Desde el Tercer Piso

Acabo de ver la entrevista que Rosa María Palacios le ha hecho a Moises Wolfenson y que ha tenido una coda realmente impresionante: un pedido de indulto hecho por el empresario de medios de comunicación.

De acuerdo con la Constitución, quien puede otorgar el indulto es el Presidente de la República. Y, para ello no necesita expresión de causa.

Considerando que Alan ha salido en defensa de Wolfenson, que éste tiene un abogado de las canteras de Alfonso Ugarte y que la apelación que han hecho al TC probablemente ratifique el precedente anterior, como que el dueño de La Razón tiene muchas opciones de aparecer en esos Decretos Supremos que se lanzan en Diciembre, por razones humanitarias.

Como bien lo decía Rosa María al final de su programa, este caso parece ser emblemático de lo que puede ocurrir. Porque, si Alan indulta a Wolfenson, ¿será el primero de muchos indultos? ¿Podría comprender a Fujimori en esa figura?

Quizás ahora podamos entender las incongruencias de García. Critica los indultos contra inocentes, pero ahora podría dar el indulto a un culpable. Mal mensaje en la lucha contra la corrupción.

MIENTRAS TANTO:

Como lo informa Perú.21, en la corte de Huaura buscan favorecer a José Enrique Crousillat. Cabe recordar que en este distrito judicial se intentó buscar el favorecimiento para Wolfenson, dado que aquí se aplica el nuevo Código Procesal Penal. No se toma en consideración que esta norma tiene un plan de implementación gradual que, claro, debe acelerarse, pero no debe servir para intentar saltearse al sistema anticorrupción.

Mientras tanto, Carlos Rivera señala en una columna en El Comercio sobre la existencia de un proyecto de ley para simplificar el juicio oral, en el que se plantea que el acusado ya no concurra al proceso luego de brindar su declaración. El peligro alertado tiene que ver con el caso Fujimori, pues el Chino podría no declarar y pasar el resto del proceso sin enfrentarse a Montesinos, Hermoza Ríos o a las propias víctimas. ¿Sobre protección en el juicio más importante de la historia peruana?

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Ayer, la Sala Penal de Huacho dejó sin efecto la resolución que beneficiaba a Moisés Wolfenson con la contabilización de cada uno de los días que pasó en arresto domiciliario como días de cárcel, lo que le hubiera permitido salir libre de manera inmediata.

Sin embargo, el debate jurídico sobre los beneficios que potencialmente puede acarrear el arresto domiciliario – y que ya mereció un pronunciamiento del Tribunal Constitucional – se vio enturbiado el último domingo con la “opinión como abogado” del Presidente de la República, dada en una entrevista exclusiva a La Razón, el diario de Wolfenson.

No es la primera vez que miembros del actual partido de gobierno tienen cercanías con un medio que, como dijera acertadamente Gustavo Gorriti, es más un problema sanitario que un mecanismo de expresión ciudadana. En momentos en que La Razón propugnaba abiertamente la vacancia de Alejandro Toledo, la ex Presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas tenía columna en dicho diario y no tenía ningún problema en reconocerlo. Otros parlamentarios apristas han tenido también columnas en un diario que tiene como línea editorial la defensa de una dictadura corrupta y violatoria de los derechos humanos y que, valga recordárselos, persiguió también al APRA.

Pero hay un “compañero” que guarda estrechas cercanías con los Wolfenson y, a la vez, un pasado y un presente bastante sombrío.

José Humberto Abanto Verástegui es miembro del Partido Aprista Peruano y, además, el abogado de Moisés Wolfenson, el hombre que incluso en pleno juicio recibía instrucciones de Vladimiro Montesinos. Digamos, que ello ocurra en el mismo partido donde participa Javier Valle Riestra, defensor de los golpistas Alberto Fujimori y Antauro Humala, no es precisamente una sorpresa.

Pero no es el único trabajo polémico de Abanto Verástegui. Como lo ha informado Caretas durante varios meses, este abogado está bastante ligada a la familia Sánchez Paredes, varios de cuyos miembros son investigados por sus vínculos con el narcotráfico. Abanto es el gerente general de Alta Tecnología e Inversiones Minera (Atimsa), principal accionista de Algamarca, una empresa minera que viene disputando el control de las operaciones mineras en Shahuindo, Cajamarca. Atimsa tiene como principal accionista a una off shore panameña - Ohana Overseas S.A. - cuyos directores son los Sánchez Paredes junto a Elmer Vásquez Pelaez, quien, según sale hoy en la revista de los Zileri, confesó que ayudó a un miembro asesinado del clan en el negocio del narcotráfico, allá por 1987.

Lo peor del caso es que Abanto se vino desempeñando en este cargo “empresarial” a la par que realizaba sus labores como asesor del actual Ministro del Interior Luis Alva Castro, cuando éste estaba a cargo de la Comisión de Economía. De hecho, Abanto fue asesor de Alva Castro desde 2000. La alerta de la prensa evitó que el abogado de Wolfenson pasara a ocupar un cargo en el edificio de Corpac.

No es la única cosa rara que Abanto tendría que explicarnos. Por ejemplo, sería bueno que aclare porque es que cuando el partido al que pertenece ocupa el poder, recién se acuerdan que está en el Registro de Contratistas del Estado.

En lo que va de 2007, el abogado ha ganado S/. 59,766.00, producto de cuatro trabajos hechos a favor de FONAFE, la entidad que se encarga del manejo y administración de las entidades del Estado. Cabe indicar que en los cuatro procesos de menor cuantía ganados por el letrado, éste se presentó como el único postor.

Cabe mencionar que como Director Ejecutivo de FONAFE, se encuentra otro viejo conocido de este blog: Martín Sifuentes Palacios, otro militante aprista, a quien, en junio de 2006, Agencia Perú descubrió como un personaje bastante cercano a Agustín Mantilla Campos. Una vez que fue nombrado, se sospechó, legítimamente, que habría favoritismos a favor de la gente de Alfonso Ugarte. Este es el primer caso documentado en el que tendríamos serios indicios de ello.

En las elecciones presidenciales pasadas, casi al borde de la segunda vuelta, Alan García se comprometió a luchar contra la corrupción. Hoy sale a favor de un sentenciado por esta materia y un miembro del CEN de su partido es el abogado de este personaje. Y ante las denuncias de candidatos apristas vinculados con el narcotráfico en las últimas elecciones municipales, Mauricio Mulder dijo que estaba prohibido que los abogados apristas defendieran a narcotraficantes. El abogado de los Wolfenson está estrechamente vinculado a la que parece ser una de las bandas de narcos más importante del país. Se dijo que no se favorecerían a los apristas y una entidad estatal manejada por un aprista le da contratos a un compañero que funge de abogado.

Conclusión: la devaluación de la palabra sigue siendo el gran legado de los dos gobiernos apristas.

Hace exactamente 7 años, el último dictador que gobernó este país, Alberto Fujimori Fujimori, renunció por fax a la Presidencia de la República.

7 años después, a pesar que Fujimori hoy se encuentra en prisión esperando que sus juicios se inicien, su esprítu sigue encarnado en algunos personajes de la política peruana.

Para desgracia del país, en quien parece haber generado efecto es en quien no debía: el Presidente de la República.

Desde inicios de este gobierno, Alan García ha optado por gobernar bajo el manto de una Coalición Conservadora, lo que lo ha llevado a dos importantes consecuencias: mantener un modelo económico basado en la mera exportación de materias primas - cuya epítome ha sido el artículo sobre El Perro del Hortelano - y dejar de lado reformas institucionales importantes, así como claudicar en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.

Precisamente, sobre esos dos últimos puntos, el Presidente de la República ha tenido dos patinadas del tamaño del Estadio Monumental.

El domingo, Alan concedió su segunda aparición a un medio de comunicación en lo que va del gobierno - la primera, como sabemos, fue a Panorama, con backstage bastante comentado -, pero no versó sobre temas de Estado ni fue concedida a un medio de credibilidad. El Presidente de la República le dio una entrevista a La Razón para apoyar a Moisés Wolfenson, propietario del diario de la mafia, para que le contabilicen los días de arresto domiciliario como días de cárcel efectiva, es decir, hacer que salga de la cárcel lo más pronto posible.

Al margen del debate jurídico alrededor del tema de la contabilización de los días de arresto en tu casa - vean los artículos de Justicia Viva y Ricardo Vásquez Kunze con posiciones opuestas sobre esto - resulta bastante preocupante que el Presidente de la República utilice la tribuna de un diario que está interesado en la defensa de personas cuyos tratos con la justicia se resumen en buena parte de los artículos del Código Penal y, además, para defender a una persona cuya situación está por definirse en el Poder Judicial.

El Presidente deja un mal sabor de boca al defender a un preso por corrupción. No porque pueda tener o no razón, sino que en un país que se supone se rige por la separación de poderes, se ve pésimo que el Presidente - que tiene un poder sobredimensionado en un Estado tan poco estructurado como el nuestro - diga que es lo que se tiene que hacer, más aún, sí, además, tiene la profesión de abogado.

Peor aún, García termina comprándose el cuento de la persecusión política que esgrime el Fujimorismo desde su caída. Nunca hubo tal persecusión: a las personas que pertenecieron al fujimorismo y fueron procesadas, fue porque existía la convicción de que habían cometido crímenes, no porque pensaran distinto al resto.

Pero no es el único cuento fujimorista que se compra el Presidente.

Ayer Alan ha señalado que dará a conocer una lista de 1,800 supuestos acusados por terrorismo que habrían sido liberados en los últimos años, para que la población conozca su identidad y actividades actuales. La propuesta, sin duda, responde a los últimos ataques producidos en las estas semanas en la zona del VRAE.

Sin embargo, debo calificar a esto como lo que es: un cabal mamarracho.

En primer lugar, García no ha especificado de donde saca la cifra de supuestos liberados. Y ello da que pensar que, probablemente, hayan mezclados justos y pecadores. Es decir, a personas que fueron sentenciadas y cumplieron su pena y quienes que se acogieron a beneficios penitenciarios, con aquellos que fueron liberados gracias al trabajo de la Comisión Ad Hoc presidida por Hubert Lanssiers. Si es así, incurre en un grave error y una estigmatización frente a personas cuya inocencia fue comprobada. Incluso, en el caso de las personas que realmente dejaron de lado toda actividad subversiva o militancia en Sendero Luminoso, la inclusión suena, hasta cierto modo, insultante.

Lo segundo es que se afectan claramente derechos constitucionales. Hacer esta suerte de “lista negra” afecta sin duda los derechos al honor, al buen nombre y a la buena reputación. Vean sino la entrevista que le hacen al ex Defensor del Pueblo Walter Albán, en la que explica las posibles inconstitucionalidades de esta acción gubernamental.

Pero lo peor, si es que no podría haberlo, es que este tema no solucionará absolutamente nada. Como lo hemos dicho en este blog en repetidas ocasiones, nos enfrentamos ante acciones armadas del narcotráfico, no ante el SL clásico, que más bien busca que le demos una amnistía inaceptable desde todo punto de vista. Antes que pensar en estigmatizaciones, el Presidente debería saber que es la inteligencia de todo tipo la que lo podrá conducir al camino de la estrategia adecuada para enfrentar la amenaza que tiene encima.

Estas soluciones de “mano dura” no solo son inaceptables en términos éticos sino que, dado que se basan en un diagnóstico inadecuado de la realidad, no tendrán mayores efectos prácticos. Seguir pensando que la restricción indiscriminada de derechos o la afectación de los mismos fue lo que nos hizo derrotar a Sendero es no haber aprendido las lecciones de la historia. Ese cuento de que “solo el golpe y la mano dura salvó al Perú” es solo un espejismo que nos hicieron creer por años. En estos tiempos en que estuvimos sin un dictador detrás, se ha podido demostrar que se pueden procesar a las cúpulas subversivas con respeto al debido proceso y condenándolas a penas altas.

No era necesario un dictador o medidas que afecten derechos humanos. Pero parece que la necedad conservadora de Alan García - tan o más fuerte que su mentalidad populista de su primer gobierno - hace que no se de cuenta que, ante los ojos de la Historia, no quedará como un líder importante, sino como alguien que hizo un primer gobierno desastroso y un segundo gobierno mediocre. Espero equivocarme con esto último, pero, cada día que pasa, esa esperanza se va perdiendo.

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