Desde el Tercer Piso

La creación de la Oficina Nacional Anticorrupción - que reemplazará al Consejo de este tipo creado en el gobierno anterior - y el nombramiento de la proba jueza Carolina Lizarraga como jefa de esta institución vuelve a poner sobre la mesa dos temas: la lucha contra la corrupción y la necesidad de crear instituciones ad hoc en el Estado.

Por un lado, y a pesar de las críticas de los perúposibilistas, la ahora ex magistrada reune una trayectoria profesional intachable, por lo que la designación de esta persona no es desacertada.

Sin embargo, habría que preguntarnos sobre el diseño de la institución en sí. La Oficina Nacional Anticorrupción es, al igual que el Consejo al que reemplaza, una institución de carácter preventivo. Sin embargo, se le ha vendido como la respuesta natural a la serie de compras desacertadas que este gobierno ha hecho en los últimos meses. La ONA se encarga de vigilar que se cumplan con los estándares legales y éticos de la función pública y busca el desarrollo de medidas preventivas.

No es propiamente, como se le quiere vender, un “zar” (o “zarina” en este caso) anticorrupción, pero si puede ser una funcionaria que colabore con labores de más largo aliento en la lucha contra este flagelo, dado que podría orientar una política pública sobre la materia que atraviese a todos los sectores. Claro, si la dejan trabajar y no la sacan a la primera de bastos del puesto, cuando comience a detectar problemas en el gobierno. O tiene perfil bajo, como tuvo el CNA en tiempos de Alejandro Toledo.

El problema, como señala Rosa María Palacios, es que el gobierno no tiene credibilidad en este tema tanto por su pasado como por su presente y la creación de esta oficina va a hacer poco por aumentarla, incluso si funciona como debiera. Y es que depende del buen funcionamiento de las instituciones ejecutivas que ya tenemos - CONSUCODE, Contraloría General de la República, sistema de justicia - la modificación de malas prácticas como la las normas de excepción en las compras públicas, y de las autoridades políticas mandar a su casa a los funcionarios corruptos y/o incompetentes. La ONA funcionará para otro tipo de labores igualmente importantes, pero cuya repercusión recién se percibirá en 2 o 3 años.

Pero yo anadiría otro problema que tiene que ver con los mecanismos ad hoc de este tipo. Si no se tienen en claros sus objetivos - y no se explican a la población, para evitar generar falsas expectativas - y no se hacen las coordinaciones entre las instituciones vinculadas al tema, podríamos terminar teniendo otro FORSUR, en el que las disputas internas y la falta de colaboración complotan para el buen funcionamiento de una entidad necesaria.

Menudo reto el que le espera a Carolina Lizárraga. Pero también a un gobierno que, más allá de los lavados de cara, tiene que emprender acciones para enfrentar un problema que afecta a la economía, a la política y la convivencia civilizada en nuestro país.

MAS SOBRE EL TEMA:
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Jorge Bruce: Urgente: Zar antinarcismo