresidencia, a través de la PCM, para cuestiones vinculadas a desarrollo social y desarrollo humano. Por su trabajo entre septiembre y octubre de 2006, recibió S/. 8,473.00. La señora León y León aparece como expositora de la Expoferia Arequipa, organizada por la entidad Perú 2021 - para la cual ha trabajado anteriormente - , como Asesora Principal de la Segunda Vicepresidencia de la República. El evento se llevará a cabo esta semana. Aquí no está en duda su calidad profesional, sino su forma de contratación.

Cecilia Ramírez Pequeño también fue contratada para la Segunda Vicepresidencia, como Secretaria Ejecutiva durante el mes de diciembre, misma función que desempeñó, anteriormente, para la Unidad de Comunicación Institucional del Ministerio de Vivienda, durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Carmen Cano de Ortiz de Zevallos fue contratada para brindar servicios de prensa e imagen comunicacional para la Segunda Vicepresidencia de la República. En diciembre, se le pagó la suma de S/. 1,710.00.

Irma Rosas Durand ha sido contratada para que, entre marzo y junio de 2007 (es decir, contrato vigente), realice labores sobre temas de inversión pública e infraestructura. El pago por el servicio: S/. 8,387.00.

Sin duda, el Presidente del Consejo de Ministros nos debe una seria explicación por este caso. Recuerde, el próximo se va, dijo Alan. ¿Lo hará?

Y POR LA NOCHE:
La Ventana Indiscreta hace suya nuestra denuncia.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Blog revela que segunda vicepresidenta contrató personal por S/. 31 mil.
Utero de Marita: Austeridad Vicepresidencial y Destape Blogger.
Roberto Bustamante: Blog descubre gastos de la segunda vicepresidenta.
Christian Manrique: Vicepresidenta gasta como rica.

¿La estadía de Jorge del Castillo en la PCM tiene los días contados?

Uno de los vocablos más utilizados por los analístas políticos es el de “lame duck” o “pato rengo”, adjetivo puesto a los políticos cuyo puesto tiene los días contados y que, por tanto, tienen limitada su capacidad de acción dentro del poder que aún manejan. Utilizado por lo general para los Presidentes que ya están de salida, bien podríamos preguntarnos si es que Jorge del Castillo comienza a ser un “lame duck” como Presidente del Consejo de Ministros.

Sin duda, dentro de lo que hay en la oferta política que ofrece la Casa del Pueblo, Del Castillo constituye una de sus mejores cartas, no sólo para ejercer el premierato sino también para una posible candidatura presidencial en el 2011. El APRA sabe que fue gracias a Del Castillo que se evitó que el partido desapareciera del mapa en los años noventa y que mantuviera una presencia importante dentro de los movimientos de oposición democrática al régimen fujimorista. Además, en los últimos años, se ha convertido en el rostro más amigable del aprismo para sectores tan disímiles entre sí como las organizaciones de defensa de derechos humanos y los gremios empresariales, básicamente, por su vocación aperturista.

Pero la crisis suscitada a raíz del nombramiento de Alberto Pandolfi y la creciente presencia en el poder de Luis Giampietri ha terminado descolocando al Premier. Ha sido cazado por la prensa en varias afirmaciones falsas e inexactas sobre un nombramiento que a todas luces es más que un simple “error político”. No ha sido capaz de callar a su Ministro de la Producción que fue capaz de mencionar que, en caso fuera necesario, acudiría a pedirle consejos a Vladimiro Montesinos. Ha sido poco efectivo en deslindar la cada vez más visible “colaboración” entre apristas y fujimoristas y ha terminado de bombero y componedor, no de conflictos sociales, sino de las propias trastadas de sus ministros, de él mismo y del Presidente de la República.

Ya que no existe una oposición consolidada en el Parlamento, será bastante difícil aprobar una moción de censura en contra de un Presidente del Consejo de Ministros que no sólo ha cometido un error político sino una violación de la Constitucíón y del Código Penal, al nombrar a una persona que se encontraba inhabilitada para ejercer cargos públicos, con la anuencia del Presidente y Vicepresidente de la República, quienes tampoco deberían sacar las castañas del fuego de todo este tema.

Pero, aunque no se apruebe la censura, Del Castillo ha quedado en una posición bastante incómoda. Ha quedado desprestigiado ante el sector de la prensa y la opinión pública que lo consideraba como el principal y más decente aprista, dentro del núcleo del poder que rodea a Alan ha quedado debilitado frente a Giampietri y a Rey, ha complicado a un gabinete donde más de un ministro (Garrido Lecca, Verónica Zavala, Allan Wagner y Juan José Salazar) debería explicar que hacía posando para las fotos junto a un mayordomo de Montesinos, ha quedado puesto en la picota para que Mulder, Cabanilllas y - sobre todo - Alva Castro le cobren algunas cuentas pendientes. Ello hace que el tiempo de su estancia en el gabinete se acorte, o que, por lo menos, su poder dentro del gobierno esté en serio cuestionamiento. Alan no lo reemplazará por ahora, en parte porque le gusta este jueguito en el que sus colaboradores centrales están “a salto de mata”, en parte porque no tiene a nadie para poder reemplazar a la mejor de sus fichas políticas.

A decir verdad, aunque Del Castillo tenga buena parte de la responsabilidad en este caso, no debe olvidarse al instigador principal de la crisis, defendido por la mafia desde sus voceros mediáticos y que sigue metiendo a sus recomendados: Luis Giampietri Rojas. ¿No cabría que el Congreso también investigue su voluminoso prontuario?

PARA QUE VEAS LO QUE TE PERDISTE EL FIN DE SEMANA:
Vía Crisis. Relato de la Pasión del Gabinete en Semana Santa según la Carta de Desde el Tercer Piso a los peruanos.
Una Giampietriada más sí importa. Ahora el Almirante lleva como “asesor y amigo” a un abogado de violadores de derechos humanos.