Archivo de la Categoría “Mercado de Santa Anita”


Acaba de concluir el desalojo de los comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita. La Policía Nacional ya tiene el control del centro de abastos.

Caben destacar dos cosas.

La primera, un impecable operativo policial, donde la sorpresa y el respeto de los derechos fue la clave. Solo han existido personas afectadas por los gases lacrimógenos. No se reportan heridos. Gran mérito de la Policía y del jefe de la Séptima Región Policial, Octavio Salazar.

El segundo, es que no hubo la resistencia que se temía. Los comerciantes han salido pacíficamente del lugar en la mayor parte de los casos, con sus cosas y los menores de edad. El tiempo y la falta de agua y luz han hecho que la resistencia de los ocupantes sea mínima.

La única nota negra de la jornada ha sido el alcalde Luis Castañeda Lossio, quien ha pretendido ganarse glorias con ave marías ajenas. Durante todo el tiempo que duró la situación de tensión no dijo una sola palabra y hoy aparece 22 minutos antes del operativo en RPP para decir que participó en la coordinación. Fuentes cercanas a este espacio desmienten la versión del burgomaestre y confirman que la acción fue coordinada sólo por la Policía.

Y claro, es hora de comenzar a pensar en el costo social que todo esto conlleva. Si bien se cumplió con el objetivo, habrá que ver que hacemos con los comerciantes, que también tienen derecho a chambear y muchos de ellos han terminado siendo las víctimas de los inescrupulosos que vendieron el terreno.

ACTUALIZACION (11:20 AM):

Según reporta El Comercio, el operativo policial se ha desarrollado sin violencia y sin heridos de consideración.

Perú.21 destaca la rapidez del operativo, así como el decomiso de bombardas y bombas caseras durante la incursión policial. Se brinda un informe Minuto a Minuto de los hechos.

RPP Noticias informa que hasta el momento son 14 los detenidos.

SEGUNDA ACTUALIZACION: (03:10 p.m.)

Al borde del final de la mañana, se infomó sobre la detención de Fernandino Nieto, el dirigente visible de los ocupantes del Mercado.

Poco más del mediodía se ha registrado el único incidente de gravedad, al detonarse un aparato explosivo, afectando al policía Edwin Vásquez Cornejo.

La cifra de detenidos asciende ahora a 21 personas.

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Cuando se habla sobre problemas relacionados con el funcionamiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos, por lo general se hace alusión, en el primer caso, al funcionamiento de las estructuras institucionales, mientras que el segundo caso generalmente alude a las violaciones sistemáticas o generalizadas ocurridas durante gobiernos autoritarios o conflictos armados internos. Si bien estas son preocupaciones centrales en las organizaciones estatales y no gubernamentales interesadas en estos temas, se corre el riesgo de dejar de lado situaciones cotidianas en las que estos tópicos son puestos en cuestionamiento.

El actual conflicto surgido alrededor del Mercado Mayorista de Santa Anita representa un caso en el que existen ambos elementos: problemas con el funcionamiento de las instituciones y vulneraciones a los derechos humanos. Consideramos que este punto de vista es clave para entender que es lo que se encuentra realmente en juego en esta disputa.

Como conocemos a través de los medios de comunicación, la Corte Suprema de la República dictó sentencia definitiva con relación a la propiedad del lugar donde se ubicaría el centro de abastos más importante de la ciudad de Lima, ordenando el retiro de las personas que ocupan legalmente dicho terreno desde hace cinco años. Ante la medida, los comerciantes instalados en la zona decidieron no acatar el fallo judicial y resistir al desalojo, estando dispuestos a emplear a sus propios hijos – menores de edad – para defender lo que ellos consideran como un atropello.

Pocos recuerdan que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, garantizado por nuestra Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Perú. Fue este derecho uno de los primeros en ser reconocido por los Estados en las Declaraciones de Independencia y de Derechos firmadas al calor de la Ilustración y el nacimiento del liberalismo como corriente política. La invasión de un predio que no es de nuestra propiedad constituye el más flagrante caso de violación de este derecho y no es amparado, ni por la legislación nacional ni por los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales han sido invocados por los comerciantes como mecanismo de defensa, desconociendo los alcances de este tipo de normas.

Asimismo, se olvida que se expone a varias personas – sobre todo a menores de edad – a un peligro tal que puede afectar su derecho a la vida, como consecuencia de los posibles enfrentamientos que puedan acontecer – esperamos que no – durante la intervención policial que seguramente se presentará para consumar el desalojo. Ello no solo vulnera el derecho a la vida, sino también todos los pactos internacionales de protección de los niños y adolescentes. Esta exposición al peligro, además, configura el delito de exposición al peligro, establecido en nuestro Código Penal con lo que, además de la vulneración a un derecho fundamental, se configura un tipo penal.

Estas cuestiones, sin embargo, no deben dar lugar a que las fuerzas del orden actúen de manera tal que se vulneren los derechos fundamentales de las personas que se encuentran ocupando un terreno que no les pertenece. El hecho de que estos ciudadanos se encuentren infringiendo la ley no da una “autorización” a los agentes policiales para que puedan cometer abusos. La experiencia aun reciente del conflicto armado interno vivido por nuestro país nos reveló que las fuerzas encargadas de velar por el orden interno y la seguridad no supieron tener presentes los límites de su actuación, experiencia difícil de asumir para estas instituciones aún el día de hoy, pero que deberán tener en cuenta para no repetir los mismos errores del pasado.

Además, le cabe una reflexión a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre los pedidos de demostración de autoridad y orden. Ciertamente, todo Estado de Derecho se basa en el respeto a la Constitución y a la ley y las instituciones encargadas de aplicarla tienen el poder coercitivo dado por el ordenamiento jurídico, que, en este caso, es necesario poner de manifiesto. Sin embargo, la autoridad no es sinónimo de autoritarismo, el orden no se asemeja al atropello, las expresiones de imposición coercitiva de la ley no suponen vulneraciones a los derechos que conforman la dignidad humana. Volviendo a la experiencia del conflicto armado interno, una de las constataciones hechas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue que un sector de la sociedad fue proclive a alentar salidas autoritarias, vulneratorias de los derechos fundamentales, sin importar los costos sociales o humanos que suponían dichos acontecimientos y que hasta el día de hoy siguen siendo avalados por este mismo sector. Seguramente, con el transcurrir de los días, no faltarán quienes señalen que debe imponerse el imperio de la Ley, pero no entendido dentro de la primera acepción que hemos dado, congruente con la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Ese riesgo deberá ser evitado por las autoridades y, esperemos, no sea alentado por medios de comunicación que, frente a casos de derechos humanos, demuestran una poderosa indiferencia o sacan a la luz intentos de justificar lo ocurrido.

Sin duda, lo que se pone en juego en la resolución del conflicto por la posesión del Mercado de Santa Anita es más que la mera esperanza de que la ciudad cuente con un importante centro de abastos, organizado, limpio y que garantice las medidas de salubridad necesarias. Está en juego nuestra forma de procesar los conflictos sociales, de entender la autoridad estatal y su capacidad de coerción, de respetar la legalidad, de comenzar a consolidar en lo cotidiano el respeto a las instituciones democráticas y a los derechos humanos. De no hacerlo, habremos demostrado que el grado de violencia que alcanzó la sociedad hace unos pocos años no ha sido superado en la práctica, por más que se siga hablando sobre verdad, justicia y reconciliación.

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