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Cuestiones del pasado y del presente se juntan en el mismo horror

Huancavelica. Nuevamente el horror. Otra emboscada más en la que cuatro policías pierden la vida. Otra vez en una ruta de salida de la droga por el VRAE.

Cuando seguimos lamentando aún los hechos en Ocobamba y seguimos preguntándonos si es un Sendero redivivo o, como parece ser, patrullas rentadas de los narcotraficantes en las que intervienen actores de todo tipo, pero en las mismas zonas en las cuales el terror azotó durante muchos años.

Soy de quienes piensan que no nos enfrentamos ante un rebote senderista frente a una supuesta lenidad de los gobiernos de Paniagua, Toledo y García II frente a la subversión. Ni la Comisión de la Verdad y Reconciliación legitimó a Sendero Luminoso o pidió una amnistía - por el contrario, manifestó estar contraria a la misma -, ni tampoco tenemos leyes más débiles para procesar el delito de terrorismo. La monserga de que necesitamos situaciones de emergencia, vulneración de derechos fundamentales y una supuesta mano dura ni siquiera era aceptable en 1992, menos lo es ahora.

Creo que nos enfrentamos a un fenómeno distinto, pero que es producto de dos cuestiones que confluyen: la no atención a las secuelas del conflicto armado (psicosociales, sociopolíticas y económicas) que pueden traducirse en la continuación de la ausencia del Estado en zonas donde la pobreza y la falta de oportunidades se dan la mano y, claro, la acción del narcotráfico, en momentos donde el precio de la cocaína ha aumentado y, por tanto, la demanda es más alta.

Lamentablemente, lejos de entender la complejidad del problema, algunos sectores políticos y mediáticos siguen enfatizando en que debe aplicarse la supuesta estrategia vencedora de los noventa o satanizando a toda la izquierda como si fuera aliada de la violencia. Pues ni la estrategia fujimorista fue la vencedora del terrorismo ni la izquierda (por lo menos, la democrática) apoya la lucha armada como algunos siguen repitiendo.

El nuevo caballo de batalla tiene su nombre y apellido. Se llama Proyecto de Ley de Reglas de Empleo de la Fuerza por las Fuerzas Armadas, preparado por el propio Comando Conjunto y que establecería las normas para las ocasiones en las que se convoque a los militares para labores de orden interno. Como era de suponerse, Giampietri se ha manifestado en contra de la norma, a pesar que el propio Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto han expresado su conformidad con la misma. De hecho, hablando con personas vinculadas a los sectores castrenses en estos días, me expresaron su satisfacción por la misma y me dijeron que hubieran querido tener reglas de este tipo durante la lucha contrasubversiva.

Y es que, además, se sigue entendiendo que la tarea de enfrentar los focos de violencia del país es tarea meramente castrense. En principio, los problemas de orden interno están a cargo del Sector Interior y por ello es tan importante tener un Ministro y no a quien está sentado en Corpac sin muchas ideas. Las Fuerzas Armadas, ciertamente, pueden apoyar en esta tarea, pero bajo un comando único y una estategia que privilegie los aspectos de inteligencia.

Las consecuencias de una política de “mano dura” ya las vienen pagando quienes las hicieron o aplicaron. La reciente detención del general Luis Pérez Documet, involucrado en la matanza de La Cantuta y en las desapariciones de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, es prueba de que este tipo de acciones no serán dejadas impunes, por lo menos, por jueces valientes y que toman la Constitución y la ley como modelo. De hecho, tengo la convicción de que la derrota de Sendero Luminoso se pudo producir antes, si es que no hubieran existido tantas vulneraciones a los derechos fundamentales que alejaron a la población de los encargados de la parte militar del conflicto.

Como todos, quisiera que el terror no se vuelva a apoderar de mi país. Aun recuerdo las bombas a 10 cuadras de mi casa, las imágenes en la televisión que nos recordaban el conflicto y también a uno de mis tios más queridos recibiendo amenazas por estar en el comando de la Policía. Pero también soy consciente que la forma de derrotar a la subversión y al narcotráfico es con una buena estrategia, personas preparadas, mucho trabajo de inteligencia y una comprensión de que el trabajo no solo supone aspectos represivos, sino también de hacer que el Estado se haga presente. Pero parece que en Palacio aún no son conscientes de ello.

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Conforme pasan las horas, las explicaciones sobre el atentado a la comisaría de Ocobamba se complejizan. A estas alturas, va quedando claro que los refuerzos solicitados por el comisario Héctor Zegarra nunca llegaron y que la negligencia sobre el particular ha sido mayúscula, dado que si existieron informes de inteligencia informando sobre el ataque.

Igualmente preocupante es la hipótesis que comienza a manejarse en algunos medios de prensa. Tanto La República como Cuarto Poder han hablado de la posibilidad de la existencia de un nuevo grupo subversivo, autodenominado Los Revolucionarios de la Región Apurímac, una organización que estaría dedicada exclusivamente a un sólo objetivo: la defensa de los intereses del narcotráfico. Ello explicaría porque los ataques de los últimos años en la zona del VRAE apuntan a objetivos militares o policiales y no a población civil.

De hecho, se ha acentuado la coincidencia en los análisis de los especialistas en temas de seguridad sobre el peligro que supone el narcotráfico en nuestro país. Rubén Vargas, Santiago Pedraglio y Fernando Rospigliosi han advertido en las últimas horas sobre las aristas que tiene el narcotráfico en la zona del VRAE. Ocobamba, una zona de tránsito de la droga, no es más que un punto a tomar en cuenta en una larga cadena. Dejo a Rospi para la explicación macro:

Este suceso es uno más que muestra hacia dónde estamos yendo: a una espiral de violencia y corrupción que terminará envolviendo a toda la sociedad. El asesinato de varios mexicanos en Lima en los últimos meses, con el típico estilo de los sicarios; la muerte a manos del Ejército de nueve ‘mochileros’ que transportaban droga -dos en Puriyaco, Huancavelica, y siete en Putis, Ayacucho- el mes pasado, son parte de esta creciente ola de violencia.

De hecho, ya otros síntomas de violencia vinculados al negocio de la droga se sienten en otras regiones del país. En mi reciente visita a Piura, por lo menos dos personas me indicaron la existencia de violencia vinculada a la microcomercialización de drogas y asaltos en motocicleta vinculados a esta actividad. Lo mismo ocurre en algunas zonas del departamento de La Libertad, donde el clan Sánchez Paredes hace de las suyas.

Pero el tema va más allá de los peligros de mexicanización que Rospigliosi y Carlos Basombrío han hecho referencia en sus respectivas columnas. El narcotráfico, como bien se ha puntualizado, no busca la destrucción del Estado, sino la infiltración en el mismo para sus actividades ilegales. De hecho, ya durante este casi año y medio de gobierno han habido denuncias de personas vinculadas al Partido Aprista con el negocio de la droga, que hacen recordar a los casos Del Pomar y Langberg.

En una conferencia sobre Periodismo y Etica a la que asistí hace un mes, Miguel Ramírez, la persona que más ha investigado el caso Fernando Zevallos, nos decía que las investigaciones sobre narcotráfico no sólo eran las más peligrosas por la violencia que podría emplear esta gente para amedrentar, sino también por los vínculos que tenían en las altas esferas del poder. Denle una chequeada a un reportaje de Marco Sifuentes sobre Moisés Tambini, para que vean cuanta gente está presente en el cumpleaños de Lupe Zevallos.

Volvamos ahora a Ocobamba. Revisando el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la parte referida a la historia de la violencia en la Región Sur Central, me topo con lo que ocurrió en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, esta última donde se ubica Ocobamba. De la lectura de esta parte del Informe (Tomo IV, páginas 122 a 134), puedo concluir que la zona, desde hace varios años, ha sido harto convulsionada:
- Andahuaylas y Chincheros están muy cerca de una de las zonas más convulsionadas del conflicto armado: Chungui y Oreja de Perro. De hecho, fue en Ocobamba donde hubieron miembros de Sendero Luminoso adoctrinando a los escolares de estas zonas que iban hacia Apurímac para asistir al colegio que no tenían en sus localidades.
- En 1965, Ocombamba fue una de las zonas donde se registraron acciones del ELN, una de las guerrillas que hizo acciones armadas durante dicho año.
- La primera acción armada de SL en la zona fue el ataque a la comisaría de Ocobamba, en 1981, hace 26 años. Las incursiones fueron más o menos frecuentes.
- En 1983 se instaló una base militar en Ocombamba. Como en otras zonas del país, la población vivió entre dos fuegos. Sin embargo, el aprendizaje de las Fuerzas Armadas fue más rápido y el rechazo campesino también, por lo que hacia 1988 se podría decir que el conflicto se redujo considerablemente en la zona, aunque no dejaron de haber ciertas acciones armadas.
- Pueden ver en el anexo de casos registrados en Apurímac (páginas 163 a 184) las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto y reportadas a la CVR en la zona.

Un caso con varias aristas, que nos hacen ver que el país que nos lego el conflicto sigue allí, a la vuelta de la esquina.

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