Desde el Tercer Piso

El gobierno de Alvaro Uribe soporta su mayor escándalo.

Uno de los gobiernos latinoamericanos más populares dentro y fuera de sus fronteras es el del presidente colombiano Alvaro Uribe.

A pesar de sus claras actitudes personalistas y su poca distancia de Estados Unidos, Uribe supo combinar un estado democrático con la preocupación con la seguridad, la macroeconomía estable con el crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, el reto del conflicto armado interno que vive nuestra nación vecina desde hace más de 5 décadas, sigue sin resolverse.

Y son las consecuencias del conflicto las que ahora ponen a Uribe en una situación bastante complicada.

La crisis tiene que ver con los presuntos vínculos que funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe tendrían con los grupos paramilitares, en particular con las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización armada ilegal de derecha extrema a la que se le atribuyen violaciones a los derechos humanos y actos terroristas. Uribe negoció durante tres años la desmovilización de las AUC, hecho que se produjo a finales del año pasado.

Sin embargo, ante las denuncias sobre los vínculos entre el gobierno y los paramilitares, se descubrió el plan “Jorge 40″ elaborado por el líder de las AUC Rodrigo Tovar Pupo. El plan consistía en que las AUC tendrían su propia bancada parlamentaria, para lo que utilizaron métodos de fraude electoral, amedrentamiento y asesinato de candidatos que no comulgaran con los intereses de los paras.

La investigación de la Corte Suprema de Colombia ha supuesto la orden de captura para 8 congresistas leales a Uribe, a su ex ministro de Agricultura y un gobernador. El escándalo ha sucitado la renuncia de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araujo, dado que su padre - ex Ministro de Agricultura y actual senador - y su hermano, también legislador, estaban involucrados en este caso.

Sin duda, estas revelaciones amenazan con estremecer Colombia y a su clase política. Incluso el Presidente Uribe se encuentra en la mira de todos, dado que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene dos denuncias en su contra por presuntos vínculos con los paramilitares.

Lo que se viene es una investigación bastante compleja, que pondrá a prueba los reflejos democráticos de Uribe, la solidez del sistema judicial colombiano frente a las amenazas que tendrá y, por supuesto, las consecuencias que este caso tendrá para el sistema político colombiano. Esperemos que sea la verdad la que prevalezca, en un país que, a pesar de la violencia que sufre, siempre se preció de tener un sistema institucional modélico en América Latina.