Desde el Tercer Piso

Los Vicepresidentes de la República. Personas que solo deben ocuparse de la buena salud del Presidente y de reemplazarlo cuando se va de viaje. Eso dice la Constitución.

Sin embargo, nuestros dos vicepresidentes hacen méritos para salir del cuadro. Dado que su producción parlamentaria parece no ser relevante, la altisonancia declarativa y los horrores administrativos vienen caracterizando las declaraciones de Luis Giampietri y Lourdes Mendoza del Solar.

Al almirante se le critica por la contratación de asesores - tanto en el 2006 como recientemente -, así como sus intentos de silenciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, sus intentos por limpiar al fujimorismo, su intervención a favor de la contratación de Alberto Pandolfi, militarizar la cumbre de la APEC y el extraño ocultamiento de un caso de corrupción en investigación.

Y Lourdes Mendoza también ha hecho méritos: la contratación de asesores para la Segunda Vicepresidencia - despacho que no existe en el organigrama del Estado - y sus declaraciones a favor de Fujimori (que confirmaron las relaciones familiares con la dictadura) pusieron en la atención de todos a la congresista por Arequipa.

Ayer, La Ventana Indiscreta informó que un ascenso algo extraño sería producto de ambos vicepresidentes. El novio de la vicepresidenta, el capitán de navío de la Marina de Guerra del Perú Carlos Zárate Cáceres, ascendió al grado de contraalmirante, a pesar de estar en el puesto 14 de su promoción. Peor aún, Mendoza admitió que habló con Giampietri sobre este tema, aunque se cuido de decir que solo había dicho que el ascenso era un anhelo. Esto se da en un contexto en el que para nadie es un secreto la influencia que el Vicepresidente Giampietri tiene en la Marina de Guerra.

Ahora bien, lo que ha ocurrido no es solo un hecho anecdótico. Recientemente se aprobó la Ley de Ascensos para las Fuerzas Armadas, que se suponía que ayudaría a evitar este tipo de prácticas de beneficios. De hecho, este año el cuadro de ascendidos se ha publicado rápidamente, lo que ha sido elogiado por expertos civiles en Defensa. Aun así, se han dado este tipo de situaciones, en la que los dos vices habrían contribuido a perforar una norma que ayudaría a ordenar una situación problemática para los institutos armados.

Las autoridades del gobierno deben entender que están para servir y no para servirse del Estado. Son casos como estos los que debilitan la confianza en la democracia y en las autoridades del gobierno. Sin duda, los dos Vicepresidentes, hace rato, que han cruzado la línea de la pésima conducta.

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La presencia de Giampietri se hace sentir en la cumbre de la APEC 2008

Hace poco más de un mes, se pudo conocer que la sede de la cumbre de la APEC, a celebrarse en nuestro país en 2008, será una instalación militar: el Cuartel General del Ejército, conocido coloquialmente como el Pentagonito.

Este hecho no debería extrañarnos, dado que el Primer Vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas, es el encargado de ver todo lo concierniente a la organización de la cumbre de la APEC. Motivo que nos lleva a hacernos algunas preguntas que considero válidas.

Primera cuestión: ¿No que los vicepresidentes tienen la única y exclusiva función de reemplazar al Presidente?

El hecho de que se haya dado “encargos” a los vicepresidentes en el pasado no significa que estos sean legales. La Constitución y la Ley son claras en especificar que estas personas solo tienen la tarea de verificar si el Presidente está en el país o si ha ocurrido alguna de las causales de vacancia. Anteriormente en este espacio se criticó que se contrataran funcionarios para la Primera y Segunda Vicepresidencias de la República, ya que no había sustento para implementarles una oficina.

La tarea encargada a Giampietri compete, en realidad, a dos ministerios: a la Cancillería, por tratarse de un tema de política exterior, y al MINCETUR, dado que la cumbre de la APEC tratará temas de comercio exterior y se procurará que este evento genere una buena imagen al Perú, con el consiguiente impacto sobre el turismo. Y de allí mi segunda interrogante.

Segunda cuestión: ¿Por qué en una instalación militar?

Astuto, Giampietri ha arguído el tema de la seguridad de los altos dignatarios. Claro, viene Mr. Bush y hay que darle las facilidades del caso para que no lo abucheen. Por eso utilizan: 1) una instalación militar que 2) está ubicada en una zona residencial y con calles bastante pequeñas, como para que no se concentren manifestantes cerca (y lo se bastante bien porque vivo por allí).

Pero hay dos cuestiones que no se han tomado en consideración. La primera, es que cuando vino Bush a Lima no fue necesario encerrarlo en un cuartel: se alojó en el Marriot para pernoctar y todas sus actividades las cumplió en Palacio. La segunda, es que en otras cumbres que se han celebrado en el Perú (recuerdo la Iberoamericana de Jefes de Estado en Lima, y la Sudamericana de Presidentes en el Hotel Monasterio del Cusco, ambas durante el gobierno de Toledo) no ha sido necesario poner a los invitados en este tipo de recintos, se cumplieron con las medidas de seguridad y, además, se cumplió con el objetivo de promocionar al país.

Lo que me lleva a pensar en el tipo de mensaje que se quiere dar haciendolo allí: ¿Un país tan inseguro que tenemos que llevar a altos dignatarios a un cuartel para que se sientan cómodos? Anti-turístico por donde se le mire. O el otro mensaje: nosotros los militares tenemos que intervenir en el desarrollo del país: con el perdón de mis amigos de las Fuerzas Armadas, pero ese tipo de pensamiento fue el que nos llevó a Velasco y Fujimori.

Y de refilón: ¿acaso no nos acordamos que en el Pentagonito se produjeron torturas y otro tipo de violaciones a los derechos humanos según lo reportado por Comisiones del Congreso, investigaciones periodísticas y la CVR?

Tercera cuestión (como diría Frankie Ruiz): ¿Y como lo hace? ¿Cuál es el negocio?

La preocupación no es poca, más aún luego de revisar esta parte de la entrevista que le hicieron ayer a Giampietri:

¿Cuál será el mecanismo para las contrataciones?
La Ley de Presupuesto nos ha dado algunas facilidades para el manejo de los fondos. Ha sacado un artículo particular para el tema de la APEC que le da más fluidez al trámite porque se entiende que los tiempos son muy cortos, pero estamos tratando de mantener, en lo posible, las normas regulares para evitar problemas.

¿Estarán exonerados para realizar licitaciones en materia de seguridad?Hasta cierto punto. En la Ley de Presupuesto se da una serie de facilidades para que se puedan hacer contrataciones y adquisiciones más rápido de lo normal.

La disposición a la que se refiere Giampietri está en la Ley N° 28927, Ley del Presupuesto 2007 y dice a la letra lo siguiente:

VIGÉSIMA OCTAVA.- Exceptúanse, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 y disposiciones relacionadas a éstos de la presente Ley, así como de las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás normas complementarias, las contrataciones, las adquisiciones y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2007, que tengan por objeto el desarrollo de las actividades para la realización, programada para el año 2008, de la XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) bajo la presidencia del Perú, incluyendo reuniones ministeriales, conferencias especializadas y otros eventos que se programen en ese marco; así como las contrataciones, las adquisiciones y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2007, que tengan por objeto el desarrollo de las actividades para la realización, programada para el año 2008, de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe - Unión Europea, siempre que sean realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por las entidades que conforman la Comisión Ejecutiva establecida por Resolución Suprema Nº 133-2006-RE, e incluso de ser el caso, indirectamente mediante convenios de administración de recursos suscritos o por suscribirse.

Y como se ha podido comprobar durante este gobierno, tanto con el Shock de Inversiones como con el tema de El Niño, estas exoneraciones de controles son la puerta abierta a que puedan ocurrir serios hechos de corrupción, como los registrados por la prensa durante estos 10 meses de gobierno.

A ello se suma lo registrado por Pedro Tenorio para Perú.21, en un reportaje sobre las movidas que vienen ocurriendo en la Marina de Guerra del Perú:

“Una vez lograda la reorganización de la Dintemar, el segundo paso consistiría -según la versión recogida por este diario- en reforzar las relaciones del sector ahora hegemónico dentro de la Armada con las principales empresas de seguridad que ofrecen sus servicios en el país. Precisamente, el escándalo afectó la reputación de Andrick Service y Grupo Atenea, dos ‘junior’ que empleaban los servicios del capitán Barba y compañía, hecho interpretado como parte de una jugada para sacar del camino a empresas menores en beneficio de las ‘grandes’.

¿Cuál sería el objetivo final de este tinglado? Dotar al Gobierno, por medio de la Armada, de un aparato de Inteligencia que le permita anticipar futuras crisis, tanto en el ámbito de la seguridad pública como en el político, lo que abarcaría, incluso, el seguimiento a opositores del régimen siempre bajo el pretexto de mantener el clima apropiado para las inversiones. Un concepto de seguridad que pasa por sacrificar algunos derechos fundamentales -en especial de la oposición política- en nombre del orden”.

Lo que se complementa con esto, que llama a la alarma sobre el real negocio con la cumbre de la APEC:

El próximo año el Perú será sede no solo de la cumbre entre Europa y América Latina, sino también del Foro Económico Asia Pacífico, una reunión de líderes, ministros y funcionarios de 21 economías (desde las más desarrolladas como China, Japón y EE.UU., hasta emergentes como la peruana) que pondrá al país, por unos días, en la mira de la prensa mundial. Esta importante cita, cuya organización ha sido confiada al vicepresidente Giampietri (y no a la Cancillería, como fue en otros países otrora anfitriones del evento), requerirá de un despliegue importante de seguridad, más allá de la que puedan brindar las Fuerzas Armadas y la PNP.

Aún no se informa del presupuesto asignado a la organización de este evento, pero en Chile (2004) se habló de entre US$6 y US$7 millones. Eso, sin contar que Nueva Zelanda (1999), Brunei (2000) y China (2001) invirtieron entre US$15 y US$27 millones. Ciertamente, dependerá de cuánto quiera y pueda gastar el Estado peruano para hacer un cálculo de la apetecible torta que disputarán las empresas de seguridad interesadas en competir -imaginamos que vía licitación- por ofrecer sus servicios.

El tema es que, como la misma Ley de Presupuesto lo señala, no hay licitaciones de por medio, sino procesos exonerados de controles, e incluso libertad de gasto, al no restringir los tópicos concernientes a la austeridad presupuestaria. A ello se suma el hecho de que, según he podido confirmar con fuentes cercanas a la Marina, es cierto que la mayor parte de agencias de seguridad privadas son dirigidas por oficiales en retiro de dicho instituto armado.

Prevenidos estamos todos.

Tal parece que la crisis en los sistemas de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú.

A las serias acusaciones de venta de información clasificada a empresas privadas de seguridad, se ha sumado el nombramiento de un Director de Inteligencia que sólo ha posidod durar en el puesto 48 horas.

Carlos Chanduví Salazar fue nombrado el sabado en reemplazo de LuisChumbiauca Muñante como el nuevo responsable de la DINTEMAR. Chanduvi no era un oficial desconocido por el Ministro de Defensa Allan Wagner, ya que fue él quien acompañó al Ministro en la defensa de la autenticidad del informe de la Marina sobre el accidente del Fokker de Alianza Lima en 1987.

El problema con Chanduvi se genera por una resolución emitida en 2004 cuando pertenecía al Consejo Supremo de Justicia Militar. Frente al pedido de las víctimas del caso La Cantuta para que se declarara nulo el juicio en el fuero militar celebrado en 1994, se declaró improcedente la solicitud. Cabe recordar que en ese proceso militar no se declaró la culpabilidad de los autores intelectuales, entre ellos, Vladimiro Montesinos Torres.

Dicha resolución tenía dos vicios graves. El primero, la confirmación de un fallo de la justicia militar, que no es competente para resolver sobre violaciones de derechos humanos, pues no estos delitos no son considerados como delitos de competencia de este fuero. El segundo, que agravaba la impunidad persistente en este caso, al no poder procesarse a los autores intelectuales del crimen de La Cantuta en el fuero común, junto a los responsables materiales.

Incluso personas que tradicionalmente no se preocupan por el tema de los derechos humanos, como el congresista aprista Luis Gonzáles Posada, se manifestaron en desacuerdo con el nombramiento a todas luces desacertado.

La Marina tuvo que rectificar el error y el nuevo director de la DINTEMAR es el Contralmirante Pedro García Llaque, un oficial sin manchas en su foja y que incluso ni siquiera firmó la famosa “Acta de Sujección” a Montesinos.

Sin duda, las Fuerzas Armadas deben cuidar este tipo de nombramientos cuestionados. Este es un ejemplo más de la necesidad que se tiene para diferenciar a los violadores de derechos humanos - y sus cçomplices legales - de los oficiales correctos y cumplidores de su deber. Los “espíritus de cuerpo” solo terminan haciendo más daño a la institución militar.

Más sobre el caso de venta de información de inteligencia de la Marina a agentes privados.

Hoy hemos tenido mayores repercusiones sobre el escandaloso caso de venta de información de inteligencia, hecha por el ex agente Carlos Barba Daza, a empresas privadas, así como la contratación de este personaje para laborar en estas corporaciones, a pesar de estar prohibido que se contrate a personal en actividad de las Fuerzas Armadas para hacer labores propias de su función.

El diario La República señaló hoy un potencial conflicto de intereses del Presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso (y Primer Vicepresidente de la República) Luis Giampietri en una posible investigación sobre este tema, dado su carácter de marino. Un argumento más fuerte, a mi modo de ver, lo presenta Augusto Alvarez Rodrich, que recuerda que el Almirante, como primera acción dentro como presidente de esta comisión, investigó a una institución incómoda para sus intereses: el Instituto de Defensa Legal. Y a ello habría que sumar los rumores incesantes de que algunas de las primicias del llamado “SIN Chicha” serían de su autoría.

Pero también se han producido nuevas revelaciones sobre el caso del capitán Barba. Un reportaje elaborado por Augusto Thorndike para Domingo al Día (América Televisión), reveló que Barba también había prestado servicios de poligrafía - el famoso detector de mentiras - para Telefónica Seguridad Integral, división de la transnacional española. El director de esta división, hasta el año pasado, era un oficial de la Marina en situación de retiro. Y según información de primera mano que he tenido durante esta tarde, varios oficiales en retiro de la Marina trabajan en esta subsidiaria de la empresa española.

Pero más revelador aún es saber que, entre la información que Barba filtró, se encontraban las coordenadas exactas de los remanentes de Sendero Luminoso, así como informes de inteligencia que permiten establecer que estos remanentes vienen sufriendo varias enfermedades y dificultades logísticas. Ojo, los informes son del segundo semestre del 2006, cuando este gobierno ya estaba en el poder. Pregunta: ¿por qué no se actuó aprovechanddo ese momento de debilidad? ¿Falta de estrategia, de recursos o, porque no preguntarlo, convencimiento en las Fuerzas Armadas que mantener una amenaza latente es la única manera de obtener recursos?

Demasiadas preguntas sueltas. Demasiados intereses alrededor. ¿Alguna respuesta?

MAS SOBRE EL TEMA:
Jorge Bruce: Naufragio Moral.
Jorge del Castillo: Se sancionará a traficantes de información de inteligencia.
El Comercio: Especialista Alberto Bolívar recomienda regular a empresas privadas de seguridad.

Venta de información de Inteligencia de la Marina revela verdadero estado de los sistemas de inteligencia.

Jerónimo Centurión, reportero de La Ventana Indiscreta, reveló el último jueves la existencia de, por lo menos, un agente de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú que ha vendido información clasificada a una empresa privada y se ha desempeñado como polígrafo en otra empresa (Ver Parte 1 y Parte 2)

La denuncia es bastante seria. Por un lado, Carlos Barba Daza, el agente de inteligencia involucrado en la denuncia, está impedido de laborar para una empresa privada (Grupo Atenea) - al igual que sus pares - y, menos aún, poniendo en práctica la actividad para la que fue entrenado: la detección de mentiras.

Por otro lado, es significativamente grave la venta de información a una empresa privada (Andrick Service, que tiene en su plantilla a Raúl Gonzáles, senderòlogo vinculado a las Fuerzas Armadas), quien a su vez, suministraba los datos dados por Barba a empresas mineras. Lo que se hacía era seguimiento y files de las autoridades y personas que presuntamente se oponían a la actividad minera, para poder encontrar algo que pudiera involucrarlos en actividades o conductas poco santas. No es difìcil recordar lo ocurrido con el seguimiento al padre Marco Arana y al equipo de Grufides en Cajamarca.

Si bien Allan Wagner y la Marina de Guerra del Perú han reaccionado rápidamente, disponiendo la separación del oficial involucrado y una investigación en Inspectoría de la Marina, la cuestión es más seria de lo que se piensa, dado que las empresas involucradas pertenecen a oficiales retirados de la Marina y Barba no sería más que uno de los varios agentes de inteligencia que hacen este “doblete” de información.

Cuestión que nos debe hacer reflexionar sobre el verdadero estado de la Inteligencia en el Perú. Hace unas semanas escribí al respecto y concluía diciendo que era necesaria una reforma, pero que habían varias personas en el gobierno poco interesadas en que dicha reforma se produzca, dado que conviene a sus intereses particulares tener un servicio desarticulado, que les permita acceder a información que pueda servirles para sus propias campañas.

Jerónimo promete más reportajes sobre este tema para la próxima semana. Sin duda, para que el Gobierno comience a ponerse a las pilas.

MINISTERIO DE DEFENSA
MARINA DE GUERRA DEL PERU
COMUNICADO OFICIAL Nro. 15 - 2006 - MGP

1.- Ante las informaciones propaladas la presente semana en relación con el lamentable accidente aéreo del avión Fokker F-27, ocurrido el 8 de diciembre de 1987, la Marina de Guerra del Perú cumple con informar a la opinión pública lo siguiente:

a.- Como es de conocimiento público, el accidente ocasionó la irreparable pérdida de vida de 43 personas, incluyendo miembros de la tripulación del avión, siendo el único sobreviviente el piloto de la aeronave.

b.- Ocurrido el accidente, la Marina de Guerra del Perú activó los procedimientos administrativos vigentes, conformando la Junta de Investigación de Accidentes, instancia que emitió su Informe - al que hace alusión el reportaje - el mismo que fue tramitado a través de la Comandancia de la Fuerza de Aviación Naval a la Inspectoría General de la Marina, máxima instancia de control de la Institución. El citado Informe, preparado de manera profesional, fue la base de las investigaciones posteriores efectuadas por una Junta de Alto Nivel y una Junta de Investigación Administrativa, designada por la Comandancia General de la Marina. Lo actuado por las citadas Juntas permitió a la Marina de Guerra del Perú emitir un Informe Final sobre el accidente.

c.- El mencionado Informe Final del accidente fue remitido al Ministro de Defensa, quien a su vez lo elevó al Presidente de la Cámara de Diputados y a la Presidencia del Senado; señalándose en el texto del mismo los pormenores del estado del material y las horas de vuelo del Piloto y resto de la tripulación, concluyéndose que el accidente fue causado por error humano, lo cual es totalmente coincidente con el Informe de la Junta de Investigación de Accidentes aludida en el citado espacio televisivo. Ello no hace más que demostrar la transparencia y claridad con la que actuó la Marina de Guerra.

d.- Paralelamente, la Empresa aseguradora realizó de manera totalmente independiente la investigación del accidente y el peritaje técnico correspondiente, habiéndosele proporcionado la información de registros técnicos y operativos de la aeronave y de su tripulación que nos fuera solicitada. La investigación del asegurador concluyó con su aceptación de asumir la ejecución de la póliza, lo cual es el mejor testimonio de que tanto la operatividad de la aeronave como la habilitación de su tripulación respetaron los requisitos de suficiencia establecidos y requeridos por las normas técnicas aplicables.

e.- Adicionalmente, la Marina de Guerra del Perú apoyó activamente en las gestiones ante el Supremo Gobierno para el otorgamiento de una pensión de gracia con carácter vitalicio por el monto de una Unidad Impositiva Tributaria, orientada a los deudos de los 30 deportistas integrantes del Club Alianza Lima, habiendo el Congreso de la República emitido en el mes de junio de 1988 las Resoluciones Legislativas correspondientes, las que a la fecha se encuentran vigentes.

2.- En tal sentido, la Marina de Guerra del Perú en salvaguarda del honor Institucional, así como del de las personas afectadas por las informaciones propaladas – como son el Ministro de Defensa, el Comandante General de la Marina y el Comandante de la Fuerza de Aviación Naval de la época – quienes ya han fallecido, se ve en la necesidad de rechazar las imputaciones vertidas y puntualizar principalmente lo siguiente:

a.- La Marina de Guerra del Perú no ocultó el Informe de la Junta de Investigación de Accidentes, ni los miembros de dicha Junta lo hicieron por propia iniciativa. El Informe aludido estuvo recogido en el Informe Final que fue entregado a las Autoridades Políticas, Administrativas y Judiciales competentes; por lo tanto, el programa televisivo mencionado no ha aportado ninguna “verdad” ni tampoco nada nuevo a todo lo conocido sobre esta tragedia.

b.- Los familiares de los fallecidos fueron tratados por la Marina de Guerra del Perú con el mayor de los respetos y con las exigencias mínimas de seguridad e identificación que tenían que ser cumplidas para acceso a las instalaciones navales, considerando que en la época en que ocurrió el accidente estaba aún en efervescencia el fenómeno terrorista.

c.- Los deudos fueron indemnizados. La póliza de seguro cubrió las indemnizaciones correspondientes, las cuales fueron pagadas a los familiares. Aquellos familiares que no hicieron uso directo de la póliza y que acudieron al Poder Judicial, fueron indemnizados de acuerdo al dictamen correspondiente emitido por la Judicatura.

3.- La Marina de Guerra del Perú deplora profundamente que, luego de 19 años de ocurrido un penoso y lamentable accidente, se hayan propalado, una serie de imputaciones carentes de fundamento, habiéndose reeditado dolorosas escenas ocurridas que afectaron no solo a los deudos sino a toda la Nación. Finalmente cumplimos con reiterar a la opinión pública y a la ciudadanía en general que la Marina de Guerra del Perú ha sido, es y será la primera en lamentar la tragedia ocurrida que produjo la irreparable pérdida de vidas de peruanos con juventud y promisorio futuro.

COMENTARIOS:

Lo que la Marina de Guerra pretende hacer es lo que, en jerga, se conoce como “lavada de manos”.

¿Qué es lo que quedó claro de las investigaciones periodísticas hechas esta semana?

1. El accidente del Fokker se debió a una serie de negligencias, principalmente, la contratación de una nave con problemas y un piloto y un copiloto cuya experiencia de vuelo era insuficiente para operar una aeronave de sus características.

2. Fueron los superiores inmediatos del piloto y el copiloto quienes los nombraron, a sabiendas de su incompetencia. Luego del accidente, fueron ellos quienes designaron a una comisión para investigar este penoso suceso. Directamente son responsables los oficiales Duboc y Vargas Prada, nombrados en los informes periodísticos hechos esta semana.

3. La Comisión entregó sus resultados a la Marina de Guerra, no a autoridades políticas. Deberán ser las personas nombradas en el comunicado de hoy quienes confirmen esta versión. El General Germán Parra, entonces Ministro de Transportes, aseguró que el Consejo de Ministros no fue informado de los resultados de esta investigación. ¿Quién miente?

Cabe precisar que entre los años 1987-1988 el titular de la cámara baja era el actual legislador del APRA, Luis Alva Castro y en el Senado el extinto Ramiro Prialé Prialé y como primer vicepresidente, Jorge Lozada Stambury. Y como ministro de Defensa era el extinto general Enrique Lòpez Albujar. Alva Castro y Lozada deberán darnos una respuesta sobre esto.

4. Si bien no existía la obligación legal de hacer público el informe del accidente, los familiares de las víctimas, quienes tenían el derecho a saber la verdad, nunca conocieron las circunstancias en que ocurrió el accidente. Este ocultamiento, además, hizo casi imposible la interposición de acciones civiles y penales contra los responsables.

5. El juicio contra el piloto Edilberto Villar fue llevado ante el fuero militar, que no le correspondía, dado que el accidente se produjo cuando no se encontraba en ejercicio de sus funciones militares y transportando a civiles. Uno de los jueces que procesó a Villar fue el vicealmirante Duboc, jefe de la Fuerza Aerea Naval en 1987 y responsable de que Villar piloteara dicho avión.

6. Resulta bastante sospechoso, por decir lo menos, que un original del informe haya estado en poder de uno de los miembros de la comisión por 19 años y que se encuentre en Estados Unidos.

7. La dirigencia del Club Alianza Lima, en especial el señor Agustín Merino, no apoyaron debidamente a los familiares de las víctimas, para no tener problemas con la Marina, según palabras del propio Merino.

Un comunicado no tapa la incompetencia, la negligencia y el oscurantismo con el que procedió la Marina de Guerra del Perú. Reconozcan su responsabilidad y no sigan mintiendo a los familiares, ni a los hinchas de Alianza, ni al pueblo peruano.

ENLACES:
Jorge Esteves Alfaro: Agustín Marina, perdón, Merino
Cecilia Valenzuela: Comunicado de la Marina es una burla.
Luis Alva Castro: “No me acuerdo de nada”.

Como ya sabrán, ayer el Primer Vicepresidente Luis Giampietri se volvíó a calzar el uniforme y en el día de la Marina de Guerra volvió con su consabida visión del conflicto armado interno. Para Giampietri, no hubo violaciones a los derechos humanos y solo existe una “persecución injusta a través de procesos judiciales”, sin que se reconozcan los esfuerzos hechos por la Marina de Guerra en la pacificación del país. Le ganó el militar antes que el político, como bien señala El Comercio el día de hoy.

Las críticas contra las declaraciones de Giampietri han sido bastante lúcidas y creo que conviene reproducirlas, para hacer frente a un sentido común bastante generalizado en un sector de la política peruana:

SALOMON LERNER FEBRES:
“Nadie está persiguiendo a las Fuerzas Armadas. Reconocemos su legitimidad en la defensa del orden público y del estado derecho. Lo que lamentamos son las estrategias equivocadas. En el caso de El Frontón, Sendero quería una respuesta brutal de parte del Estado. Y así sucedió. Hubo una reacción desproporcionada contra los subversivos. La demolición de una cárcel no se da en un estado de derecho y, si se investiga, eso no tiene por qué molestar a nadie; lo que se quiere es la justicia. De otro lado, lamento que Giampietri no haya tomado conciencia que ha sido elegido por la población. Él ya no representa a una corporación, a un gremio por más que su corazón lo diga. Él representa a todos los peruanos porque los peruanos son los que lo han elegido como vicepresidente y congresista. Creo que ahí debe ser sereno, ponderado y tener mucho más conciencia de la representatividad que ha asumido. Su aprecio a las FF.AA. es comprensible, pero puede llevar a sesgar su juicio sobre determinadas instituciones y conductas”.
(Perú.21, 9 de octubre de 2006).

SOFIA MACHER:
“Nosotros respetamos y reconocemos que las Fuerzas Armadas combatieron a la subversión, pero ello no es una razón para tapar las violaciones, y me parece que ahí está el error: se confunde el respeto a las instituciones armadas con el encubrimiento. Acá no hay ningún tipo de animadversión contra la institución ni contra los procesados. Si los procesos avanzan, es porque los jueces y fiscales encuentran pruebas de los delitos. El gobierno y los personajes que usted ha mencionado no pueden confundir la justicia con una defensa de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas”.
(Extractos de su entrevista en La República, 9 de octubre de 2006. Aparentemente, Macher colaborará con el gobierno en la elaboración del Registro Unico de Víctimas con miras a la implementación del Plan de Reparaciones).

MAURICIO MULDER:
“Que Giampietri haya acudido a una ceremonia en representación del presidente García no significa que sus opiniones sean las opiniones del presidente García (…)Reconocemos que el Estado cometió violaciones a los derechos humanos, que el Ministerio Público exageró en abrir investigación penal a los integrantes de una brigada o un batallón, sin haber individualizado la responsabilidad de los que cometieron las violaciones“.
(Declaraciones del Secretario General del PAP, en un rapto de lucidez).

CARLOS RIVERA:
“Esos procesos se iniciaron como consecuencia de la existencia de pruebas jurídicas suficientes de violación de derechos humanos (…) Los organismos de derechos humanos han condenado abiertamente las muertes perpetradas por el terrorismo contra efectivos de la Marina, porque han sido muertes injustas cometidas por un grupo demencial“.
(Abogado del IDL, El Comercio, 9 de octubre de 2006)

NELSON MANRIQUE:
“La lectura más obvia de por qué Luis Giampietri asistió con vestimenta militar es la intención de mostrar un espíritu de cuerpo con la Marina (su arma) en el tema de las acusaciones por la violación de los derechos humanos.
Pero la Marina se siente orgullosa –y con justicia– de Miguel Grau, quien no era capaz de asesinar ni a rendidos ni a heridos. Grau fue capaz de recoger a los soldados chilenos que caían de las embarcaciones cuando estaban inermes. Algo muy diferente al caso de los asesinatos de reos rendidos en El Frontón, en 1986“.

La pregunta que se desprende de la declaración de Manrique es: ¿Giampietri se habrá acordado de que ayer era día de Grau y de la nobleza del Almirante héroe del Pacífico?

UPDATE (10.10.06, 19:45):

Como verán a continuación, sigue la polémica sobre el tema.

El Presidente bendijo a Giampietri ayer lunes:

“Como respuesta a la dictadura fujimorista, justos pagan por pecadores, comenzó a hacerse una, no usaré el término persecución, pero si un señalamiento hacia militares que habían participado en la defensa nacional frente al terrorismo, y de frente se les sindica ya como culpables, sospechosos. Inclusive, personajes de la Comisión de la Verdad han dicho que ellos proponían enjuiciar a siete personas, y resultan enjuiciadas más de 100. ¿Por qué? Porque hay una obsesión por exagerar las cosas y, entonces, se está maltratando la imagen de mucha gente que, de muy buena fe y con riesgo de su vida, que muchos no pusieron, defendió al Perú en difíciles circunstancias“

El Ministro de Defensa bendijo hoy al Almirante:

“Ha habido una excesiva judicialización de los hallazgos de la Comisión de la Verdad, que ha determinado que un alto número de personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encuentre durante muchos años investigados o procesados“

A las pocas horas, dándose cuenta de su error, el Ministerio de Defensa envío un Comunicado señalando que “la posición oficial del Ministro” es:
1- Reconocimiento al personal militar y policial que defendió al Estado y la sociedad en la lucha contra el terrorismo.
2- Apoyo a la defensa legal del personal militar y policial que está siendo investigado o procesado por supuestos delitos contra los derechos humanos cometidos en cumplimiento de sus funciones en la lucha contra el terrorismo.
3- Colaboración de las personas e institutos armados con la administración de justicia, lo que permitirá individualizar los cargos como lo exige el Derecho Penal, de modo que se pueda juzgar con prontitud y respeto al debido proceso a quienes resulten imputables.
4- Asistencia a las víctimas de la violencia para hacer valer sus derechos ante la ley, por gestión de las entidades correspondientes, tales como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, que deben procurar los medios necesarios para ese fin.
5- Puesta en práctica de las reparaciones colectivas por parte del Gobierno que alivie el sufrimiento de los compatriotas víctimas de la violencia, incluyendo a los ex-combatientes, como forma de que la ciudadanía les expresen su solidaridad.

¿Esquizofrenia? Parece, porque Del Castillo, Meche y Mulder han señalado que la posición de Giampietri no es la “postura institucional del APRA”, mientras que Javier Valle Riestra, hoy en CPN Radio, estuvo de acuerdo con Giampietri y planteó una amnistía para los militares.

Mientras que, dando las muestras de decencia y dignidad que siempre manifestó el General Rodolfo Robles dijo hoy lo siguiente:

“No creo que exista una persecución a los militares procesados por violaciones a los Derechos Humanos. Lo que debe pasar es que los que incurrieron en estos delitos deben ser sometidos a un proceso justo, y a un debido proceso. Si son inocentes deben ser liberados de estas acusaciones y si son culpables deben ser castigados, de no ser así, se estaría cometiendo una injusticia con los militares que servimos en esa época y que no hemos cometido violaciones a los derechos humanos y que hemos hecho un uso racional y profesional de la fuerza que se nos confirió en la lucha contrasubversiva.

En todo caso, se estaría extendiendo un manto de sospecha ante la ciudadanía como si todos los militares que prestamos servicios en ese periodo hubiésemos sido violadores a los derechos humanos. En lugar de promulgar amnistías para los militares, se requiere celeridad en los juicios, un debido proceso y para liberar rápido de las acusaciones a los que presuntamente sean inocentes“.

“Sí se puede derrotar a cualquier elemento subversivo respetando los derechos humanos. En verdad, cuando se dice que “hay que contestar esta barbarie con barbarie” se comete una falacia, porque sino estaríamos pensando que todos aquellos que estuvieron en las zonas de emergencia o sirviendo bajo las Fuerzas Armadas necesariamente deberían de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Debemos ser consientes que muchos altos militares bajo el pretexto de la pacificación del país, su verdadera motivación fue la corrupción y el enriquecimiento ilícito amparado por la impunidad total, bajo este concepto. A esa minoría que delinquieron, violaron los derechos humanos, se enriquecieron y cayeron bajo la corrupción, hay que juzgarlos y castigarlos. A la gran mayoría que no delinquieron les corresponde el honor militar“.
(Extraido de entrevista en Ideeleradio)

ENLACES:
Augusto Alvarez Rodrich: El Vice viste a la moda.
Juan Paredes Castro: El congresista, el vicepresidente y el almirante.
César Hildebrandt: Recuerde a Grau, almirante Giampietri.
El Utero de Marita: La presencia de Giampietri.