Desde el Tercer Piso

Cuando Alan García anunció la creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), desde aquí expresé mis reservas sobre dicha medida.

Es claro que existe la necesidad de crear una autoridad ambiental autónoma, que es necesaria y fundamental para tener, por fin, una política en torno al desarrollo sostenible y a la preservación de climas y especies que solo existen en un país como el Perú.

Sin embargo, y aquí vienen mis peros, el gobierno ha dado pocas muestras de querer tener dicha política y, por el contrario, ha atacado a toda persona que ha tenido legítimas preocupaciones por el medio ambiente y ha adoptado medidas contraproducentes sobre la materia.

Pensaba, ingenuamente, que esta vez me equivocaría y que tendríamos un proyecto sobre la materia que tome en cuenta, el borrador elaborado por el Poder Ejecutivo contiene un serio error.

Tal como informa El Comercio, el MMA no contemplaría la fiscalización sobre la actividad minera, al no contemplar la fusión de las Direcciones Ambientales del Ministerio de Energía y Minas con las demás entidades que formarán el nuevo ente rector de la política ambiental.

Esto supone dos errores, tanto ante la opinión pública como en un tema de fondo.

Buena parte de los conflictos sociales en el país han tenido relación directa con la relación entre medio ambiente, minería y comunidades. La Defensoría del Pueblo, en su reporte sobre conflictos sociales correspondiente a diciembre de 2007, indica que el 47% de las disputas reportadas están referidas a asuntos socioambientales, relacionadas, principalmente, al tema minero.

Si no se contempla, entre las funciones del MMA, la fiscalización ambiental minera - actualmente en manos de la entidad que, a su vez, debe promover la inversión privada en dicho sector -, pues la población en general sentirá que el ofrecimiento presidencial es una mera maniobra o gesto, como los que caracteriza a este gobierno. La palabra estafa va a comenzar a sonar alrededor de esta propuesta.

Pero, además, desde el punto de vista técnico, también se cometería un error. Si la intención de la creación del MMA es separar las funciones de control ambiental de la promoción de la inversión en cada sector productivo, pues mantener juntas ambas competencias en el Ministerio de Energía y Minas supone dejar de lado la motivación principal por la cual se crearía la nueva entidad.

Además, como bien anota un experto de la Defensoría del Pueblo, la creación del MMA supone:

en primer lugar, una mirada estratégica que indique claramente qué queremos lograr con esta nueva organización para, posteriormente, concentrarnos en la estructura, atribuciones y funciones que necesitamos poner a disposición del nuevo ministerio y su sistema de agencias técnicas.

¿Tiene el gobierno esta mirada estratégica? Por lo que hemos visto, no la tiene. Y si este borrador de proyecto es el que finalmente se envía, pues de nada habrá servido un discurso presidencial. Bueno, este último detalle es consustancial a Alan.

Cuando hablamos de medio ambiente, no es que nos opongamos al desarrollo o a la inversión. Entiendo la necesidad de explotar los recursos naturales, pero que se haga de manera tal que mis hijos y mis nietos puedan disfrutar de un mar limpio, de bosques que purifiquen nuestro aire y en el que sigan viviendo nuestras aves y de un aire que puedan respirar tranquilamente.

Se que a veces puede sonar utópico, pero este es un sueño que si quiero que se cumpla.

MAS SOBRE EL TEMA:
Jesús Coronel, presidente regional de Cajamarca: Ministerio del Medio Ambiente no puede exonerarse de tratar tema minero.

Ayer, por motivos de trabajo, estuve en Chulucanas, zona relativamente cercana a donde se produce el conflicto minero vinculado a las operaciones de Minera Majaz y el proyecto Río Blanco. Asi que pude tener cierto contacto con dicha problemática, por lo que aquí van mis impresiones sobre el particular.

Desde que llegas a Piura, se respira la sensación de que el tema está muy presente. De hecho, apenas sales del aeropuerto, a las 3 cuadras, comienzas ver pintas en favor del Proyecto Río Blanco. Y en la carretera que une Piura y Chulucanas, puedes ver las mismas pintas, además de carteles puestos por la minera asegurando las bondades del proyecto.

Luego de la conversación que tuve con dirigentes de organizaciones sociales en Chulucanas, me quedaron algunas ideas bastante claras.

1. La Iglesía Católica de Chulucanas no es un cuco antiminero. De hecho, los propios representantes de la Diócesis me indicaron que su posición no está dentro del extremismo “minas sí o sí - minería ni aunque me paguen”. Por el contrario, buscan tener un rol facilitador del diálogo y, de hecho, han logrado legitimidad. En la reunión de la Mesa de Diálogo celebrada el lunes pusieron a la Diocesis como candidata a mediar. Lejos está Monseñor Daniel Turley de la caricatura que intentó montar Aldo Mariátegui.

2. El problema es mas complejo que la minería: De hecho, lo que más preocupa en la zona es la serie de diferencias violentas que se producen entre los partidarios de minería y antiminería. Ello puede dañar en un futuro cercano el tejido social y es allí donde se busca hacer la mayor incidencia: en que la población tenga un proyecto común, haya o no proyecto Río Blanco y aprenda a convivir en la diferencia.

3. El caso de la minería artesanal informal y Tambogrande: Hace unos meses, Marco Sifuentes se mandó con un post sobre el daño que estaría generando la minería artesanal informal a Tambogrande, luego de que se rechazara el polémico proyecto de Minera Manhattan. Aprovechando dicha información, el gobierno señaló que esto era causa directa de la oposición a la minería, ya que la gente seguía siendo pobre. Habría que matizar dicha afirmación de Jorgito y decir que si la agricultura no ha tenido el efecto querido en el crecimiento se debe, fundamentalmente, a que los pocos proyectos de desarrollo que hay en la región no son tomados en cuenta por las autoridades regionales, que ha hecho de los Presupuestos Participativos poco menos que una formalidad.

4. La gente no confía en el Gobierno: Es más, me atrevería a decir que confían más incluso en los dueños de Majaz - que ahora son chinos - y quienes han dicho que no tienen mucho apuro en comenzar un proyecto que no tiene, por el momento, el apoyo mayoritario de la población. La impresión que se tiene es que el Gobierno apuesta, sí o sí, a mantener el crecimiento económico basado en la mera extracción de recursos naturales, antes que apostar por productos con valor agregado. Muestra de ello, por supuesto, el comentadísimo artículo de El Perro del Hortelano escrito por el excelentísimo señor Presidente de la República. Y claro, están conscientes de que le quieren endilgar a la empresa privada lo que le compete hacer al Estado.

5. Se reclama una urgente planificación del desarrollo de la región: Si una palabra pude escuchar más fue esa. Si, ya se que a nuestros “liberales” no les gusta, ya que les recuerda a los planes quinquenales de la URSS, pero cualquier empresa privada tiene metas y caminos a trazar y el Estado no puede ser la excepción. La región Piura - y todas las demás - requiere de un plan de desarrollo y de planificación territorial. Lo reclaman a gritos.

Sin duda, esta mañana llegué de Piura con una visión más completa de lo que ocurre con el problema con Majaz. Sin duda, ver el tema en la zona te permite tener una mirada distinta que la que podemos tener desde Lima. Lo que no cambian son las convicciones: la inversión privada es necesaria, pero no a cualquier costo.

Los lectores de este espacio saben que soy partidario de la inversión privada como motor de la economía. Sin embargo, también conocen que opino que dicha inversión no puede hacerse atropellando los derechos de los demás, sean los laborales o los ambientales. Y quizás haya que incidir mucho más en este último punto.

Leí ayer la entrevista que le hicieron a Rosa María Palacios en La República y me quedo con este extracto de sus declaraciones, que me permitirán ilustrar lo que diré después:

–Sí, entonces la empresa minera hace la escuela, la carretera. Pero luego tienes otro problema. Un país moderno tiene que establecer reglas de control ambiental, pero qué pasa, que la población no cree que el Estado las va a hacer cumplir, y por eso se oponen a la minería. Si la gente maneja en el Perú sin brevete y no pasa nada, ¿por qué la minera no va a tirar su cochinada sin que pase nada? El Estado trata de hacer consenso entre minería y población, cuando es el que debe hacer cumplir la ley, él es el actor principal.

Pues bien, contradiciendo a Rosa Maria, el Estado no viene cumpliendo con ese rol de preservación del medio ambiente, con miras a un desarrollo sostenible. Ya algo se anticipaba con las extrañas movidas en CONAM, pero dos proyectos de Ley presentados por el Poder Ejecutivo confirman que en Palacio de Gobierno se sigue sin pensar a largo plazo o en todas las consecuencias de los actos que realizan.

El 22 de septiembre, se presentó un proyecto de Ley para declarar de interés nacional la promoción de la inversión minera. En su fundamentación de motivos se dice que se busca agilizar las diversas etapas de los proyectos de inversión minera y, además, se priorizan una serie de proyectos, entre ellos, el de la polémica: Majaz.

El problema central con este proyecto, de solo tres artículos, es que no define como se agilizarán estos procedimientos en los proyectos de inversión minera priorizados, lo que puede llevar a que los ya de por sí leves controles ambientales se relajen más.

Y a ello se suma lo que viene ocurriendo en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, conocido también como la cuenca del Candamo. Otro proyecto de Ley que viene siendo discutido en el Consejo de Ministros amenaza esta zona de conservación ambiental, al recortarse parte del área de protección para la concesión de un lote de hidrocarburos.

Por cierto, ya hace 10 años, el documental Candamo: la ultima selva sin hombres había señalado el peligro que corría la zona por este tema.

Lo peligroso es que el proyecto no ha tenido la viabilidad técnica del INRENA, cuestión que le costó el puesto al Intendente de Areas Naturales Protegidas de esta institución, Luis Alfaro. Es decir, al igual que en el caso del CONAM y del proyecto anterior, la institucionalidad ambiental vuelve a ser rebalsada.

Tan importante como la inversión minera es que ésta se realice de la mejor manera que no solo garantice ingresos para las zonas donde esta actividad se realiza, sino que se respete la sostenibilidad de otras actividades económicas y del futuro de las siguientes generaciones. Esa visión es la que diferencia a un politico de un estadista. Pero parece que la segunda está lejos del ideal de Palacio de Gobierno.

Hace algunos meses, fuimos testigos de lo que el conflicto entre los trabajadores y dueños de la Compañía Minera Casapalca, una empresa que no respetaba los más elementales derechos laborales, cuestión que le conllevó una sanción del Ministerio de Trabajo, así como una conciencia mayor sobre lo contraproducente que es para la inversión privada no respetar los derechos laborales.

Pues bien, parece que, ante las evidencias, el gremio que parecìa indolente ante estos hechos ha tomado cartas en el asunto. Via El Comercio:

Le dieron la espalda a Casapalca. El consejo directivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) decidió separar a dicha compañía luego de que sus representantes se negaran a que las operaciones de la empresa fueran sometidas a una auditora independiente, contratada por el gremio, y que iba a determinar si Casapalca cumplía o no sus obligaciones laborales y medioambientales.

La SNMPE habría solicitado en tres oportunidades a la minera que permitiera el ingreso de auditores a sus operaciones, ubicadas en la sierra de Lima. Según informaron fuentes del sector, las respuestas de la minera habrían sido esquivas, y en ellas indicaba que actualmente Osinergmin sometía sus operaciones a una evaluación y que cualquier información sobre la situación de la empresa que requiriera el gremio minero debía solicitarse al organismo regulador. Ante la negativa, la SNMPE dio paso a su separación.

Hay que señalar que la SNMPE tiene un Código de Conducta en el que se indica:

4. La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad.

Tradicionalmente, el gremio de empresarios mineros no ha sido muy permeable a este tipo de reclamos. Por el contrario, ha tenido en varias ocasiones expresiones de intolerancia frente a los cuestionamientos hechos desde diversos sectores hacia prácticas incompatibles con la legislación ambiental o laboral. Por ello es importante que hayan dado este paso drástico, que permite sentar un precedente sobre la conducta que las empresas privadas deben mantener en relación con la sociedad y sus trabajadores.

Sin dicho respeto, cualquier alusión a una revolución capitalista estará arando en el mar.

Si a alguien le quedaba alguna duda de que la minería es percibida tan mal por las comunidades porque no tenemos autoridades ambientales independientes, pues preste atención a lo siguiente. Y si no tenía dudas, siga leyendo, que la historia es buena.

El Blog del Morsa nos informa sobre un escándalo que refleja la real política del gobierno de Alan García en materia de relación entre minería y medio ambiente: el Presidente del Consejo Nacional del Ambiente, Manuel Bernales Alvarado, trabajó en la elaboración de un informe a pedido de Majaz pocas semanas antes de ocupar el cargo que hoy tiene en sus manos.

Y para completar el cuadro, Alan y Jorge, mediante una Resolución Suprema, le dan todo el poder a Bernales para que pueda remover a todos los funcionarios importantes del CONAM, al considerarse estos cargos como de confianza. Por una situación similar, renunciaron varios miembros de los organismos reguladores.

Como dijo Alvarez Rodrich anteayer, el Presidente y el Primer Ministro parecen jefes de relaciones públicas de las mineras. Con este hecho, se confirma la situación.

Más que su interesante artículo de todos los martes, hoy lo más destacado de Martín Tanaka ha sido su visión de primera mano sobre la Convención Minera de la semana pasada, coincidente en el tiempo con el conflicto de Majaz.

Básicamente Tanaka comprobó lo que parecen ser sentidos comunes dentro de quienes se encuentran dentro del lado empresarial de la minería: las comunidades están mal informadas, se les manipula y los ingresos del canon no llegan. Sin dejar de tener algo de razón, habría que matizar en mucho dichos juicios, dada la ausencia del Estado, tanto como garante de bienes básicos - salud, justicia, educación, seguridad, redistribución del ingreso -, como en fiscalizador de la actividad minera. Allí creo que están las causas de porque se producen muchos de los reclamos en contra de una actividad que, en efecto, genera grandes ganancias, pero, de las cuales, las comunidades ven poco o nada y, debido a la ausencia del Estado, también terminan endilgándole a la empresa privada las labores que debería cumplir - independientemente de la responsabilidad social empresarial.

Pero además Tanaka da cuenta de un fenómeno común a la Convención Minera: mayor presencia de temas vinculados a la mejora tecnólogica antes que a lo social. Y ello lo atribuye a que aun existe cierta mirada menospreciativa de las comunidades, una visión cortoplacista de las inversiones - que ve la mejora de las relaciones con los comuneros como un gasto más - y prácticas tradicionalistas de trato hacia el ser humano.

Pero, ¿esto no ha terminado de ser moneda común en nuestras conferencias de empresarios? Una de las pocas excepciones parecía ser la CADE del año pasado, sin embargo, unas cuantas mesas sobre inclusión no disminuyen el tema de fondo: nuestros empresarios grandes - salvo excepciones - no pasarían un test de inclusión social (y sino, aplíquemosle el que elaboré el año pasado), dejando de ver al país como cifras y viendo lo que hay detrás de ellas: una sociedad en la que se excluye del ejercicio de los derechos básicos y en el que la brecha social es cada día mayor.

Como para que en el Club Empresarial lo mediten entre Etiqueta Negra y Chivas.

No pueden darse referéndums caprichosos al margen de la ley y del JNE, desmembrando nuestro concepto de Estado Unitario, pues no somos federales. ¿A cualquiera le sale del forro hacer una “consulta popular” sobre un tema local y el resto de peruanos debe aceptarlo? El país se va a partir así en feudos, en miniestados. Y un premier que se deja desairar al irle a rogar a esos alcaldes… Como en el Mercado de Santa Anita, pongan autoridad de una vez y frustren esa payasada antes de que se desmadre. ¡No a la anarquía!
(Aldo Mariátegui, Correo, 12.09.2007)

Que se vayan al carajo. A Majaz solo entrarán sí los campesinos así lo quieren. Y que no vayan a bufalear por esa región de nubes glorisamente bajas porque all{i los campesinos respiran aire y no monóxido y por eso están lúcidos y plenos. Y por eso no se dejan bufalear por don Jorge del Castillo, que se cree el camarlengo de ese hombre que dice que habla con Dios y que recibe órdenes de las nubes altas, cuando, en realidad, todo lo que recibe es por lo bajo
(César Hildebrandt, La Primera, 13.09.2007)

Sí, estamos hablando del mismo país y del mismo problema: Majaz.

A estas alturas, las posiciones contrapuestas parecen haberse convertido en una caricatura de si mismas, en el intento de caricaturizar al rival. Y ello a punta de creer dogmáticamente en una posición u otra. Gerardo Seminario y Fernando Vivas han descrito muy bien como esta falta de matices ha hecho que perdamos de vista los elementos de fondo del problema y quedemos atrapados en la lógica “Teniente Roca” (el milico abusivo de La Boca del Lobo): O estás conmigo o estás contra mí.

Lo de Majaz nos vuelve a revelar al país de los desencuentros, a los peruanos que no nos podemos poner de acuerdo en un proyecto de desarrollo común porque queremos imponer a rajatabla el nuestro. Claro, se trata del mismo país que parió a Fujimori y a Sendero, las dos epítomes de lo que se puede llegar cuando una nación - o mejor dicho, las varias naciones que conforman el Perú - no llegan a un acuerdo mínimo sobre lo que quieren ser.

Buena parte de nosotros no estamos en ninguno de los dos extremos. El problema es que tratamos de ubicar un punto medio que resuelva las cosas en términos prácticos y es difícil hallarlo.

¿Qué demonios hacemos?

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Cada cierto tiempo, cuando sale una nueva noticia sobre el ya endémico conflicto entre minería y comunidades, me viene a la mente la siguiente idea:

La minería es, sin duda, una de las actividades que ha sostenido el crecimiento económico tan bueno que hemos tenido en estos años, producto de los buenos precios internacionales, pero también de los proyectos de inversión impulsados por el capital privado. ¿Es necesaria esta inversión para generar desarrollo? Por supuesto que sí.

¿Pero es necesario ser totalmente condescendiente con el capital y permitir que cualquier tipo de inversionista venga? Creo que no. El mundo viene exigiendo cada vez más estándares de calidad, de respeto al medio ambiente y de responsabilidad social empresarial a las empresas. Las mineras no están exentas de dichas exigencias.

El nuevo capítulo de esta pugna se llama Proyecto Río Blanco, conocido también como Majaz. Se trata de un proyecto minero que quiere explotarse en el departamento de Piura, con la oposición de las comunidades agrícolas de la zona, que se consideran afectadas por el inicio de estas actividades. Los enfrentamientos entre ambos bandos han llegado hasta niveles de violencia que cobraron vidas humanas.

Son tres los problemas centrales que se enfrentan: el primero: si es que las comunidades pueden decidir cuales son las actividades económicas que se pueden desarrollar en la zona, a semejanza de lo ocurrido en Tambogrande; el segundo, si es que es compatible la convivencia entre minería y agricultura en la zona; el tercero, de optarse por la minería, cuáles serían las condiciones de explotación y beneficios que se tendría con el Proyecto Río Blanco.

La situación se ha complicado por dos hechos. El primero, es que Monterrico Minerals, la empresa que quiere invertir en minería, ha sido comprada por capitales chinos, lo que a muchos les recuerda lo que fue la pésima privatización de Hierro Perú, vendida a Shougang.

El segundo, que ha ocupado las portadas de los diarios, es la realización de una consulta popular convocada por los alcaldes de los tres distritos aledaños al proyecto, votación que no ha sido avalada por las autoridades electorales. El gobierno tardíamente acude a la zona, los alcaldes no quieren dialogar, los medios de comunicación dividen sus opiniones entre quienes están a favor de la consulta y los pro mineros a ultranza. En suma, un despelote que no augura nada bueno.

¿Qué hacer? Dejo en esto la palabra a Tanaka:

¿Qué hacer? Primero, es necesaria la información, la consulta y la participación de los vecinos en la toma de decisiones. Segundo, esto no es suficiente, porque siempre habrá algunos a favor y otros en contra: es necesario que en este debate se tome en cuenta los intereses de los afectados y también el “bien común”, y este debate es eminentemente político (debate sobre desarrollo local). Tercero, este debate debe expresarse en criterios de zonificación y desarrollo urbano transparentes (ordenamiento territorial; no es mina sí o no, sino en qué condiciones). Cuarto, debe haber una autoridad (ambiental) capaz de dirimir disputas, velar por el establecimiento de compensaciones adecuadas para los afectados, por el cumplimiento de los acuerdos, y capaz de imponer sanciones, drásticas, de ser necesario. Se necesita otra institucionalidad estatal.

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Durante las últimas semanas, hemos sido mudos espectadores de uno de los conflictos sociales más dramáticos que he podido ver en los últimos años, que tienen como involucrados a la Compañía Minera Casapalca y a sus trabajadores, junto al Ministerio de Trabajo y a decenas de personas que se encontraron varadas en la Carretera Central por varios días.

Casapalca es un yacimiento minero ubicado en la sierra de Lima, a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, en el que se produce plata, zinc, plomo y cobre. Su Presidente Ejecutivo Alejandro Gubbins Granger - en conflicto con sus hermanos por la titularidad de otra empresa minera - realiza con sus trabajadores prácticas que lo asemejan a los gamonales de la época anterior de la Reforma Agraria.

En Casapalca, casi todos los trabajadores de la empresa son subcontratados. Según ha referido la Ministra de Trabajo Susana Pinilla, varias de las empresas contratistas son Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (es decir, una persona como tu o como yo) con patrimonios tan bajos que no permiten cubrir los costos de una operación minera. Es decir, existen todos los indicios para que presumir que se encubre una relación laboral. ¿Razón principal para ello? No pagar sueldos altos y tampoco repartir utilidades a los trabajadores.

La gota que rebalsó el vaso fue el despido de 35 trabajadores de la empresa, entre ellos, los dirigentes del recién formado sindicato. Ya se imaginarán que la idea de tener un gremio no le gustó para nada a Gubbins y por eso se comportó como un violador flagrante de la ley laboral y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. A ello se suman sus negativas a negociar cualquier solución a los justos reclamos de los trabajadores, que no solo incluyen sueldos, sino mejora en sus condiciones de trabajo y vivienda.

Claro, ello no implica que uno esté de acuerdo con la violencia vista en estas semanas, o con el bloqueo de carreteras que, a la postre, ha costado varios muertos, sean en los enfrentamientos (tanto mineros como policías) o como consecuencia del bloqueo. Ello termina deslegitimando ante la opinión pública los justos reclamos de los mineros, que terminan salpicados por estos atentados a los derechos fundamentales.

Sin duda, el Ministerio de Trabajo ha hecho lo que ha podido. Ha conseguido el desbloqueo de la vía y, además, ha multado a la empresa por sus malas prácticas laborales. El tema es que Gubbins y los demás representantes de la minera no quieren hacerse responsables por las normas incumplidas y los continuos atropellos a los trabajadores. Si bien hay buena voluntad de parte del Ministerio por solucionar el conflicto, tal parece que la solución definitiva esperará aun más, dado que la intransigencia de los empresarios, en este caso puntual, echa por tierra cualquier intento de resolución del conflicto en el corto plazo.

Esto no es solo un atentado contra los derechos fundamentales, sino que termina salpicando al empresariado, que debe deslindar, con la misma energía que lo hace frente a la inaceptable violencia, con las malas prácticas laborales. Ahora se viene un TLC que exige el cumplimiento de las normas de la OIT, con lo que este triste episodio - esperemos - sea uno de los últimos de este tipo que tengan que cubrirse.

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Caretas: Sangre en Casapalca
Correo: Casapalca podría perder concesión minera por infracciones a normas de seguridad.

Durante estos días, la Unidad de Investigación del diario La República, encabezada por el hábil Edmundo Cruz, ha puesto al descubierto una operación de espionaje dirigida a desacreditar a personas que cuestionan los efectos que algunas actividades mineras tienen sobre el medio ambiente.

En concreto, la llamada “Operación El Diablo” ha sido montada contra Marco Arana. Cajamarquino de nacimiento y sacerdote por vocación, Arana es el fundador de GRUFIDES (Grupo de Intervención para el Desarrollo Sostenible), una organización no gubernamental que ha procurado canalizar las demandas de la población cajamarquina frente a Minera Yanacocha, una de las principales empresas del país, ante el peligro que se pueda agotar el agua de la zona.

Arana tiene un ascendiente importante en Cajamarca, a tal punto que el último conflicto en Combayo, producido en agosto de este año, tuvo como mediador a este sacerdote.

Rápidamente Arana se ha hecho de detractores. Sus principales enemigos son la todopoderosa Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y el diario Correo, dirigido por Aldo Mariátegui. Desde ambos sectores, se coloca a los dueños de la mina casi en los altares y a todo aquel que cuestione sus prácticas en poco menos que comunista, senderista, o poco patriota por no defender la inversión privada. Arana es uno de sus blancos favoritos.

Por ello, no nos sorprende lo descubierto esta semana por La República. Un bien montado operativo de espionaje cuyo objetivo central era amedrentar a los trabajadores de GRUFIDES y encontrar algún elemento o “pecadillo” que haga que el sacerdote y su organización pierdan ascendiente sobre la población. La operación inculso habría comprendido al propio Primer Ministro Jorge del Castillo durante su estadía en Cajamarca.

La investigación detectó que la empresa contratada para estos fines fue C&G Investigaciones. Dos hipótesis se barajan.

La primera, indicada por la propia empresa, apuntaría a que un diario de la capital sería quien contrató sus servicios. Si seguimos la trayectoria, todo apuntaría a que ese diario tiene sus oficinas en Santa Catalina y su director tiene apellido de socialista, a pesar de proclamarse liberal.

La segunda, que es la que La República ha sondeado con mayor fuerza, apunta a la empresa Forza S.A., conocida en el ramo de seguridad - fueron quienes prestaron seguridad en la última CADE - y que trabaja en Yanacocha, siendo sindicada por muchos como la verdadera responsable de malos tratos y hasta de un muerto en las protestas desencadenadas contra la minera.

Recordemos que Yanacocha es una empresa con amplias vinculaciones con el mundo minero y político. Uno de sus propietarios es Minera Buenaventura, de propiedad de la familia Benavides Ganoza, con vínculos familiares con el Presidente de CONFIEP, José Miguel Morales Dasso, y políticos, pues son muy cercanos al APRA.

No sería la primera vez que Yanacocha tiene un “anticucho”. Recordemos que Montesinos negoció el fallo judicial que permitió a Newmont y Buenaventura licuar las acciones del consorcio francés que era el tercer socio de la empresa. También nos acordamos del derrame de mercurio en Choropampa - donde varios pobladores fueron envenenados - y las pugnas por el agua de Cajamarca.

Lo cierto es que, trátese de quien se trate, nos encontramos ante un tema muy preocupante: el uso de métodos vedados para desacreditar a alguien incómodo para el poder económico.

Como lo hemos dicho anteriormente, la minería es, sin duda, una de las actividades que ha sostenido el crecimiento económico tan bueno que hemos tenido en estos años, producto de los buenos precios internacionales, pero también de los proyectos de inversión impulsados por el capital privado. ¿Es necesaria esta inversión para generar desarrollo? Por supuesto que sí.

¿Pero es necesario ser totalmente condescendiente con el capital y permitir que cualquier tipo de inversionista venga? Creo que no. El mundo viene exigiendo cada vez más estándares de calidad, de respeto al medio ambiente y de responsabilidad social empresarial a las empresas. Las mineras no están exentas de dichas exigencias.

Utilizar este tipo de métodos no ocultarán el problema que existe en Cajamarca, que se debe en buena parte a la mala praxis de Yanacocha. Matar al mensajero no implica erradicar el problema. Como bien lo dijo Fernando Rospigliosi hace algunas semanas, se puede discrepar con Arana, pero “tiene el derecho a opinar en ese sentido, a difundir sus ideas y a organizar gente con ese propósito, siempre y cuando no instigue ni protagonice actos de violencia“. Con leyes contra su ONG (como lo enunció claramente Antero Flores - Araoz en el proyecto que finalmente se aprobó, infamemente, ayer) o espionajes como estos, lo único se hace es profundizar el problema, atentar contra las libertades ciudadanas y no preocuparse en solucionar el tema de fondo. cómo tener una estrategia de desarrollo sostenible.

MAS SOBRE EL TEMA:
La República: Dossier: Operación “El Diablo”. Los vínculos con Forza.
Santiago Pedraglio: La privatización de la seguridad.
Utero de Marita: Forza: los espías de la minera. Yanacocha Memorex.
Archivo del Tercer Piso: Minería y Comunidades: Diálogo de Sordos.