Desde el Tercer Piso

La semana pasada, dos hechos sintómaticos me hicieron pensar que algunas agrupaciones políticas ya vienen pensando en los preparativos hacia las elecciones de 2006. La gira Toledo 2007 (con cortina de humo incluida) y los intentos de Unidad Nacional por ampliar su plataforma - ahora que saben que no cuentan con Castañeda - van comenzando a delinear las primeras movidas hacia el 2011. A ellos se suma el aun silencioso esfuerzo del PDS por juntarse con partidos regionales.

Pero, más allá de estas primeras escaramuzas electorales, bien valdría la pena preguntarse por cuáles son las reglas que van a regir los procesos electorales para el 2011, cuestión que es tan o más importante como quienes serán los actores que se presentarán a la elección. Aunque estas reglas no tienen incidencia directa en la calidad de quienes se presenten, pueden ayudarnos a elevar la calidad del voto.

Un primer tema - propuesto desde las canteras liberales - es la instauración del voto voluntario, sobre el cual tengo mis simpatías. Los argumentos a favor de adoptar esta forma de elección se centran en el carácter del ejercicio del sufragio como un derecho, así como la posibilidad de reducir las opciones populistas y estimular la difusión de programas (lo que debe complementarse con una mayor educación ciudadana). Como aspectos en contra, se señala que los partidos más organizados serían los únicos ganadores - ¿y eso no sería mejor para el país? - y que la legitimidad de un elegido con poco porcentaje de votos sería muy baja. Sobre este último argumento debo decir que la legitimidad puede ser mayor en el caso del voto voluntario, dado que quienes eligen son quienes realmente quieren participar en política.

Un segundo punto tiene que ver con la elección presidencial. Fernando Tuesta ha planteado la eliminación de la segunda vuelta electoral, dado que la legitimidad que se tendría es artificial. La pregunta que subyace al planteamiento de Tuesta y que me genera aun mis dudas sobre esta propuesta es: ¿con qué mayoría se elige al Presidente de la República?

En lo que respecta a la elección del Congreso, hace algún tiempo di algunas propuestas sobre la materia, en el marco de una vuelta al sistema bicameral: tener la elección parlamentaria en fecha distinta a la de las elecciones, eliminar el voto preferencial, incrementar el número de parlamentarios en la Cámara Baja sobre la base de distritos electorales más pequeños y renovar el Congreso por tercios y mitades. A ello se suma la implementación de la valla electoral de 5% para las próximas elecciones.

Para que esto funcione, también es necesario hacer algunos ajustes a la Ley de Partidos Políticos. Y aquí si concuerdo con Fernando Tuesta: garantizar la realización de elecciones internas y democráticas para la elección de candidatos y sancionar a los partidos que no presentan información de gastos de campaña. A ello, yo sumaría la veda de inscripción de partidos en el año anterior a las elecciones, a fin de limitar la posibilidad de candidaturas improvisadas o de una sábana electoral como la del 2006. Y claro, ya en el aspecto extrajurídico, mejorar la capacidad de fiscalización y sanción frente al incumplimiento de los requisitos de la Ley de Partidos para considerar a estas agrupaciones como tales. Además, a pesar de lo que algunos digan, sí es importante contar con financiamiento público para los partidos.

Finalmente, debe resolverse de una vez por todas el añejo lío entre el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, apostando por una separación clara de funciones y una convivencia sana entre ambas instituciones.

Como lo decía al inicio, un buen sistema de elección no garantiza por sí solo la calidad de la elección, pero vaya que ayuda. Lo cierto es que esto no funcionará si es que no hay una eficiente educación ciudadana. Y de ello aún nos falta mucho por hacer.

El último fin de semana ha significado un nuevo capítulo en la ya añeja disputa entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Básicamente, lo que se discute aquí es un tema de importancia: ¿cómo será, de ahora en adelante, la organízación electoral?

Entre 1931 y 1993, tuvimos un sistema donde una entidad autónoma, llamada Jurado Nacional de Elecciones, se hacía cargo de la organización de las elecciones y, al mismo tiempo, de resolver los conflictos jurídicos en materia electoral.

Con la Constitución de 1993, el Perú pasa a tener un modelo bi-cefálico en materia electoral. Se crea la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como ente encargado de la organización y administración de las elecciones, mientras que el Jurado sólo se encargaría de certificar a los ganadores de los comicios y resolver cuestiones jurisdiccionales en materia electoral. Algunos consideran que el modelo, en realidad, es de tres cabezas, dado que también se crea el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y se coloca dentro del llamado “sistema electoral”, pero, en realidad, la única función de este organismo dentro de los procesos electorales es tener actualizado el padrón de electores.

Existían dos problemas que, posteriormente, se fueron agudizando.

El primero, tenía que ver con la naturaleza del régimen político que había decidido la división: al ser una presidencia autocrática, Fujimori y Montesinos tenían entre manos ejercer el control de las instituciones electorales a fin de asegurar su permanencia en el poder, por lo que dividieron las funciones sin criterio técnico. Ello fue lo que ocurrió en las elecciones de 1998 y 2000, donde personajes cuestionados accedieron a los puestos de la ONPE y el JNE.

El segundo, se relaciona con las funciones de cada organismo. Y allí, ni la Constitución ni las leyes orgánicas fueron claras, con lo que se presentó una superposición de funciones entre ambas entidades, lo que genera duplicación de esfuerzos y gastos en algunas materias.

El primer defecto fue felizmente superado con el retorno a la democracia. Con el ingreso de personas honestas y competentes, tanto el JNE como la ONPE han desarrollado procesos limpios, transparentes y respetados por la ciudadanía, que manifiesta su confianza a ambas entidades por su trabajo. Ello revela una de las virtudes del sistema democrático: es mucho más difícil controlar el resultado electoral con personas honestas y competentes al mando de las instituciones electorales.

Sin embargo, el segundo defecto se ha agudizado y no son pocos los choques entre ambas instituciones por competencias. A las leyes orgánicas de elecciones y de cada institución, la Ley de Partidos Políticos ha sumado funciones a cada una de estas entidades, sin tener en claro que cosa corresponde a cada cual.

En este marco, desde hace algunos años, el Jurado Nacional de Elecciones propone la unificación de los entes electorales. Basta ver lo que dice su página web, en los últimos párrafos de su reseña histórica:

“Más adelante, la Constitución 1993, constituyó un retroceso para el máximo organismo electoral, al fragmentarlo en tres entes autónomos.

La misión que desarrolla es garantizar el respeto y el cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales, mientras que su visión es constituirse como el ente electoral unificado, encauzador de los procesos electorales y generador de la activa participación de la ciudadanía, base de la democracia“.

Para ello, además, se esgrimen los argumentos dados por comentaristas a la Constitución de 1993 en materia electoral, en particular, Valentín Paniagua, quien advirtiera sobre los peligros de tener separadas las funciones electorales en un contexto de autocracia y corrupción como el vivido en los años 90.

Sin embargo, el funcionamiento efectivo de la ONPE en democracia ha hecho revisar esta posición a varios especialistas en materia electoral (como Carlos Blancas Bustamante o Fernando Tuesta), quienes ya no se inclinan por una reunificación, sino por especificar cuáles son las funciones que competen a cada organismo para evitar conflictos.

Para complicar este panorama, el sábado Alan García salió a respaldar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Mendoza, en sus esfuerzos de unificacion. Sin embargo, el Presidente de la República no ha escuchado los argumentos de Magdalena Chu, jefa de la ONPE y se ha dejado llevar por los vínculos profesor - alumno que tuvo con Mendoza años atrás.

¿Mi posición? Creo que se ha demostrado en la práctica que ambas entidades pueden existir y que la fusión ya no es necesaria. Sí es necesario tener en cuenta cuáles funciones deberían quedar para cada entidad y, ver hacia el futuro temas como el voto voluntario y el voto electrónico, que sin duda obligarán a modificar la organización electoral. Por lo pronto, el JNE no tiene el respaldo de las otras fuerzas políticas para la reunificación, pero el respaldo presidencial puede inclinar la balanza a su favor, aunque sin tomar en cuenta criterios técnicos. Es necesario un debate mayor sobre este tema, a fin de tomar la mejor decisión posible.

Una añeja pelea, un proyecto inoportuno, un falso dilema

Ya sé, vieron el titulo y de seguro van a cambiar de canal (o de blog). Pero ya era tiempo de un tema que escapa (en algo) a la politiquería (y ausencia de temas políticos) de estas semanas.

Contemos la historia por partes.

Entre 1930 y 1995, todas las elecciones celebradas en el Perú las organizaba el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Al mismo tiempo, el JNE tenía la facultad de resolver cuanto reclamo en materia electoral hubiera. Es decir, era juez y parte en estas elecciones.

El JNE tuvo un buen periodo entre 1979 y 1990, cuando todas las elecciones que se celebraron en esa época no tuvieron visos de fraude alguno. Pero también tuvo baldones, como la amarrada elección de 1950, donde Odría - único candidato - fue “elegido” Presidente, o la elección parlamentaria de 1995, donde más de un millón de votos se “perdieron”.

La Constitución de 1993 separó al otrora superorganismo en 3: la RENIEC, que no es otra cosa que el Registro Civil (donde sacas tu DNI o tu duplicado), la ONPE, que se encargaría de organizar las elecciones y el JNE, que tendría la función de justicia electoral.

Desde esa época, el JNE ha reclamado, piteado, sacado comunicados y poco le faltaba hacer una marcha para que lo devuelvan a la situación de “super JNE”.

Es cierto que, en la época en que se dio este cambio, la intención no fue técnica sino política. Vale decir, manejar los organismos electorales a fin de hacer que las votaciones del Chino se inflaran como la espuma. Juristas como Valentín Paniagua denunciaron esta intención en escritos académicos y no académicos. Las elecciones del 2000, que fueron un fraude de principio a fin, confirmaron la hipótesis del recientemente fallecido ex Presidente.

Pero, también es cierto que con una o con tres instituciones electorales, el fujimorismo manipularía las elecciones de la re-reelección. No solo puso su gente en la ONPE, sino que por lo menos 3 magistrados del JNE pasaron por la salita del SIN y no precisamente a tomar té y galletitas con Vladimiro.

Pues bien, los procesos electorales manejados por la ONPE luego que regresara la democracia (es decir, de 2001 hasta hoy) han sido medianamente eficientes y constituyen la prueba de que, en efecto, era necesario contar con un organismo independiente que organizara las elecciones, distinto del encargado de resolver los litigios electorales.

Sin embargo, la ambición del JNE por volver a ser la entidad que otrora fue, sumado a las contradicciones sobre competencias que existen en la Ley Orgánica de Elecciones, dan motivo a que, de cuando en cuando, JNE y ONPE se jalen de las mechas (en especial, el Presidente del JNE contra el jefe de la ONPE).

Pero el nuevo capítulo en esta historia larga de peleas ha sido un proyecto bastante inoportuno presentado por la Celula Parlamentaria Aprista. Es decir, con la venia de Alan.

Inoportuno por dos razones. La primera, la oportunidad. Estamos a un mes de las elecciones y eso de exacerbar conflictos entre instituciones electorales como que no es muy proper a esta altura del partido. La segunda, lo que dice: se trata de una reforma constitucional para liquidar la OPNE y volver al “super JNE”.

La tendencia en América Latina es que ambas funciones se separen en dos entidades distintas. Y la verdad, con los resultados tan apretados que tenemos ahora en nuestras elecciones (México y Ecuador son el mejor ejemplo de ello), es mejor que así sea. Por lo demás, es técnicamente mejor que dichas funciones estén en dos organismos separados, a fin de brindar mayores garantías de que lo que tú decidiste sea lo que se refleje en el resultado final.

¿Otro proyecto al aire en el APRA, escuché por allí?