Desde el Tercer Piso

Jorge del Castillo ha iniciado ayer la evaluación ministerial con vías a un recambio en su equipo. Esa es quizás la noticia más significativa en términos políticos para el gobierno de Alan García y merece ser vista en su real dimensión.

Por un lado, el cambio atiende a algo que es preocupante para un gobierno en el que la imagen cuenta mucho: la caída en la aprobación presidencial. Luego del alza que supuso la reacción gubernamental frente al terremoto, la agenda gubernamental volvió a situarse en los temas que teníamos antes del 15 de agosto: los cuestionamientos al Ministro del Interior, la falta de manejo de conflictos sociales como el de Majaz y a ello se sumaron las alzas coyunturales de los precios de los alimentos.

De otro lado, como toda organización hace regularmente, es necesario evaluar cuales han sido las metas cumplidas y cuales son los obstáculos mayores. Con las evaluaciones que hicimos al cumplirse el primer año de gobierno (La Diplomacia, la Espada y la Seguridad; Y sin embargo ¿Se mueve?; lo social con Alan II y el gran baldón de Alan García) junto a la hecha hoy por Perú.21, me queda claro la necesidad de cambios en algunos sectores, sea por problemas serios de gestión o por actos reñidos con la ética:

- Interior: Quizás el cambio cantado, por motivos más que evidentes. Probablemente, esta noche tengamos la decisión tomada, pero por el Congreso.
- Educación: A pesar de enfrentarse al SUTEP, Chang ha tenido una gestión deficiente en la mejora de la calidad educativa y no ha dudado en favorecer a los amigos. Su última perla, contada hoy por León Thathemberg: evaluar a los maestros sin tener listo el Reglamento de la Ley de Carrera Magisterial, por la que tanto peleó.
- Salud: Gestión deficiente por falta de preocupación gubernamental, el escándalo de la compra de ambulancias, problemas con los bancos de sangre y, ahora, dificultades con el SIS por ayuda a Pisco y consultorías con la encuestadora favorita del gobierno.
- Vivienda: Lluvia de escándalos: las consultorias del amigo del Ministro, el falso meteorólogo Abraham Levy, las mermeladas a La Razón y el caso Carlos Arana, que hoy tiene una nueva arista: la hermana del ex viceministro estaría ganando con Agua Para Todos.
- Justicia: Más allá de la extradición de Fujimori, la lucha contra la corrupción ni la reforma judicial son prioridades para el gobierno y menos aún la defensa de los derechos humanos.

Al margen de los nombres, se requieren cambios de rumbo en estos sectores y ajustar algunas cosas en otros. ¿Será esto parte de la evaluación que haga el Presidente y el Presidente del Consejo de Ministros? Ojalá me equivoque, pero creo que no.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: Palanca de cambios
El Comercio: Ministro de Economía desmiente su renuncia
Perú.21: CONFIEP pide continuidad del Premier y del Ministro de Economía
Pepi Patrón: Evaluación de ministros está vinculada a escándalos en Ministerio del Interior.
Juan Carlos Eguren: UN pide cambios parciales para descontaminar gabinete
Eduardo Toche: Cambios ministeriales evitarían crisis en gobierno
La Pura Purita: Intercambio de camisetas
Juan Sheput: Gabinete en jaque

(Composición Fotográfica: Perú.21)

Como ya es costumbre con todos los gobiernos que piden facultades para legislar, Alan García ha dictado una serie de Decretos Legislativos cuando el plazo otorgado por el Congreso de la República para dictar normas en materia de seguridad y criminalidad organizada está por culminar.

Una mirada rápida a estas normas permite señalar algunos aspectos positivos, como la criminalización del reclutamiento forzado de personas por parte de organizaciones subversivas - algo que Sendero Luminoso realizó contra el pueblo asháninka durante el conflicto armado interno - o las normas referidas a colaboración eficaz y a la criminalización de temas vinculados a tráfico ilícito de drogas.

Sin embargo, las alarmas se han encendido en varios medios de comunicación por lo que parecen ser dos medidas realmente excesivas, contenidas en el Decreto Legislativo 982, que modifica el Código Penal.

La primera, tiene que ver con la participación de los presidentes regionales y alcaldes en las movilizaciones y reclamos sociales. Veamos que es lo que dice un nuevo párrafo del artículo 200° del Código Penal, referido a extorsión:

“El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de decisión que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42° de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”

Aunque la Ministra María Zavala argumenta que esta es una medida para desarollar el artículo 42 de la Constitución - que restringe el derecho de huelga a este tipo de funcionarios - lo que se viene haciendo con esta norma es una interpretación bastante extensiva de la norma, por dos motivos claros:

1. No es el Presidente Regional o la autoridad quienes eligen hacer la paralización o se declaran en huelga - lo que implica que dejen de trabajar - sino que, en estos casos, se decide encabezar la protesta social.
2. No se puede calificar como extorsión a una paralización. Como se pregunta Yehude Simon, ¿Qué pasa si el gobierno recorta el canon o no lo reparte? ¿Los Presidentes Regionales tienen que quedarse callados, al igual que los alcaldes?

Peor aún, el gobierno parece haber desoido en esto a su propio equipo técnico. Carlos Caro Coria, quien encabezó el grupo de trabajo que elaboró la mayor parte de estas normas, ha declarado a Perú.21:

Tras saludar la aprobación del paquete de normas porque representan el primer paso en la lucha contra la criminalidad organizada, añadió que declarar que hay extorsión por participar en una huelga era un error que se ha dado, más que por el resguardo de la Constitución, por motivaciones políticas.

Léase, el gobierno esta frikeado por las protestas.

Pero luego viene lo peor. En otro artículo de la norma, se señala que estará exento de responsabilidad penal:

“El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas de manera reglamentaria, cause lesiones o muerte”.

La Ministra de Justicia intenta justificar esto diciendo que la policía no actua por temor a los procesos en los que se le involucra. Lo que olvida la Ministra son tres cosas:
1. El uso de la fuerza es siempre la última solución a este tipo de casos.
2. No era necesaria una norma como esta, dado que se podía señalar la legítima defensa, en los casos realmente necesarios, lo que podia amparar a miembros de Fuerzas Armadas y Policiales cuando realmente hubieran tenido que usar las armas en cumplimiento de su deber.
3. El país ha pasado por un conflicto armado interno en el que muchas de las muertes fueron ocasionadas por excesos y/o violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Esta norma puede ser un escudo para la impunidad en posibles casos futuros, que esperamos no se presenten.

Sin duda, se necesita ejercer la Ley y el orden e imponer el principio de autoridad, pero ello no da carta blanca a las Fuerzas del Orden para que hagan lo que se les de la gana. Peor aún, podría interpretarse que tirar a matar es la única forma de detener movilizaciones y paros que pueden ser perfectamente legítimos.

El gobierno deberá repensar estas normas. Y el Congreso, que tiene la obligación constitucional de revisarlas, sin duda, deberá enviar estos dos dispositivos al archivo. Parece que este gobierno tiene el síndrome de Richelieu: “todo el mal que hace lo hace bien, y todo el bien que hace lo hace mal”.

VIA PERU 21, REVISA LAS NORMAS COMPLETAS.

MAS SOBRE EL TEMA:
María Zavala, Ministra de Justicia, admite que se judicializan las protestas sociales.
El Comercio: Como era de esperarse, la CONFIEP aprueba la medida
Samuel Abad, ex Defensor Adjunto: Una sanción que preocupa
Utero de Marita: ¡Mano dura! ¡Ma-no-du-raa!
La República: Gobierno desata otra polémica
Luis Lamas Puccio: Puede cuestionarse norma en el TC
Pepitaspuntocom: Alan Damián ha vuelto

El gobierno sigue metiendo la pata

Vaya que el gobierno, en casi silencio, ha cometido errores bastante gruesos en estos días. Hemos elegido tres de ellos, dejando de lado la poco afortunada declaración de Mauricio Mulder sobre los cineastas peruanos, que los amigos de Cinencuentro comentan mejor que yo.

¿LA LEY ES PARA TODOS?

Cecilia Chacón de Vettori es congresista fujimorista. Ello no ocasiona ningún inconveniente, pero sí lo constituye el hecho de que esté procesada por complicidad en corrupción y peculado y se haya negado a acudir a las audiencias del proceso penal que se le sigue alegando su inmunidad parlamentaria y la tan manida “persecusión política” que alegan los fujimoristas procesados por corrupción, lágrimas incluidas en este caso.

Este hecho le ha valido que la Primera Sala Penal Anticorrupción la declare como “procesada contumaz”. Para complicarle más las cosas a la congresista, la semana pasada el Tribunal Constitucional señaló los límites de la inmunidad parlamentaria, indicando que ésta sólo se aplica a los procesos penales que se interpongan en contra del funcionario durante el periodo que desempeñen su puesto, no para los procesos iniciados antes de asumir su función. Y dado que la inmunidad es una norma procesal, la sentencia del TC tiene efectos inmediatos, por lo que la congresista debía acudir a las diligencias a las que no va desde hace sesi meses.

Pero ayer Chacón consiguió una nueva abogada, nada menos que la Ministra de Justicia María Zavala, quien señaló que el Poder Judicial debía ser más flexible con el caso de la congresista - declaración dada previa conversación con Luisa María Cuculiza -, declaración que, de acuerdo a El Comercio, resulta contradictoria con su posición dada 24 horas atrás. Felizmente, y en esto hay que reconocer el mérito, el Presidente de la República señaló que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley.

Si bien es cierto que el proceso contra la congresista y su padre - Walter Chacón, ex Ministro de Defensa y actual regidor metropolitano por el fujimorismo - se ha prolongado por 6 años, plazo excesivamente largo, también es real que la inmunidad parlamentaria no es una patente de corso para que una persona se niegue a acudir a las instancias judiciales.

Finalmente, como lo mencionó días atrás Cecilia Valenzuela, la congresista Chacón tiene muchas cosas que explicar ante la justicia, como “el dinero con el que construyó el hotel hacienda que tiene en Cajamarca“, o “la compra de 4 camionetas 4×4” o “las dos cuentas bancarias que están a su nombre, una por 80 mil dólares y la otra por 8 mil“. La coartada de Chacón fue mencionar que ella había ahorrado ese dinero durante su trabajo en Estados Unidos, pero su esposo declaró que ella nunca había laborado en ese país. Sin duda, todo un caso digno de estudio, luego de que varios periodistas - entre ellos la revista Caretas y la propia Valenzuela - creyeran en la palabra de la familia Chacón sobre su falta de conexiones con el fujimorismo.

La Ministra de Justicia, sin duda, se ha ganado otro problema más interfiriendo en un caso judicial. Y si pueden revisar los post de los últimos 8 meses, hace rato que hace méritos para dejar vacante su puesto.

POLAR: EL AMIGO DEL ESTADIO Y DEL CHUPON

Ayer martes, Perú.21 reveló la identidad de uno de los acompañantes del Ministro de Agricultura Juan José Salazar, al polémico viaje a Tocache para la negociación con los cocaleros. Su nombre: Juan Carlos Polar Echeandía.

Polar fue asesor de David Waissman durante su breve paso como Ministro de Defensa. Tuvo que salir de su puesto ante denuncias que lo vinculaban a actividades de inteligencia y al uso de equipos de interceptación telefónica que habían sido sacados del desactivado SIN de Montesinos. Waissman ha confirmado que Polar es especialista en temas de espionaje.

Según informa hoy el diario de Alvarez Rodrich, Polar habría estado involucrado en un fallido atentado contra el comandante general de la Marina, Guillermo Faura, en 1975. Pero, peor aún, Aurelio Loret de Mola prohibió su ingreso a instalaciones militares por fotocopiar legajos personales de miembros de las Fuerzas Armadas. ¿No comenzó así Montesinos?

Como señala Marco Sifuentes:
““Johnny” Polar es más conocido que la ruda en los medios periodísticos. Es fuente de medio mundo y amigo del alma de la otra mitad. Todos sabemos más o menos cuál es su bisnes. Lo que sí resulta sorprendente es su intervención en -fallidas- negociaciones gubernamentales con cocaleros”.

Y su bussiness es la interceptación telefónica, “negocio” cuya única fuente formal con capacidad de hacerla es la Marina de Guerra, a la que perteneció Polar y de la que también fue miembro su amigo Luis Giampietri, el principal sindicado como el hombre detrás de la inteligencia en este gobierno.

Pero ahora, a pesar de sus antecedentes, Polar apreció en Tocache como asesor de Salazar en temas de narcotráfico y lucha antidrogas. Y claro, luego de los cuestionamientos al acta firmada con los cocaleros ya Salazar estaba en la mira de todos, luego de esto se comienza a reclamar su salida.

Y, claro, especialista en gazapos y apariciones en Los Chistosos, Salazar señaló en La Hora N, que llevó a Polar a Tocache como “asesor ad honorem” porque era su amigo de las épocas en que ambos eran dirigentes deportivos: el marino en la U y el ministro en Juan Aurich. Vale decir, el Ministro de Agricultura pone como su consejero antidrogas a su pata del estadio, sin importarle los cuestionamientos en su contra.

Como diríamos en argot deportivo, a Salazar deben sacarle tarjeta roja directa.

SUPERINTENDENTE EN SALMUERA

Para completar el cuadro, otro nombramiento con juicios por aclarar.

Hace dos semanas, el gobierno nombró a Felipe Tam Fox como Superintendente de Banca, Seguros y AFP, uno de los cargos más importantes en la administración pública. Dado que el control del sistema financiero, de seguros y de pensiones está bajo un organismo constitucional autónomo, se requiere que el Congreso ratifique su designación.

Sin embargo, el debate en la Comisión Permanente no fue lo fácil que esperaba el oficialismo. Víctor Andrés García Belaúnde reveló que Tam, junto a otros funcionarios del BBVA Banco Continental - en el que trabajó hasta su designación -, tienen un proceso pendiente por estafa.

Según informa El Comercio:

“De acuerdo con la denuncia fiscal, Tam Fox y otros dos funcionarios de la referida entidad financiera se habrían “confabulado para hacer suscribir a la entidad agraviada (Empresa Constructora El Pacífico S.A.) una escritura pública de reconocimiento de deuda con el propósito de que asumiera supuestas obligaciones financieras vencidas”.

Hoy Tam deberá acudir al Congreso de la República a explicar este tema y su plan de trabajo en la SBS. ¿Convencerá a los parlamentarios?