Desde el Tercer Piso

Dice el viejo y conocido refran que la mujer del César no solo tiene que serlo sino parecerlo. Ese dicho popular parece no ser la premisa que prima en la actuación de nuestro poco reformado sistema de justicia. Varios eventos ocurridos esta semana me confirman dicha impresión.

Para comenzar, un nuevo escándalo se ha suscitado alrededor de la cuestionada Corte Superior de Justicia de Lima, que ha tenido tres presidentes en el último año. Su actual mandamás, César Vega Vega, conocido por sus vínculos con el aprismo tuvo, de acuerdo con La Ventana Indiscreta, una reunión con el ex presidente Alejandro Toledo en casa de Adam Pollack.

¿Otro caso Silva Vallejo? Pues eso es lo que parece. Más allá de las elucubraciones sobre el juicio a Lady Bardales - por cierto, a los amigos de LVI, ¿cuando demostrarán realmente que la escolta presidencial fue pareja del ex Presidente? - lo cierto es que sí hay algo raro, pero con relación a otro caso vinculado a Toledo. Según informa hoy Perú.21, en sus extraños cambios de jueces, Vega Vega reemplazó al juez del caso Miguel Toledo (el sobrino violador). El sobrino se vio beneficiado por una sentencia realmente benigna.

Si bien los elementos de juicio no pueden señalar contundentemente que en dicha reunión social donde coincidieron Toledo y Vega Vega se trató el tema, lo cierto es que la OCMA ya investiga lo ocurrido en ese ágape.

Pero el reino del espanto judicial no culmina allí. Ayer, el Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley de la Justicia Militar. A estas alturas, nadie está en contra de la existencia de la misma, pero sí que se sujete a determinados parámetros constitucionales que, por cierto, ya han sido reiterados por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, como lo señala un informe del Instituto de Defensa Legal y un artículo de Samuel Abad en El Comercio, la norma repite las mismas inconstitucionalidades de siempre. Dejo con la palabra a Samuel, que lo explica mejor que yo:

La Comisión de Defensa del Congreso ha sometido al pleno un proyecto que sigue permitiendo que los jueces militares sean oficiales en actividad designados por el Ejecutivo, que carecen de la garantía de inamovilidad, y mantiene a la Fiscalía Militar en el seno del fuero militar. Dicho proyecto desconoce la sentencia del TC e insiste en un modelo declarado inconstitucional, pues conforme a la Constitución los jueces son designados por el Consejo de la Magistratura, tienen inamovilidad y solo existe un Ministerio Público.

Así, seguimos teniendo un modelo que no ofrece garantías de imparcialidad a los propios miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Peor aún, el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar ha pretendido vender la norma como la defensa ante los “caviares” que quiere acabar con la Justicia Militar, cuando las organizaciones a las que tacha con calificativos ictiológicos siempre han defendido su existencia en el marco de un Estado Constitucional y de acuerdo con lo señalado por la CERIAJUS. Mi pregunta es: ¿por qué seguir insistiendo con un modelo que ya ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por el TC? ¿Por qué el Congreso se empeña en seguir haciendo papelones jurídicos de marca mayor?

Pero los papelones llegaron también al Colegio de Abogados de Lima. Luego del frustrado intento de reforma estatutaria que vulneraba los propios requisitos del Estatuto de la Orden, la compañera Luz Aurea Saenz se presentará a la reelección.

Parece que la señora Saenz sigue ignorando que su gestión ha seguido el mismo rumbo que las anteriores: el gremio de los abogados ha terminado desprestigándose y tiñéndose de un manto de mediocridad. Y en ello, la actual Decana es corresponsable, dado que no hace cambios para mejorar la pobre percepción y la desafortunada actuación de la mayor parte de mis futuros colegas frente a la administración de justicia.

Como vemos, todas las instancias que deben estar comprometidas en el cambio del sistema de justicia están imbuidas de los mismos defectos: poca vocación por la defensa de la Ley y la justicia, intereses personales, ignorancia y mediocridad. Quizás sea por eso que la reforma judicial sea una quimera y que, luego del 7 de diciembre, tenga que enfrentarme a un monstruo desbocado y no a un verdadero sistema de justicia.

Ayer publiqué un post que graficaba la nueva pelea en el Colegio de Abogados de Lima, debido al cambio de Estatuto de esta institución, que se haría contra viento, marea y las reglas de modificación estatutaria.

Y claro, la pregunta de cajón es: ¿por qué aprobar un nuevo estatuto al caballazo? La respuesta tiene un nombre, Luz Aurea Saenz, la actual Decana de la Orden, bastante cercana al Partido Aprista Peruano, y un objetivo: reelección prolongada.

Vayamos por partes. El actual Estatuto del CAL señala que el periodo de la Junta Directiva es de un año con una posibilidad de una reelección inmediata. Las elecciones se realizan en el último sábado de noviembre.

Pues bien, el proyecto de nuevo Estatuto amplía el periodo de la Junta Directiva a dos años. Y aunque no permite la reelección inmediata tiene una trampa clara en la Primera Disposición Final: Recién entraría en vigencia el 10 de Enero de 2008, fecha en la que se instala la nueva Junta Directiva.

Dado que la elección se realizaría bajo el actual Estatuto, la señora Saenz sí puede postular a una reelección. Y aquí viene el detalle: ¿por uno o por dos periodos? Si te eligieron con las reglas del Estatuto anterior, lo lógico sería que fuera por un año más, pero el afán de aprobar el nuevo Estatuto tiene, como clara lógica, que el periodo nuevo sea de dos años. ¿No les recuerda a Fujimori y la interpretación auténtica?

Humm, como que el olor a copamiento se huele desde hace rato.

El domingo, en El Comercio, apareció un Comunicado de Decanos y Juristas dirigido al Ilustre Colegio de Abogados de Lima, suscrito por personalidades como Jorge Avendaño, Víctor García Toma, Javier Neves, Delia Revoredo, Jorge Santistevan de Noriega, entre otros.

La declaración en cuestión alertaba sobre uno de los mayores legicidios cometidos dentro de la institución que, se supone, debe velar por la correcta aplicación del Derecho.

Ocurre que la señora Luz Aurea Saenz, Decana del CAL - y militante del partido de gobierno - mandó publicar en El Peruano el texto del Nuevo Estatuto del Colegio de Abogados de Lima. El problema es que para ello quieren saltarse los procedimientos. La Segunda Disposición Final del “nuevo” Estatuto señala que éste deberá aprobarse vía un referendum para que entre en vigencia.

Sin embargo, el Estatuto actual señala que las reformas y modificaciones estatutarias deberán hacerse en dos asambleas extraordinarias de delegados, cuestión que no se ha hecho. Lo que ha hecho la señora Saenz es hacer un “Congreso Estatutario de la Orden” al que ha equiparado con una “Asamblea Constituyente”. Una forma de sacarle la vuelta a la norma que ni al abogado de Los Simpsons, Lionel Hutz, se le hubiera ocurrido.

Y claro, esto es congruente con la trayectoria última del CAL. Lamentablemente, en los últimos años, la Orden ha terminado desprestigándose y tiñéndose de un manto de mediocridad. Los últimos Decanos han sido personas que, al margen de calidades personales, no han tenido trascendencia en sus opiniones legales y, cuando las han tenido, esto ha sido por lo desacertado de las mismas.

Por ello, con justa razón, uno se pregunta porque el ejercicio de la profesión tiene que ser obligatorio. Pero parece que la colegiación voluntaria es un sueño aun lejano.

Mientras tanto me sigo preguntando: ¿Qué sería del mundo sin los abogados?