Desde el Tercer Piso

¿Por qué aún no se aclara el tema de los penales?

Acabo de ver esto vía CPN Radio:

El presidente Alan García no acudirá este viernes a la citación formulada por la jueza María León Yarango, a fin de interrogarlo sobre cuestiones relacionadas con la matanza en el penal El Frontón, ocurrida en 1986, durante su primer gobierno.

“Esa propiedad fue vendida en julio del año pasado. El presidente no irá a una dirección equivocada, están despistados. ¡Que se pongan al día!” exclamó el titular del Consejo de Ministros.

Es cierto lo que dice Jorgito, debieron notificar bien a Alan. Pero también es cierto que el caso de la matanza de los penales, producida en junio de 1986, es el caso al que más teme Alan García.

¿QUE DIJO LA CVR?

Sendero Luminoso tuvo las cárceles como espacio de lo que llamaban “guerra popular” y no era más que un enfrentamiento contra todo el Estado pruano sin ninguna legitimidad. El estado de las cárceles, sin política penitenciaria por parte del Estado, generó que los senderistas pudieran organizarse rápidamente y preparar sus acciones dentro de las cárceles.

La intención de Abimael Guzmán era intentar provocar una reacción del gobierno aprista que, en sus palabras, “le quitara la careta”, lo que en jerga senderista era provocar una reacción descomunal que deslegitimara al gobierno aprista y a las Fuerzas Armadas y legitimara su sanguinario accionar.

Así, asesinaron a un alto jefe de la Marina, cuyos principales oficiales comenzaron a solicitar la pena de muerte para los terroristas y, planearon, en coincidencia con una reunión de la Internacional Socialista en Lima (la asociación de partidos socialdemócratas del mundo, a la que pertenecía el APRA), un motín en varios penales de la capital. En los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón se tomó rehenes y se inició la revuelta planeada, el 18 de Junio de 1986.

Si bien era necesario restablecer el principio de autoridad en los penales, lo que ocurrió durante ese día y el día siguiente fue un error que nunca se debe volver a cometer.

Lo que hemos mencionado antes era de conocimiento de las autoridades, por lo que debía procederse con energía, pero, a la vez con inteligencia.

Hay que tener en cuenta que, si bien en el penal de Lurigancho los internos tomaron de rehén a un agente penitenciario y en el Fronton a tres miembros de la Guardia Republicana con sus respectivos armamentos, cuando se llevó a cabo la sesión del Consejo de Ministros del 18 de junio de 1986 los motines tenían pocas horas de iniciados y no se habían producido enfrentamientos armados entre autoridades e internos ni se habían registrado víctimas.

En dicha sesión de Consejo de Ministros se tomó la decisión de encargar la debelación de los motines a las Fuerzas Armadas, con instrucciones de actuar “con energía y decisión para alcanzar los objetivos previstos en el menor tiempo posible”, lo que a criterio de la CVR constituyó una decisión apresurada. ¿Los motivos? A mi modo de ver, porque había un peligro de “inducción al genocidio” creado por Sendero, porque la situación no lo justificaba y porque, dado el clima existente en la Marina y la Guardia Republicana, algunos miembros de los destacamentos a cargo del develamiento podían entender que se les daba carta blanca para hacer lo que quisieran, como efectivamente ocurrió en Lurigancho y en el Frontón.

Concentrémonos en el Frontón, que es el caso por el cual se convocó a AGP como testigo.

La CVR estableció que, luego de la debelación del motín, miembros de la infantería de Marina procedieron a ejecutar arbitrariamente a un número indeterminado de intrnos rendidos mediante procedimientos compatibles con fusilamientos y el empleo de armas blancas.

El operativo de develamiento estuvo a cargo del hoy vicepresidente Luis Giampietri. El almirante niega haber participado en el segundo momento, en el que ocurrieron las ejecuciones, otros creen que sí y por ello sostienen que el parlamentario debe ser incluido como acusado y no como testigo en esta operación. Creemos que la justicia deberá aclarar si es que en ese segundo momento realmente estuvo Giampietri.

El principal responsable de las ejecuciones fue el capitán de navío Juan Carlos Vega Llona, fallecido en 1988 por un atentado de Sendero Luminoso en Bolivia. Su hermano, el empresario Ricardo Vega Llona, ha reconocido públicamente la autoría del hecho. La CVR también sindica a los tenientes AP César Patrón Baldwin, Carlos Tello Aliaga y Luis Román Rodriguez como responsables. Dada la envergadura de los hechos, estas ejecuciones no pudieron haberse perpetrado sin el conocimiento del Comandante de la Segunda Región Zonal Naval, vicealmirante Víctor Ramírez Isola (ya fallecido) y del Comandante General de la Marina, Víctor Nicolini del Castillo.

A despecho de lo que dicen algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no sindicó a Alan García Pérez como responsable penal y directo de lo ocurrido en los penales entre el 18 y 19 de junio de 1986.

Según lo que he podido conversar con varios miembros de este grupo de trabajo, no se encontraron evidencias que pudieran comprobar que el nuevamente Presidente de la República diera la orden de ejecutar extrajudicialmente a los internos de los penales, ni que tuviera conocimiento de dichas acciones.

Sin embargo, la CVR fue bastante dura en lo que se refiere a las responsabilidades políticas. A la falta de inteligencia y a la decisión desproporcionada antes comentada, la Comisión señala que la responsabilidad política del gobierno es alta dado que se privilegió de antemano la intervención militar antes que la solución pacífica y no se adoptaron mecanismos idóneos de control que garantizasen un enpleo racional de la fuerza en la intervención militar.

Finalmente, la CVR señaló que el caso debía ser esclarecido en el Poder Judicial. El sistema de administración de justicia cuenta con elementos y prerrogativas con las que la Comisión no contó, por lo que era de esperarse que el caso pueda ser investigado con rigurosidad por las autoridades judiciales.

UN CASO SIN ESCLARECER: 21 AÑOS DESPUES

Asi llegamos, 21 años después de lo ocurrido, sin el establecimiento formal de responsabilidades de estos casos y con varias dificultades para hacerlo.

La primera, es que el principal responsable de los hechos, Juan Vega Llona, ya no puede prestar declaraciones sobre los hechos, dado que fallecíó hace 18 años, víctima de SL.

La segunda, que podía ser el tiempo, ha quedado atrás. Las pericias forenses practicadas a los cadáveres, las dos sentencias sobre el caso dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las investigaciones de la CVR y el reconocimiento hecho por Ricardo Vega Llona confirman que sí hubieron ejecuciones extrajudiciales en el Frontón, luego de debelado el motín de junio de 1986.

La tercera, la lentitud y parsimonia casi ancestrales del Poder Judicial, son de las que más han agitado el cotarro. Los cambios constantes de jueces y fiscales del caso aumentan las suspicacias sobre una manipulación política del caso, sea a favor de Alan o en contra de él.

La cuarta, a mi modo de ver, es la casi fanática convicción que con las que algunos abogados ven en García como un reo posible de ser condenado por lo del Frontón. Gloria Cano y Carlos Rivera son dos personas que tienen una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos humanos y desde aquí la reconozco. Sin embargo, considero que su visión casi talibánica por encontrar responsabilidades en AGP sin tenerse hasta el momento evidencia suficiente de ello ha terminado por dar a los apristas un arma para eludir interrogatorios o investigaciones mayores.

La quinta y última, el celo con el que el APRA procura tapar el caso. Lo ocurrido el día de hoy es una clara muestra de que es el camino que pensarían tomar. Si las evidencias son contrarias a la responsabilidad de García o no llegan hasta él, entonces, ¿por qué los miedos y las valerianas en Alfonso Ugarte?

Algunos podrían arguir que el caso se convirtió en una bandera política cuando el FIM fue aliado del APRA, pero la vocación persecutoria de Fernando Olivera - quien ahora anda desaparecido del mapa - no debe ser óbice para que los hechos se aclaren.

Otros podrían decir que a quien se intenta proteger es a Agustín Mantilla, quien estuvo presente en la escena del crimen. Pero ello aumenta las sospechas sobre García, pues en ese momento Mantilla era su hombre de confianza.

Al Presidente de la República se le adjudico la frase el que no la debe, no la teme. Sólo él y su conciencia sabe cuáles son los temores más íntimos que afloran, cada vez que escucha la palabra Frontón. Por su bien y el del país, es hora que conozcamos toda la verdad de lo que pasó en junio de 1986.

POST SCRIPTUM: Tres personas que actualmente están presentes en política activa podrían aclarar varias cosas de lo ocurrido en la sesión del Consejo de Ministros de 1986: Luis Alva Castro y Luis Gonzáles Posada, actuales parlamentarios apristas, y Allan Wagner, actual Ministro de Defensa. Dado el carácter de omertá que tiene el APRA sobre este tema, quizás Wagner, un tipo honesto y sensato, pueda darnos algunas luces adicionales sobre lo que allí se discutió.

Tal como se esperaba, ha causado revuelo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales practicadas en mayo de 1992 en el Penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Sin embargo, la discusión mediática se ha centrado en el tema de las reparaciones más que en lo que dice la sentencia sobre los temas de fondo.

A nuestro modo de ver, la discusión debiera centrarse en otros aspectos de la sentencia, que son los medulares y sobre los cuales el Estado y la sociedad peruanas deberá reflexionar de manera seria y calmada, lejos de las bravatas que vienen esgrimiendo los diarios Expreso, La Razón y Correo, como de las actitudes reprobables de los abogados senderistas, que pretenden convertir este fallo en una victoria, cuando no lo es.

Un primer aspecto a tener en cuenta es que la vida humana debe respetarse, sea cual fuere la persona de la que se trate. Nadie tiene derecho a decidir cuando cesa la vida de una persona, menos aún por la fuerza. Eso nunca lo entendió Sendero Luminoso, agrupación que utilizó la violencia y el terror para tomar el poder y cuyos miembros no dudaron en asesinar a sus propios compatriotas. De ello no hay duda y por eso se exige la mayor sanción posible, dentro de la ley y los compromisos internacionales asumidos por el Perú, para quienes iniciaron un conflicto que le costó al país cerca de 70 mil víctimas.

Pero el Estado no se puede colocar al mismo nivel que aquellos a los que busca combatir. La forma de derrotar a la subversión es con las de la legalidad y la Constitución. No se logra cometiendo violaciones a los derechos humanos ni menos aún ejecutando personas, por más delincuentes que estas hayan sido. Esa es la lección que hasta ahora la clase política peruana, buena parte del empresariado y de la sociedad no aprende: la famosa mano dura que tanto se reclama, los costos a pagar de los que hablaba Raúl Romero en aquella infeliz declaración en Caretas siempre terminan siendo mayores que los objetivos que se buscan conseguir. Como decía Henry Pease en mi clase de Realidad Social Peruana, siempre el medio condiciona la resultante. Este caso en particular ha sido la clara demostración de ello.

Un segundo aspecto es que el Estado peruano reconoció los hechos materia de la sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, se reconoció que había existido un operativo de traslado de detenidos por terrorismo que culminó en una masacre, que no existió de por medio un motín y que se utilizó desproporcionadamente la fuerza, además de rechazar todo tipo de mediación en los acontecimientos. Eso, en términos jurídicos, implica una asunción de la responsabilidad internacional de estos hechos y, por tanto, la consecuencia lógica es que haya un deber de reparar a las víctimas de estos sucesos.

En Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la calidad de víctima no depende de quien sea el autor o que se haya identificado al autor del hecho violatorio y es independiente de toda relación que pueda haber existido entre la víctima y ese autor o perpetrador. Tampoco dicha calidad depende de la conducta previa de la persona perjudicada, pues, sobre la base de los principios de igualdad ante la ley y no discriminación, no se toma en cuenta la legalidad o moralidad de sus acciones personales, teniendo como único límite aquellos casos en los que miembros de organizaciones subversivas fueron heridos, muertos o lesionados en enfrentamientos armados, pues tomaron las armas contra un régimen democrático y como tales se enfrentaron a la represión legal y legítima que las normas confieren al Estado.

Es en este marco que debe examinarse el tema de las reparaciones, tan manoseado y comentado en estos días. Y sobre esta base podemos concluir que las indemnizaciones otorgadas son correctas y que cualquier aclaración a la Corte Interamericana no surtirá efecto alguno con relación a este aspecto. Con relación a la propuesta del embajador peruano ante la OEA, Antero Flores - Araoz, para embargar las indemnizaciones, esta opción sólo procedería para los senderistas heridos que han sido sentenciados, como es el caso de Osmán Morote y otros, pero no operaría para el pago de los familiares. Una opción es que el Estado difiera el pago hasta que procese y condene al autor intelectual de estos hechos, es decir, a Alberto Fujimori, quien sí tiene la posibilidad material - de sobra, con lo que se robó - de pagar dichas indemnizaciones.

Punto aparte sí lo constituyen las reparaciones simbólicas solicitadas. Y allí sí consideramos que la Corte Interamericana pudo haber tenido un error de apreciación, dada la hipersensibilidad que existe en el Perú con el tema del terrorismo, por lo que pedir una ceremonia de reconocimiento del Estado en el monumento El Ojo que Llora, que conmemora a las víctimas del conflicto armado interno, es sumamente chocante para quienes vivimos el terror de aquellos años. Allí creemos que si cabe una petición de aclaración del Estado peruano a la Corte sobre este punto de la sentencia, que, como sabemos, es inapelable.

Un tercer aspecto a tomar en consideración es tener en consideración cual es la situación de las cárceles en el Perú. La vida y obra del sacerdote Hubert Lanssiers, tan recordada en estos días de balance de finales de año, nos hace tener en consideración que sí es posible la tan ansiada rehabilitación del detenido, incluso de aquellos que en algún momento fueron parte de organizaciones subversivas. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, nos recuerda que miles de compatriotas moran en las prisiones peruanas en condiciones infrahumanas, donde es muy difícil la rehabilitación, muchos de ellos sin sentencia judicial firme.

La opinión pública peruana, en general, no muestra interés por la suerte de los internos en las cárceles. La idea más extendida sobre la pena es su equivalencia con el castigo, equivalencia que se exacerba cuando se trata de delitos muy graves y que raya con la venganza, por lo que existe un sector de peruanos proclive a aceptar restricciones a las condiciones carcelarias que vayan más allá de lo permitido por la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Pese a ello, el Estado tiene varias obligaciones que cumplir en esta materia: restituir derechos fundamentales compatibles con la reclusión, transmitir a la ciudadanía una idea más exacta de la vida en las cárceles y ejercer su autoridad con respeto a la vida y los derechos de los internos.

Esa lección debió ser aprendida con los sucesos de los Penales de 1986, en la que, si bien hubo un motín de por medio, todos los involucrados reconocen que hubo un uso excesivo de la fuerza, que culminó en ejecuciones extrajudiciales. Desafortunadamente, en 1992, con la aquiescencia de muchos peruanos, perdimos la democracia y se repitieron – esta vez con la complicidad directa de quien ejercía el poder absoluto – los mismos errores y horrores del pasado. Hoy, los responsables deben pagar y los peruanos debemos comenzar a mirar nuestra historia reconociendo que no supimos manejarnos adecuadamente en dichas circunstancias, pero que no debemos volver a cometer los mismos errores.

Finalmente, de seguro no faltará alguno que diga que debemos retirarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de hecho, Rafael Rey ya lo hizo). Quien lo haga debe ser consciente de que con ello perderemos un instrumento importante para defender nuestros derechos fundamentales. Y debe ser más consciente aún que el Perú es el país que más sentencias tiene ante el sistema interamericano. Algo anda mal en nuestra sociedad y nuestro Estado para que tengamos tan vergonzoso record y no es la existencia de una instancia internacional que procese la responsabilidad estatal sobre vulneraciones a los derechos de las personas. Más bien es aquello que hace reclamar atropellos para vivir tranquilos. ¿No es aquello sobre lo que debemos pensar para mejorar como nación?

POST SCRIPTUM: Una aclaración adicional, con relación a una información vertida el día de hoy en el diario Expreso.

El monumento El Ojo que Llora no es un monumento a terroristas ni se construyó a espaldas de la Municipalidad de Jesús María. Como lo señaló un especial sobre el monumento hecho por Agencia Perú, “la municipalidad de Jesús María, en actitud humanística, cedió una parte del Campo de Marte para conmemorar y respetar la memoria de nuestra historia. En sus jardines nacerá el proyecto La Alameda de la Memoria. Proyecto cuya finalidad es crear una cultura de conciencia para que la historia no se repita“.

En la Alameda de la Memoria se instaló la escultura El Ojo que Llora, elaborada por la artista holandesa residente en el Perú Lika Mutal, para recordar a las víctimas de la violencia. En el proyecto también ha intervenido el arquitecto Luis Longhi. Ambos han donado su trabajo y han inscrito la Alameda de la Memoria dentro de una lista de Museos de la Memoria.

Por tanto, la aseveración hecha por el diario Expreso, que recoge supuestas declaraciones del nuevo alcalde de Jesús María, Luis Ocrospoma, carece de todo fundamento.

MAS SOBRE EL TEMA:
Sentencia completa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro.
Gran Combo Club: Fallo CIDH: ¿Triunfo de Sendero o de la sociedad civil? Sentencia CIDH: batalla mediática.
Perú.21: Posiciones diversas sobre la sentencia de la CIDH.
Salomón Lerner Febres: “García debe explicar el papel de Fujimori en la masacre del penal”.
Gastón Garatea: “Sentencia no es homenaje a SL”.
Antero Flores Araoz: “Embarguemos indemnizaciones”.
Fernando Vidal Ramírez: “Corte Interamericana no defiende terroristas”.
Editorial de La República: El fallo de la CIDH.
El Blog del Morsa: Alan García: “Resulta indignante que un tribunal haya llegado a esta conclusión”.
Alberto de Belaúnde: Sobre el fallo de la CIDH.
Laura Balbuena: “Nadie es totalmente malo”.

El caso que le costó la cadena perpetua a la cúpula de Sendero Luminoso

Santiago de Lucanamarca es un distrito ubivado en la provincia de Huancasancos, a 10 horas de la ciudad de Huamanga, capital del departamento de Ayacucho.

La provincia de Huancasancos fue una de las más convulsionadas por el conflicto interno durante la década los los ochenta. Sendero Luminoso aprovechó los conflictos intracomunales y de grupos de poder, así como la ausencia de protección del Estado hasta 1983.

Aunque algunos sectores de la población apoyaron inicialmente a Sendero, a medida que el carácter abusivo de su propuesta fue siendo claro para la población y afectaba la vida de las comunidades, la población se organizó para hacerles frente. En Lucanamarca, días antes de la matanza, los pobladores victimaron a un miembro de Sendero Luminoso. Ello provocó la venganza de Sendero, en una de las masacres más sangrientas y demenciales de las que se registra en el Informe Final de la CVR.

El domingo 3 de abril de 1983, setenta miembros de Sendero Luminoso, armados con hachas, machetes, cuchillos y armas de fuego, iniciaron un ataque a lo largo de un trayecto que comprendió las zonas de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua, Muylacruz y Lucanamarca.

Esta acción fue decidida por el propio Abimael Guzmán quien, en un alarde de su cinismo, dijo lo siguiente sobre uno de los actos más cruentos de su accionar:

“Frente al uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria respondimos contudentemente con una acción: Lucanamarca. Ni ellos ni nosotros la olvidamos, clado, porque ahí vieron una respuesta que no se imaginaron, ahí fueron aniquilados más de ochenta, eso es lo real; y lo decimos, ahí hubo exceso, como se analizara en el año 83, pero toda cosa en la vida tiene dos aspectos: nuestro problema era un golpe contundente para sofrenarlo, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil; en algunas ocasiones como en ésa, fue la propia Dirección Central la que planificó la acción y dispuso las cosas, así ha sido (…) ahí lo principal fue hacerles entender que éramos un hueso duro de roer y que estábamos dispuestos a todo“.

Los testimonios de los sobrevivientes dan muestra del horror cometido.

Antonio Quincho, en cuya vivienda reunieron a 29 personas entre hombres, mujeres y niños para asesinarlos, dio el siguiente testimonio a la CVR de lo que encontró 2 días después en su hogar:
“con las manos y los pies amarrados, hasta las trenzas salidas de las señoritas, a quienes los habían cortado con hacha, cuhillo, pico, incluso les habían echado agua caliente…encontraron a los niños quemados sus manitos, caritas, a los niños recién nacidos les habían sacado las tripas y pisado sus cabezas hasta que salgan sus sesos“.

Marcelino Casavilca fue obligado a tenderse frente a la puerta de la iglesia del pueblo. Su testimonio ante la Comisión relata con crudeza lo que ocurría en ese lugar:
“Ahí realmente nos hacen agachar, diciendo “ustedes pobres miserables querían escapar” diciendo, ahora tiene qe recibir castigo acá, nos han hecho manos amarrados en el cuello ahí. Cuando estuve echado, me manda con una bala, con eso me he quedado desmayado, y aca toda esta parte del brazo está roto, en el cuello con cuchillo después me han matado, ya muerto he quedado, no me daba cuenta ya“.

Envenciona Huancauari refirió que luego de la huida de los subversivos corrió a ver a su esposo Gliserio Rojas Quincho, viendo el siguiente cuadro:
“Cuando me acerqué, estaba convulsionando, aun con vida, tenía la boca partida por el hacha, parte de la masa encefálica estaba fuera del cráneo, porque su cabeza estaba partida en cuatro (…) algunos órganos del pecho habían sido retenidos en la ropa, cuando quise levantarlo de un brazo, ya no lo tenía, estaba separado del cuerpo“.

Murieron 69 víctimas. El Estado no procesó el caso hasta el año 2002. Su muerte se produjo cuando se hallaban bajo un total estado de indefensión y desventaja, en circuntancias en que les resultaba imposible defenerse o resistir y que no consituían en modo alguno amenaza a la vida o la integridad de los senderistas.

Diecocho de las víctimas fueron niños entre los seis meses y los diez años de edad. Ocho fueron adultos mayores entre los cincuenta y sesenta años. Once fueron mujeres entre los 13 y 19 años, algunas de ellas en estado de gestación.

Esta es la muestra de la insanía y el terror que vivimos los peruanos. Sendero Luminoso decía actuar “en nombre del pueblo”, pero lo que hacía era oprimirlo y matarlo. Decía defender sus intereses, pero lo que hacía era violar los derechos humanos y socavar la democracia.

Que nunca más se repita esta barbarie.

UPDATE:

Abimael Guzmán Reynoso y Elena Iparraguirre recibieron la cadena perpetua.

Laura Zambrano Padilla y María Pantoja Sánchez, integrantes de la cúpula senderista, recibieron 35 años de prisión.

Margot Liendo Gil, Osmán Morote Barrionuevo, Víctor Zavala Cataño, Martha Huatay, Margie Clavo Peralta, Angélica Salas La Cruz y Victoria Obdulia Trujillo fueron condenados a 25 años de prisión.

Oscar Ramírez Durand, el único de la cúpula que mostró algo de arrepentimiento y colaboró en el juicio, recibió 24 años de prisión.

Los abogados de Guzmán y el Procurador Guillermo Cabala apelaron la sentencia.

Los abogados de los senderistas, Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, denostaron de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la consideraron un “instrumento de la derecha en su contra”. Ello confirma que dicho grupo de trabajo condenó claramente a Sendero Luminoso, echando por tierra cualquier especie que las vinculaba con dicha organización político - criminal.