Desde el Tercer Piso

El Congreso amordaza, algunos medios bendicen.

Desde hace varios años, las organizaciones no gubernamentales sufren una campaña de satanización de parte de un sector de la clase política (en particular, el fujimorismo y los sectores conservadores de la política peruana) y de la prensa (en especial, desde las sentinas de los diarios Correo, Expreso y La Razón).

“Caviares”, “no representan a nadie”, “son la intrusión de ideologías foráneas”, “atrasan el desarrollo del país”, “pro violentistas”, “pro senderistas” o “nadie los fiscaliza” son algunas de las diatribas con las cuales intentan echar por la borda el prestigio que buena parte de estas organizaciones tienen en un sector de la sociedad, que reconoce el trabajo de aquellas instituciones de este tipo que cumplen su labor con eficiencia y transparencia.

Estas organizaciones cumplieron y siguen cumpliendo un rol fundamental para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos más excluidos de nuestro país, en particular en los tiempos de la autocracia fujimorista y del conflicto interno. Fiscalizan la actuación del Estado y de otros actores sociales, a fin de que el desarrollo sea sostenible y se de en un clima de respeto a los valores democráticos y a los derechos humanos. Bregan para que grupos de la sociedad (mujeres, niños y adolescentes, glbt, afrodescendientes, indígenas) no sean invisibilizados por una sociedad acostumbrada a excluir o a no tener una agenda seria de lo que queremos ser como nación.

La lógica de las instituciones no se agota en la representación. Dicha función representativa solo cabe a los partidos políticos y a las autoridades elegidas. Pero ello no impide que los ciudadanos podamos y debamos intervenir en la deliberación, planteamiento y cuestionamiento de las propuestas que conforman la res pública. La actividad política no se reduce a la labor de los partidos y el deber de los ciudadanos no se agotan en la elección de autoridades y esperar para que, a la buena de Dios o a la muerte de un obispo, respondan a sus demandas. Optar por una opción que quite posibilidades de participación a las personas contribuye, a la larga, a seguir preservando actitudes autocráticas y antidemocráticas en nuestra sociedad.

No necesitamos ser elegidos para actuar como ciudadanos. De no hacerlo, la representación que concedemos a las autoridades puede derivar en el tutelaje de los partidos políticos, el Estado o los llamados poderes fácticos (las Iglesias y las Fuerzas Armadas). Tutelaje que sólo merecen menores de edad y, que sepamos, no somos menores de edad y en el Perú ningún adulto es merecedor de tutela.

Cierto es que cualquier organización o asociación que se forme requiere de fiscalización y control para evitar que sus fondos se malutilicen.

En el caso de las organizaciones no gubernamentales, existen ya dos tipos de control:
a) El primero, a cargo del Estado, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), encargada de velar por la inscripción de instituciones que reciben cooperación internacional, así como por la transparencia en el uso de dichos fondos. Hasta el momento, dicho control ha rendido resultados, de acuerdo a lo señalado por los ex jefes de APCI y su actual titular, Agustín Haya de la Torre.
b) El segundo, a cargo de las entidades cooperantes, que someten a continuas rendiciones de cuentas y auditorías con estándares internacionales a las ong’s, teniendo, en la mayor parte de los casos, un resultado satisfactorio de resultados y utilización de los dineros empleados.

Hace unos meses, el ahora ex parlamentario Antero Flores - Araoz presentó un proyecto de Ley para que APCI tenga facultades sancionatorias contra las entidades que no cumplan con sus reglamentaciones. Hasta allí, todo relativamente bien. Con excepción del detalle que viene a continuación: el Poder Ejecutivo debía indicar cuáles eran las infracciones. Y ello contravenía la Ley General de Procedimientos Administrativos. Así lo entendió el Poder Ejecutivo, ya en época de AGP, enviando el proyecto de nuevo al Congreso con carácter de observado.

Pero en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida ahora por el abogado del extraditable Alberto Fujimori, Rolando Souza, le hicieron algunos cambios a la norma donde la palabra mordaza salta a la vista.

Para comenzar, señalaron que el Estado priorizaría la cooperación internacional en función de su política nacional de desarrollo y el interés público. Párrafo aparentemente inocuo, pero que tiene que verse en concordancia con lo siguiente. Todo proyecto tendrá que registrarse en APCI y, por tanto, aprobarse por esta entidad. Proyectos que figuran, por lo demás, en convenios privados, aspecto donde el Estado no tendría que tener ingerencia, como en cualquier contratación. Más aún, pone una norma que señala que pueden aplicar cualquier sanción por “orientar los recursos de la cooperación técnica intrnacional en actividades que afecten el orden público, las buenas costumbres o perjudiquen la propiedad pública o privada”. Conceptos tan genéricos que un estudiante de derecho administrativo se reiría por la laxitud con la que se señala la infracción.

Y, además, mantuvieron el error del proyecto de Flores - Araoz, es decir, el Poder Ejecutivo podrá generar otras infracciones.

En suma, si al gobierno de turno le molesta tu labor fiscalizadora, simple y llanamente, te deja fuera del registro, sin operar, y tus funcionarios pueden quedar inhabilitados hasta por cinco años.

Y es obvio que hay intereses creados para irse, en particular, contra las que ven temas de derechos humanos, administración de justicia y medio ambiente, temas que incomodan a los poderosos, a los de antes y a los de ahora, a los políticos y a los empresarios que aun creen en su poder omnimodo, a los conservadores que creen que el pueblo debe decir “chi chenó” y sólo votar sin reclamar.

No protesten, va contra la inversión; no molesten a los militares, no mataron inocentes; no reclamen reforma judicial, eso lo harán los jueces, claman las voces que se solazan con la aprobación de este proyecto.

Por ello no extraña que sea el APRA (donde moran Giampietri, Lourdes Mendoza del Solar y Mulder), Unidad Nacional (con Lourdes Alcorta y Raúl Castro a la cabeza) y el bloque fujimorista quienes hayan votado a favor de una norma comparable con las restricciones que se ponen a la cooperación internacional en la mafiosa Rusia de Putín o en la satrapía petrolera venezolana.

Ya existen los controles adecuados para las ong’s. APCI las supervisa, la SUNAT vigila los impuestos que paga (o las exoneraciones que tienen), el Ministerio de Trabajo supervisa su régimen laboral. Y, además, los cooperantes tienen mecanismos de transparencia y control para vigilar el cumplimiento de actividades. ¿Era necesaria esta norma? Creemos que no.

La incomodidad que despierta en los sectores políticos y empresariales la actividad de las organizaciones no gubernamentales no es motivo para que se les amordace de la manera como se pretende hacer. Fiscalizar, en un país donde los controles institucionales no funcionan y donde es necesario construir más ciudadanía, no sólo es un derecho, también es un deber.

¿Quién será la próxima víctima? ¿Acaso la prensa?

ENLACES:
Vean el reportaje de OcraM sobre el tema.
Martín Tanaka: “Gobierno no debe usar a ONG’s como “chivo expiatorio” de problemas que no puede solucionar”.
Perú.21: Pleno avala intromisión gubernamental en ONG.
Comunicado de la COEECI (Cooperantes Internacionales): Gobierno intenta perseguir a ONGs que discrepen con su gestión.
Francisco Eguiguren y la visión constitucional sobre el tema.
El pensamiento macartista de Luis García Miró (Expreso) y Aldo Mariátegui (Correo).
El Utero de Marita: ¿Qué se trae Giampietri? Primero las ONGs, y luego…?
Archivo del Tercer Piso: Mc Carthy vive en Lima.