Desde el Tercer Piso

Justicia, lucha contra la corrupción y derechos humanos en el primer año de gobierno

La tarea por tener una mejor administración de justicia, acabar o disminuir el flagelo de la corrupción y tener presente la importancia de los derechos humanos constituyen cuestiones que todo gobierno debe enfrentar, no solo como una cuestión de mejora de condiciones para la inversión, complementar la reforma del Estado o hacer que se gaste de mejor manera los recursos fiscales, sino también con un tema de la más amplia importancia ética y de consolidación del sistema democrático.

Desafortunadamente, el gobierno parece no haber entendido esta tarea urgente y ha culminado teniendo serias dificultades de articulación de políticas en estas áreas, así como groseros errores que, a mi modo de ver, explican la naturaleza conservadora de este régimen.

Luego de un sonado escándalo de corrupción que involucró a un Vocal de la Corte Suprema, el gobierno señaló que una de sus prioridades sería colaborar con la reforma de la justicia. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de ayudar con dicha tarea, no quiso emprender reformas: Observó la Ley de Carrera Judicial, su partido no ayudó a impulsar la Reforma Constitucional en materia de justicia, el presupuesto del Poder Judicial sigue siendo bajo y las recomendaciones de la CERIAJUS siguen durmiendo el sueño de los justos.

¿Responsabilidad solo del gobierno? Ciertamente no, pues muchos de los actores que llegaron con expectativas no han hecho cambios fundamentales, sobre todo por una estructura de la Corte Suprema que es ajena a todo tipo de cambio.

Pero también el gobierno tiene su cuota en no contribuir a liderar este esfuerzo. La designación de María Zavala y de una serie de colaboradores bastante cuestionados - desde personas involucradas en casos de narcotráfico hasta el fiasco que resultó ser Benedicto Jiménez en el INPE -, así como la carencia de planes claros sobre el tema judicial terminaron enturbiando una gestión ministerial que, esperemos, acabe mañana sábado.

En lo que respecta al tema de lucha contra la corrupción, los baldones no solo se han referido al poco interés en la extradición de Fujimori, sino también en la cuestionada designación de Moises Tambini del Valle como Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, a pesar de los serios cuestionamientos en su contra.

Peor aún, el gobierno ha tenido casos de corrupción bastante graves en lo que se refiere a adquisiciones - patrulleros (con Mazzetti y, al parecer, también con Alva Castro) y ambulancias -, compra de contenidos de medios de comunicación, entre otros. Tampoco se tuvo la voluntad de crear una autoridad de prevención contra la corrupción y los cambios que se pretende hacer en los organismos encargados de vigilar las compras estatales y proyectos de inversión solo buscan relajar dichos controles.

En lo que respecta a los derechos humanos, han existido más sombras que luces. Comenzando el gobierno, se planteó una propuesta de pena de muerte para los violadores de menores de edad y, posteriormente, para casos de terrorismo. El fracaso de esta última terminó con cualquier pretensión mortícola, por ahora… (Por cierto, con protesta blogger de por medio)

Posteriormente, una propuesta para otorgar defensa legal a los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos terminó encendiendo una polémica sobre el nivel de responsabilidades que el Estado peruano está dispuesto a aceptar en casos de graves vulneraciones de los derechos fundamentales. Aunque la medida podía ser entendida como un amparo a personas que actuaron en nombre del Estado, dio la sensación de búsqueda de impunidad, sobre todo por declaraciones del Primer Vicepresidente de la República en contra de estos procesos judiciales.

Por cierto, Giampietri se convirtió en un personaje controvertido por investigaciones a organizaciones no gubernamentales, por mociones que pretenden invalidar el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y por tener un asesor facista. Además, impulsó una moción contra una Sala Anticorrupción por citarlo a declarar como testigo en el caso Colina.

Y siguiendo ese camino apristas, fujimoristas y pepecistas aprobaron una norma que procura controlar los contenidos de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. La incomodidad de los partidos políticos y los empresarios con organizaciones que se ocupan de temas ambientales, lucha contra la impunidad y derechos humanos terminó en un mamotreto controlista que, esperamos, sea anulado por el Tribunal Constitucional.

Además, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Castro Castro terminó desatando un debate que parecía superado sobre la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos, así como sobre el monumento El Ojo que Llora.

Los únicos avances reales se sintieron en el campo de las reparaciones a las víctimas de la violencia: se creó el Consejo de Reparaciones que elaborará el Registro Único de Víctimas y se inició con el programa de reparaciones colectivas.

Finalmente, resulta serio que el gobierno no haya implementado el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por la administración anterior, lo que denota la real voluntad política del gobierno sobre esta materia.

Lo peor del caso, es que el gobierno no se da cuenta de estos horrores. Por el contrario, parece estar muy convencido de su tendencia sobre estos temas. Ello explica por que su vocación por el cambio es tan reducida.

El gobierno sigue metiendo la pata

Vaya que el gobierno, en casi silencio, ha cometido errores bastante gruesos en estos días. Hemos elegido tres de ellos, dejando de lado la poco afortunada declaración de Mauricio Mulder sobre los cineastas peruanos, que los amigos de Cinencuentro comentan mejor que yo.

¿LA LEY ES PARA TODOS?

Cecilia Chacón de Vettori es congresista fujimorista. Ello no ocasiona ningún inconveniente, pero sí lo constituye el hecho de que esté procesada por complicidad en corrupción y peculado y se haya negado a acudir a las audiencias del proceso penal que se le sigue alegando su inmunidad parlamentaria y la tan manida “persecusión política” que alegan los fujimoristas procesados por corrupción, lágrimas incluidas en este caso.

Este hecho le ha valido que la Primera Sala Penal Anticorrupción la declare como “procesada contumaz”. Para complicarle más las cosas a la congresista, la semana pasada el Tribunal Constitucional señaló los límites de la inmunidad parlamentaria, indicando que ésta sólo se aplica a los procesos penales que se interpongan en contra del funcionario durante el periodo que desempeñen su puesto, no para los procesos iniciados antes de asumir su función. Y dado que la inmunidad es una norma procesal, la sentencia del TC tiene efectos inmediatos, por lo que la congresista debía acudir a las diligencias a las que no va desde hace sesi meses.

Pero ayer Chacón consiguió una nueva abogada, nada menos que la Ministra de Justicia María Zavala, quien señaló que el Poder Judicial debía ser más flexible con el caso de la congresista - declaración dada previa conversación con Luisa María Cuculiza -, declaración que, de acuerdo a El Comercio, resulta contradictoria con su posición dada 24 horas atrás. Felizmente, y en esto hay que reconocer el mérito, el Presidente de la República señaló que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley.

Si bien es cierto que el proceso contra la congresista y su padre - Walter Chacón, ex Ministro de Defensa y actual regidor metropolitano por el fujimorismo - se ha prolongado por 6 años, plazo excesivamente largo, también es real que la inmunidad parlamentaria no es una patente de corso para que una persona se niegue a acudir a las instancias judiciales.

Finalmente, como lo mencionó días atrás Cecilia Valenzuela, la congresista Chacón tiene muchas cosas que explicar ante la justicia, como “el dinero con el que construyó el hotel hacienda que tiene en Cajamarca“, o “la compra de 4 camionetas 4×4” o “las dos cuentas bancarias que están a su nombre, una por 80 mil dólares y la otra por 8 mil“. La coartada de Chacón fue mencionar que ella había ahorrado ese dinero durante su trabajo en Estados Unidos, pero su esposo declaró que ella nunca había laborado en ese país. Sin duda, todo un caso digno de estudio, luego de que varios periodistas - entre ellos la revista Caretas y la propia Valenzuela - creyeran en la palabra de la familia Chacón sobre su falta de conexiones con el fujimorismo.

La Ministra de Justicia, sin duda, se ha ganado otro problema más interfiriendo en un caso judicial. Y si pueden revisar los post de los últimos 8 meses, hace rato que hace méritos para dejar vacante su puesto.

POLAR: EL AMIGO DEL ESTADIO Y DEL CHUPON

Ayer martes, Perú.21 reveló la identidad de uno de los acompañantes del Ministro de Agricultura Juan José Salazar, al polémico viaje a Tocache para la negociación con los cocaleros. Su nombre: Juan Carlos Polar Echeandía.

Polar fue asesor de David Waissman durante su breve paso como Ministro de Defensa. Tuvo que salir de su puesto ante denuncias que lo vinculaban a actividades de inteligencia y al uso de equipos de interceptación telefónica que habían sido sacados del desactivado SIN de Montesinos. Waissman ha confirmado que Polar es especialista en temas de espionaje.

Según informa hoy el diario de Alvarez Rodrich, Polar habría estado involucrado en un fallido atentado contra el comandante general de la Marina, Guillermo Faura, en 1975. Pero, peor aún, Aurelio Loret de Mola prohibió su ingreso a instalaciones militares por fotocopiar legajos personales de miembros de las Fuerzas Armadas. ¿No comenzó así Montesinos?

Como señala Marco Sifuentes:
““Johnny” Polar es más conocido que la ruda en los medios periodísticos. Es fuente de medio mundo y amigo del alma de la otra mitad. Todos sabemos más o menos cuál es su bisnes. Lo que sí resulta sorprendente es su intervención en -fallidas- negociaciones gubernamentales con cocaleros”.

Y su bussiness es la interceptación telefónica, “negocio” cuya única fuente formal con capacidad de hacerla es la Marina de Guerra, a la que perteneció Polar y de la que también fue miembro su amigo Luis Giampietri, el principal sindicado como el hombre detrás de la inteligencia en este gobierno.

Pero ahora, a pesar de sus antecedentes, Polar apreció en Tocache como asesor de Salazar en temas de narcotráfico y lucha antidrogas. Y claro, luego de los cuestionamientos al acta firmada con los cocaleros ya Salazar estaba en la mira de todos, luego de esto se comienza a reclamar su salida.

Y, claro, especialista en gazapos y apariciones en Los Chistosos, Salazar señaló en La Hora N, que llevó a Polar a Tocache como “asesor ad honorem” porque era su amigo de las épocas en que ambos eran dirigentes deportivos: el marino en la U y el ministro en Juan Aurich. Vale decir, el Ministro de Agricultura pone como su consejero antidrogas a su pata del estadio, sin importarle los cuestionamientos en su contra.

Como diríamos en argot deportivo, a Salazar deben sacarle tarjeta roja directa.

SUPERINTENDENTE EN SALMUERA

Para completar el cuadro, otro nombramiento con juicios por aclarar.

Hace dos semanas, el gobierno nombró a Felipe Tam Fox como Superintendente de Banca, Seguros y AFP, uno de los cargos más importantes en la administración pública. Dado que el control del sistema financiero, de seguros y de pensiones está bajo un organismo constitucional autónomo, se requiere que el Congreso ratifique su designación.

Sin embargo, el debate en la Comisión Permanente no fue lo fácil que esperaba el oficialismo. Víctor Andrés García Belaúnde reveló que Tam, junto a otros funcionarios del BBVA Banco Continental - en el que trabajó hasta su designación -, tienen un proceso pendiente por estafa.

Según informa El Comercio:

“De acuerdo con la denuncia fiscal, Tam Fox y otros dos funcionarios de la referida entidad financiera se habrían “confabulado para hacer suscribir a la entidad agraviada (Empresa Constructora El Pacífico S.A.) una escritura pública de reconocimiento de deuda con el propósito de que asumiera supuestas obligaciones financieras vencidas”.

Hoy Tam deberá acudir al Congreso de la República a explicar este tema y su plan de trabajo en la SBS. ¿Convencerá a los parlamentarios?

Otra vez: narcotráfico y política, esa ecuación peligrosa.

En noviembre del 2006, publiqué un post titulado Pájaros de Alto Vuelo, en el que comenté sobre la relación entre el narcotráfico y la política en las elecciones municipales.

En aquella ocasión, se habían destapado los antecedentes de dos candidatos apristas con el narcotráfico:
1. José Humberto Chávez Peñaherrera, candidato a alcalde del distrito de Campanillla (San Martín) cuyo hermano Demetrio fue uno de los capos más importantes de la droga a inicios de los noventa, con el alias de Vaticano. Chávez Peñaherrera también ha sido investigado por el mismo delito.
2. Freddy Zubieta, candidato a alcalde para San Borja, quien había patrocinado narcotraficantes, a pesar que las normas partidarias para los abogados apristas prohiben defender casos de tráfico de drogas.

Pues bien, en las últimas semanas, se han descubierto una serie de casos en los que la prensa vuelve a documentar la relación entre la política y el narcotráfico, en tres sendos casos que comprometen de manera grave al sector Justicia.

El primero de ellos se refiere a Moises Tambini del Valle, presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado (es decir, jefe de los procuradores del Estado), yerno de Alberto Kouri y, hace algunos años, abogado de narcotraficantes, según propia confesión a la revista Caretas. Como lo ha comentado antes Marco Sifuentes en su blog, que la nuera y la hija de Tambini tenían vinculaciones legales (como abogada y notaria de sus documentos, respectivamente) con Aero Continente y Nuevo Continente, las empresas de fachada de las actividades delictivas de Fernando Zevallos, conocido narcotraficante, ya sentenciado.

A pesar de estos antecedentes, Tambini sigue inamovible en su cargo, gracias a su amistad con Alan García y su militancia en el partido de la estrella.

El segundo caso fue destapado por El Comercio hace dos semanas. El entonces jefe de asesores del Ministerio de Justicia, Francisco Peixoto, había sido abogado del narcotraficante Carlos Enrique Cárdenas Guzmán (a) “Mosquita Loca”, así como de otros 11 casos similares.

Pretendiendo durar en el cargo, María Zavala, la Ministra de Justicia, le pidió la renuncia a las horas que saliera publicada la noticia.

La tercera perla fue encontrada, nuevamente, por el decano. Esta era de calibre más serio. Benedicto Jiménez, cuyos antecedentes para ejercer el cargo de Presidente del INPE ya eran discutibles luego del confesado chantaje a Ketín Vidal para permanecer en la Policía Nacional, sería el autor de un correo electrónico en el cual informó a un allegado a Fernando Zevallos sobre la identidad de los dos policías que durante años le habían hecho seguimiento a sus actividades. El allegado era Alfredo Ross Antezana, pareja sentimental de Lupe Zevallos, ex Ministro de Transportes de Fujimori y ex embajador del Perú en Panamá. Jiménez lo conoció cuando se desempeñó como agregado policial en ese país.

Hasta el momento, Jiménez se encuentra semi-estable en su puesto, aunque ya son mayores las voces que reclaman su salida. Es una corazonada, pero creo que no pasa de esta semana.

La cereza sobre el pastel sobre este festival - menos puesto sobre la mesa que el tema de las compras estatales, pero, a mi modo de ver, más escandaloso - se suscita en el Ministerio del Interior. O, mejor dicho, estaría por presentarse. Según Caretas, José Abanto Verástegui es el principal asesor parlamentario del nuevo ministro, Luis Alva Castro, pero a la vez es gerente general y abogado de la Compañía de Exportaciones Algamarca, propiedad de la familia Sánchez Paredes, tres de cuyos miembros han estado vinculados al narcotráfico. Abanto podría convertirse esta semana en el nuevo jefe de asesores del Ministerio del Interior, con todo lo peligroso que ello sería.

Es necesario advertir sobre estas relaciones poco santas que pueden afectar al gobierno. Ya anteriormente el Partido Aprista se vio afectado por dos sonados casos de narcotráfico en la década de 1980: Carlos Lamberg, financista de la campaña presidencial de Armando Villanueva del Campo, cuya caida provocó el ascenso de Alan García como líder del partido, y Miguel Angel del Pomar, diputado aprista que llevó un cargamento de droga a Alemania y que fue sentenciado por este caso.

Durante la década de 1990, Vladimiro Montesinos se encargó de convertirse en la aduana del narcotráfico en el Perú. Quien se alineaba con él - como aparentemente era el caso de Fernando Zevallos - podía operar tranquilo, mientras quien no le pagaba sus cupos - como Vaticano - era capturado y puesto en prisión. Es una veta de investigación en la que los periodistas y fiscales deberán indagar más.

El narcotráfico es uno de los mayores poderes corruptores en nuestro país. En un Estado tan centralizado como este, siempre va a buscar algún tipo de conexión con el poder político. Por ello, debemos tener los reflectores cercanos a esta peligrosa relación, aprovechada por unos y otros para fines ilícitos e incompatibles con el bienestar de todos los peruanos.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Benedicto jura por su madre que es inocente.