Desde el Tercer Piso

La carrera por llegar a uno de los cuatro puestos del Tribunal Constitucional que deberán elegirse este año viene llegando a su final. Desafortunadamente, este final no es el más adecuado.

Luego de un buen inicio en sus funciones, la Comisión Evaluadora de Candidatos, presidida por el congresista Aurelio Pastor, ha terminado cerrando toda posibilidad de conocer el avance del proceso: no se han publicado las hojas de vida de los candidatos, ni las transcripciones de las entrevistas a los postulantes, ni la dichosa lista de 20 candidatos finales de los cuales se seleccionaría a la terna a ser presentada ante el Pleno del Congreso.

La semana pasada, llamó la atención que Pastor lamentara la renuncia de Anibal Quiroga y Marcos Ibazeta a su postulación a los cargos de Magistrados del TC, dados los antecedentes de ambos personajes, bastante cercanos al fujimorismo.

Sobre Quiroga, este blog ha dado bastante información. Hoy me ocuparé de Marcos Ibazeta y de algunos datos relevantes de su carrera.

Si bien este ex magistrado tuvo una actuación solvente en el proceso judicial seguido contra Lori Berenson, su actuación pública es bastante cuestionada.

LA BISAGRA JUDICIAL DISCRETA DEL FUJIMORISMO

En 1996, cuando era Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, tuvo una actuación vergonzosa. El General Rodolfo Robles había regresado al país luego de su exilio por denunciar los crímenes del Grupo Colina, retorno que acusó incomodidad en el régimen. El Consejo Supremo de Justicia Militar le abrió un proceso a pesar que era un militar en retiro - y por tanto, civil para todo efecto práctico - y lo mandaron detener. Robles montó un escándalo en su detención que hizo que la prensa independiente siguiera con atención el caso. Como mecanismo de defensa, se presentó una demanda de hábeas corpus para que se lo deje libre ante la entonces jueza Greta Minaya. Lo que hizo Ibazeta lo describe Caretas:

“Lo que sucedió el lunes 2 tensó más la situación. EL CSJM atropella la jurisdicción civil, denuncia a la jueza por prevaricato, hostiliza a la abogada de Robles, Ivonne Montoya, negándole el acceso al expediente, y endurece el régimen de prisión del general Robles. Como si esto no bastara, y para indicar que las ramificaciones punitivas de la cúpula militar llegaban también al Poder Judicial, el presidente de la Corte Superior, Marcos Ibazeta, en lugar de defender los fueros jurisdiccionales, remueve a la jueza Minaya y la envía a un juzgado sentenciador. Adujo que esa salida estaba programada con antelación, pero como es obvio no pudo borrar la penosa impresión que causó su decisión, muestra de que la independencia del Poder Judicial era una simple palabra“.

Sobre este caso, comentaba Fernando Rospigliosi:

“En todo esto, las instituciones civiles controladas o influidas por el gobierno han jugado un papel lamentable. Los congresistas oficialistas y ministros del régimen, desconcertados, respaldaron primero la captura de Robles para luego sumarse a la posición presidencial. En el Poder Judicial, Marcos Ibazeta desempeñó un rol penoso, diciendo una cosa y desdiciéndose al día siguiente“.

También en 1996 Ibazeta boicoteó la Sala Antidrogas. Se había nombrado en ese puesto a la proba Inés Villa Bonilla, pero el ánimo de quienes manejaban el Poder Judicial era que esa sala no funcionara. El hoy candidato al TC hizo que los juzgados instalados en las cárceles procesaran los casos de drogas, contraviniendo la competencia exclusiva de dicho órgano. Al final, sacaron a Villa Bonilla.

Además de estos dos casos, Ibazeta fue un aliado de José Dellepiane Massa, el hombre puesto por el fujimorismo para el control del Poder Judicial. Se comentó de un comunicado impulsado por él en favor de dar mayores funciones a la famosa Comisión Ejecutiva de Dellepiane, con la que finalmente la dictadura pudo controlar al Poder Judicial. Su participación hizo que el Colegio de Abogados de Lima emitiera un comunicado censurando a Ibazeta “por su actitud obsecuente y pasiva con las acciones promovidas por la Comisión Ejecutiva“.

En mayo de 2001, se prestó a un juego del desprestigiado Congreso de los tránsfugas: postuló al cargo de Defensor del Pueblo, que había quedado vacante por la renuncia de Jorge Santistevan de Noriega. Curiosamente, también postuló en esa elección Luis Alberto Salgado, el hombre del APRA en materia de derechos humanos.

Pero luego de caído el régimen, siguió apoyando causas vinculadas a la corrupción y atropellos de la dictadura. Como se puede ver en un resumen de noticias, Ibazeta se pronunció en contra de la sentencia que el TC dio contra la famosa Ley Wolfenson, que permitía a los acusados por corrupción tener mayores beneficios penitenciarios y que el Tribunal dejó sin efecto. Estas declaraciones las hizo cuando era Decano del Colegio de Abogados de Lima.

SU RELACION CON VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS

La Asociación de Defensores de la Democracia Contra el Terrorismo (ADDCOT) es una agrupación de militares en retiro que, según su página web, tiene como fin principal “promover la participación activa y conciente de toda la nación peruana en la lucha contra el terrorismo a fin de garantizar la paz, la libertad y el estado de derecho, respetando los derechos humanos en concordancia con la Constitución Política de la República del Perú y normas vigentes“.

Lo curioso es que esta asociación tiene entre sus miembros precisamente a personas cuyo respeto por los derechos humanos es bastante cuestionable:

- Clemente Noel y Moral: Fue el primer jefe político militar de Ayacucho, en 1983. Durante su periodo a cargo de la zona de emergencia se produjeron desapariciones sistemáticas en las que se utilizó el cuartel Los Cabitos como centro de detención. Dado que, según propio reconocimiento hecho por él mismo, todas las operaciones estaban centralizadas en el Comando, tuvo conocimiento de las acciones que se efectuaban y las consintió. Murió en marzo de 2005.
- Wilfredo Mori Orzo: Tercer jefe político militar de Ayacucho. También involucrado en el caso Los Cabitos. También es procesado por el caso Accomarca e investigado por uso de hornos crematorios en Ayacucho.
- José Valdivia Dueñas: sindicado como principal responsable de la masacre de Cayara, en 1988.
- Petronio Fernández Dávila: jefe del comando político militar de Ayacucho, investigado por la desaparición del activista de derechos humanos Angel Escobar Jurado.
- Howard Rodríguez: comprometido con violaciones a los derechos humanos en Ayacucho entre 1989 y 1990. Famoso por repartir almanaques para la reelección de Fujimori en 1995. Falleció en 2006.

Estos personajes procuran defenderse a través de libros donde niegan la existencia de violaciones a los derechos humanos - como en los casos Accomarca y Cayara - o donde presentan los prejuicios que los diarios que les sirven a sus intereses (Expreso, La Razón y Correo) dan contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

¿Y cuál es la relación con Ibazeta?

Para comenzar, Ibazeta fue uno de los invitados de honor del seminario “Terrorismo y Democracia”, celebrado en julio de 2003 y que fue la presentación en sociedad de la ADDCOT. Vean los siguientes artículos de La República y Expreso. En el del diario de los Mohme, aparece la reseña del “who is who” de dicha asociación, en el de García Miró, la foto de Ibazeta junto a los militares cuestionados.

Pero aca hay un tema adicional. Ibazeta también ha prologado un libro llamado Omisiones a la Verdad ¿Y la Reconciliación?, un opúsculo que ADDCOT sacó como respuesta al Informe Final de la CVR y en el que repite los mismos lugares comunes que los detractores de este documento han presentado para evitar ser procesados por violaciones a los derechos humanos.

El prólogo, vale decirlo, es bastante equilibrado, pero hay un párrafo que me llama bastante la atención:

“La clase política en este estado de cosas, siempre ha sabido salir indemne, pero la fuerza militar termina asumiendo todas las responsabilidades, incluidas las penales. La gente clama por la presencia militar en busca de protección, poero luego de superada la amenaza, surge una sicología de persecusión por la indebida generalización de conductas aisladas, penalmente reprochables”.

Pero, como sabemos, no es que nos encontramos ante sólo conductas aisladas, sino que, en algunos lugares y momentos, estas prácticas violatorias de los derechos humanos fueron generalizadas y sistemáticas. No es grato para nadie decir esto, pero fue lo que ocurrió. En este extremo, Ibazeta se adhiere al sentido común de las Fuerzas Armadas: sólo existieron “excesos” lamentables.

EN CONCLUSION:

Marcos Ibazeta ha pretendido labrarse una imagen de pulcritud y transparencia. Vemos ahora su funcionalidad con el fujimorismo y con violadores de derechos humanos. Dado que Ibazeta, de ser elegido magistrado, tendría que defender la institucionalidad y los derechos humanos, estas cartas de presentación son todo menos un buen síntoma de que sería un buen magistrado.

POST SCRIPTUM: Al cierre de este post, tres fuentes me han confirmado que Ibazeta estaría fuera de carrera. Esperaremos a mañana viernes, fecha para la cual se ha ofrecido la lista definitiva de finalistas al TC.