Desde el Tercer Piso

Uno de los caseritos de este blog es el Dr. Moisés Tambini del Valle. Para quienes no se acuerden de él, es el Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, osea, el jefe de los procuradores, quien durante su gestión, ha tenido algunas perlas como las siguientes: Su interferencia en un caso de corrupción que involucra al vicepresidente Giampietri, presiones en un juicio contra el ex procurador Antonio Maldonado o su vinculación con vocales montesinistas.

Pero la familia de este personaje nos también nos ha dado grandes sorpresas. Como olvidar a la señora Nancy Ávila de Tambini, jueza que hizo prescribir el caso El Frontón, o los vínculos de su hija Mónica y su nuera con el clan Zevallos.

Hoy, Desde el Tercer Piso, les muestra que el clan Tambini ha sido bendecido con la fortuna de los contratos del Estado.

Comencemos con Mónica Tambini Ávila, sí, la notaria de Aerocontinente y cónyuge de Alberto Kouri, el protagonista del primer vladivideo. Y como ya mencionamos, hija del compañero Tambini.

Resulta curioso que, el 31 de octubre de 2007 - cuando papi ya tenía un año de jefe de los procuradores - Agrobanco contratara sus servicios notariales para su sede central. Como que no se ve bien que el banco estatal que financia los créditos de los agricultores tenga como notaria a alguien cuestionado por sus relaciones con uno de los mayores narcotraficantes del país.

Pero otra de las chicas del clan también ha tenido suerte. Rosalía Tambini Ávila se llevó, en el 2007, la friolera de S/. 29,200, obtenidos en 6 contratos de asesoría legal con la Municipalidad Provincial del Callao. El problema está en que, como sabemos, la Municipalidad tiene como mandamás a Félix Moreno, perteneciente al partido del cuñado de su hermana, el cuestionado Alex Kouri, aliado del actual gobierno.

Demasiados cuestionamientos para un funcionario del Estado y una familia que parece haber sido bendecida con la estrella de la suerte. Claro, la estrella que brilla no en Belén, sino en Alfonso Ugarte.

Una pelea donde ambos tienen que perder

Durante el fin de semana pasado, se ha desatado un fuego cruzado contra el Jefe de la Unidad de Extradiciones Omar Chehade, por recientes declaraciones sobre la existencia de presiones a la justicia chilena para evitar la extradición de Alberto Fujimori.

Las opiniones han sido divididas: mientras que ex procuradores y Mauricio Mulder han salido en defensa del abogado, Jorge del Castillo, la Ministra de Justicia María Zavala y, sobre todo, el jefe de los Procuradores, Moises Tambini del Valle, han sido bastante duros con Chehade. Tambini incluso ha llegado a plantear la salida de Chehade de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Fujimori Montesinos.

Como diría Jack el Destripador, vayamos por partes.

A mi modo de ver, Chehade cometió un error con sus declaraciones, pues no aportó sustento alguno a sus afirmaciones. Peor aún, ha incrementado la serie de suspicacias sobre la Corte Suprema de Chile, sobre el fallo que se dará en las próximas semanas. Lamentablemente, no es la primera vez que el Jefe de Extradiciones tiene declaraciones de este tipo. El triunfalismo luego del Informe de la Fiscal Mónica Maldonado con frases del corte “Fujimori debe irse acostumbrando a la brisa de la Base Naval” revelaban a un abogado que no tenía manejo político de un tema que, además de jurídico, es político.

Lo cierto y hay que recordarlo al público en general, es que los cuadernillos de extradición fueron armados en la gestión de Antonio Maldonado, entre noviembre y diciembre de 2005. Y si se revisa la sentencia del juez Alvarez en la parte de antecedentes, encontraremos que todas las actuaciones judiciales se produjeron durante la etapa en que ni Carlos Briceño ni Omar Chehade estaban a cargo de la Procuraduría Ad Hoc.

¿Quiere decir que saliendo Briceño y Chehade cambian las cosas? No. El problema es más profundo y lo ha señalado Marco Sifuentes: este Gobierno no tiene intención alguna de traer a Fujimori y tampoco quiere aclarar sus cuentas pendientes del pasado. Por ello se entiende como sujetos como Tambini, que acalló un juicio sobre Giampietri o cuya esposa hace prescribir lo del Frontón, son nombrados en altos puestos del Estado.

Vocación por la impunidad. Signo distintivo del segundo quinquenio de Alan García Pérez.

Hoy Perú.21 informa sobre las acciones que los abogados del Instituto de Defensa Legal harán frente al caso El Frontón, en el que patrocinan a la parte civil:

El Instituto de Defensa Legal y los organismos defensores de los derechos humanos iniciaron ayer una nueva batalla legal para que el Poder Judicial anule la sentencia, dictada por la Tercera Sala Penal con Reos Libres, que declara la prescripción de la matanza ocurrida en El Frontón.

Como primer paso, Carlos Rivera, abogado de Ideele y defensor de Norberto Durand Ugarte y de Gabriel Ugarte Rivera, muertos en la operación naval del 19 de julio de 1986, denunció ante la Oficina de Control de la Magistratura a los vocales Jorge Egoavil Abad, Nancy Ávila de Tambini y Malson Urbina La Torre, que acogieron el hábeas corpus presentado por el suboficial AP Teodorico Bernabé Montoya y declararon la prescripción del caso

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Como hemos se denunció en este blog esta semana, dos hechos son trascendentes en esta prescripción: la vinculación matrimonial de la vocal Nancy Ávila con el jefe (aprista) de los procuradores Moisés Tambini del Valle y la vulneración del carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad.

Motivos suficiente como para que esta resolución sea rectificada.

Y, ¿qué dice el señor Tambini sobre esto?

Ayer este blog publicó una seria denuncia sobre la prescripción del caso El Frontón, referida a una de las juezas que dictó dicha resolución, vínculada maritalmente a un funcionario del Ministerio de Justicia con carnet aprista.

La cuestión es seria y tiene que ver con dos temas principales con relación a este caso.

El primero, de índole jurídica, tiene que ver con la imprescritibilidad de los delitos de lesa humanidad. Nuestro país ha suscrito convenios internacionales en este sentido y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de prescripción que impiden investigar y sancionar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. Lo mismo han señalado instancias nacionales, como el Tribunal Constitucional y la Sala Penal Nacional.

Es decir, los jueces han ignorado lo que dice el Derecho Internacional y lo que han dicho altas instancias judiciales peruanas. Para justificar el mamarracho jurídico, han llegado a decir que lo ocurrido en El Frontón - las ejecuciones extrajudiciales ocuridas luego del develamiento de un motín - no fue un crímen de lesa humanidad. Con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, esto es bastante difícil de sostener.

El segundo aspecto es de índole política. Quien habla no se ha sumado al coro de personas - bien intencionadas o no - que han señalado directamente al Presidente de la República como autor penal de los sucesos de El Frontón. De hecho, he expresado mis dudas sobre si la estrategia de involucrar a García en este caso ha sido la más acertada para llegar a la verdad de lo ocurrido.

Sin embargo, lo de la jueza esposa del compañero Tambini vuelve a poner sobre el tapete las serias suspicacias que existen sobre un caso sobre el que no se han sancionado a los responsables luego de 18 años de haber ocurrido.

Y es más curioso aún cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación no determinó responsabilidad penal en AGP, hecho resaltado por el APRA en su pronunciamiento oficial sobre la CVR.

Si el suelo está tan parejo para los compañeros, ¿por qué una jueza tan cercana a ellos termina fallando por cerrar el caso?

Ya en otra ocasión les he hablado del caso El Frontón, uno de los fantasmas que generalmente se le recuerda mucho al Presidente y al Primer Vicepresidente de cuando en cuando. Claro, siempre hago la aclaración de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación no encontró responsabilidades penales en Alan, aunque sí políticas.

Pues bien, ha pasado desapercibida una noticia debido a los acontecimientos tristes de la semana pasada. El lunes pasado se conoció que el caso El Frontón había sido declarado prescrito. ¿El motivo? Un hábeas corpus interpuesto por uno de los marinos procesados en este caso y que ha terminado beneficiando a todos.

¿Y dónde está el detalle?

Ocurre que una de las personas que fungen de magistrados y firmó la prescripción se llama Nancy Ávila de Tambini.

Pues bien, esta señora es nada menos que la esposa de Moises Tambini del Valle, nada menos que Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado - léase, jefe de los procuradores - y, además, militante del Partido Aprista. Por cierto, Tambini ha sido abogado personal de Alan García y diputado aprista entre 1985 y 1990. Es decir, de Alfonso Ugarte hasta los huesos.

Marco Sifuentes, en el Utero de Marita, publicó tres posts sobre Tambini. Los más significativos revelaban las artimañas del abogado aprista por callar un caso sobre corrupción que involucraba a Giampietri y algunas vinculaciones poco santas de su familia con el narcotráfico.

Vinculaciones de las que su esposa no habría sido inmune. Según informó en su momento La República:

Las pesquisas de la OCMA contra Ruth Monge de Tambini (la nuera del jefe de los procuradores) alcanzarán a un miembro de su familia, la vocal provisional de la Corte Superior de Lima, Nancy Ávila de Tambini, esposa del ex diputado aprista Moisés Tambini del Valle. Nancy Ávila fue incorporada al Poder Judicial el cuatro de diciembre de 2004. “Queremos determinar si la vocal Nancy Ávila de Tambini influyó en la designación de Ruth Monge de Tambini”, indicaron las fuentes de la OCMA

Cabe recordar que a Ruth Monge se la vincula, nada menos, que con Fernando Zevallos.

Y luego no quieren que piensen que Alan no está metido en lo del Frontón.