Desde el Tercer Piso

Hoy Perú.21 informa sobre las acciones que los abogados del Instituto de Defensa Legal harán frente al caso El Frontón, en el que patrocinan a la parte civil:

El Instituto de Defensa Legal y los organismos defensores de los derechos humanos iniciaron ayer una nueva batalla legal para que el Poder Judicial anule la sentencia, dictada por la Tercera Sala Penal con Reos Libres, que declara la prescripción de la matanza ocurrida en El Frontón.

Como primer paso, Carlos Rivera, abogado de Ideele y defensor de Norberto Durand Ugarte y de Gabriel Ugarte Rivera, muertos en la operación naval del 19 de julio de 1986, denunció ante la Oficina de Control de la Magistratura a los vocales Jorge Egoavil Abad, Nancy Ávila de Tambini y Malson Urbina La Torre, que acogieron el hábeas corpus presentado por el suboficial AP Teodorico Bernabé Montoya y declararon la prescripción del caso

.

Como hemos se denunció en este blog esta semana, dos hechos son trascendentes en esta prescripción: la vinculación matrimonial de la vocal Nancy Ávila con el jefe (aprista) de los procuradores Moisés Tambini del Valle y la vulneración del carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad.

Motivos suficiente como para que esta resolución sea rectificada.

Y, ¿qué dice el señor Tambini sobre esto?

Ayer este blog publicó una seria denuncia sobre la prescripción del caso El Frontón, referida a una de las juezas que dictó dicha resolución, vínculada maritalmente a un funcionario del Ministerio de Justicia con carnet aprista.

La cuestión es seria y tiene que ver con dos temas principales con relación a este caso.

El primero, de índole jurídica, tiene que ver con la imprescritibilidad de los delitos de lesa humanidad. Nuestro país ha suscrito convenios internacionales en este sentido y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de prescripción que impiden investigar y sancionar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. Lo mismo han señalado instancias nacionales, como el Tribunal Constitucional y la Sala Penal Nacional.

Es decir, los jueces han ignorado lo que dice el Derecho Internacional y lo que han dicho altas instancias judiciales peruanas. Para justificar el mamarracho jurídico, han llegado a decir que lo ocurrido en El Frontón - las ejecuciones extrajudiciales ocuridas luego del develamiento de un motín - no fue un crímen de lesa humanidad. Con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, esto es bastante difícil de sostener.

El segundo aspecto es de índole política. Quien habla no se ha sumado al coro de personas - bien intencionadas o no - que han señalado directamente al Presidente de la República como autor penal de los sucesos de El Frontón. De hecho, he expresado mis dudas sobre si la estrategia de involucrar a García en este caso ha sido la más acertada para llegar a la verdad de lo ocurrido.

Sin embargo, lo de la jueza esposa del compañero Tambini vuelve a poner sobre el tapete las serias suspicacias que existen sobre un caso sobre el que no se han sancionado a los responsables luego de 18 años de haber ocurrido.

Y es más curioso aún cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación no determinó responsabilidad penal en AGP, hecho resaltado por el APRA en su pronunciamiento oficial sobre la CVR.

Si el suelo está tan parejo para los compañeros, ¿por qué una jueza tan cercana a ellos termina fallando por cerrar el caso?

Ya en otra ocasión les he hablado del caso El Frontón, uno de los fantasmas que generalmente se le recuerda mucho al Presidente y al Primer Vicepresidente de cuando en cuando. Claro, siempre hago la aclaración de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación no encontró responsabilidades penales en Alan, aunque sí políticas.

Pues bien, ha pasado desapercibida una noticia debido a los acontecimientos tristes de la semana pasada. El lunes pasado se conoció que el caso El Frontón había sido declarado prescrito. ¿El motivo? Un hábeas corpus interpuesto por uno de los marinos procesados en este caso y que ha terminado beneficiando a todos.

¿Y dónde está el detalle?

Ocurre que una de las personas que fungen de magistrados y firmó la prescripción se llama Nancy Ávila de Tambini.

Pues bien, esta señora es nada menos que la esposa de Moises Tambini del Valle, nada menos que Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado - léase, jefe de los procuradores - y, además, militante del Partido Aprista. Por cierto, Tambini ha sido abogado personal de Alan García y diputado aprista entre 1985 y 1990. Es decir, de Alfonso Ugarte hasta los huesos.

Marco Sifuentes, en el Utero de Marita, publicó tres posts sobre Tambini. Los más significativos revelaban las artimañas del abogado aprista por callar un caso sobre corrupción que involucraba a Giampietri y algunas vinculaciones poco santas de su familia con el narcotráfico.

Vinculaciones de las que su esposa no habría sido inmune. Según informó en su momento La República:

Las pesquisas de la OCMA contra Ruth Monge de Tambini (la nuera del jefe de los procuradores) alcanzarán a un miembro de su familia, la vocal provisional de la Corte Superior de Lima, Nancy Ávila de Tambini, esposa del ex diputado aprista Moisés Tambini del Valle. Nancy Ávila fue incorporada al Poder Judicial el cuatro de diciembre de 2004. “Queremos determinar si la vocal Nancy Ávila de Tambini influyó en la designación de Ruth Monge de Tambini”, indicaron las fuentes de la OCMA

Cabe recordar que a Ruth Monge se la vincula, nada menos, que con Fernando Zevallos.

Y luego no quieren que piensen que Alan no está metido en lo del Frontón.