Desde el Tercer Piso

El señor Luis Alva Castro permanece en su puesto de Ministro del Interior por una única razón: ser miembro del Partido Aprista Peruano.

Para nadie es un secreto que la gestión del también congresista es un total fracaso. No pudo comprar patrulleros por su cuenta, la seguridad ciudadana es un desastre, gasta plata del Ministerio para levantar su imagen y no reforma a la Policía Nacional.

Pues bien, si esto no es motivo suficiente para echarlo, pues los congresistas deberían mandarlo a su casa por el siguiente hecho. Informa El Comercio:

La Cuarta Fiscalía Provincial de Huamanga, a cargo de Hugo Martínez Mamani, formalizó una denuncia penal contra el suboficial de tercera PNP Carlos Alberto Rodríguez Huamaní (28) por el delito de homicidio contra Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, el pasado 19 de febrero, en Ayacucho, cuando ocurrió el paro agrario promovido por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho.

Durante la investigación, el suboficial admitió haber disparado a ambos campesinos con la escopeta de perdigones que portaba. El cargo presentado contra el suboficial es homicidio calificado y podría recibir una condena no menor de quince años.

Lo curioso es que Alva Castro le había dicho al Congreso que:

“Ninguna bala de la PNP ha causado la muerte de los campesinos. Seguimos trabajando para dar con los autores materiales. (…) Los instigadores se revelan por sí mismos y deben ser procesados por terrorismo, homicidio calificado y otros delitos”.

Cuando se produjeron los hechos, dije sobre el tema lo siguiente:

A estas alturas, sigue quedando claro que el cargo le queda grande a Luis Alva Castro. El hecho de que se han registrado disparos por la espalda en dos de las personas que fallecieron nos da una idea de que no se han respetado los protocolos de actuación policial en respeto a los derechos humanos. También es claro que no se tenian los policías suficientes para controlar la seguridad en las carreteras - una amiga mía estuvo varada durante todo el lunes, con el consiguiente peligro que pasó durante esas horas - y, mientras tanto, el Ministro se divertía con los patrulleros.

Muchos han tolerado las incompetencias de LAC en lo que se refiere a los temas de gestión. Pero aquí estamos hablando de dos ciudadanos que fueron asesinados por un Policía. El Ministro, por desconocimiento o por encubrimiento deliberado, no informó al país con la verdad de los hechos ocurridos. Y ello sólo merece su salida.

Así que señores parlamentarios, tengan responsabilidad y saquen a este incompetente. Las dos familias ayacuchanas damnificadas y el resto del país se los agradecerá.

Durante esta semana hemos podido escuchar a los cuatro grandes protagonistas del caso RBC. Tanto Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Luis Alfonso Morey y Miguel del Castillo han dado sus distintas versiones sobre el tema, cuyo único punto común es la defensa del controvertido contrato de otorgamiento de publicidad estatal al llamado “canal positivo”.

Luego de oirlos a todos – incluso, a alguno de ellos en vivo y en directo – me quedan varias preguntas pendientes sobre los distintos temas que se han tocado, con motivo de este escándalo.

LA PUBLICIDAD ESTATAL

Un primer punto a debatir es el de la publicidad que el Estado otorga a los distintos medios de comunicación. Si bien existe una normativa referida a este tema, la carencia de reglamentación de la misma hace que cada una de las entidades públicas impongan sus propios criterios subjetivos para el otorgamiento de dicha publicidad. Ello es lo que ha ocurrido en este caso.

Ni los directivos de RBC ni los ministros involucrados han podido explicarnos cuales han sido los criterios a tomar en cuenta para dar la publicidad. De un lado, Alva Castro señala que ha sido la sintonía, sin embargo, este es un parámetro que Morey y Del Castillo Jr no toman en consideración desde hace meses.

De otro lado, tal como en su oportunidad lo había mencionado el Instituto de Defensa Legal, el proceso de contratación convocado por el Ministerio del Interior fue exonerado de concursos y licitaciones. Peor aún, los spots y propaganda difundidos no sirven – como antier me lo quisieron demostrar los representantes de RBC – para mejorar la seguridad ciudadana, sino para levantar la imagen del Ministro del Interior, al que la mayor parte de los peruanos quieren ver de nuevo en su curul y no en Corpac.

Finalmente, cabe recordar que no es la primera vez que este gobierno tiene problemas con la publicidad estatal. Basta que recordemos el caso Garrido Lecca – La Razón, que evidenció las intenciones de algunos Ministros para que su imagen sea puesta en alto por parte de la prensa. Y como me hizo recordar alguien hace algunas horas, la Contraloría General de la República investigó dicho caso. ¿Dónde está ese informe? Ahora que Genaro Matute está también investigando este escándalo, sería bueno saber como quedaron sus indagaciones en el supuesto antes mencionado.

Todo ello me permite concluir que, si hay un personaje en el gobierno que está quedando bastante mal parado, es, para variar, Luis Alva Castro.

LA POSICION DE MIGUEL DEL CASTILLO

Si otra persona queda mal en esta historia es el hijo del Presidente del Consejo de Ministros. Si bien él ha negado haber sido el contacto para obtener la publicidad del Estado, hay algunas cosas que me quedan poco claras.

La primera de ellas tiene que ver con su papel en RBC. Tanto él como Morey han esgrimido que se trata de un asesor de la Alta Dirección del canal. Miguel Del Castillo, en un inicio, aceptó en la entrevista con Marco Sifuentes, que cumplía funciones empresariales. Morey precisó que las mismas se circunscribían al sector privado. Pero ayer, en el programa Enemigos Intimos, el hijo del Premier dijo que “asesoraba también en los contenidos”. ¿Pueden ponerse de acuerdo en cual es la función? ¿Los contenidos también tienen que ver con el tema periodístico?

La segunda está vinculada a la compra del canal. En la entrevista a Utero.tv, Del Castillo lo aceptó. Lo mismo hizo Morey en los descargos que me envío por escrito y, en un inicio, durante la entrevista que me concedió el martes pasado. Sin embargo, una vez que el Presidente del Consejo de Ministros negó que su hijo tenga fondos para la compra, ambos directivos cambiaron su versión, indicando que buscaban a un inversionista foráneo y que podrían controlar el canal a través de otras modalidades empresariales. La impresión que todo esto me dejó es que parece haberse detenido una operación de venta en marcha o que los Jotitas del 11 parecen estar demasiado entusiasmados con su proyecto que, por momentos, pierden perspectiva.

Y en tercer lugar, está la línea editorial del canal. Por más que Morey me explicara que eran independientes y diera su posición personal sobre el actual gobierno, RBC no es crítico con el gobierno, está aliado a un diario que respalda abiertamente a Alan García y su único programa político es conducido por una abogada que es militante aprista.

Todo ello hace pensar que, si bien Miguel del Castillo tiene todo el derecho a trabajar, tal vez lo mejor sería que, durante la gestión de su padre, deje de lado los negocios en comunicaciones, a fin de afectar un proyecto en el que parece creer sinceramente.

EL PROYECTO RBC

Brevemente me referiré a este punto, que tiene que ver más con cuestiones televisivas, pero que es necesario dejar en claro.

Entiendo que los señores Morey y Del Castillo estén empeñados en vender su producto televisivo como si se tratara de una propuesta de alta calidad. Sin embargo, creo que caen en la trampa de sus propios parámetros. Ambos hablan de calidad y de términos cualitativos. Sin embargo, en ningún momento nos mencionan los términos o parámetros con los que miden su calidad o su audiencia. Tampoco nos explican porque deberían tener más publicidad teniendo menos cobertura que el resto de canales de señal abierta, la cual recién ampliarán en las próximas semanas.

Y sobre la calidad de los programas, me remito a lo dicho por Roberto Bustamante en su blog y que se puede resumir en lo siguiente: el hecho de que sus conductores sean conocidos no tiene relación directa con el producto televisivo, sino con otros factores. Creo que el ejemplo de Alfredo Gonzáles es el mejor indicador de la calidad de esta televisora.

A MODO DE CONCLUSION

Todo este escándalo nos debe hacer reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en una sociedad. Son formadores de opinión y vehículos de entretenimiento, pero ello lo deben hacer con calidad y con independencia del gobierno de turno.

Si los señores Morey, Belmont y Del Castillo están empeñados en ello, pues tendrán que hacer serios ajustes. Lo que pude comprobar, tanto en lo que he investigado como in situ en el propio canal 11 es que tienen mucho por recorrer y, a mi modo de ver, lo tienen que hacer con mayor transparencia y evitando las suspicacias.

En cuanto al gobierno, me queda claro que están buscando medios de comunicación dóciles, poco críticos y la publicidad estatal parece ser un método de atracción en el camino. Y no se percatan que la población no es ilusa y no va a cambiar su opinión sobre la desastrosa gestión de Alva Castro por 5,000 spots. Por lo demás, el lunes que vayan al Congreso, tanto él como Jorge del Castillo deberán darnos mejores explicaciones que las que hasta ahora han brindado, pues resultan ser insuficientes, a la luz de lo antes relatado.

Ambos, medios y gobierno, tienen que percatarse que la ciudadanía reclama una cosa básica: transparencia. ¿Serán capaces de afrontar ese reto?

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Las últimas protestas violentas ocurridas en el país durante la semana pasada han puesto en evidencia que el gobierno, además de no tener una política eficiente para el manejo de conflictos, no cuenta con medios adecuados para asegurar la seguridad de todos los peruanos.

Independientemente de quien haya causado la muerte de cuatro personas durante dichas manifestaciones – en particular, los dos campesinos fallecidos en Ayacucho – lo cierto es que la Policía Nacional no ha sido capaz de controlar el uso de la fuerza, sea de sus propios miembros, sea de quienes el Ministro del Interior sindica como las personas que cometieron los asesinatos. Peor aún, la existencia de dos informes contradictorios de la propia PNP hace difícil establecer con claridad que fue lo que realmente pasó, con todos los perjuicios que ello conlleva.

¿Qué nos indica esto? Que no contamos con una Policía suficientemente organizada para afrontar lo que van a ser una serie de protestas sociales, sea por el tema de las cumbres internacionales o por los problemas existentes en el país. Y ello tiene que ver con la ausencia de una reforma policial consistente y que no ha sido retomada luego de los impulsos iniciales a inicios de esta década.

Peor aún, la ausencia de un liderazgo claro en el Ministerio del Interior nos demuestra a las claras que el capricho presidencial al mantener a Luis Alva Castro viene causando efectos perjudiciales. Y no solo se trata de la muerte de ciudadanos, sino de la falta de estrategia para afrontar la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso – y, sobre todo, la carencia de apoyo real, como lo señaló un reciente artículo de Gustavo Gorriti en Caretas – o los temas de gestión referidos a la compra de patrulleros o al manejo de nombramientos dentro de un sector bastante caliente.

En un país tan poco institucionalizado como el Perú, lo que hagan las personas que se encuentran a cargo de puestos de relevancia determina finalmente cual es el destino real de las políticas públicas. Lamentablemente, cuando una persona que no se destaca por su competencia está al frente de estas instituciones, termina perjudicando tanto al gobierno al que dice servir como a un país que requiere que el orden se imponga, con respeto a los derechos humanos y con inteligencia.

(Artículo aparecido originalmente en Prensaperuana.com)

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Fernando Rospigliosi: ¿País ingobernable?

A estas alturas del partido, asociar al Ministro del Interior con la incapacidad es casi como señalar una tautología. Luis Alva Castro, convertido en el mayor lastre del gabinete del Castillo, sigue siendo el rey del yerro, con el aval presidencial que impide que se le saque del cargo, además, claro, de una oposición que dista de serlo en muchos temas y forzar lo que debiera ser una interpelación acompañada de una moción de censura.

Durante el año pasado Alva Castro había hecho suficientes méritos para dejar un cargo que siempre le quedó grande. Nunca tuvo idea de una política de seguridad ciudadana, no supo comprar patrulleros y la transparencia en general no ha sido una regularidad de su gestión. Sin duda, era candidato para salir en diciembre pero más puede el carnet que la capacidad, en el extraño criterio que tiene Alan García para mantener ministros incompetentes y cuestionados en el cargo.

Pero durante este año el mochero ha hecho nuevas “hazañas” que ameritan una nueva petición para que su jefe le cante Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas.

La más importante tiene que ver con la huelga agraria de la semana pasada, en la que fallecieron cuatro personas. Y aquí hay que hacer notar dos graves problemas.

El primero tiene que ver con el menosprecio por la vida humana con el que el gobierno ha encarado estos fallecimientos – dos de ellos por heridas de bala en la cabeza – y que vuelven a reflejar los graves problemas de falta de ciudadanía existentes en el país. Wilfredo Ardito y Nelson Manrique han comentado más ampliamente este tema y señalan que poco le faltaba a Alan para decir que los muertos se habían suicidado. ¿Y Alva Castro? Pues entretenido con los patrulleros que Corea del Sur nos ha regalado, a falta de capacidad para poder adquirirlos con transparencia.

El segundo está referido a la falta de preparación policial para enfrentar conflictos sociales que amenazan el orden interno. Anota Fernando Rospigliosi:

Es muy fácil bloquear una carretera y muy difícil desbloquearla. Pero hay algunos puntos que son conocidos. Con algo de prevención se pudo haber impedido, por lo menos, algunos de los estragos causados por la obstrucción de las vías.

Tampoco se ha hecho nada por dotar a la Policía de instrumentos no letales para enfrentar estos problemas de orden público. Antes no había dinero, pero ahora las arcas del Estado están colmadas.

¿Y en que gasta el Ministerio del Interior los recursos necesarios para implementar una política de control del orden interno que no vulnere los derechos humanos? Pues en más publicidad para ensalzar la desastrosa gestión de Alva Castro. Propaganda que, por cierto, está exonerada de cualquier proceso de selección. Así, en principio, el MININTER gastará más de seis millones de soles en compra de publicidad, cuestión que ya ha hecho el año pasado. Lo peor es que, además de sospechoso, estamos ante la reincidencia en este tipo de exoneraciones para levantar la imagen de un Ministro cuestionado.

Pero no es lo único mal que huele en Corpac. Como lo ha informado la Unidad de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, una de las personas que está fungiendo de asesor informal de Alva Castro es Freddy Ghilardi, quien tiene el dudoso honor de haber sido el primer presidente regional en ser vacado por malos manejos durante su gestión en Ancash. Ghilardi, por cierto, es miembro del partido de gobierno y hace algunos meses estaba voceado para ocupar la Dirección General de Gobierno Interior, la oficina que controla el nombramiento de gobernadores y tenientes gobernadores, generalmente miembros del partido de gobierno.

Pero si ya por esto Alva Castro merecería una severa interpelación, lo que ha contado Gustavo Gorriti esta semana merece activar todas las alarmas pues demuestra el nivel de irresponsabilidad del Ministro en un tema sensible para todos: la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso.

Como menciona Gorriti, el actual jefe de la lucha contrasubversiva es Luis Valencia Hirano, una de las tres personas que capitaneo el GEIN y el único de sus líderes que permanece en actividad. Sin embargo, tanto él como los miembros de su equipo no fueron considerados para los ascensos – incluso, como indica el periodista, se prefirió a alguien cuyo mayor mérito fue servir en el Comité de Damas de la Policía – y, peor aún, el MININTER no paga desde octubre los viáticos a los policías de la DINCOTE en el Alto Huallaga ni les ha dado los fondos especiales para operaciones.

No hay duda. La incompetencia puede ser más mortífera que una bala. Esta desastrosa gestión lo confirma.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Oposición buscará censurar a Alva Castro por muertes

Vía Perú.21:

El Congreso de la República rechazó esta tarde la moción de censura presentada por un sector de la oposición contra el ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien hace dos semanas fue interpelado por la cancelada adquisición de 698 patrulleros chinos, así como por la compra de material antimotines para la Policía Nacional.

Esta iniciativa no prosperó al necesitarse un mínimo de 61 votos, es decir, la mitad más uno del número legal de parlamentarios. La votación final, arrojó como resultado 51 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones. Esta última fue la posición tomada por la bancada fujimorista.

Varias cosas que mencionar.

No fueron todos los congresistas. 8 estaban con licencia ¿Y los demás? Esto provocó que la abstención fujimorista terminara salvando la cabeza al incinerado Ministro del Interior. Un respiro para Palacio de Gobierno y para el APRA.

Sin embargo, si Jorge del Castillo quiere hacer una evaluación a conciencia de su equipo ministerial, deberá percatarse que no puede seguir manteniendo a un Ministro que causa tantos problemas al gobierno.

La permanencia de Alva Castro gracias a la falta de votos para censurarlo sin duda supone un alivio para el gobierno. Pero no representa una victoria. El hecho de tener una cartera tan importante al garete, que requiere de reformas urgentes y de la cual depende un aspecto tan importante para la ciudadanía como es el de la seguridad ciudadana es un baldón para cualquier gobierno que se precie de serlo.

Si el Congreso no pudo censurarlo, tal vez sea hora de que el Ministro entienda que su presencia le hace daño al partido que tanto aprecia y al país por el que dice trabajar. La renuncia siempre es más digna que una “salida por evaluación”. Quizás sea el único camino que le quede a Alva Castro, si es que aún tiene algo de decencia en su interior.

LAS REACCIONES:
Jorge del Castillo: Esto no se puede calificar como triunfo o derrota
Guido Lombardi: Ministro del Interior ha quedado sin peso político
Luis Benavente (Universidad de Lima): Blindaje a Alva Castro le está costando mucho al Gobierno
Menos Canas: Decepción anunciada

Cubierto por cortinas de humo, el tema de la censura a Luis Alva Castro entra a un serio punto de entrampamiento a pesar que existen suficientes motivos para que este personaje, un viejo dirigente aprista, deba salir del Ministerio del Interior.

En un post anterior detallé las razones por las que consideraba conveniente esta salida, sobre todo, dadas las mentiras dichas durante la interpelación, sobre todo, en lo que respecta a la antigûedad de los pertrechos militares, que Alva sigue repitiendo que se compraron por última vez en 1994. Sin embargo, esta noticia del diario argentino Clarín, aparecida el domingo 30 de julio de 2000, luego de la Marcha de los 4 Suyos, lo desmiente:

Los 35.000 policías desplazados en el centro de Lima utilizaron aproximadamente 12 toneladas de bombas lacrimógenas para reprimir a los manifestantes de la “Marcha de los Cuatro Suyos”, dijeron fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los proyectiles de mayor demanda fueron los de la clase “514-CN” y “515-CS”, que al ser detonados masivamente consiguen una rapidísima difusión y se mantienen en el ambiente hasta por 15 minutos.

Con esto se comprueba un procedimiento similar a la compra de pertrechos cuestionada hace semanas - lo que implica modus operandi que no han sido combatidos oportunamente - y la confirmación de que el Ministro engañó al Congreso de la República y a la ciudadanía en general. ¿Y qué hace el Ministro?

Pues contrata publicidad a montones para mejorar su imagen. La Resolución Ministerial N° 0565-2007-IN/PNP exoneró del proceso de selección la contratación de servicios de publicidad, con lo que el Ministerio ha podido suscribir contratos por cantidades significativas con los medios de comunicación, en tiempos de austeridad y con una gestión sumamente cuestionada.

Peor aún, siguen saliendo los signos de que algo anda mal con las compras en el edificio de Corpac. Hoy El Comercio presenta un reportaje de su unidad de investigación que evidencia la celeridad que se tuvo en la compra de pertrechos: el 18 de julio de 2007 se aprobaron 10 documentos que permitieron dicha operación, que fue firmada por el propio Alva Castro ese mismo día. Una celeridad que debería ser la que caracterice a los procedimientos en favor de los ciudadanos termina siendo la principal aliada de malas prácticas y favorecimientos indebidos. Es más, ayer el diario decano, que no acostumbra hacer muchas olas en torno a cambios ministeriales, se mandó con un editorial pidiendo la salida de Alva Castro.

A estas alturas, la permanencia del actual Ministro del Interior es insostenible. Sin embargo, hay dos elementos que juegan a favor de su permanencia en el cargo: la “habilidad” aprista para el manejo del Congreso y la debilidad de la oposición.

Fuentes del edificio de la Plaza Bolívar han podido confirmar a este blog que hasta el momento la oposición no tiene los votos necesarios para conseguir la censura. UPP sigue siendo el caso emblemático: los congresistas más cercanos a Aldo Estrada votarían en contra de la moción de censura. Ya hemos comentado el caso de Unidad Nacional, donde la unidad en este tema parece ser tan imposible como la renuncia de Manuel Burga. Y un permiso a la congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca ha activado las alarmas en predios ollantistas, pues se ha conminado a todos los parlamentarios de Humala a votar por la censura, so pena de sanción. Finalmente, en Alianza Parlamentaria, parece darse por perdido el voto del congresista evangélico Juan Perry.

Y claro, en Alfonso Ugarte se saca provecho de esto, se dilata la votación y se hacen los acercamientos - abiertos o no tanto - para evitar la caída del compañero en desgracia.

Lo peor del caso es que los perjudicados somos los ciudadanos. Sin una gestión transparente en compras, sin una política coherente de seguridad ciudadana, sin una Policía en trayecto de reforma hacia una institución mejor, sin plan antidrogas, sin un Ministerio reconstituido. En suma, sin un Ministerio del Interior.

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Ayer Luis Alva Castro afrontó una interpelación dura y que podría costarle el puesto. Independientemente de las disquisiciones legales sobre la procedencia de la moción presentada - cuestión que puede subsanarse con la presentación de otra que la reemplace - lo cierto es que el destino del Ministro depende de Unidad Nacional y del Fujimorismo, que en estos días tomarán una decisión final sobre una gestión sumamente cuestionada.

A mi modo de ver, no hay riesgo de desestabilización del régimen por la salida de Alva Castro, como lo han mencionado Antero Flores - Araoz y César Zumaeta. Por el contrario, el gobierno debería dar las gracias a la oposición por librarlo de un ministro que ha dado grandes muestras de incompetencia.

El caso Patrulleros II olía mal desde el inicio. Desde una empresa vinculada con el tráfico de mercenarios a Iraq, pasando por la sobrevaloración de los vehículos, la mala calidad de los mismos, los talleres de barrio donde se repararían, hasta llegar al extremo leguleyo para anular la operación - lo que permitió decir a Alva Castro que no se había pagado ni un solo sol - son un cúmulo de evidencias que ponen de relieve la poca capacidad del Ministro para: 1) Ordenar y reformar un sector que necesita cambios a gritos, 2) dejar bien parado al Presidente que lo respalda y 3) hacer una compra bien luego del desastre que supuso la primera adquisición de patrulleros.

Y en lo que se refiere a la cuestionada compra de pertrechos policiales, Alva Castro tuvo la caradura de mentir ayer. Según ANDINA:

Además, dijo que las bombas lacrimógenas eran obsoletas al haber expirado en 1999.

Recordó que la última vez que se compró dicho material fue en 1994 y en cuyo contrato se establecía un periodo de vida de 5 años

Dos reportajes periodísticos lo desmienten. Cuando Correo investigó una compra de bombas lacrimógenas otorgada a quien vendió estos pertrechos robados a la Policía, se dijo lo siguiente:

En este caso -y de acuerdo a la Inspectoría General de la PNP- Renato Díaz Costa ingresó a los almacenes de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la PNP la cantidad de 1,095 bombas lacrimógenas y 516 cartuchos de salva en presunto mal estado y sin la garantías necesarias para una correcta y segura utilización.

Este material de guerra, curiosamente, había sido adquirido en el 2000 y para repeler la Marcha de los Cuatro Suyos.

Y lo mismo dijo Marco Antonio Vásquez de La Ventana Indiscreta sobre una compra sobrevalorada de gases lacrimógenos en 2005 (osea, que el problema es añejo):

El seis de mayo de este año, la Policía Nacional del Perú convocó la licitación número 001-2005-DIRECFIN /PNP con el objeto de adquirir granadas y cartuchos lacrimógenos. Según datos de la División de Municiones y Armamento, la última compra a gran escala de material lacrimógeno se realizó en el 2000. La venta de las bases este año, empezó el 6 de mayo.

Para mentir y comer pescado, hay que tener cuidado. Puede costar un puesto de Ministro.

Hoy se celebra el día de la Policía Nacional. Y hoy también aparece en algunos medios los resultados de una encuesta elaborada por la PUCP sobre la percepción ciudadana frente a la Policía. Esta muestra de opinión no hace sino confirmar la mala imagen que buena parte de la ciudadanía tiene de la Policía Nacional, en la que la mayoría de los encuestados no termina de confiar.

Sin duda, la mala práxis de algunos miembros de la PNP ha provocado una reacción de este tipo. Denuncias de corrupción menuda, maltratos en comisarías o la sensación de que dejan libre a los ladrones de poca monta que más daño hacen a la población provocan una percepción bastante extendida.

Pero, como indica hoy en su editorial Augusto Alvarez Rodrich, el problema es más complejo:

El policía es, para empezar, un servidor público mal pagado, mal vestido, mal tratado. No se le ofrece las condiciones básicas para que pueda cumplir su papel, lo cual afecta la posibilidad de que se desempeñe con honestidad y eficiencia. Por ello, me pregunto lo que debe sentir un policía honesto cuando se entera del poco cuidado que se tiene en el uso de los recursos escasos del sector.

Pues bien, congresistas como el actual Presidente del Congreso se desesperan por salir ante cámaras para proponer mejoras en las condiciones salariales de la Policía o para descartar huelgas policiales. Sin embargo, ¿qué hacen nuestros polìticos para reformar la estructura policial?

Hace 6 años, el gobierno de aquel entonces conformó una Comisión de Reestructuración de la Policía Nacional, que elaboró un Plan de Reforma con plazos, metas e indicadores bastante claros. Se avanzó algo, pero la salida de los impulsores de la reforma del Ministerio del Interior terminó liquidando este esfuerzo.

Sin embargo, dicho plan aun está allí, a disposición de este gobierno, para que lo pueda ejecutar. Pero parece que el sector seguridad e interior, más allá de la retórica, no interesa.

Y es que las recientes compras frustradas de patrulleros y la cuestionada adquisición de pertrechos hacen pensar que el problema tiene que ver también con una reestructuración del Sector Interior, que vaya más allá de la reforma policial. De lo contrario, compras como esta seguirán constituyendo un maltrato a una institución que merece un mejor futuro, para el bienestar de todos los peruanos.

A estas alturas del partido, queda claro que Luis Alva Castro es el más serio candidato para dejar el Gabinete, en opinión de la mayoría de los ciudadanos.

Claro, porque para el Presidente sería perder a su Primer Ministro de recambio.

Alva Castro solo ha podido exhibir un solo logro en su gestión: el desalojo del Mercado de Santa Anita. Pero un desalojo, por más compleja que haya sido la situación existente, no marca el destino de una política de Estado y termina siendo, como buena parte de las cosas en este gobierno, un mero gesto.

Sin embargo, el Ministro no ha podido hacer una real política de Estado en Seguridad Ciudadana. A estas alturas, es vox populi que en el edificio de Corpac ni se le siente y que no tiene un real manejo de su sector, librado a la buena voluntad de su viceministro y a las “artes” de su cuestionada Secretaria General, involucrada en el papelón más grande de su gestión: la compra de los patrulleros chinos. Y no hablemos de la cuestionada compra de pertrechos y municiones, que sigue destapando, cual Pandora, sus secretos.

Hoy, en su columna, Fernando Rospigliosi da cuenta de un hecho que, puede parecer simple, pero que en la lógica policial es casi un pecado:

Cabe señalar también que entre los muchos desatinos cometidos por Alva Castro, está el de haber conformado el comando policial -recientemente reorganizado- exclusivamente con miembros de la ex Guardia Republicana (GR). En efecto, el director general de la Policía, el jefe de Estado Mayor y el inspector general, así como el jefe de la región Lima provienen de la Guardia Republicana.

Al margen de las calidades personales de esos oficiales, es importante mantener el equilibrio entre las antiguas instituciones que conformaron la Policía Nacional: la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. Existen culturas institucionales distintas, habilidades diferentes y también recelos y rencillas. Eso va a durar todavía varios años y hay que manejarlo con cuidado. No lo están haciendo.

Alva Castro ha hecho primar, además de equivocadas designaciones, el criterio de antigüedad, cuando lo que debe predominar es el de la capacidad y las pericias específicas. Aparte del asunto del comando policial, acaba de cambiar al jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), un eficiente oficial de la ex PIP, que estaba en lo suyo, al puesto de director de Operaciones, que no es su campo.

Por menos que esto, Pilar Mazzetti dejó el cargo. Pero claro, como muchas cosas en este gobierno, el doble rasero viene primando.

Esta tarde, se conoció que el Ministerio del Interior anuló la cuestionada compra de patrulleros chinos.

Pero, calma, no ha sido porque se dieron cuenta de la corrupción. Perú.21 nos dice que:

Según informó el jefe de asesores de dicho portafolio, José Abramovich, la empresa en mención no se presentó a la firma del contrato programada para el 15 de agosto pasado, para lo cual debía haber presentado una tercera garantía, tal como lo establecen las normas.

“Ellos no se han presentado a la firma del contrato y el Ministerio del Interior, en cumplimiento de las normas legales, es que ha declarado desierto el proceso”, expresó en declaraciones a RPP.

Para decirlo en cristiano: como la compra está con roche, el Ministerio ha revisado algún aspecto del contrato que podría permitirle salir del asunto. Y claro, dado lo chicha que se ha manejado todo esto, era fácil saber que el consorcio ganador no tendría la tercera garantía.

Sin embargo, parece que no han aprendido la lección y pretenden utilizar nuevamente la subasta inversa. Personas que conocen algo de contrataciones y adquisiciones del Estado me señalan que este método solo se utiliza para compra masiva de papel o de utensilios de oficina, pero nunca para algo tan grande como vehiculos que tendrán un uso superintensivo.

¿Las reacciones? Mientras que Rospi dice que esto ha servido para salvar a Alva Castro de la (postergada) interpelación, Vitocho señala que esto demuestra que la compra fue pésima.

Y usted, ¿que opina?

(Foto: Luchin.com)