Desde el Tercer Piso

La Fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, se encuentra en un severo aprieto y hasta ahora no se percata de su delicada situación.

A ello ha contribuido varios de los miembros del Congreso de la República, que convirtieron su presentación ante la Comisión de Justicia en un homenaje digno de los que hace Jeanet Barboza en su programa de los sábados. Básicamente, el fujimorismo, Unidad Nacional y el tránsfuga Torres Caro se convirtieron en los abogados defensores de la Fiscal de la Nación, por su decisión de mandar prácticamente a la muerte a la Fiscal Luz Loayza. Los congresistas apristas ni se aparecieron.

Peor aún, la decisión de enviar de vuelta a Maynas a Loayza acaba de ser ratificada, con lo que los sicarios de Fernando Zevallos deben estar alistando sus armas para atacar.

Pero cabe recordar que no es la primera vez que recaen sospechas sobre la Fiscal de la Nación. Hace algunos meses, el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi denunció que el esposo de Bolivar tenia vínculos con Zevallos y que la actuación de la Fiscal en dicho caso había tenido un severo problema de lenidad.

Aun queda pendiente la investigación del Consejo Nacional de la Magistratura, que estaría por ser emitida este martes, por lo que la situación de la señora Bolivar, a pesar del blindaje parlamentario, sigue siendo de órdago.

Si las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley son las primeras en hacer el juego al narcotráfico, ¿qué nos queda a los ciudadanos?

MAS SOBRE EL TEMA:
Fiscal Luz Loayza: Esto es un castigo por haber denunciado a Fernando Zevallos
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Augusto Alvarez Rodrich: Club de fans de Adelaida

Cada día que abro los diarios y veo noticias sobre narcotráfico, recuerdo una frase que le escuché a Santiago Pedraglio hace algunos meses en una conferencia sobre Independencia Judicial y Lucha Anticorrupción: Si hay un filón de investigación que los periodistas deben seguir es el tema del narcotráfico, pues será la principal amenaza de los próximos años. A todos nos sorprendió la observación de Pedraglio, pero, a la luz de los acontecimientos recientes, tiene una lucidez que hoy es digna de admiración.

El periodismo le hizo caso a Pedraglio. Si bien ya el caso de Fernando Zevallos venía siendo objeto de seguimiento por la prensa, el rango de medios que tocaban el tema se fue ampliando y se fueron encontrando otras pistas de sus vinculaciones con políticos y otras bandas de narcotraficantes. Ello permitió conocer a más personajes implicados en la trama de esta organización criminal y, además, que el caso, a pesar que judicialmente se encuentra encaminado – con una sentencia de 20 años de prisión mediante – tenga más sorpresas que ofrecernos.

Un segundo caso que hoy ocupa al periodismo nacional ha sido el de la familia Sánchez Paredes. Esta semana, en una inusual conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mismo Presidente de la República anunció el inicio de investigaciones preliminares al patrimonio de este clan familiar, lo que implica que más de un centenar de empresas se encuentren bajo la lupa del Ministerio Público. Los Sánchez Paredes respondieron con un comunicado a toda página en El Comercio, en el que señalaban su disposición de colaborar con la justicia.

Todos los indicios apuntan a que la fortuna de esta familia tiene vínculos con el narcotráfico. Pero el abanico de investigaciones no se debiera limitar a las cuestiones meramente crematísticas, sino también a los vínculos con nuestra política. Como bien lo señala hoy Caretas:

El temor por las juntas de algún sector del aprismo puede volver a influenciar los cálculos de García un cuarto de siglo más tarde.

En ediciones posteriores se reveló que Belisario Esteves, ex ministro de Comercio durante el primer gobierno aprista, aparece como socio de Orlando Sánchez y se documentó también la relación de esta familia con viejos apristas trujillanos y jueces vinculados al partido de la estrella.

Y claro, no olvidemos dos revelaciones recientes: Abanto Verástegui está vinculado a la familia Wolfenson y el nuevo abogado del clan sea nada menos que César Nagasaki, el patrocinante de Alberto Fujimori.

Desentrañar una red de narcotráfico no es tarea fácil. Y para ello se requiere que se tenga una buena red de jueces y fiscales lo suficientemente independientes y un sistema de protección a testigos que pueda impedir presiones, amenazas y asesinatos. Este es un punto que los Ministerios de Economía y Justicia deberían concertar con el Poder Judicial y el Ministerio Público, a fin de contar con la voluntad política y recursos suficientes para proceder con este tipo de esfuerzos.

Si el gobierno quiere emprender en serio esa tarea, por allí es el camino que deba iniciar. Y allí no hay dudas que valgan.

MAS SOBRE EL TEMA:
Caretas: El último ajuste
Perú.21: Testigos clave del caso Zevallos en peligro
Fernando Vivas: La estamos peleando
Ricardo Soberón: Coca, Estado y narcotráfico

Varios sucesos ocurridos durante el año pasado nos dan cuenta que el narcotráfico se ha convertido en el mayor problema de seguridad del país. Asesinatos de policías, la ausencia de una política clara en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el tráfico de drogas y las amenazas a jueces y fiscales que investigan a las mayores firmas del país son una muestra de los efectos que puede llegar a causar esta actividad ilegal en nuestro medio.

Es nítido también que la solución a este problema no pasa únicamente por la represión y persecución policial y judicial de los involucrados en actos ilícitos, sino también por la repotenciación de las zonas rurales, abandonadas durante varios años, en las que la brecha entre los ciudadanos y el Estado y el mercado genera un escenario proclive a la aparición de alternativas reñidas con la legalidad.

Sin embargo, preocupa que, además de la carencia de una política de desarrollo en la selva de nuestro país, se sigan registrando contradicciones en la persecución judicial del narcotráfico.

Es lo que ha ocurrido con la disputa entre la Fiscal de la Nación y el Ministro del Interior por la protección a la Fiscal Superior Luz Loayza, una de las profesionales del sistema de justicia que ha enfrentado, con valentía, a Fernando Zevallos, el máximo capo de la droga en el Perú. Lejos de la defensa de la vida ejercida por el Ministro Alva Castro – en uno de los pocos aciertos de su gestión –, Adelaida Bolívar nos ha sorprendido a todos con una frase poco feliz: “Todo fiscal debe trabajar afrontando los riesgos. Si no tengo el coraje para desempeñar la función, no tengo el perfil para asumir el cargo”.

No se trata, como sostiene la Fiscal de la Nación, de un problema de personas reñidas con la valentía, sino de las precauciones básicas que un magistrado debe tener para poder ejercer su puesto sin presiones de ningún tipo, lo garantiza, por un lado, sus derechos a la vida y a la integridad personal y, de otro lado, su independencia.

Este último aspecto es el que parece estar en carestía en las oficinas de la avenida Abancay. Como lo han demostrado varios medios de comunicación, varios fiscales han sido sorprendidos en conductas sospechosas: ¿Qué hace la fiscal del caso Sánchez Paredes acudiendo a una diligencia en una camioneta de sus investigados? ¿Por qué un fiscal en Cajamarca pretende coaccionar la libertad de expresión, al tratar de averiguar las fuentes que dieron a un diario la “lista blanca” de los más grandes narcotraficantes del país? ¿Podría explicarnos la Fiscal de la Nación porque los informes fiscales aun en reserva sobre los Sánchez Paredes los pudo conocer el Estudio Souza & Nakasaki, patrocinante de la cuestionada familia trujillana?

Hay una palabra que define a personas como la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, a los policías de DINANDRO que todos los días salen a enfrentar al narcotráfico o a fiscales como Luz Loayza. Pero parece que no se encuentra en el vocabulario común de muchas personas en el Ministerio Público, comenzando por su máxima representante. Comience a practicarla, señora Fiscal de la Nación: Coraje.

(Artículo publicado originalmente en Prensaperuana.com. Links añadidos para este blog)

MAS SOBRE EL TEMA:
Editorial de El Comercio: ¿Quién saca la cara por la legalidad?
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Ruben entra al restaurant donde almuerza al mediodía. La jornada de comercio en la provincia de Coronel Portillo es incesante y, dado que el avión ha llegado hace algunas horas, recién puede tener acceso a los diarios que han llegado de Lima. Pide el menú de costumbre, una Ucayalina y que le traigan Perú.21, para leer mientras se refresca un poco y recupera fuerzas para el trabajo de la tarde.

Cuando llega a la página 8, abre bien los ojos para ver si lo que tiene ante sí es cierto: su alcalde, Luis Valdez Villacorta, es acusado de traficar drogas en sociedad con Fernando Zevallos en 1990.

“Otra vez ‘la Vieja’“, se dice para sí, recordando el apodo que los gringos de la DEA le habían puesto al alcalde. Y justamente uno de los colaboradores de la DEA, a quien Ruben recuerda vagamente haber visto alguna vez, Oscar Benítes, es quien ha mencionado, con lujo de detalles la operación de tráfico de drogas, en la que Valdez puso 300 de los 580 kilos de cocaína que llevaron a Estados Unidos.

Su compadre Jorge, que vive en Lima, le había contado la última vez que estuvo por la capital que una periodista inglesa, que hace años vive en el Perú, había perdido un juicio por citar en un libro las declaraciones de Benites en contra de Zevallos. Y hace pocos días había leido que el Lunarejo tenía contactos con la gente de arriba. Sobre el vaso vacío, volvía a caer el líquido de cebada y lúpulo que había consumido con fruición mientras veía la noticia en el diario. El recuerdo se patentizaba en su mente, mientras llegabamos a los 33 grados de temperatura.

Valdez nunca tuvo buena reputación, siempre se dijo que estaba vinculado a cosas no santas, igual que su sobrino, Víctor Valdez, que fue congresista por Ucayali y del que no sabemos nada aquí en Coronel Portillo desde hace tiempo. Se decía que la fábrica de madera del alcalde dispuso una avioneta para el tráfico de armas a las FARC, donde estaba metido Montesinos y parece que hasta Fujimori.

Hace tiempo vino un reportero de allá de Lima, que también estuvo investigando algo sobre sus negocios de madera, Sifuentes creo que se llamaba. A las semanas vi en la tele que nuestro alcalde tendría algo así como 50 concesiones de madera obtenida solo Dios sabe como. Y como es de Lima, ese patita de lentes no corrió la misma suerte que otro periodista.

Aun parece ayer cuando escuchaba a Alberto Rivera en Transparencia, denunciando las cochinadas del alcalde, sus negocios con la madera, sus regalos para comprar a medio Pucallpa y obtener la alcaldía. Todos dicen que Valdez le mandó meter bala, pero el Poder Judicial de aquí lo acaba de absolver.

¿Por qué tiene tanto poder?, se pregunta Ruben mientras termina el plato de comida y se sirve lo que queda en la botella. Quizás sea, dice en voz baja, porque muchos de los políticos de aquí también tienen vinculos con los narcos. Como ese pata, Julio César Reátegui, que postuló como teniente alcalde de Pucallpa por el APRA y había resultado ser abogado de Zevallos en los mismos años en que dicen que se iniciaba en el negocio y, luego, defensor de uno de los lugartenientes de Valdez que mató al periodista Rivera.

Antes de dejar cancelada la comida, Ruben se pregunta por qué esta situación no cambia. Mira la cerveza que ha tomado y se da cuenta que es de la fábrica del alcalde, que la madera que ayuda a transportar es de la compañía del alcalde, que hasta el cementerio donde le lleva flores a su mamá todos los domingos también es de Valdez. Se percata que su pueblo está atrapado en una vorágine que viene desde hace varios años y que no sabe como va a salir de esta. La lluvia comienza a caer y hay que volver a trabajar, mientras los Luis Valdez Villacorta del mundo se siguen saliendo con la suya.

UNA EXPLICACION PERIODISTICA DE ESTE CUENTO:
Utero de Marita: Luis Valdez acusado de narcotráfico (otra vez)

A estas alturas, me queda claro que la principal amenaza para la seguridad del país es el narcotráfico. No solo por las acciones violentas que ha protagonizado en las ultimas semanas, sino porque termina convirtiendo a la política y a las instituciones en presas de un poder corruptor que, como vemos en las experiencias cercanas de México y Colombia, puede hacer bastante daño a las estructuras políticas y sociales del país.

Esta mañana, vi con estupor el buen reportaje de investigación que saca hoy La República: Fernando Zevallos logró tener contactos claves en el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional. Dentro de su computadora se lograron localizar comunicaciones claves referidas al ex magistado del TC Juan Bardelli Lartirigoyen y con los ex parlamentarios Heriberto Benitez y Víctor Valdez.

Los resultados de dichas comunicaciones:
- A Bardelli - como a muchos políticos, empresarios y periodistas - le regalaron pasajes en Aérocontinente, conversaron con él y finalmente se expidió una resolucíón favorable en un amparo.
- En el caso de Benitez, a través de él pudieron conocer las entrevistas con los informantes del caso Zevallos, en el marco del trabajo de la Comisión Herrera. La Comisión no llegó a incluir lo vinculado al narcotraficante entre sus conclusiones, aunque 11 meses despúes Zevallos sería incluido en la famosa lista de la Kingpin Act.
- Valdez, uno de los congresistas más controvertidos de la gestión pasada, fue quien presentó una moción en el Congreso para investigar a los policías que acompañaron a quienes declararon en Chile en contra de Zevallos, Incluso se habría solventado las campañas populistas del parlamentario en Pucallpa.

No es la primera vez que se detecta un tema como este en el pais. Hace unas semanas, este blog habló de las relaciones del abogado aprista de Moisés Wolfenson con los Sánchez Paredes, recientemente incluidos en la lista de mayores narcotraficantes peruanos, para ya no hablar de lo ocurrido con candidatos al Congreso, el propio Vladimiro Montesinos y experiencias pasadas en la década de los ochenta.

Hace unas semanas, Miguel Ramírez, el periodista que destapó el caso Zevallos, señaló que el tema tenía aún muchas aristas que abordar. Hace unos meses, Santiago Pedraglio dijo en una conferencia que el tema que más debía abordar el periodismo es el narcotráfico y sus redes de poder. Las alertas periodísticas están dadas y los primeros resultados los estamos viendo ahora.

Los destapes sobre narcotráfico nos pueden ayudar a saber quien es quien en la política peruana. Puede que esto afecte, en el corto plazo, a varias agrupaciones, pero siempre es mejor saber la verdad a vivir en el engaño. Sin duda alguna, el país merece conocer quienes están del lado de la legalidad y quienes apoyan a la mayor amenaza para el país.

¿Cuál será el próximo titular?

Con justa razon, el blog Lo Justo, Varón nos llama la atención por el poco interés que le hemos puesto a la escandalosa sentencia que exculpa a los responsables intelectuales de la muerte del periodista Alberto Rivera, asesinado en Pucallpa hace tres años.

¿Por qué mataron a Rivera? Pues por las mismas razones por las que Miguel Pérez Julca, hombre de prensa que trabajaba en Cajamarca, fue victimado: denunciar las irregularidades del poder local y regional.

Rivera denunció en su momento que el alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, reelegido extrañamente, tenía vínculos con el tráfico de madera y el narcotráfico.

La presión de la prensa ha hecho que el caso no quede en el olvido y que los autores materiales sean sancionados. Sin embargo, al alcalde Valdez simple y llanamente, nadie lo toca. Y es que el poder del tráfico de madera y el narcotráfico en la selva es bastante fuerte, a pesar que tres de los sicarios contratados por el burgomaestre lo sindicaron como quien lo contrató para realizar el asesinato. Peor aún, el fiscal del caso no apeló la sentencia y si no es por la voluntad de los familiares, el caso no llegará hasta la Corte Suprema.

Cuando matan a un periodista no solo quitan una vida, sino que le quitan a la gente el derecho a informarse para poder fiscalizar a sus autoridades. Si se permite la impunidad en este caso, pues el derecho a la vida y a la libertad de expresión será poco menos que letra muerta en el Perú.

¿Lo seguiremos permitiendo?

Ayer, la Sala Penal de Huacho dejó sin efecto la resolución que beneficiaba a Moisés Wolfenson con la contabilización de cada uno de los días que pasó en arresto domiciliario como días de cárcel, lo que le hubiera permitido salir libre de manera inmediata.

Sin embargo, el debate jurídico sobre los beneficios que potencialmente puede acarrear el arresto domiciliario – y que ya mereció un pronunciamiento del Tribunal Constitucional – se vio enturbiado el último domingo con la “opinión como abogado” del Presidente de la República, dada en una entrevista exclusiva a La Razón, el diario de Wolfenson.

No es la primera vez que miembros del actual partido de gobierno tienen cercanías con un medio que, como dijera acertadamente Gustavo Gorriti, es más un problema sanitario que un mecanismo de expresión ciudadana. En momentos en que La Razón propugnaba abiertamente la vacancia de Alejandro Toledo, la ex Presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas tenía columna en dicho diario y no tenía ningún problema en reconocerlo. Otros parlamentarios apristas han tenido también columnas en un diario que tiene como línea editorial la defensa de una dictadura corrupta y violatoria de los derechos humanos y que, valga recordárselos, persiguió también al APRA.

Pero hay un “compañero” que guarda estrechas cercanías con los Wolfenson y, a la vez, un pasado y un presente bastante sombrío.

José Humberto Abanto Verástegui es miembro del Partido Aprista Peruano y, además, el abogado de Moisés Wolfenson, el hombre que incluso en pleno juicio recibía instrucciones de Vladimiro Montesinos. Digamos, que ello ocurra en el mismo partido donde participa Javier Valle Riestra, defensor de los golpistas Alberto Fujimori y Antauro Humala, no es precisamente una sorpresa.

Pero no es el único trabajo polémico de Abanto Verástegui. Como lo ha informado Caretas durante varios meses, este abogado está bastante ligada a la familia Sánchez Paredes, varios de cuyos miembros son investigados por sus vínculos con el narcotráfico. Abanto es el gerente general de Alta Tecnología e Inversiones Minera (Atimsa), principal accionista de Algamarca, una empresa minera que viene disputando el control de las operaciones mineras en Shahuindo, Cajamarca. Atimsa tiene como principal accionista a una off shore panameña - Ohana Overseas S.A. - cuyos directores son los Sánchez Paredes junto a Elmer Vásquez Pelaez, quien, según sale hoy en la revista de los Zileri, confesó que ayudó a un miembro asesinado del clan en el negocio del narcotráfico, allá por 1987.

Lo peor del caso es que Abanto se vino desempeñando en este cargo “empresarial” a la par que realizaba sus labores como asesor del actual Ministro del Interior Luis Alva Castro, cuando éste estaba a cargo de la Comisión de Economía. De hecho, Abanto fue asesor de Alva Castro desde 2000. La alerta de la prensa evitó que el abogado de Wolfenson pasara a ocupar un cargo en el edificio de Corpac.

No es la única cosa rara que Abanto tendría que explicarnos. Por ejemplo, sería bueno que aclare porque es que cuando el partido al que pertenece ocupa el poder, recién se acuerdan que está en el Registro de Contratistas del Estado.

En lo que va de 2007, el abogado ha ganado S/. 59,766.00, producto de cuatro trabajos hechos a favor de FONAFE, la entidad que se encarga del manejo y administración de las entidades del Estado. Cabe indicar que en los cuatro procesos de menor cuantía ganados por el letrado, éste se presentó como el único postor.

Cabe mencionar que como Director Ejecutivo de FONAFE, se encuentra otro viejo conocido de este blog: Martín Sifuentes Palacios, otro militante aprista, a quien, en junio de 2006, Agencia Perú descubrió como un personaje bastante cercano a Agustín Mantilla Campos. Una vez que fue nombrado, se sospechó, legítimamente, que habría favoritismos a favor de la gente de Alfonso Ugarte. Este es el primer caso documentado en el que tendríamos serios indicios de ello.

En las elecciones presidenciales pasadas, casi al borde de la segunda vuelta, Alan García se comprometió a luchar contra la corrupción. Hoy sale a favor de un sentenciado por esta materia y un miembro del CEN de su partido es el abogado de este personaje. Y ante las denuncias de candidatos apristas vinculados con el narcotráfico en las últimas elecciones municipales, Mauricio Mulder dijo que estaba prohibido que los abogados apristas defendieran a narcotraficantes. El abogado de los Wolfenson está estrechamente vinculado a la que parece ser una de las bandas de narcos más importante del país. Se dijo que no se favorecerían a los apristas y una entidad estatal manejada por un aprista le da contratos a un compañero que funge de abogado.

Conclusión: la devaluación de la palabra sigue siendo el gran legado de los dos gobiernos apristas.

Hace exactamente 7 años, el último dictador que gobernó este país, Alberto Fujimori Fujimori, renunció por fax a la Presidencia de la República.

7 años después, a pesar que Fujimori hoy se encuentra en prisión esperando que sus juicios se inicien, su esprítu sigue encarnado en algunos personajes de la política peruana.

Para desgracia del país, en quien parece haber generado efecto es en quien no debía: el Presidente de la República.

Desde inicios de este gobierno, Alan García ha optado por gobernar bajo el manto de una Coalición Conservadora, lo que lo ha llevado a dos importantes consecuencias: mantener un modelo económico basado en la mera exportación de materias primas - cuya epítome ha sido el artículo sobre El Perro del Hortelano - y dejar de lado reformas institucionales importantes, así como claudicar en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.

Precisamente, sobre esos dos últimos puntos, el Presidente de la República ha tenido dos patinadas del tamaño del Estadio Monumental.

El domingo, Alan concedió su segunda aparición a un medio de comunicación en lo que va del gobierno - la primera, como sabemos, fue a Panorama, con backstage bastante comentado -, pero no versó sobre temas de Estado ni fue concedida a un medio de credibilidad. El Presidente de la República le dio una entrevista a La Razón para apoyar a Moisés Wolfenson, propietario del diario de la mafia, para que le contabilicen los días de arresto domiciliario como días de cárcel efectiva, es decir, hacer que salga de la cárcel lo más pronto posible.

Al margen del debate jurídico alrededor del tema de la contabilización de los días de arresto en tu casa - vean los artículos de Justicia Viva y Ricardo Vásquez Kunze con posiciones opuestas sobre esto - resulta bastante preocupante que el Presidente de la República utilice la tribuna de un diario que está interesado en la defensa de personas cuyos tratos con la justicia se resumen en buena parte de los artículos del Código Penal y, además, para defender a una persona cuya situación está por definirse en el Poder Judicial.

El Presidente deja un mal sabor de boca al defender a un preso por corrupción. No porque pueda tener o no razón, sino que en un país que se supone se rige por la separación de poderes, se ve pésimo que el Presidente - que tiene un poder sobredimensionado en un Estado tan poco estructurado como el nuestro - diga que es lo que se tiene que hacer, más aún, sí, además, tiene la profesión de abogado.

Peor aún, García termina comprándose el cuento de la persecusión política que esgrime el Fujimorismo desde su caída. Nunca hubo tal persecusión: a las personas que pertenecieron al fujimorismo y fueron procesadas, fue porque existía la convicción de que habían cometido crímenes, no porque pensaran distinto al resto.

Pero no es el único cuento fujimorista que se compra el Presidente.

Ayer Alan ha señalado que dará a conocer una lista de 1,800 supuestos acusados por terrorismo que habrían sido liberados en los últimos años, para que la población conozca su identidad y actividades actuales. La propuesta, sin duda, responde a los últimos ataques producidos en las estas semanas en la zona del VRAE.

Sin embargo, debo calificar a esto como lo que es: un cabal mamarracho.

En primer lugar, García no ha especificado de donde saca la cifra de supuestos liberados. Y ello da que pensar que, probablemente, hayan mezclados justos y pecadores. Es decir, a personas que fueron sentenciadas y cumplieron su pena y quienes que se acogieron a beneficios penitenciarios, con aquellos que fueron liberados gracias al trabajo de la Comisión Ad Hoc presidida por Hubert Lanssiers. Si es así, incurre en un grave error y una estigmatización frente a personas cuya inocencia fue comprobada. Incluso, en el caso de las personas que realmente dejaron de lado toda actividad subversiva o militancia en Sendero Luminoso, la inclusión suena, hasta cierto modo, insultante.

Lo segundo es que se afectan claramente derechos constitucionales. Hacer esta suerte de “lista negra” afecta sin duda los derechos al honor, al buen nombre y a la buena reputación. Vean sino la entrevista que le hacen al ex Defensor del Pueblo Walter Albán, en la que explica las posibles inconstitucionalidades de esta acción gubernamental.

Pero lo peor, si es que no podría haberlo, es que este tema no solucionará absolutamente nada. Como lo hemos dicho en este blog en repetidas ocasiones, nos enfrentamos ante acciones armadas del narcotráfico, no ante el SL clásico, que más bien busca que le demos una amnistía inaceptable desde todo punto de vista. Antes que pensar en estigmatizaciones, el Presidente debería saber que es la inteligencia de todo tipo la que lo podrá conducir al camino de la estrategia adecuada para enfrentar la amenaza que tiene encima.

Estas soluciones de “mano dura” no solo son inaceptables en términos éticos sino que, dado que se basan en un diagnóstico inadecuado de la realidad, no tendrán mayores efectos prácticos. Seguir pensando que la restricción indiscriminada de derechos o la afectación de los mismos fue lo que nos hizo derrotar a Sendero es no haber aprendido las lecciones de la historia. Ese cuento de que “solo el golpe y la mano dura salvó al Perú” es solo un espejismo que nos hicieron creer por años. En estos tiempos en que estuvimos sin un dictador detrás, se ha podido demostrar que se pueden procesar a las cúpulas subversivas con respeto al debido proceso y condenándolas a penas altas.

No era necesario un dictador o medidas que afecten derechos humanos. Pero parece que la necedad conservadora de Alan García - tan o más fuerte que su mentalidad populista de su primer gobierno - hace que no se de cuenta que, ante los ojos de la Historia, no quedará como un líder importante, sino como alguien que hizo un primer gobierno desastroso y un segundo gobierno mediocre. Espero equivocarme con esto último, pero, cada día que pasa, esa esperanza se va perdiendo.

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Cuestiones del pasado y del presente se juntan en el mismo horror

Huancavelica. Nuevamente el horror. Otra emboscada más en la que cuatro policías pierden la vida. Otra vez en una ruta de salida de la droga por el VRAE.

Cuando seguimos lamentando aún los hechos en Ocobamba y seguimos preguntándonos si es un Sendero redivivo o, como parece ser, patrullas rentadas de los narcotraficantes en las que intervienen actores de todo tipo, pero en las mismas zonas en las cuales el terror azotó durante muchos años.

Soy de quienes piensan que no nos enfrentamos ante un rebote senderista frente a una supuesta lenidad de los gobiernos de Paniagua, Toledo y García II frente a la subversión. Ni la Comisión de la Verdad y Reconciliación legitimó a Sendero Luminoso o pidió una amnistía - por el contrario, manifestó estar contraria a la misma -, ni tampoco tenemos leyes más débiles para procesar el delito de terrorismo. La monserga de que necesitamos situaciones de emergencia, vulneración de derechos fundamentales y una supuesta mano dura ni siquiera era aceptable en 1992, menos lo es ahora.

Creo que nos enfrentamos a un fenómeno distinto, pero que es producto de dos cuestiones que confluyen: la no atención a las secuelas del conflicto armado (psicosociales, sociopolíticas y económicas) que pueden traducirse en la continuación de la ausencia del Estado en zonas donde la pobreza y la falta de oportunidades se dan la mano y, claro, la acción del narcotráfico, en momentos donde el precio de la cocaína ha aumentado y, por tanto, la demanda es más alta.

Lamentablemente, lejos de entender la complejidad del problema, algunos sectores políticos y mediáticos siguen enfatizando en que debe aplicarse la supuesta estrategia vencedora de los noventa o satanizando a toda la izquierda como si fuera aliada de la violencia. Pues ni la estrategia fujimorista fue la vencedora del terrorismo ni la izquierda (por lo menos, la democrática) apoya la lucha armada como algunos siguen repitiendo.

El nuevo caballo de batalla tiene su nombre y apellido. Se llama Proyecto de Ley de Reglas de Empleo de la Fuerza por las Fuerzas Armadas, preparado por el propio Comando Conjunto y que establecería las normas para las ocasiones en las que se convoque a los militares para labores de orden interno. Como era de suponerse, Giampietri se ha manifestado en contra de la norma, a pesar que el propio Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto han expresado su conformidad con la misma. De hecho, hablando con personas vinculadas a los sectores castrenses en estos días, me expresaron su satisfacción por la misma y me dijeron que hubieran querido tener reglas de este tipo durante la lucha contrasubversiva.

Y es que, además, se sigue entendiendo que la tarea de enfrentar los focos de violencia del país es tarea meramente castrense. En principio, los problemas de orden interno están a cargo del Sector Interior y por ello es tan importante tener un Ministro y no a quien está sentado en Corpac sin muchas ideas. Las Fuerzas Armadas, ciertamente, pueden apoyar en esta tarea, pero bajo un comando único y una estategia que privilegie los aspectos de inteligencia.

Las consecuencias de una política de “mano dura” ya las vienen pagando quienes las hicieron o aplicaron. La reciente detención del general Luis Pérez Documet, involucrado en la matanza de La Cantuta y en las desapariciones de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, es prueba de que este tipo de acciones no serán dejadas impunes, por lo menos, por jueces valientes y que toman la Constitución y la ley como modelo. De hecho, tengo la convicción de que la derrota de Sendero Luminoso se pudo producir antes, si es que no hubieran existido tantas vulneraciones a los derechos fundamentales que alejaron a la población de los encargados de la parte militar del conflicto.

Como todos, quisiera que el terror no se vuelva a apoderar de mi país. Aun recuerdo las bombas a 10 cuadras de mi casa, las imágenes en la televisión que nos recordaban el conflicto y también a uno de mis tios más queridos recibiendo amenazas por estar en el comando de la Policía. Pero también soy consciente que la forma de derrotar a la subversión y al narcotráfico es con una buena estrategia, personas preparadas, mucho trabajo de inteligencia y una comprensión de que el trabajo no solo supone aspectos represivos, sino también de hacer que el Estado se haga presente. Pero parece que en Palacio aún no son conscientes de ello.

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Conforme pasan las horas, las explicaciones sobre el atentado a la comisaría de Ocobamba se complejizan. A estas alturas, va quedando claro que los refuerzos solicitados por el comisario Héctor Zegarra nunca llegaron y que la negligencia sobre el particular ha sido mayúscula, dado que si existieron informes de inteligencia informando sobre el ataque.

Igualmente preocupante es la hipótesis que comienza a manejarse en algunos medios de prensa. Tanto La República como Cuarto Poder han hablado de la posibilidad de la existencia de un nuevo grupo subversivo, autodenominado Los Revolucionarios de la Región Apurímac, una organización que estaría dedicada exclusivamente a un sólo objetivo: la defensa de los intereses del narcotráfico. Ello explicaría porque los ataques de los últimos años en la zona del VRAE apuntan a objetivos militares o policiales y no a población civil.

De hecho, se ha acentuado la coincidencia en los análisis de los especialistas en temas de seguridad sobre el peligro que supone el narcotráfico en nuestro país. Rubén Vargas, Santiago Pedraglio y Fernando Rospigliosi han advertido en las últimas horas sobre las aristas que tiene el narcotráfico en la zona del VRAE. Ocobamba, una zona de tránsito de la droga, no es más que un punto a tomar en cuenta en una larga cadena. Dejo a Rospi para la explicación macro:

Este suceso es uno más que muestra hacia dónde estamos yendo: a una espiral de violencia y corrupción que terminará envolviendo a toda la sociedad. El asesinato de varios mexicanos en Lima en los últimos meses, con el típico estilo de los sicarios; la muerte a manos del Ejército de nueve ‘mochileros’ que transportaban droga -dos en Puriyaco, Huancavelica, y siete en Putis, Ayacucho- el mes pasado, son parte de esta creciente ola de violencia.

De hecho, ya otros síntomas de violencia vinculados al negocio de la droga se sienten en otras regiones del país. En mi reciente visita a Piura, por lo menos dos personas me indicaron la existencia de violencia vinculada a la microcomercialización de drogas y asaltos en motocicleta vinculados a esta actividad. Lo mismo ocurre en algunas zonas del departamento de La Libertad, donde el clan Sánchez Paredes hace de las suyas.

Pero el tema va más allá de los peligros de mexicanización que Rospigliosi y Carlos Basombrío han hecho referencia en sus respectivas columnas. El narcotráfico, como bien se ha puntualizado, no busca la destrucción del Estado, sino la infiltración en el mismo para sus actividades ilegales. De hecho, ya durante este casi año y medio de gobierno han habido denuncias de personas vinculadas al Partido Aprista con el negocio de la droga, que hacen recordar a los casos Del Pomar y Langberg.

En una conferencia sobre Periodismo y Etica a la que asistí hace un mes, Miguel Ramírez, la persona que más ha investigado el caso Fernando Zevallos, nos decía que las investigaciones sobre narcotráfico no sólo eran las más peligrosas por la violencia que podría emplear esta gente para amedrentar, sino también por los vínculos que tenían en las altas esferas del poder. Denle una chequeada a un reportaje de Marco Sifuentes sobre Moisés Tambini, para que vean cuanta gente está presente en el cumpleaños de Lupe Zevallos.

Volvamos ahora a Ocobamba. Revisando el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la parte referida a la historia de la violencia en la Región Sur Central, me topo con lo que ocurrió en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, esta última donde se ubica Ocobamba. De la lectura de esta parte del Informe (Tomo IV, páginas 122 a 134), puedo concluir que la zona, desde hace varios años, ha sido harto convulsionada:
- Andahuaylas y Chincheros están muy cerca de una de las zonas más convulsionadas del conflicto armado: Chungui y Oreja de Perro. De hecho, fue en Ocobamba donde hubieron miembros de Sendero Luminoso adoctrinando a los escolares de estas zonas que iban hacia Apurímac para asistir al colegio que no tenían en sus localidades.
- En 1965, Ocombamba fue una de las zonas donde se registraron acciones del ELN, una de las guerrillas que hizo acciones armadas durante dicho año.
- La primera acción armada de SL en la zona fue el ataque a la comisaría de Ocobamba, en 1981, hace 26 años. Las incursiones fueron más o menos frecuentes.
- En 1983 se instaló una base militar en Ocombamba. Como en otras zonas del país, la población vivió entre dos fuegos. Sin embargo, el aprendizaje de las Fuerzas Armadas fue más rápido y el rechazo campesino también, por lo que hacia 1988 se podría decir que el conflicto se redujo considerablemente en la zona, aunque no dejaron de haber ciertas acciones armadas.
- Pueden ver en el anexo de casos registrados en Apurímac (páginas 163 a 184) las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto y reportadas a la CVR en la zona.

Un caso con varias aristas, que nos hacen ver que el país que nos lego el conflicto sigue allí, a la vuelta de la esquina.

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