Archive for the “narcotráfico” Category

Gracias a Paola Ugaz me entero de la última investigación que ha hecho el Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, dirigida por Gustavo Gorriti, que involucra a una camioneta, al Presidente de la República, a un conocido abogado, al Secretario General de Palacio de Gobierno y a una familia cuestionada por sus vínculos con el narcotráfico.

La historia va como sigue:

Embarcada desde Yokohama, Japón el 31 de julio de 2002 la camioneta Nissan Frontier 4×4 de doble cabina fue importada a través del Callao por la compañía Nissan Maquinarias S.A., de la Av. La Marina 3380. La Declaración Única de Importación (ver) documenta que la camioneta llegó al Callao el 23 de agosto de 2002, pasó por aduanas declarando un valor CIF (costo, seguro y flete) de 14 mil 777.92 dólares.

Cinco días después, el 28 de agosto de 2002, Maquinarias vendía la camioneta. Declarando un precio de lista para la venta de 29 mil 850 dólares, la compañía hizo un sustantivo descuento de 11 mil 850 dólares, para venderla en 18 mil dólares a un ilustre cliente: Alan García Pérez, entonces el líder más importante de la oposición luego de su derrota en las elecciones generales de 2001. (Ver boleta de venta )

El vehículo fue inscrito a nombre de la sociedad conyugal de Alan García Pérez y Pilar Nores de García el 29 de agosto de 2002 en la oficina registral de Lima y Callao (ver).

Menos de un año después, la familia García-Nores vendió la camioneta con una ganancia de 4 mil dólares sobre el precio de compra. El 4 de julio de 2003, en la oficina del notario Fernando Loayza Bellido, Alan García y su esposa vendieron el vehículo por 22 mil dólares a la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. Dicha compañía estuvo representada por su gerente general Belisario Esteves Ostolaza, quien pagó al contado. (Ver documento).

El 29 de septiembre de 2003, en la misma notaría, se firmó el acta de ratificación de transferencia de vehículo. (Ver). Dicha acta buscó de subsanar la observación hecha sobre la transferencia anterior por el Registro de Propiedad Vehicular de Lima. El mismo día, la camioneta fue inscrita en la Sunarp a nombre de su nueva propietaria. (Ver).

Hasta aquí, la historia relativamente normal de una transacción comercial – aunque dan que pensar esas variaciones en el precio – en la que está involucrado el patrimonio del ahora Presidente de la República, pero varios detalles llaman la atención. Volvamos al reportaje.

Detalle número 1:

Belisario Esteves, además de gerente general de la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMS.A.) , fue viceministro de Comercio durante el primer gobierno de García. Pero el 2003 era una de las personas de mayor confianza del clan de los Sánchez Paredes.

En un acta de junta de accionistas del 1 de agosto de 2006, ATIMMS.A., mantenía como gerente general a Belisario Esteves, lo designó como presidente de la junta de accionistas, con un paquete minoritario de 803 acciones. El otro accionista individual era Wálter Valdez Muñoz, con 802 acciones. El accionista mayoritario era una compañía extranjera, inscrita en Panamá, llamada Ohana Overseas, con 78 mil 657 acciones, representada en ese directorio por Wálter Valdez. (Ver).

De hecho, Belisario Esteves fue descubierto por uno de los reportajes de Américo Zambrano para la revista Caretas, que han sido premiados en el exterior. Esteves también está investigado por sus vínculos con el clan Sánchez Paredes.

Detalle número 2:

Según la Escritura Pública número 562 inscrita en la Notaría Décima del Circuito de Panamá, fechada el 15 de enero de 2003, unos pocos meses antes de la venta de la camioneta, Ohana Overseas declaró como su presidente a Orlando Sánchez Miranda; como secretario a Elmer Manuel Vásquez Peláez y como tesorero a Carlos Alberto Vásquez Peláez. (Ver)

Orlando es hermano de Alfredo Sánchez Miranda e hijo de Orlando Sánchez Paredes. Elmer Manuel Vásquez Peláez fue detenido en 1987 por la policía mexicana, luego del asesinato de Segundo Simón Sánchez Paredes, en el rancho “Luna”, del estado de Hidalgo. Al ingresar la Policía al rancho, encontró un laboratorio de cocaína acondicionado en el sótano y arrestó tanto a Vásquez Peláez como a Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes. Ambos resultaron denunciados por “elaboración y acondicionamiento de cocaína”. Sin embargo, años después, Vásquez Peláez aparecía como una de las personas de confianza de los Sánchez Miranda.

De manera que ATIMMSA y Esteves resultaron siendo la fachada de la compañía del clan de los Sánchez Paredes. Por si hubiera duda respecto de la cercanía de Esteves con dicha familia, el 18 de marzo de 2003, la “Compañía de Exploraciones Algamarca S.A.” registró en la Sunarp el primer directorio bajo el control de los Sánchez Paredes. Como presidente de Algamarca fue designado Wálter Valdez Muñoz, el de ATIMMSA; y como directores, Jesús Esteves y el abogado Humberto Abanto, quien también fue nombrado gerente general, en cuyo cargo permaneció hasta 2007 (Ver). El 2001 Abanto fue asesor de la comisión de Economía del Congreso, cuando el hoy ministro del Interior Luis Alva Castro era su presidente; y en 2006, Abanto fue asesor de la comisión de Presupuesto del Congreso, también presidida por Alva Castro.

Es decir, la empresa de fachada de los Sánchez Paredes, representada por un ex ministro aprista, fue la que le compró la camioneta al hoy Presidente. Y para estrechar más los vínculos, aparece en escena José Humberto Abanto Verástegui, ex asesor de Alva Castro, abogado de Moisés Wolfenson y de Baruch Ivcher y de carnet aprista.

Detalle número 3:

El mismo año, 2003, en el que Alan García vendió la camioneta Nissan Frontier a ATIMMSA y, probablemente sin saberlo, a sus dueños reales, una compañía de carga terrestre transportó en varias ocasiones insumos químicos a COMARSA, la compañía minera de los Sánchez Paredes. El nombre de la compañía de carga es “Transportes don Reyna” y su gerente general es José Antonio Nava, hijo de Luis Nava, actual secretario general de la Presidencia de la República.

De acuerdo con diversas facturas a las que tuvo acceso IDL-SC, entre el 12 de noviembre de 2003 y el 30 de diciembre de ese año Transportes don Reyna transportó por lo menos en nueve ocasiones cargamento hacia la mina en Angasmarca, La Libertad. La carga declarada, de varias toneladas en cada caso, fue, por lo general, de cajones de cianuro en briquetas, y en algunos casos de tubos y geomembranas. (Ver copias de facturas).

Tres personas bastante cercanas al partido de gobierno – y al entorno presidencial – involucradas en este tema. Si bien, como concluye Gorriti y Sheila Diaz en su investigación, es bastante probable que García haya ignorado estas relaciones al momento de vender su vehículo – no se tienen hasta ahora pruebas de lo contrario -, bien valdria que las investigaciones lleguen hasta las propias entrañas del Partido Aprista Peruano. Hace algunos meses, informamos sobre vínculos de miembros del PAP en Trujillo con los Sánchez Paredes, uno de los clanes familiares más cuestionados del país.

Hace 28 años, una investigación periodística reveló que un narcotraficante había llegado a controlar parte del APRA, lo que supuso una revolución dentro de Alfonso Ugarte. Tal vez, si se ahonda más, se pueda llegar a otra renovación que, esta vez, esperemos, pueda limpiar al partido más antiguo del país de vínculos poco santos, a fin que no se diga más que, por algo la paloma y el pañuelo son blancos.

DESDE PALACIO: Alan dice que vendió su auto por avisos en el periódico

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Schutz

PRIMER CASO: SUIZO EL SUECO

Uno de los vladivideos más celebres fue el protagonizado por Ernesto Schutz Landázuri, dueño de Panamericana Televisión, recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos Torres para vender la línea editorial de su canal. Una vez que se emitió el video, Schutz emprendió la fuga y, desde hace algunos años, se refugió en Ginebra, ya que tiene nacionalidad suiza.

Ayer en La República y también en Panorama – se presentó la vida de millonario del corrupto empresario en su estancia suiza, quien se siente bastante cómodo por tierras helvéticas. ¿Motivo? Igual que Japón, Suiza tiene bastante reparos para permitir la extradición de uno de sus nacionales.

En realidad, como se ha señalado antes en este blog – tanto en un post como en sus comentarios -, existió una inexcusable negligencia de la Procuraduria Anticorrupción bajo la actual gestión de Carlos Briceño, quien no presentó a tiempo determinados documentos para evitar que se perdiera más tiempo en Suiza. Aquí la responsabilidad le cabe al hoy abogado de Ollanta Humala, Omar Chehade.

Pero queda aún una salida, que veremos si los suizos aceptan:

Si bien las autoridades suizas informaron que no procedía su extradición, la Procuraduría ad hoc presentó su última carta ante la Tercera Sala Anticorrupción: la “delegación de persecución penal”. Esto es, que Suiza lo juzgue por los delitos que cometió en el Perú.

La solicitud tiene el visto bueno de la Fiscalía Superior Anticorrupción. El tribunal escuchará el informe oral el martes 20 de mayo. Luego emitirá fallo en 15 días.

En este caso, dice la Procuraduría, se cuenta con la confesión sincera del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que se acogió a la sentencia anticipada y reconoció todos los cargos, por lo que fue condenado a seis años de prisión. El ex asesor aceptó los pagos millonarios a Schütz. Además, Matilde Pinchi afirmó que le constaba la entrega de al menos siete millones de dólares a Schütz.

Si ya se perdió bastante tiempo antes, ahora es el momento de terminar con los documentos y evitar que el caso se pierda y el corrupto empresario venga dentro de algunos años bajo el manto protector de una prescripción. Bueno, asi vinieron algunos a gobernar el Perú.

SEGUNDO CASO: LA LINEA BLANCA DEL VATICANO

Si dos líneas de trabajo anticorrupción para procesar a la organización criminal Fujimori – Montesinos avanzaron poco, fueron las referidas a los delitos económicos y financieros y al narcotráfico. Sobre este último tema, La República emitió hoy una información más que preocupante: Montesinos podría ser absuelto por delito de narcotráfico, a pesar de las declaraciones de Demetrio Chávez Peñaherrera (a) “Vaticano”.

Y aquí la responsabilidad del Estado puede ser aún mayor. Señala La República:

El ex procurador del caso Fujimori-Montesinos, César Pantoja, dijo que existen evidencias pero que el Estado ha perdido interés o fuerza en buscarlas para sustentar la acusación contra el ex asesor.

“Realmente me preocupa que Montesinos resulte exculpado del delito de narcotráfico. Luchamos bastante para vincular a Montesinos con el narcotráfico“, dijo Pantoja a este diario: “Pero lo cierto es que si no se construyen los casos sólidamente, a los jueces solo les quedaría absolverlo porque no hay pruebas en contra. Allí hay un problema de dejadez por parte de la Procuraduría y de la Fiscalía. La falta de pruebas no depende de los jueces porque los jueces no pueden incorporar pruebas, eso lo hacen la Fiscalía y la parte civil, en este caso la Procuraduría, y actualmente la presencia de la Procuraduría es mínima. Han ido a juicio con lo que dejamos y lo que se debió hacer es obtener los indicios, porque nadie va a decir: ‘Sí, yo cobré’. En el narcotráfico las cosas no funcionan así. No había pruebas, pero sí pruebas indiciarias, que es suficiente”.

Además, no se han tomado en cuenta otras evidencias, como documentos que la DEA tiene en su poder – y que podrían desclasificarse -, así como lo revelado en la investigación hecha por las periodistas Sally Bowen y Jane Holligan y que tiene como uno de sus mejores pasajes el tema del narcotráfico, dado que se relata el modus operandi de Montesinos y se revelan nombres – como el de Fernando Zevallos – que hoy se conocen vinculados a esta actividad ilegal.

Lo cierto es que estas dos alarmas debería constituir un serio llamado de alerta sobre el actual trabajo de la Procuraduria Ad Hoc. Ahora que el controvertido Moisés Tambini del Valle ha dejado de ser jefe de los procuradores, podría ser una buena oportunidad para recomponer equipos y estructuras de trabajo para culminar con un esfuerzo de lucha anticorrupción e institucionalizarlo en el tiempo.

Pero claro, hay un inconveniente serio: la ex abogada de Ernesto Schutz es la Ministra de Justicia. ¿Se animará a hacer algo?

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Dicen que la libertad de prensa es el mayor valor de la democracia. Es cierto, si no fuera por ella, no se podría controlar al poder. Por ello, cuando surge una amenaza a la misma, hay que alertarla con todas nuestras fuerzas.

Pues bien, uno de los diarios más antiguos del país, La Industría de Trujillo, ha sido querellado por Luis Alva Castro por una supuesta difamación. La historia, sin duda, merecería libreto de Risas y Salsa si es que no tuviera como destino silenciar a un medio de comunicación.

Vayamos por el inicio. En su edición del jueves 28 de febrero de 2008, Caretas relató lo siguiente:

El domingo 24 (de febrero), el diario La Industria de Trujillo publicó una serie de documentos, atribuidos a la familia Sánchez Paredes, y que llegaron en forma anónima a las instalaciones de ese matutino. Entre los papeles aparece un presunto documento interno de Minera Santa Marina que refiere acciones a tomar en el cerro de oro El Toro de Huamachuco. Dicha empresa, por cierto, está enfrentada a la comunidad liberteña de Huamachuco por el control de los terrenos aledaños a la mina de oro. Los pobladores denunciaron a CARETAS 2014 haber recibido amenazas de muerte y agresiones por parte de supuestos emisarios de Fidel Sánchez Alayo, tal como consta en denuncias policiales de la comisaría del sector.

El documento revelado por La Industria menciona un supuesto nexo entre Sánchez Alayo y el abogado Marco Peralta Castañeda, quien es asesor principal del congresista Rodríguez. Testimonios recogidos en Trujillo indican que Peralta asesora legalmente a Santa Marina, pero éste lo negó categóricamente en una entrevista telefónica con CARETAS.

El congresista Rodríguez es Elías Rodríguez Zavaleta, a quien se ha vinculado al clan Sánchez Paredes, en medio de una serie de acusaciones cruzadas entre varios miembros del APRA en La Libertad sobre vínculos con el narcotráfico.

Pues bien, a los pocos días, uno de los acusados por La Industria, Greco Quiroz Díaz, ex asesor del gobierno regional y también miembro del partido de la estrella, acusó a Alva Castro de ser quien proporcionó los documentos que llegaron al diario trujillano en forma anónima. Todo esto, en una entrevista que le dio a La Industria.

Esto ha sido lo que ha motivado la denuncia del Ministro del Interior. Sin duda, un caso donde matar al mensajero, s decir, a quien publicó la entrevista, es la seña clara de que Alva Castro busca salvar su imagen a toda costa.

Y es que, en realidad, no tiene sustento jurídico alguno que LAC demande al medio de comunicación en que se virtieron estas declaraciones. Si pudo haber un demandado por supuesta difamación era Greco Quiroz, no un medio de comunicacion del que pretende obtener una reparación civil de un millón de soles.

Sin duda, un caso de amedrentamiento a la prensa independiente que merece ser conocido y tomado en cuenta. Parece que la intolerancia pretende llevarse a los tribunales. Mi solidaridad con los periodistas de La Industria.

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Tres hechos graves, tres escenarios distintos, una misma dejadez gubernamental

FUEGO EN LA SELVA

Hace un año y medio, en octubre de 2006, César Hildebrandt advertía lo siguiente en su columna:

Pluspetrol no odia al río Corrientes. No lo odia pero le echa bario, cadmio, plomo, benceno, mercurio, arsénico, todo revuelto en una cazuela de aguas de formación que están a 80 grados centígrados de temperatura y que, en vez de ser reinyectadas como mandan los estándares internacionales, son lanzadas al río a un promedio de un millón trescientos mil galones por día.

Es decir, todos los días y a toda hora las sentinas inmundas de Pluspetrol chorrean su carga sobre las aguas que daban de comer a ocho mil indios de la etnia achuar

Esas aguas, examinadas por las autoridades de Osinerg y de Digesa, arrojan resultados que las hacen imbebibles y tóxicas para los tercos peces que las respiran.

Panorama tan desolador fue comprobado por el Presidente del Consejo de Ministros y la Defensora del Pueblo, más o menos por la misma época, cuando los achuar tomaron el campamento de Pluspetrol. Se llegó a un acta de entendimiento, que incluían compromisos de tratamiento del agua, capacitación para el control de la contaminación y una suma de dinero al año.

El tema incluso cobró cariz internacional, con la protesta de varios actores de Hollywood frente a una reunión de la Occidental Petroleum Company (OXY), la primera compañía que explotó petróleo en la zona y que comenzó la contaminación, hace más de 30 años.

Esta vez, el conflicto ha vuelto a estallar entre los achuares y la petrolera, pero por cuestiones laborales y de desarrollo del pueblo achuar. El intento de toma de las instalaciones de Pluspetrol ha terminado con el saldo lamentable de un policía muerto, violencia que parece haber sido promovida por los colonos, según indica el Presidente Regional de Loreto. Luego de varios días de tensión, los nativos van a retomar el diálogo. (Vean la completa cronologia de Paco Bardales al respecto).

Aquí nos encontramos ante varios problemas. De un lado, el uso de la violencia para solucionar un problema laboral que pudo conducirse de otra manera. Pero, de otro lado, la ausencia del Estado como mediador en un conflicto que parece agravarse o derivar hacia otros tópicos. Esto se señala en un completo reportaje de la BBC:

Sin embargo, Pluspetrol, que se ha comprometido a pagar millones de dólares, ha mostrado su frustración de que el gobierno no esté desempeñando un papel más importante.

“Esta industria petrolera debería beneficiar a todo el mundo. Quizás hoy no es un beneficio para los indígenas y el gobierno debería encontrar la mejor forma de resolver ese problema”, señaló Roberto Ramallo, gerente general de Pluspetrol Norte.

El problema que afrontan los Achuar -y otras tribus-, es que su vivienda se encuentra encima de lo que se consideran son enormes reservas de crudo.

Gracias al intenso empuje para subastarlas, casi tres cuartas partes de la amazonía peruana está en arriendo para proyectos de exploración y extracción.

La alta demanda global y el precio del petróleo también están haciendo que las compañías consideren a la amazonia peruana como un prospecto atractivo. ¿Pero es esto sostenible?

“Toda esta exploración petrolera en el Amazonas es un gran experimento”, señaló Bill Powers de E-Tech, una firma de ingeniería, sin fines de lucro.

“Simplemente vienen a la selva, desarrollan el recurso, consiguen el beneficio económico e, históricamente, siempre ha sido que lo que suceda con quien estaba ahí antes, pasará”.

“No hay plan, no hay un esfuerzo para asegurase de mantener su identidad cultural o que tengan algo que hacer una vez que los ríos y los bosques no suministren lo que proporcionaban antes”, agregó Powers.

Y mientras tanto, el gobierno, bien gracias.

EL NARCOTRAFICO AVANZA

Ya parece ser una malsana costumbre informar sobre la muerte de policías en la zona del VRAE. Ayer se conoció la muerte de Marisel Solier Gavilán, una nueva heroína de la Policía Nacional, a manos de los sicarios del narcotráfico.

Desde dos puntos de vista distintos, llegan las preguntas de rigor para Alva Castro. La indignación ciudadana, expresada en Menos Canas, replica las siguientes interrogantes:

Aquí hay dos cosas muy puntales. Si en serio se trata de una respuesta, ¿no debió prever el Ministro que dicha consecuencia llegaría? En ese mismo sentido ¿qué hace enviando un contingente especial ahora que ya se realizó el atentado? ¿Por qué no previó que ello ocurriría?

Es que en realidad no hay que ser genial para darse cuenta de que nuestros actos tienen consecuencias y que es preciso, prever que ellas no afecten a los ciudadanos peruanos que, en principio, debieran poder confiar en la capacidad de sus autoridades.

Pero, por otro lado, me pregunto ¿qué clase de operativo exitoso puede permitir que estas consecuencias terribles se concreten? ¿Cuándo culmina un operativo? ¿Acaso no debe también existir un momento en el proceso, en el cual los miembros de la Policía garanticen la seguridad en aquellos lugares en los cuales “operaron”?

Estas cuestiones antes anotadas tienen un solo nombre: falta de previsión y de coordinación en torno a los operativos que se realizan para combatir el narcotráfico. Y ello no es sólo responsabilidad de los jefes policiales de la zona o del director de la Policía Nacional, sino, fundamentalmente, de la dirección política, es decir, del Ministerio del Interior.

Ya en este blog hemos informado anteriormente sobre la dejadez de Luis Alva Castro para los operativos de combate al terrorismo. Y me da la impresión que lo mismo viene ocurriendo con el tema del narcotráfico. Si se viene repitiendo un mismo patrón de ataque y no se idean correctivos, ¿no estamos ante la carencia de diagnósticos, es decir, ante la fase más primaria de elaboración de una estrategia?

Pero no es el único error en el que se incurre. Rubén Vargas, analista en temas de narcotráfico nos recuerda que las responsabilidades no son solo del incompetente de Corpac:

La responsabilidad de combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso es del Ministerio de Defensa, que lo realiza a través de las bases contrasubversivas del Ejército. Dado los niveles crecientes de violencia en esta zona es legítimo que nos preguntemos: ¿Cuáles son los resultados de esa lucha, más allá del cómputo de las horas de patrullaje? ¿En los últimos cuatro años se ha capturado a algún cuadro importante de Sendero Luminoso? ¿Se ha desarticulado alguna columna del Ene o se ha atacado algún centro de producción en Boca Mantaro? Lamentablemente, la respuesta es no.

De hecho, y como bien apunta Vargas en su artículo de hoy en El Comercio, el Plan VRAE ha sido un fracaso, al no articularse los proyectos de desarrollo con las políticas de seguridad. Y la carencia de bases contra el narcotráfico hace que no se tengan los relevos necesarios para llevar a cabo una política conjunta. De hecho, han sido los celos institucionales los que, desde el gobierno de Fujimori, no se ha podido llevar a cabo una labor conjunta y una única estrategia en esta materia.

¿Y Antero? Perú.21 registra que el Ministro de Defensa hizo uno de los más grandes papelones de su vida, pues no sabía de la emboscada en Ayacucho, e incluso la confundió con el problema de los achuar en Loreto. En otras palabras, no sabe ni donde está parado.

ALAN: EL AVALADOR DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

La semana pasada, Marco Sifuentes rogaba a Dios, Ala, Buda y demás santos del cielo para que a Alan no se le ocurra alabar a China – como es su costumbre -, en momentos que la represión contra los monjes budistas del Tibet está en su punto más alto en años.

Pues bien, mientras el normalmente errático Nicolás Sarkozy está pensando en no enviar a Francia a los Juegos Olímpicos de Pekín, los cables internacionales informaban lo siguiente:

El presidente peruano Alan García expresó el jueves su apoyo a la “justa causa” de la soberanía nacional de China después de la violencia en Lhasa, la capital tibetana, durante un encuentro con el primer ministro chino Wen Jiabao, indicaron los medios chinos.

“Perú se opone firmemente al proyecto de referendo en Taiwán para su adhesión a la ONU y está consciente de las razones que están detrás de la reciente violencia en Lhasa”, dijo a Wen Jiabao el presidente peruano, citado por la televisión central (CCTV) y la agencia oficial Nueva China.

Hoy Luis Jaime Cisneros Hamann, en Perú.21, señala el despropósito mayor cometido por García:

García resulta hoy el único mandatario del mundo en reconocer la represión china, en momentos en que Estados Unidos -que mira con un ojo al presidente Hu Jintao y con el otro su política comercial con el gigante asiático-, Gran Bretaña, Alemania y el Vaticano instan a Pekín a que deje de lado la mano dura y dialogue con el Dalai Lama.

Un periodista peruano puede opinar y adherir a causas, pero que un presidente de la República avale, en nombre del comercio bilateral, el activo político chino y, por añadidura, el pasivo (Tiananmen, 1989), resulta sorprendente en una época donde los derechos humanos son la piedra en el zapato de toda política exterior.

Quiero creer que el presidente del Perú actuó desinformado. ¿No había alguien cerca del oído presidencial? Para la cancillería peruana, ¿no hubo manera de evitar un comentario que para los chinos era “políticamente correcto”, pero que en el contexto proyecta, para la prensa occidental, la imagen de un país sudamericano al que los derechos humanos le importan cada vez menos? La suspensión de una conferencia de prensa de García en Pekín hace prever que el tema había adquirido su real importancia.

Bueno, esta actitud no me sorprende mucho del sujeto que bota a su secretario de Derechos Humanos por presiones de un broadcaster, pero de todas maneras, es extraño que una persona que se jacta de ser meridianamente informada, como García, ignore la causa de las protestas del Tibet, o los cuestionamientos en materia de libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en el país que se ha convertido casi en la niña de sus ojos.

En el fondo, los tres temas están relacionados con derechos fundamentales. El derecho a la vida de los policías que deben cumplir con su labor en condiciones precarias, los derechos de los pueblos indígenas y de todo ser humano a tener un medio ambiente saludable, los derechos civiles y políticos básicos que no se respetan en todo el mundo.

La carencia de una cultura institucional que privilegie los derechos humanos es la que genera soluciones meramente represivas, una estrategia de combate al narcotráfico inteligente, la carencia de mediación frente a conflictos sociales y los desatinos presidenciales de toda la vida. Pero en Palacio no le toman la debida importancia y seguimos pensando que con cifras macroeconómicas boyantes, el Perú avanza. Yo me pregunto: ¿hacia donde?

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Imaginemos que nos encontramos en Colombia y que tenemos a una Sala Penal que ha podido, en un proceso que ha cumplido con todas las garantías, condenar a los principales jefes de las FARC y del ELN, que ha comenzado a sancionar a los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia y al que, por su eficiencia, también va a comenzar a ver los casos de narcotráfico.

Frente a una Sala así, lo menos que haría usted, si es que fuera Presidente del Poder Judicial, es mandar al presidente de dicha Sala a hacer labores meramente administrativas como “coordinador”.

Pero no estamos en Colombia, sino en Perú, y es lo que ha ocurrido con Pablo Talavera, el Presidente de la Sala Penal Nacional.

Esta Sala ha resuelto varios de los casos más importantes del país. Ha sido el colegiado que ha logrado condenar a penas bastante altas a las cùpulas de Sendero Luminoso y del MRTA, en procesos que han cumplido los estándares del debido proceso. Incluso, en el caso de Abimael Guzmàn, la Sala presidida por Talavera fue la primera en aplicar la teoría de la autoría mediata, la misma que es base de la acusación contra Alberto Fujimori.

Asimismo, la SPN ha resuelto algunos casos importantes en materia de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. El juicio màs sonado fue el de la desapariciòn del estudiante Ernesto Castillo Paez, cuyos ejecutores han sido condenados a penas de 16 y 15 años de prisiòn.

Esa buena labor fue premiada por el Poder Judicial, al encargarle a la Sala el procesamiento de narcotraficantes y de bandas organizadas, lo cual se sumaría a los casos de derechos humanos aún pendientes.

Sin embargo, Talavera, quien fue el constructor de esta experiencia y uno de los magistrados con mejor capacitaciòn de su generaciòn, pasarìa a labores meramente de coordinaciòn. Hace unos dìas, el magistrado renunciò a este puesto.

Inmediatamente surgieron las especulaciones. Versiones periodísticas dieron cuenta de celos de miembros del Consejo Directivo del Poder Judicial – alguno de ellos, cuestionado recientemente -, las cuales han sido desmentidas por este poder del Estado y por el propio Talavera. Sin embargo, a pesar de lo que ambas partes puedan decir, algo en esa relación parece haberse roto para que a un buen magistrado lo manden a hacer labor de papelería.

Pero no dejo de descartar otra hipótesis. A inicios de este año, Talavera anunció que la Sala Penal Nacional tendría como prioridad los casos de derechos humanos, entre ellos, varios de los ocurridos durante el primer gobierno de Alan García, en los que, incluso, el Presidente podría ser llamado como testigo. Como se sabe, estos son los casos que no dejan dormir a varios en el actual gobierno y no se pueden descartar presiones sobre este tema.

Sea la razón que fuere, el Poder Judicial ha cometido un error bastante grave. Esperemos que el reemplazo de Talavera responda a la altura del encargo y que, en suma, los casos que le toquen resolver a la Sala Penal Nacional sigan teniendo la misma calidad de sentencias con las que contaba hasta este momento. La confianza en la justicia dependerá mucho de ello.

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En algún momento voy a recuperar Trujillo, aunque tenga que ser candidato a la Alcaldía de Trujillo, personalmente. Yo le voy a recuperar Trujillo a Haya de la Torre.
(Alan García Pérez)

Trujillo. Tierra de la marinera, de la cultura chimú y uno de los lugares más bellos del país. Y según dicen quienes viven en dicho lugar del país, allí nació Dios.

Y también es tierra del APRA.

Bueno, hasta hace unos años, esta última afirmación no podía ponerse en duda, pero desde el 19 de noviembre de 2006, con el triunfo de César Acuña Peralta en las eleccíones para alcalde de Trujillo, los apristas del sólido norte pusieron cara de que Dios pudo haber nacido en Nazca.

La situación, que ya era mala, ha pasado a ser peor, producto de un producto de exportación no tradicional del norte del país, los Sánchez Paredes, múltiplemente acusados de ser de los mayores productores de nuestro producto bandera de la ilegalidad: cocaína.

Ayer, el congresista humalista Álvaro Gutiérreza la vez detractor y protector de Luis Alva Castro, cuestión que hasta ahora no logra descifrarnos – dijo que iba a pedir una investigación a un ex asesor del Ministro del Interior vinculado a los Sánchez Paredes.

Digamos que Gutiérrez llegó un año tarde a la denuncia. Caretas ya había registrado apenas llegado Alva Castro a Corpac de la mala compañía que podía suponer José Abanto Verástegui, asesor del despacho del congresista trujillano y, a la vez, gerente general y abogado de la Compañía de Exportaciones Algamarca, propiedad de la familia Sánchez Paredes. Posteriormente, este blog reveló que Abanto era también abogado de Moises Wolfenson, el presidario más defendido por el Presidente de la República.

Como se imaginarán, los apristas le han contestado a Gutiérrez, entre ellos el propio abogado Abanto Verástegui, quien ha dicho que denunciará por difamación y calumnia al poco ubicuo seguidor de Humala. Sin embargo, la nota de ANDINA con las declaraciones del ex asesor de Alva Castro menciona un detalle curioso:

Visiblemente disgustado por la denuncia el abogado sostuvo que sólo fue asesor de Alva Castro 73 días, es decir, entre el 10 de agosto del 2006 hasta el 22 de octubre del mismo año.

Hay que decir que el abogado de Wolfenson tiene un problema serio con la verdad. Cuando realicé la investigación sobre este personaje, pude ver que las relaciones con Alva Castro no se limitaron a 73 días en el 2006. Abanto fue asesor de Alva Castro en el 2000, en la Comisión de Economía del Congreso de la República (junto al actual Ministro de Vivienda y Construcción Enrique Cornejo Ramírez). Y, de hecho, Caretas mencionó que la relación entre ambos es de vieja data:

Abanto Verástegui (44), hombre de confianza de Alva Castro y su asesor parlamentario desde inicios del 2000, pertenece al núcleo del clan trujillano de los Sánchez Paredes. Ha acompañado al ministro en las Comisiones de Economía y Presupuesto. En audiencias y debates técnicos aparecía como “representante del congresista Alva Castro”.

Tan es asi que, como lo registra la página web del ex parlamentario aprista Rodolfo Raza, aquí aparece Abanto Verástegui junto a este ex congresista:

En la foto: Dr. Alonso Morales Costa, Asesor Legal de Audolmesi, Aup William Arteaga Donayre, Gerente General de APPAR, congresista Rodolfo Raza Urbina, Humberto Abanto Verástegui, representante del congresista Luis Alva Castro, Dr Oscar Dávila Salazar, gerente legal de Paramonga y el Dr Roberto Faulkes Aguad. 8-11-2002.

Ademças, Abanto fue parte de la Comisión de Transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, durante el periodo de cambio de gobierno.

Ello hace que, aunque algo tarde, el pedido de Gutiérrez tenga bastante sustento y que ya no solo el controvertido abogado tenga que explicar sus vínculos con los Sánchez Paredes. El propio Ministro del Interior – que, recordamos nuevamente, es trujillano – también debiera aclarar si es que ha tenido relación con la investigada familia, en un contexto donde dos de sus compañeros tienen que aclarar algunas extrañas relaciones.

Como se conoce, el congresista Elías Rodríguez Zavaleta viene siendo investigado por recibir muebles de oficina pagados por los Sánchez Paredes. De hecho, las investigaciones estarían centradas ahora verificar cuales han sido sus reales aportantes para la campaña electoral. Tan grave es el tema que el APRA lo ha suspendido en su militancia hasta nuevo aviso. Y, conociendo los códigos de Alfonso Ugarte, eso es nada menos que un pre-aviso de que lo van a botar del partido.

Como dato a tomar en cuenta, Rodríguez Zavaleta ha acusado a Alva Castro de ser quien ha lanzado esta acusación por celos personales, ya que, según él, fue el congresista más votado de La Libertad y no el veterano líder mochero.

Pero ahora no es el único que tiene que responde cuentas sobre este tema. De acuerdo a lo que informa el diario La República, Miriam Pilco, actual Secretaria General del APRA en La Libertad y ex alcaldesa de Trujillo, defendió a más de 20 narcotraficantes y tiene su estudio jurídico en un inmueble de propiedad de una de las empresas de los Sánchez Paredes. Como informa este diario:

La operación comercial, la relación entre Pilco y los Sánchez Paredes, ya había sido establecida por la Comisión Investigadora del Senado sobre Narcotráfico y sus Vínculos en el País, que presidió el senador Javier Diez Canseco, en 1986. El caso se inició a partir de la denuncia que plantearon el senador aprista Jorge Torres Vallejo y el ex alcalde provincial de Trujillo Luis Santa María, también del Partido Aprista.

Por cierto, y para ahondar más en la crisis, Pilco ha sido bastante dura con Rodríguez Zavaleta y Alva Castro en recientes declaraciones. De hecho, Pilco es la accesitaria de Rodríguez Zavaleta, por lo que un desafuero del parlamentario aprista dejaría a la actual mandamás del PAP en Trujillo expedita para ocupar una curul, claro, si es que antes ella no termina también investigada por dichos vínculos poco santos.

Esta historia nos deja varias preguntas sueltas: ¿Cuáles son los vínculos de los Sánchez Paredes con la política local trujillana y, en particular, con el Partido Aprista Peruano?¨¿Por qué los Sánchez Paredes financiaron el Día de la Fraternidad en Trujillo? ¿Por qué José Abanto Verástegui mintió sobre la duración de su relación con el Ministro del Interior? ¿Por qué los tres implicados en pugnas internas en el otrora sólido norte han terminado relacionados directa o indirectamente con narcotraficantes?

Alan dijo que recuperaría Trujillo para el Partido Aprista. Pero parece que, antes de ello, tendrá que recuperar al APRA de sus pugnas y de vínculos que hace rato huelen bastante mal. No vaya ser que sigan repitiendo que por algo la paloma y el pañuelo son blancos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Sonia Medina Calvo, procuradora antidrogas: Partidos políticos deben estudiar exhaustivamente hojas de vida de militantes
Perú.21: APRA advierte que no tolerará nexos con narcos
La República: La verdadera historia de la absolución de Perciles Sánchez Paredes
Correo: Ministerio Público investiga a esposo de Miriam Pilco
Expreso: Asesores de Alva Castro son directores de empresas quebradas

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Los periodistas tenemos muchos defectos, pero de todos la vanidad es el peor, porque lo encuentro más propio de escritores, artistas y políticos que de gente tan imperfecta como nosotros, que somos seudointelectuales y, muchas veces, ignorantes. Gran parte de nuestro problema son los enormes egos en nuestra profesión.
(Ricardo Uceda, 10 de febrero de 2008)

Los encuentros y desencuentros sobre la situación de la fiscal Luz Loayza, la primera persona que se atrevió a acusar a Fernando Zevallos por el delito de narcotráfico, han traspasado los pasillos del Ministerio Público y han llegado a las salas de redacción de los diarios.

Dos posiciones comienzan a ser claras. De un lado, los diarios El Comercio, Perú.21 y La República, quienes manifiestan quejas fundadas y documentadas hacia la actuación de la Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar y que incluso llegan a lanzar propuestas para solucionar este caso que tiene como trasfondo la falta de seguridad para magistrados y testigos involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Varios bloggers hemos hecho eco de estas denuncias y las hemos complementado con varios datos y puntos de vista.

Del otro lado, el diario La Primera – y, en menor medida, Expreso y La Razón – han emprendido una campaña para desacreditar las versiones a favor de la causa de Loayza. Los argumentos centrales de los columnistas César Hildebrandt y Raúl Wiener – los más empeñados en esta empresa – no se basan en una inconducta de la fiscal o en documentos que desmientan su versión sino, simple y llanamente, en una sola palabra: prejuicios.

No voy a ponerme a defender a los grupos editoriales El Comercio y La República. Cada persona sabe en su fuero interno a quien le cree y a quien no. Sin embargo, si me parece criticable que la posición de dos periodistas que tienen varios años de carrera en el medio – independientemente del abismo de credibilidad que media entre uno y otro – se basen en sus odios, fobias y resentimientos hacia personas naturales o jurídicas o en teorías de la conspiración que niegan hechos que, por lo demás, están fehacientemente demostrados.

Peor aún, toda esta aventura ha tenido un corolario realmente penoso. Ha vuelto a revivir viejas rencillas entre periodistas, las cuales, lejos de centrarse en el tema de fondo con relación a la denuncia sobre narcotráfico, han sacado odios y perjuicios. Basta ver las diatribas de Wiener contra El Comercio y el periodista Marco Sifuentes, así como el intercambio de puyas entre Fernando Rospigliosi y Hildebrandt para darnos cuenta que el centro de la noticia está ya no en el lío entre fiscales o los vínculos del narcotráfico con las organizaciones encargadas de investigarlo, sino en estas pugnas y teorías de la conspiración que flaco favor le hacen al esclarecimiento de los hechos, como a la imagen de la prensa.

Y quizás por ello sea adecuada una voz algo más intermedia, como la que se recoge de Ricardo Uceda en una entrevista del dia domingo:

El caso Loayza es un síntoma de lo mal que está el Ministerio Público y buena parte de la prensa. Naturalmente están los medios que defendieron a Fernando Zevallos y no me sorprende que tengan en su agenda el defender a la fiscal de la Nación. Pero yo diría que en la prensa que sí investiga al narcotráfico hay muchas veces una excesiva intimidad con los jueces y los fiscales que desde sus fueros ven este caso.

Hace algunos meses, escuché a Santiago Pedraglio señalar que la prensa de investigación debía tener como norte de sus principales preocupaciones e indagaciones lo que venía pasando con el narcotráfico, dado que se venía constituyendo. Algunos periodistas parecen haber seguido dicha senda y han conseguido datos importantes, tanto sobre Zevallos como sobre los Sánchez Paredes. Otros, en cambio, parecen subestimar el tema, en el mejor de los casos, si es que los tentáculos de la corrupción no han llegado hasta algunas salas de redacción.

Lo importante para el periodismo es, por un lado, investigar hasta las últimas consecuencias en este tipo de casos, tomando la debida distancia de las fuentes que, no lo olvidemos, tienen “agenda propia”. Ello no implica dejar de lado casos como el de las amenazas a Luz Loayza, pues las mismas no tienen fecha de caducidad y es necesario incidir en la necesaria protección a los magistrados, lo cual, por cierto, no implica que la prensa deje de criticar las actuaciones judiciales y fiscales cuando sea necesario.

Lo peor de estas historias de “sospechosos comunes” es que, bien intencionados o no, estos hombres de prensa fanáticos de las intrincadas fantasías sobre evil news corporations dejan de lado aquello que es lo central de este caso: la existencia de poderosos narcotraficantes en el país que tienen montada una red de contactos en la política, el empresariado y, además, en las instituciones encargadas de investigarlos. Y ello debe sumarse el problema de seguridad interior que vienen propiciando a través de sus sicarios y protectores, algunos de ellos, remanentes de Sendero Luminoso.

Así como se exige independencia a los periodistas de los poderes políticos y económicos, también es necesario que no sean tontos útiles del narcotráfico, que es otro poder en el Perú. Y, por las últimas revelaciones, parece que recién estamos comenzando un partido bastante largo en la lucha por obtener la verdad. ¿Lo sabrán jugar todos los periodistas?

POST DATA SOBRE EL TEMA DE LA FISCAL LOAYZA:
Luego de ver los reportajes en Cuarto Poder y Panorama sobre el lío entre fiscales, me quedan claras dos conclusiones, que ya fueran adelantadas por Mirko Lauer en una columna de la semana pasada: la Fiscal Luz Loayza no se encuentra en una posición adecuada para seguir en este caso, no por los errores administrativos que ambos programas detectaron o por las vínculaciones con la DEA de las cuales Hildebrandt reniega – en un error del experimentado periodista desde mi punto de vista – sino porque emocionalmente no está lo suficientemente tranquila como llevar a cabo una investigación que requiere nervios de acero.

El otro gran punto urgente es la creación de un sistema de protección a testigos, jueces y fiscales que funcione de veras y que evite que nuestros magistrados queden en guardia baja frente a amenazas físicas o amendrentamiento mental. Y, por último, es imperioso que el Consejo Nacional de la Magistratura investigue en serio a Adelaida Bolívar: su conducta y los contactos de su esposo con la banda de Fernando Zevallos lo ameritan y han hecho que muchos ciudadanos dejemos de confiar en ella.

Si las instituciones de nuestro país dan algunos pasos en esta dirección, evitaremos que el gran ganador de este sainete sea Fernando Zevallos.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Rechazan hàbeas corpus a Luz Loayza
Luz Loayza: Quien se beneficia de esto es Zevallos
Juan Paredes Castro: Los poderes del Estado vs. el poder del narcotráfico
César Hildebrandt: Prensa y poder
El Mundo de Plástico: Amores Perros (nos van a matar)

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Si alguien tenía dudas de la existencia de amenazas a Luz Loayza, pues aquí va la prueba. Caretas hoy publica la primera página de una de las notas informativas a las que hemos hecho referencia en un post anterior:

Y allí está más que claro: 3 sicarios iban a matar a quien investigó a Fernando Zevallos. Como para que algunos periodistas que parecen medir las denuncias en torno a si la caja de resonancia es su enemigo de toda la vida o una corporación mediática se pongan a pensar en el papelón que están haciendo. Y eso que ya tienen por lo menos más de tres décadas en el periodismo nacional.

Pero dejemos de lado a los periodistas y ahora volvamos al nuevo deporte nacional: encontrar vínculos con el narcotráfico a magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial. Hoy, los Zileri boys encontraron un hecho sorprendente: un ex asesor del Presidente de la Corte Superior de Lima está ligado a los Sánchez Paredes.

En efecto, Carlos Blas Ávila – ahora juez del 32° Juzgado Penal para Reos en Cárcel – fue asesor de César Vega Vega, ex socio de Alan García y cuestionado por su actuación en un caso vinculado a los Sánchez Paredes.

Como diría Portillo Campbell, papelito manda, mejor dicho, partida de bautizo, pues Blas es compadre de Alfredo Sánchez Miranda, uno de los integrantes del clan Sánchez Paredes, e hijo del patriarca, Orlando.

Peor aún, el compadrazgo sirvió de algo:

Ahora la OCMA se dispone a interrogar al ex asesor de Vega Vega y no necesariamente sobre para preguntarle sobre pilas bautismales, sino por un pecular incidente ocurrido el 12 de julio de 2005. Entonces, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, a la que pertenecía Vega Vega, recibió la apelación a una sentencia que beneficiaba a Orlando Sánchez Paredes en contra de Jacques Trotier, gerente de Sulliden. Los abogados de la minera canadiense pidieron la separación de Vega Vega y, para constatar que se había dado trámite a su solicitud, revisaron el expediente del caso. Lo que descubrieron fue un proyecto de resolución que – a pesar que las audiencias no habían culminado – resolvía declarar infundada la apelación de Trotier beneficiando al hermano de Perciles Sánchez. El documento lleva la firma de Carlos Blas, según el informe de la OCMA N° 387-2005.

En otras palabras, Blas hizo un proyecto de resolución para que Vega Vega favoreciera al papá de su entonces futuro compadre. Y resulta curioso que un magistrado con vínculos claros con el partido de gobierno haya tenido como invitado en la misa de honras de su señora madre nada menos que al compadre de su ex asesor.

Creo que estas evidencias resisten hasta la más excéntrica de las teorías de la conspiración. ¿Verdad, Raúl?

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En medio de las peleas entre fiscales y periodistas desatada por el caso Luz Loayza, nos estamos olvidando del personaje principal de esta historia: Fernando Zevallos.

Invocar ese nombre no es precisamente nombrar a quien le agradaría a alguien que fuera su compañero de cuarto ni mucho menos. Es necesario recordar que Zevallos estaba en la lista de 10 narcotraficantes más importantes del mundo, que ha hecho negocios con alcaldes asesinos y que poco a poco han ido muriendo varios testigos que lo implicaban en sus oscuros negocios.

Por ello, quizás sea bueno tener en cuenta dos pistas de investigación que, en ocasiones anteriores, dos periodistas han presentado.

En su momento, Sally Bowen fue enjuiciada por este párrafo de su libro El Espía Imperfecto:

Por esa época, manifiesta (Oscar) Benites (informante de la DEA, que hizo negocios con Zevallos), Montesinos había reorganizado por completo el negocio de las drogas. Había embaucado a los Estados Unidos, capturando unos cuantos peces pequeños y habìa establecido alianzas con hombres, que según afirma, eran grandes narcotraficantes del Perú, como Eudocio Martines de Hayduk y Fernando Zevallos, el fundador de Aerocontinente.

De hecho, ya existe un proceso penal abierto a Montesinos y Zevallos por sus conexiones en el negocio de la droga. Y el último narco-asesinato en Lima fue justamente el de uno de los principales testigos en este proceso. Y luego dicen que Zevallos no tiene posibilidades de mandar matar a alguien.

Al final, la pista de Bowen resultó correcta, Zevallos está sentenciado y espera otros juicios por narcotráfico. Por cierto, a Oscar Benites también lo han amenzado de muerte.

Pero Zevallos no solo tuvo vínculos con la dictadura, sino que sus conexiones han llegado hasta funcionarios de este gobierno.

Moisés Tambini del Valle es el Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. En castellano: el jefe de todos los procuradores del país. Controvertido personaje que no ha dudado en proteger a Giampietri de acusaciones de corrupción o de vincularse con vocales montesinistas y, oh casualidad, cuya esposa fue la que pretendió hacer prescribir el caso El Frontón.

Pues este video de Marco Sifuentes nos hace ver que hablar de “familia”, en el caso del Dr. Tambini, equivale al sentido que le daban, ejem, los Corleone, dadas sus vinculaciones con el clan Zevallos:

¿Tienen ahora duda de porque Luz Loayza teme por su vida?

MAS SOBRE EL TEMA:
Mirko Lauer: No a la ruleta rusa
El blog del Morsa: Internal Affairs
El Fondo del Vaso: Sobre la extraña alianza entre el narcotráfico, el APRA, Adelaida Bolivar, César Hildebrandt y Moisés Tambini contra la fiscal Luz Loayza

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Hoy día he estado algo desconectado del mundo, pero, al volver a la blogósfera, me he percatado que varios hemos coincidido en tocar el tema que creo que debe preocupar más a la prensa y al país en general: el narcotráfico.

Así que veamos esta suerte de guía bloggera del día del narco:

El Fiscal, el APRA y el narcotráfico: Roberto Bustamante nos señala los vínculos familiares de la Fiscal de la Nación con personas del partido de gobierno y con el clan Zevallos. Preocupante saber que personal de confianza de la Presidencia del Consejo de Ministros – de la que, ojo, depende DEVIDA – está vínculada a una persona cuestionada por vínculos presuntos con el narcotráfico.

Los Infiltrados: Segunda parte de lo comentado por Bustamante, en este blog. Vean como la prima de la Fiscal de la Nación es la intermediaria con su posible reeemplazante y la historia del nexo mediático de Fernando Zevallos: José Mejía Regalado. La yapa: recuerden una de las razones por las que Benedicto Jímenez cayó en desgracia.

¿Cuál guerra contra el narcotráfico?: El ahora freelance Marco Sifuentes, sobre la base de una columna aparecida en Correo de Trujillo, nos recuerda a algunas de las joyas del partido de la estrella con vínculos con el narcotráfico. Casos clamorosos: el abogado aprista de los Wolfenson y de los Sánchez Paredes, los narcocandidatos a alcaldías en el 2006 o el jefe de los procuradores vinculado con los Zevallos. Y eso que no nos remontamos a casos como los de Manuel Angel del Pomar o Carlos Langberg, en los ochenta, a los que bien valdría la pena darles una nueva revisión, a la luz de lo que vemos hoy.

El columnista valiente: También del Utero de Marita y que nos demuestra los límites de las teorías conspirativas. Coincidiendo con varios comentaristas anónimos – y otros seudónimos – de este blog, el periodista Raúl Wiener se manda con una teoría conspirativa de campeonato: El Comercio ha tendido un tinglado para bajarse a Adelaida Bolívar para lo cual estaría utilizando a Luz Loayza. El señor se olvida que en Iquitos los sicarios están a la orden del día, las documentadas amenazas a Loayza y hasta los pedidos cachacientos de Zevallos para que la Fiscal vuelva a Maynas. Increible como la ceguera ideológica puede llevar a extremos de negación como estos. Bueno, si hasta Gustavo Espinoza Montesinos sigue pensando que Tarata fue obra de los militares…

Cuento incompleto: En su irónico estilo, Laura Arroyo Gárate les cuenta la historia completa del caso Bolívar – Loayza – Zevallos como para que hasta Raúl Wiener la pueda entender.

Luego de ver todo esto, tengo la sensación de que estamos solo ante la punta del iceberg. Creo que hay mucho más por ver aún en esta larga novela. Solo espero que su título no sea La Próxima Víctima.

UPDATE (07.02.2008):
Raúl Wiener intenta responder al post de Marco Sifuentes. Pero en el camino comete dos errores de marca mayor.

El primero, admitir que no leyó los informes de inteligencia que alertaban de las amenazas a Luz Loayza. Cuestión gravísima en alguien que es jefe de investigación de un diario. No me extraña dado que – modestia aparte – aquí tuvimos que presentar las pruebas que omitió en un reporte sobre las andanzas de Aldo Mariátegui en Tailandia, pagadas por Suez.

El segundo, no presentar pruebas sobre la presunta conspiración del grupo El Comercio contra Adelaida Bolívar. A estas alturas, Wiener solo balbucea las hepáticas columnas de César Hildebrandt, cuyos odios por la familia Miró Quesada y Fernando Ampuero (que trabaja para el Mercioco) ya cansan a estas alturas. Y solo esboza como prueba la acusación fiscal contra Fernando Rospigliosi, columnista de Perú.21. Vamos, la acusación contra Rospi era tan descabellada que las patrañas de Bolivar tuvieron que detenerse por falta de pruebas.

Francamente, a veces uno no entiende como personas como Wiener llegaron a manejar medios de comunicación. Y no por sus ideas, que son respetables a pesar que están en las antípodas de las mías, sino porque no hace lo que un periodista debe hacer: contrastar información y sustentar sus afirmaciones.

Don César Levano, por favor, mándelo a Bausate.

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