Desde el Tercer Piso

Hace algunos días, tuve una conversación con un amigo simpatizante del APRA, en la que conversamos sobre como iba el gobierno y como se percibía desde las bases del partido las tendencias políticas y económicas.

Cuando llegamos al tema laboral, era inevitable la pregunta sobre la presencia de Mario Pasco Cosmópolis. Y la respuesta de mi amigo no dejó de sorprenderme: Por más derechizado que esté el gobierno, en algo que no cederá el APRA es en sus banderas laborales. Pasco es consciente de ello y ya está cambiando sus pareceres de antaño.

Parece que esta apreciación no es desacertada.

Como varios, desconfié de la designación de Pasco, cuyo desempeño profesional ha estado ligado más con los intereses de los empleadores en general, lo que hacía pensar que inclinaría la balanza hacia el lado más fuerte de la relación laboral.

Sin embargo, el Ministro de Trabajo ha dado muestras que no quiere ser considerado como el representante de los empresarios en el gabinete. Para comenzar, ha vuelto a poner en la agenda la Ley General del Trabajo, con un proyecto modificatorio que viene preparando el ex ministro Javier Neves – cuyas tendencias ideológicas están en las antípodas de las de Pasco – y no ha dudado en negarle al Ministerio de la Producción el control del tema de las PYME, tal como lo ha ambicionado Rafael Rey desde que comenzó este gobierno.

Asimismo, despertando la preocupación de columnistas como Mario Ghibellini, Pasco se ha reunido más con los sindicatos que con los gremios empresariales. La verdad, yo no veo nada de malo en ello, como lo quiere dar a entender el co-autor de El Otro Sendero. De un lado, los sindicatos actuales en el Perú no tienen la fuerza suficiente para cooptar a un ministro de Estado. Del otro, es necesario que, sin compartir plenamente su pliego de reclamos y su agenda política, los ministros tengan una relación fluida con los sindicatos. Ya bastantes ejemplos de malcriadeces hacia los gremios hemos tenido en este gobierno como para seguir con una relación de confrontación.

Pero donde mayores sorpresas ha causado Pasco es en su visión sobre el tema de fondo: flexibilizar más o no el régimen laboral. Y en las dos entrevistas que le he visto – tanto en El Comercio como en Prensa Libre – ha manifestado que el problema de la formalización de las pequeñas y microempresas no pasa por “sobrecostos laborales”, sino por bajar las trabas burocráticas y simplificar el régimen tributario de estas empresas. Asimismo, en un gesto de audacia hacia parte del empresariado, ha manifestado que el tema de los despidos no tiene que ser la preocupación central, dado que se trata de una situación de carácter excepcional. Cuestión que, hasta el momento, ha marcado una de las principales barreras para que se adopte una nueva legislación laboral que equilibre lo ocurrido en los años noventa.

Siendo esa la política del Ministro, quedan aún algunas preguntas flotando: ¿Serán los sindicatos lo suficientemente maduros para aprovechar una oportunidad de diálogo que pueda consolidar una nueva normativa que pueda beneficiarlos en algo? ¿Serán los empresarios suficientemente abiertos a esta visión del Ministro Pasco, que los termina descolocando de alguna manera? ¿Cómo manejará el gobierno las tensiones que se produzcan entre el titular de Trabajo con otros de sus pares y con el ala izquierda del APRA?

Daremos un tiempo antes de poder contestar estas interrogantes. Mientras tanto, seguiremos observando que pasa en el campo laboral. No solo son necesarios más puestos de trabajo, sino también que tengan los derechos básicos garantizados. De ello no debe olvidarse el gobierno, los sindicatos, los empresarios y todos los peruanos.

Durante las últimas semanas, hemos sido mudos espectadores de uno de los conflictos sociales más dramáticos que he podido ver en los últimos años, que tienen como involucrados a la Compañía Minera Casapalca y a sus trabajadores, junto al Ministerio de Trabajo y a decenas de personas que se encontraron varadas en la Carretera Central por varios días.

Casapalca es un yacimiento minero ubicado en la sierra de Lima, a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, en el que se produce plata, zinc, plomo y cobre. Su Presidente Ejecutivo Alejandro Gubbins Granger - en conflicto con sus hermanos por la titularidad de otra empresa minera - realiza con sus trabajadores prácticas que lo asemejan a los gamonales de la época anterior de la Reforma Agraria.

En Casapalca, casi todos los trabajadores de la empresa son subcontratados. Según ha referido la Ministra de Trabajo Susana Pinilla, varias de las empresas contratistas son Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (es decir, una persona como tu o como yo) con patrimonios tan bajos que no permiten cubrir los costos de una operación minera. Es decir, existen todos los indicios para que presumir que se encubre una relación laboral. ¿Razón principal para ello? No pagar sueldos altos y tampoco repartir utilidades a los trabajadores.

La gota que rebalsó el vaso fue el despido de 35 trabajadores de la empresa, entre ellos, los dirigentes del recién formado sindicato. Ya se imaginarán que la idea de tener un gremio no le gustó para nada a Gubbins y por eso se comportó como un violador flagrante de la ley laboral y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. A ello se suman sus negativas a negociar cualquier solución a los justos reclamos de los trabajadores, que no solo incluyen sueldos, sino mejora en sus condiciones de trabajo y vivienda.

Claro, ello no implica que uno esté de acuerdo con la violencia vista en estas semanas, o con el bloqueo de carreteras que, a la postre, ha costado varios muertos, sean en los enfrentamientos (tanto mineros como policías) o como consecuencia del bloqueo. Ello termina deslegitimando ante la opinión pública los justos reclamos de los mineros, que terminan salpicados por estos atentados a los derechos fundamentales.

Sin duda, el Ministerio de Trabajo ha hecho lo que ha podido. Ha conseguido el desbloqueo de la vía y, además, ha multado a la empresa por sus malas prácticas laborales. El tema es que Gubbins y los demás representantes de la minera no quieren hacerse responsables por las normas incumplidas y los continuos atropellos a los trabajadores. Si bien hay buena voluntad de parte del Ministerio por solucionar el conflicto, tal parece que la solución definitiva esperará aun más, dado que la intransigencia de los empresarios, en este caso puntual, echa por tierra cualquier intento de resolución del conflicto en el corto plazo.

Esto no es solo un atentado contra los derechos fundamentales, sino que termina salpicando al empresariado, que debe deslindar, con la misma energía que lo hace frente a la inaceptable violencia, con las malas prácticas laborales. Ahora se viene un TLC que exige el cumplimiento de las normas de la OIT, con lo que este triste episodio - esperemos - sea uno de los últimos de este tipo que tengan que cubrirse.

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