Desde el Tercer Piso

Ya en anteriores ocasiones hemos denunciado una práctica irregular en la Presidencia del Consejo de Ministros: la contratación de asesores para los Vicepresidentes de la República.

Como lo hemos explicado hasta el hartazgo, los Vicepresidentes tienen dos funciones claras en la Constitución Política del Perú: reemplazar al Presidente si este muere o es vacado y asumir su despacho diario cuando este viaja. Cualquier otra función que se le otorgue está fuera del ámbito legal. De hecho, como también ya ha sido mencionado, las Vicepresidencias de la República no están en el organigrama del Poder Ejecutivo y menos aún en el de Palacio de Gobierno.

Sin embargo, en dos ocasiones, este blog ha detectado la contratación de asesores para los despachos de los vicepresidentes. Tanto Lourdes Mendoza del Solar como Luis Giampietri se han visto beneficiados con una práctica doblemente irregular. Por un lado, se inventan puestos que no existen en la administración pública. Del otro, le hacen la trampa a las normas de austeridad del Congreso que han limitado el número de asesores para cada congresista - y ambos vicepresidentes lo son - y para las comisiones parlamentarias.

Aun así, la práctica se sigue efectuando.

El 10 de octubre último, al día siguiente que este blog presentara la contratación de un asesor de prensa para el Almirante y el mismo día que dicha información fuera rebotada en Perú.21, la Presidencia del Consejo de Ministros requirió la contratación de una persona natural que brinde apoyo profesional a la Primera Vicepresidencia de la Republica. Mismo modus operandi que las veces anteriores, pero, esta vez, el favorecimiento a alguien en particular es más nítido.

Los términos de referencia para la contratación son bastante claros: un ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, con Maestría en Economía, con experiencia previa en cargos de asesoría de alto nivel. Las funciones, entre otras, se refieren al apoyo profesional para elaborar proyectos y presupuestos y la elaboración de proyectos de Ley sobre Defensa, Seguridad e Inteligencia. Este último punto, por cierto, bastante parecido a la función de un asesor parlamentario.

¿Y quien es el favorecido? Pues el señor que ven a la derecha de la foto de arriba, junto al congresista José Urquizo. Se llama José Antonio Delfín Jaime y se llevará, por dos meses de trabajo con Giampietri, la suma total de S/. 8,700.00.

Delfin es un viejo conocido de Giampietri y también es ex miembro de la Marina. Durante el año parlamentario anterior se desempeñó como asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso. E incluso tuvo un incidente en las investigaciones del caso de la filtración de información de Inteligencia de la Marina. Así lo informó La República:

A pesar de que la Inspectoría de la Marina ha determinado que Barba trabajaba en complicidad con los técnicos de inteligencia Roberto Solórzano Samanez y Luis Vásquez Meneses, ni siquiera los mencionó y mucho menos señaló a nadie más involucrado en la fuga de información reservada. “Yo actué de buena fe, he sido sorprendido”, alegó Barba de acuerdo con fuentes de dicho grupo legislativo.

Tras su presentación, llegó el turno de Vásquez Meneses, quien también negó haber tenido en sus manos documentos reservados. Esto fue lo único que dijo. La presencia del ex marino José Antonio Delfín Jaime en la subcomisión lo inhibió de seguir declarando. Delfín es un asesor del grupo de trabajo llevado por Luis Giampietri.

Un ¿ex? asesor parlamentario contratado para asesorar a un Vicepresidente que es parlamentario. Como que ya va siendo hora de poner un alto a esta mala práctica injustificable.

Los Vicepresidentes de la República. Personas que solo deben ocuparse de la buena salud del Presidente y de reemplazarlo cuando se va de viaje. Eso dice la Constitución.

Sin embargo, nuestros dos vicepresidentes hacen méritos para salir del cuadro. Dado que su producción parlamentaria parece no ser relevante, la altisonancia declarativa y los horrores administrativos vienen caracterizando las declaraciones de Luis Giampietri y Lourdes Mendoza del Solar.

Al almirante se le critica por la contratación de asesores - tanto en el 2006 como recientemente -, así como sus intentos de silenciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, sus intentos por limpiar al fujimorismo, su intervención a favor de la contratación de Alberto Pandolfi, militarizar la cumbre de la APEC y el extraño ocultamiento de un caso de corrupción en investigación.

Y Lourdes Mendoza también ha hecho méritos: la contratación de asesores para la Segunda Vicepresidencia - despacho que no existe en el organigrama del Estado - y sus declaraciones a favor de Fujimori (que confirmaron las relaciones familiares con la dictadura) pusieron en la atención de todos a la congresista por Arequipa.

Ayer, La Ventana Indiscreta informó que un ascenso algo extraño sería producto de ambos vicepresidentes. El novio de la vicepresidenta, el capitán de navío de la Marina de Guerra del Perú Carlos Zárate Cáceres, ascendió al grado de contraalmirante, a pesar de estar en el puesto 14 de su promoción. Peor aún, Mendoza admitió que habló con Giampietri sobre este tema, aunque se cuido de decir que solo había dicho que el ascenso era un anhelo. Esto se da en un contexto en el que para nadie es un secreto la influencia que el Vicepresidente Giampietri tiene en la Marina de Guerra.

Ahora bien, lo que ha ocurrido no es solo un hecho anecdótico. Recientemente se aprobó la Ley de Ascensos para las Fuerzas Armadas, que se suponía que ayudaría a evitar este tipo de prácticas de beneficios. De hecho, este año el cuadro de ascendidos se ha publicado rápidamente, lo que ha sido elogiado por expertos civiles en Defensa. Aun así, se han dado este tipo de situaciones, en la que los dos vices habrían contribuido a perforar una norma que ayudaría a ordenar una situación problemática para los institutos armados.

Las autoridades del gobierno deben entender que están para servir y no para servirse del Estado. Son casos como estos los que debilitan la confianza en la democracia y en las autoridades del gobierno. Sin duda, los dos Vicepresidentes, hace rato, que han cruzado la línea de la pésima conducta.

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Nuevamente se hace contratación para oficina que no existe

Hace algunos meses, para ser más exactos, en abril de este año, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que el Primer Vicepresidente de la República había contratado a varias personas como sus asesores e implementado una oficina, a pesar que el cargo no lo requiere.

A los pocos días, este blog denunció que también la Segunda Vicepresidenta de la República tuvo asesores pagados por la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta denuncia provocó las reacciones de la propia Lourdes Mendoza y del Presidente del Consejo de Ministros, quienes trataron de negar lo que era evidente: contrataciones irregulares, para un cargo que solo tiene la función de ver si el Presidente de la República está bien de salud y de reemplazarlo cuando está fuera del país. Tan es así que los dos vicepresidentes no están contemplados en el organigrama de Palacio de Gobierno o del Poder Ejecutivo.

Estos casos fueron tan groseros que dos medios con líneas periodísticas tan distintas como Perú.21 y La Ventana Indiscreta se ocuparon - y editorializaron - sobre el particular.

Sin embargo, no aprenden.

El 27 de septiembre de 2007 fue otorgada la buena pro del Procedimiento de Menor Cuantía Nº 175-2007/PCM, destinado a contratar por tres meses a una persona que brinde servicios de prensa para la Primera Vicepresidencia de la Republica.

El pago total por los 3 meses de trabajo: S/. 3,000.00, proveniente de recursos ordinarios. Es decir, de una partida expresamente destinada para este fin. Y el favorecido se llama Henry Christian Cotos Campean.

La cantidad no es alta, pero el modus operandi es el mismo. La Presidencia del Consejo de Ministros - cuyo responsable principal es un respetado dirigente del APRA - sigue otorgando dinero para que los Vicepresidentes - en este caso, el señor Luis Giampietri Rojas - dispongan a su antojo para la contratación de asesores, a pesar que su cargo no lo requiere y que ya cuentan con la dotación de personal a su cargo que tienen por ser congresistas de la República.

Tratándose de quien se trata y siendo un caso reiterativo, urge que se inicie una investigación exhaustiva en la Contraloría General de la República sobre estas contrataciones irregulares. Y el señor Del Castillo deberá dejar de seguir justificando cosas como estas.

Asi quieren que sigamos creyendo en la austeridad o en lo que decía ser un cambio responsable.

Dicen que los fantasmas no se van cuando aun tienen asuntos pendientes por arreglar aquí en la tierra. Y aunque yo no soy ningún fanático de los fenómenos paranormales, parece que, en algunos casos, esa parece ser la regla.

A los señores que ocupan la Presidencia y la Primera Vicepresidencia de la República los une un caso en particular: El Frontón. Por lo menos, ante un sector de la población, ambos aparecen como responsables de las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron luego del develamiento de dicho motín. Y, claro, también están quienes dicen que eso fue de las pocas cosas “buenas” que se hizo en el primer régimen de AGP. Lo cierto es que esto explica las actitudes negativas de ambos personajes frente a las recomendaciones de la CVR o hacia los organismos de derechos humanos.

Este clima ha impedido que se llegue a conocer con exactitud que ha ocurrido en este caso, a pesar que dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 1991 y 2000) han señalado que el caso debiera ser investigado hasta dar con todos los responsables. La Comisión de la Verdad y Reconciliación vio el caso y determinó algunas de las responsabilidades directas. Sin embargo, la responsabilidad penal de García y Giampietri no fue determinada y, actualmente, el caso se ha cerrado para ellos.

Y para aumentar más las suspicacias, la esposa del jefe de los procuradores del Estado (aprista, para más señas) fue una de las magistradas que ha declarado prescrito el caso, por considerar que no había ocurrido un crímen de lesa humanidad. O claro, como olvidar que el abogado de los marinos en este caso trabajó para Giampietri en este gobierno.

Lo cierto es que, involucrados o no García y Giampietri en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Perú que reabra el caso. Y es que, la verdad, a pesar de algunos avances, el proceso judicial no ha avanzado como debiera. Resulta un escándalo que 21 años después de estos sucesos no tengamos a un responsable de estos sucesos con una sentencia firme.

Pero, más allá de cuestiones jurídicas, lo cierto es que el gobierno no quiere la responsabilidad que la CVR le otorgó a García en este caso: la responsabilidad política. Y es que, si bien se pueda demostrar o no que García dio la orden, consintió en los hechos o se enteró en el acto de los mismos, lo ocurrido en los penales fue una carnicería sin nombre. Que el Estado tenía todo el derecho y el deber de develar un amotinamiento y retornar al orden público, eso lo sabemos todos.

Lo que García, Giampietri, sus seguidores y un sector del país no aceptan es que una política contrasubversiva no se basa en muertes, asesinatos por la espalda, desapariciones o torturas. Ello quita legitimidad al Estado y, además, cuando se produce contra los civiles que no tienen que ver en el conflicto, demora el proceso de colaboración de ellos con las fuerzas de seguridad. Ello explica porque hicieron tantos aspavientos cuando salió la sentencia por el caso Castro Castro. Y nos indica la calidad humana de la gente que nos gobierna: una clase política que olvida que la pérdida de una vida humana a manos de otro ser humano no merece justificación simplemente no ha aprendido nada de lo que nos ocurrió como sociedad.

Lanssiers me decía que “para Sendero no existen militares corruptos o militares excelentes, basta que lleven uniforme para ser condenados”. Y hoy, releyendo al viejo para escribir esto, me doy cuenta que su pregunta de ¿dónde está el hombre? sigue siendo válida. Lo triste es redescubrir que ese desprecio y negación de la vida está en algunos de quienes decían defendernos y que ahora tienen nuevamente el deber de hacerlo.

Ya me han dicho de todo por decir todo esto de cuando en cuando. Sin embargo, es lo que cualquier liberal consecuente haría: condenar el salvajismo y la barbarie, viniera donde viniera. Lo aprendí desde pequeño. Hay lecciones de vida que nunca se olvidan.

Bueno, no tan nueva. Hace casi un año La República informaba:

El primer vicepresidente de la República y congresista del APRA, vicealmirante (r) Luis Giampietri Rojas, querelló por difamación y calumnia al ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado.

Maldonado en dicha ocasión, en alusión a Giampietri, afirmó que “presenté una solicitud de investigación” al Ministerio Público contra el primer vicepresidente, la misma “que se sustentaba en una investigación hecha por la Contraloría”. Y añadió: ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Qué porque una de las personas señaladas es un alto dignatario, no se le investigara? Si eso es así, mejor que expidan una norma que diga que a ciertas personas nunca se les investigará, porque tienen poder político. Parece que algunos personajes se erigen en intocables“.

¿Y cuál era esta investigación? Del archivo del Tercer Piso:

Gracias a La República, nos hemos podido enterar que la Sexta Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre once licitaciones producidas en la Marina de Guerra del Perú, para la compra de baterías primarias para torpedos SS-4, recuperación de misiles Otomat MK2 y misiles Exocet MM-38, adquisición de 580 hidrófonos, y motores para las corbetas misileras. Esta denuncia se basa en un informe de la propia Contraloría General de la República sobre las irregularidades existentes. Quien presidió el Comité de Adquisiciones fue Luis Giampietri y por ello está comprendido en esta investigación.

La Contraloría indicó que el comité presidido por Giampietri favoreció a empresas que no se encontraban inscritas como proveedoras de la Marina, requisito indispensable para convocarlas a concurso público o privado. Además, dichos procesos de selección se hicieron sin opinión previa de la Contraloría, no se aplicaron las penalidades correspondientes por incumplimientos de las empresas y muchos de los contratos se suscribieron sin la resolución ministerial que aprueba su firma.

Giampietri aduce que la Contraloría lo ha limpiado, pero la investigación sigue en el Ministerio Público. Por ello es que se fue contra Maldonado.

Ayer, el abogado de Maldonado, Fernando Silva La Rosa, ha señalado algunas cosas raras del proceso:

- El primer juez del caso era nada menos que Alfredo Catacora, conocido por todos los periodistas por sentenciar a Sally Bowen por mencionar en su libro que Fernando Zevallos era narcotraficante. Este juez fue suspendido este año por liberar a otro narcotraficante.

- Cuando a Catacora lo sacaron, el juez Eduardo Gago Garay se hizo cargo del caso y ya estaba para sentenciar. Acaba de ser reemplazado por el magistrado William Diaz Giraldo. Señala el abogado Silva:
“Lo lamentable, es que este juez estaba a punto de sentenciar y ha sido cambiado sin motivo. Él me dijo que nunca fue advertido y que él temía que fuera por este caso, porque había muchas presiones. No sabemos a ciencia cierta si es que esto responde a una presión. Estando Giampietri de por medio, esto no es coincidencia y habría que tomarlo con cuidado“.

- Silva La Rosa ha ido más allá en su denuncia. Ha involucrado al controvertido Moisés Tambini del Valle - el jefe de los procuradores - en este caso:

“Tambini fue hablar con el juez Eduardo Gago para pedirle interceder a favor de Giampietri. Este lo recibe en su oficina y le dice anótese en un libro de visitas porque no lo puedo recibir, sin que se anote. Él inmediatamente se retiró, porque sabía que si abogaba por una persona que está procesada en el sistema anticorrupción, entonces se iba cuestionar la defensa por parte de los procuradores públicos”.

La denuncia de Silva tiene sustento. Cabe recordar que Tambini obligó a los actuales procuradores a no ahondar en la denuncia contra Giampietri sobre las adquisiciones de la Marina. Justamente el caso por el que Maldonado lo denunció.

Según señalan fuentes directas del caso a este espacio, a pocos días que Carlos Briceño asumiera como Procurador Ad Hoc para el caso Fujimori - Montesinos, la abogada que conocía el caso Giampietri - y participó en la formulación de la solicitud de investigación correspondiente - fue sustituida. Otros abogados de la Procuraduría renunciaron por lo que consideraron una intromisión política a esta investigación.

Ahora todo encaja.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Maldonado teme persecusión judicial en su contra

Se ha confirmado que el Primer Vicepresidente de la República Luis Giampietri se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Naval. Esto se produce en luego que se autorizara un viaje a Rusia para ver asuntos concernientes a la cumbre de la APEC.

Según las pocas informaciones que se han podido conocer, el Vicepresidente tendría un problema cardiaco y sería intervenido en las próximas horas. No se ha conocido la gravedad de su salud.

A pesar de las múltiples discrepancias y denuncias que este espacio ha hecho sobre este personaje, esperamos sinceramente el pronto restablecimiento de su salud.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Operación a Giampietri fue cirugía menor y tuvo buenos resultados.

Investigación de La República revela detalles sobre supuesto atentado contra Alan

Hace unas semanas, un reportaje de Panorama alertaba sobre amenazas hechas supuestamente por el MRTA al Presidente de la Repùblica, sobre la base de una nota de inteligencia. Como lo detalló en su momento Marco Sifuentes en su blog, un documento de ese tipo se realiza incluso cuando la amenaza es rídicula y sin sentido. Sifuentes incluso dio una regla que la prensa seria debiera seguir cuando se reportan este tipo de temas:

“Una amenaza al Presidente de la República es algo que no se debe tomar a la ligera, pero también es una hipótesis cuya verosimilitud hay que calibrar para no gastar pólvora en churruminos. Lo mismo se aplica para todo informe de “resurgimiento” terrorista”.

Hoy, un reportaje de Edmundo Cruz en La República revela los entretelones de una amenaza de atentado - al estilo de las FARC colombianas - contra Alan García, producida a finales del 2006. Lo revelado por Cruz alerta sobre cuatro cuestiones fundamentales:

1. La primera, el creciente poder que tiene el Vicepresidente Luis Giampietri en los temas de seguridad y defensa. Es sintomático que la seguridad presidencial durante los dìas en que se reportó el hecho la seguridad estuvo a cargo de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina (FOES), a la que perteneció Giampietri durante muchos años (nunca estuvo en inteligencia). En entrevista dada al mismo diario, Giampietri confirma que él fue el primero en dar esta alerta.

2. El poder de las agencias de seguridad privada. En especial, Forza S.A., cuyos fundadores también son oficiales de la Marina. Fueron ellos quienes hicieron una exposición para el Comando Conjunto y también para Giampietri. Resulta, por lo menos, llamativo a la atención, que uno de los directores de Forza sea el empresario Ricardo Vega Llona, amigo del Presidente de la República, y cuyo hermano ha sido sindicado por las investigaciones de la CVR (y propia confesión fraternal) como el principal responsable de la matanza del Frontón en 1986.

También llama la atención el poder de Forza, por los cuestionamientos a sus seguimientos a activistas ambientales, más aún cuando Giampietri tiene carta blanca para gastar en la cumbre de la APEC, lo que incluye la seguridad del evento.

3. El contexto en que se produce la supuesta amenaza. Como se señala al final del informe de Cruz y sus colaboradoras, este tema se produjo cuando el gobierno estaba enfrascado en campañas que lo enfrentaban a la comunidad de derechos humanos: la ley contra las ONGs, la sentencia de Castro Castro y los intentos por salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la campaña en favor de la pena de muerte para violadores de menores de edad y terroristas. Asuntos en los que Giampietri tenía (y tiene) un interés particular.

4. Los supuestos perpetradores. Sin duda, la gente del movimiento Todas las Voces está en la delgada línea de la radicalidad dentro y fuera de la Ley, de la misma manera como estuvo mucha gente en los sectores más radicales de la izquierda. ¿Ello lleva a calificarlos directamente como terroristas? No, pero si a estar alertas sobre este tema y, a que, de la misma manera como no se hizo en los ochenta, el sistema político sea capaz de incorporar a los sectores radicales a las prácticas democráticas. Esa es una lección que debimos aprender de los años de violencia.

Sin duda, este tipo de hechos debe tratarse de la mejor manera, como lo mencionamos anteriormente: sin amplificar las amenazas, pero tampoco sin minimizarlas. El trabajo hecho por Edmundo Cruz y su equipo no solo nos ha dado una lección de periodismo, sino también nos ha permitido conocer una serie de intereses alrededor de la seguridad nacional, que siempre es un tema que en un país como el nuestro se ha prestado a altos manejos, con miras a asegurar poderes tras las sombras.

MAS SIGNOS EXTRAÑOS, EN DOS INVESTIGACIONES DE EL COMERCIO:
Andrés Gomez de la Torre, actual Director de la Escuela de Inteligencia, fue asesor de Montesinos en epoca de la re-reelección.
Daniel Ramsay Romero, Subjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue cercano a Fujimori y, durante gobierno de Toledo, fue acusado de filtrar información falsa a la prensa.

La presencia de Giampietri se hace sentir en la cumbre de la APEC 2008

Hace poco más de un mes, se pudo conocer que la sede de la cumbre de la APEC, a celebrarse en nuestro país en 2008, será una instalación militar: el Cuartel General del Ejército, conocido coloquialmente como el Pentagonito.

Este hecho no debería extrañarnos, dado que el Primer Vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas, es el encargado de ver todo lo concierniente a la organización de la cumbre de la APEC. Motivo que nos lleva a hacernos algunas preguntas que considero válidas.

Primera cuestión: ¿No que los vicepresidentes tienen la única y exclusiva función de reemplazar al Presidente?

El hecho de que se haya dado “encargos” a los vicepresidentes en el pasado no significa que estos sean legales. La Constitución y la Ley son claras en especificar que estas personas solo tienen la tarea de verificar si el Presidente está en el país o si ha ocurrido alguna de las causales de vacancia. Anteriormente en este espacio se criticó que se contrataran funcionarios para la Primera y Segunda Vicepresidencias de la República, ya que no había sustento para implementarles una oficina.

La tarea encargada a Giampietri compete, en realidad, a dos ministerios: a la Cancillería, por tratarse de un tema de política exterior, y al MINCETUR, dado que la cumbre de la APEC tratará temas de comercio exterior y se procurará que este evento genere una buena imagen al Perú, con el consiguiente impacto sobre el turismo. Y de allí mi segunda interrogante.

Segunda cuestión: ¿Por qué en una instalación militar?

Astuto, Giampietri ha arguído el tema de la seguridad de los altos dignatarios. Claro, viene Mr. Bush y hay que darle las facilidades del caso para que no lo abucheen. Por eso utilizan: 1) una instalación militar que 2) está ubicada en una zona residencial y con calles bastante pequeñas, como para que no se concentren manifestantes cerca (y lo se bastante bien porque vivo por allí).

Pero hay dos cuestiones que no se han tomado en consideración. La primera, es que cuando vino Bush a Lima no fue necesario encerrarlo en un cuartel: se alojó en el Marriot para pernoctar y todas sus actividades las cumplió en Palacio. La segunda, es que en otras cumbres que se han celebrado en el Perú (recuerdo la Iberoamericana de Jefes de Estado en Lima, y la Sudamericana de Presidentes en el Hotel Monasterio del Cusco, ambas durante el gobierno de Toledo) no ha sido necesario poner a los invitados en este tipo de recintos, se cumplieron con las medidas de seguridad y, además, se cumplió con el objetivo de promocionar al país.

Lo que me lleva a pensar en el tipo de mensaje que se quiere dar haciendolo allí: ¿Un país tan inseguro que tenemos que llevar a altos dignatarios a un cuartel para que se sientan cómodos? Anti-turístico por donde se le mire. O el otro mensaje: nosotros los militares tenemos que intervenir en el desarrollo del país: con el perdón de mis amigos de las Fuerzas Armadas, pero ese tipo de pensamiento fue el que nos llevó a Velasco y Fujimori.

Y de refilón: ¿acaso no nos acordamos que en el Pentagonito se produjeron torturas y otro tipo de violaciones a los derechos humanos según lo reportado por Comisiones del Congreso, investigaciones periodísticas y la CVR?

Tercera cuestión (como diría Frankie Ruiz): ¿Y como lo hace? ¿Cuál es el negocio?

La preocupación no es poca, más aún luego de revisar esta parte de la entrevista que le hicieron ayer a Giampietri:

¿Cuál será el mecanismo para las contrataciones?
La Ley de Presupuesto nos ha dado algunas facilidades para el manejo de los fondos. Ha sacado un artículo particular para el tema de la APEC que le da más fluidez al trámite porque se entiende que los tiempos son muy cortos, pero estamos tratando de mantener, en lo posible, las normas regulares para evitar problemas.

¿Estarán exonerados para realizar licitaciones en materia de seguridad?Hasta cierto punto. En la Ley de Presupuesto se da una serie de facilidades para que se puedan hacer contrataciones y adquisiciones más rápido de lo normal.

La disposición a la que se refiere Giampietri está en la Ley N° 28927, Ley del Presupuesto 2007 y dice a la letra lo siguiente:

VIGÉSIMA OCTAVA.- Exceptúanse, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 y disposiciones relacionadas a éstos de la presente Ley, así como de las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás normas complementarias, las contrataciones, las adquisiciones y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2007, que tengan por objeto el desarrollo de las actividades para la realización, programada para el año 2008, de la XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) bajo la presidencia del Perú, incluyendo reuniones ministeriales, conferencias especializadas y otros eventos que se programen en ese marco; así como las contrataciones, las adquisiciones y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2007, que tengan por objeto el desarrollo de las actividades para la realización, programada para el año 2008, de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe - Unión Europea, siempre que sean realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por las entidades que conforman la Comisión Ejecutiva establecida por Resolución Suprema Nº 133-2006-RE, e incluso de ser el caso, indirectamente mediante convenios de administración de recursos suscritos o por suscribirse.

Y como se ha podido comprobar durante este gobierno, tanto con el Shock de Inversiones como con el tema de El Niño, estas exoneraciones de controles son la puerta abierta a que puedan ocurrir serios hechos de corrupción, como los registrados por la prensa durante estos 10 meses de gobierno.

A ello se suma lo registrado por Pedro Tenorio para Perú.21, en un reportaje sobre las movidas que vienen ocurriendo en la Marina de Guerra del Perú:

“Una vez lograda la reorganización de la Dintemar, el segundo paso consistiría -según la versión recogida por este diario- en reforzar las relaciones del sector ahora hegemónico dentro de la Armada con las principales empresas de seguridad que ofrecen sus servicios en el país. Precisamente, el escándalo afectó la reputación de Andrick Service y Grupo Atenea, dos ‘junior’ que empleaban los servicios del capitán Barba y compañía, hecho interpretado como parte de una jugada para sacar del camino a empresas menores en beneficio de las ‘grandes’.

¿Cuál sería el objetivo final de este tinglado? Dotar al Gobierno, por medio de la Armada, de un aparato de Inteligencia que le permita anticipar futuras crisis, tanto en el ámbito de la seguridad pública como en el político, lo que abarcaría, incluso, el seguimiento a opositores del régimen siempre bajo el pretexto de mantener el clima apropiado para las inversiones. Un concepto de seguridad que pasa por sacrificar algunos derechos fundamentales -en especial de la oposición política- en nombre del orden”.

Lo que se complementa con esto, que llama a la alarma sobre el real negocio con la cumbre de la APEC:

El próximo año el Perú será sede no solo de la cumbre entre Europa y América Latina, sino también del Foro Económico Asia Pacífico, una reunión de líderes, ministros y funcionarios de 21 economías (desde las más desarrolladas como China, Japón y EE.UU., hasta emergentes como la peruana) que pondrá al país, por unos días, en la mira de la prensa mundial. Esta importante cita, cuya organización ha sido confiada al vicepresidente Giampietri (y no a la Cancillería, como fue en otros países otrora anfitriones del evento), requerirá de un despliegue importante de seguridad, más allá de la que puedan brindar las Fuerzas Armadas y la PNP.

Aún no se informa del presupuesto asignado a la organización de este evento, pero en Chile (2004) se habló de entre US$6 y US$7 millones. Eso, sin contar que Nueva Zelanda (1999), Brunei (2000) y China (2001) invirtieron entre US$15 y US$27 millones. Ciertamente, dependerá de cuánto quiera y pueda gastar el Estado peruano para hacer un cálculo de la apetecible torta que disputarán las empresas de seguridad interesadas en competir -imaginamos que vía licitación- por ofrecer sus servicios.

El tema es que, como la misma Ley de Presupuesto lo señala, no hay licitaciones de por medio, sino procesos exonerados de controles, e incluso libertad de gasto, al no restringir los tópicos concernientes a la austeridad presupuestaria. A ello se suma el hecho de que, según he podido confirmar con fuentes cercanas a la Marina, es cierto que la mayor parte de agencias de seguridad privadas son dirigidas por oficiales en retiro de dicho instituto armado.

Prevenidos estamos todos.

Más sobre el caso de venta de información de inteligencia de la Marina a agentes privados.

Hoy hemos tenido mayores repercusiones sobre el escandaloso caso de venta de información de inteligencia, hecha por el ex agente Carlos Barba Daza, a empresas privadas, así como la contratación de este personaje para laborar en estas corporaciones, a pesar de estar prohibido que se contrate a personal en actividad de las Fuerzas Armadas para hacer labores propias de su función.

El diario La República señaló hoy un potencial conflicto de intereses del Presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso (y Primer Vicepresidente de la República) Luis Giampietri en una posible investigación sobre este tema, dado su carácter de marino. Un argumento más fuerte, a mi modo de ver, lo presenta Augusto Alvarez Rodrich, que recuerda que el Almirante, como primera acción dentro como presidente de esta comisión, investigó a una institución incómoda para sus intereses: el Instituto de Defensa Legal. Y a ello habría que sumar los rumores incesantes de que algunas de las primicias del llamado “SIN Chicha” serían de su autoría.

Pero también se han producido nuevas revelaciones sobre el caso del capitán Barba. Un reportaje elaborado por Augusto Thorndike para Domingo al Día (América Televisión), reveló que Barba también había prestado servicios de poligrafía - el famoso detector de mentiras - para Telefónica Seguridad Integral, división de la transnacional española. El director de esta división, hasta el año pasado, era un oficial de la Marina en situación de retiro. Y según información de primera mano que he tenido durante esta tarde, varios oficiales en retiro de la Marina trabajan en esta subsidiaria de la empresa española.

Pero más revelador aún es saber que, entre la información que Barba filtró, se encontraban las coordenadas exactas de los remanentes de Sendero Luminoso, así como informes de inteligencia que permiten establecer que estos remanentes vienen sufriendo varias enfermedades y dificultades logísticas. Ojo, los informes son del segundo semestre del 2006, cuando este gobierno ya estaba en el poder. Pregunta: ¿por qué no se actuó aprovechanddo ese momento de debilidad? ¿Falta de estrategia, de recursos o, porque no preguntarlo, convencimiento en las Fuerzas Armadas que mantener una amenaza latente es la única manera de obtener recursos?

Demasiadas preguntas sueltas. Demasiados intereses alrededor. ¿Alguna respuesta?

MAS SOBRE EL TEMA:
Jorge Bruce: Naufragio Moral.
Jorge del Castillo: Se sancionará a traficantes de información de inteligencia.
El Comercio: Especialista Alberto Bolívar recomienda regular a empresas privadas de seguridad.

Prácticamente desaparecibidas han transcurrido dos denuncias que involucran gravemente al Almirante Luis Giampietri, primer vicepresidente de la República, y que ponen en demostración su poco compromiso con la transparencia en la gestión pública y la defensa de los valores democráticos.

LA OFICINA PROPIA, CON PLATA DE TODOS LOS PERUANOS

La primera se refiere a la irregular transferencia de fondos que la Presidencia del Consejo de Ministros ha hecho para que Giampietri implemente un despacho como Vicepresidente. Recordemos que, de acuerdo a la Constitución, este cargo tiene como únicas funciones reemplazar al Presidente de la República si es que fallece, queda incapacitado de manera permanente o es vacado y encargarse del Despacho Presidencial cuando el titular se encuentre fuera del país. Por tanto, tener un despacho para atender sus funciones como vicepresidente es innecesario.

Esta denuncia fue hecha por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde en la presentación de Jorge del Castillo en el Congreso.

Hoy La República publica los gastos en que se incurrió para la implementación de este despacho, con gastos verdaderamente sorprendentes. Los datos que verán a continuación complementan lo señalado por el diario de jirón Camaná.

Por ejemplo, el pago de S/. 9,500.00 a Gerardo Castro Rojas, militante aprista, Director Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y colaborador del diario aprista Del País. ¿El mérito del pago? Una asesoría en temas de desastres naturales (¿El Niño?). Castro también es parte de la comisión que investiga el allanamiento del Perú en el caso Castro Castro, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Percy Pérez Balarbas es, desde noviembre de 2006, el presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), organismo dependiente del Ministerio de la Producción, dirigido por Rafael Rey. Pero también recibió dinero por asesorías en materia de pesquería del despacho de Giampietri, por la friolera de S/. 5,130.00, durante el tercer trimestre del 2006. Pago que se hizo por un trabajo que sólo duró 9 días. Tiene otro pago por S/. 8,100.00 por este mismo tema.

Jorge Figueroa Guzmán es el abogado de Luis Giampietri en temas personales. Fue quien interpuso la queja contra la Primera Sala Penal Anticorrupción por la citación hecha al almirante para el caso Colina. Pero también ha recibido dinero de la partida destinada para el Vicepresidente por dos conceptos: una asesoría en pesquería (S/. 9,500.00) y apoyo profesional (dos pagos, por S/. 8,100.00 y S/. 9,800.00).

Pero el más beneficiado ha sido el abogado Sergio Tapia Tapia, conocido por su defensa profesional de violadores de derechos humanos y a quien Giampietri ha llevado como asesor a una sesión del Consejo de Ministros. Tapia ha recibido dos pagos: uno por asesoría en temas de Defensa Nacional (S/. 9,500.00) y otro por “apoyo profesional” (S/. 12,500.00).

EL ASESOR FACISTA DE GIAMPIETRI

Es justamente sobre Tapia sobre quien cae la segunda denuncia, referida a sus vínculos con organizaciones que, bajo el manto del catolicismo, avalaron violaciones a los derechos humanos.

En su columna del jueves 11 en Caretas, Gustavo Gorriti dijo lo siguiente sobre Tapia:

“No exagero. Entrevisté algunas veces a Tapia en los años ochenta y debo decir que encontré que conocía mucho sobre el funcionamiento de los organismos de inteligencia y, en especial, de la Marina. Era una persona inteligente y sin medias tintas. El hecho es que sus tintas coloreaban una camisa negra. Tapia llevaba tiempo vinculdo con la ultraderecha clerical, en especial con la argentina, con los grupos católicos ultramontanos, sobre todos los vinculados con el rabioso antisemita Julio Meinvielle, varios de cuyos continuadores terminaron como capellanes y consejros de los verdugos de la guerra sucia y cómplices de los torturadores de la ESMA”.

Julio Meinvielle fue uno de los principales teólogos argentinos, pero también un claro antijudío, quien llegó a decir que el “pueblo escogido de Dios” había “equivocado” el camino, por lo que le ocurrió todo lo que le ocurrió (léase, el Holocausto).

La relación de Tapia con los sectores más conservadores no es nueva. En su novela Mateo Diez, Pedro Salinas menciona que uno de los cofundadores del Sodalicio de Vida Cristiana fue Sergio Tapia. Como sabrán, el Sodalicio es de las organizaciones más conservadoras de la Iglesia y mereció la atención de la prensa a raíz de sus métodos de captación de jóvenes seguidores. Ciertamente, hay gente valiosa dentro de la familia sodálite, comprometida verdaderamente con su fe y congruente con ella, pero las suspicacias por la conducta de algunos de sus miembros no se hacen esperar.

El Sodalicio ha ganado posiciones rápidamente en la Iglesia, con ayuda de Juan Luis Cipriani. José Antonio Eguren fue su primer obispo, ocupando el puesto de Obispo Auxiliar de Lima, durante los primeros años del mandato de Cipriani. En su momento, Eguren tuvo una posición sobre la CVR bastante parecida a la que tienen el Arzobispo y el Almirante Frontón. Ahora, es el Arzobispo de Piura. Su segundo obispo, Kay Schmalhausen, tiene serios problemas en Puno. Es conocida, además, la campaña sobre la base de infundios y mentiras que se hace contra Gustavo Gutierrez y los sacerdotes progresistas desde ACIPRENSA, órgano de prensa católico vinculado al SVC.

Los vínculos de Tapia con las organizaciones argentinas ultramontanas son ciertos. Un grupo ultraconservador argentino llamado FASTA tiene como representante en el Perú a Tapia. FASTA tiene una Universidad cuyos Estatutos reflejan claramente su tendencia. El fundador de esta agrupación, Anibal Fosbery, ha sido vinculado con los altos mandos militares que dirigieron Argentina entre 1976 y 1983 y que hasta hoy se resisten a ir a juicio por violaciones a los derechos humanos. También ha sido capaz de homenajear a nazis que encontraron refugio en la Argentina de Perón (quien, no olvidemos, tuvo sus vinculaciones con el facismo)

Veamos lo que dice una investigación de Horacio Verbisky para Página 12 sobre sus actividades:

La Universidad FASTA también realizó en Mar del Plata un congreso argentino e iberoamericano de Filosofía del Derecho, Política y Bioética para estudiantes y jóvenes graduados universitarios. En Filosofía del Derecho, el temario incluyó “El derecho injusto”, como este sector considera a las leyes y tratados internacionales que permiten juzgar los crímenes de la dictadura. También “el derecho de la guerra: guerra justa e injusta; guerra preventiva; guerra de guerrillas; religión y constitución; libertad de prensa; razonabilidad; tradición, constitución y tratados”. Esta corriente de pensamiento tradicionalista objeta el carácter consensual de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución en 1994 y sólo reconoce el derecho natural, que considera de origen divino. El Congreso también tuvo un capítulo sobre derecho penal: “Fines de la pena y garantías; solidarismo, absolutismo, garanto-individualismo y sus expresiones”. Las publicaciones de la Fraternidad y de los profesores de esos cursos son inequívocos. Guerra justa es la denominación que reservan para la represión dictatorial. En Filosofía Política, el Congreso versó sobre “Soberanía y nuevo orden mundial - Gramscismo y hegemonía cultural”. Uno de los intelectuales afines es el sacerdote jesuita Alfredo Saénz, quien en su trabajo “La estrategia ateísta de Antonio Gramsci” escribió que “estamos en guerra, una guerra que en el fondo es teológica. Gramsci ha trazado con aterradora lucidez la esencia, el camino y la meta de la revolución: la decapitación de Dios y el endiosamiento del hombre”. En Bioética hubo capítulos para la homosexualidad considerada como una enfermedad, la manipulación genética, la eutanasia y el “abortismo pretoriano”. Para estos defensores de la dictadura cualquier forma de aborto, aun luego de una violación, constituye “justicia por mano propia contra un tercero inocente”, según un folleto de 2004.

Como parte del comité académico del, digamos, polémico evento, estaba el Dr. Sergio Tapia, como representante del Perú. Es decir, Tapia avalaba con su presencia las tesis más cercanas a lo dicho por el Almirante Emilio Massera frente a las desapariciones cometidas durante la dictadura militar argentina, reflejada en esta frase:

No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa, y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo yo estoy aquí procesado por haber ganado una guerra justa.

¿No les recuerda a las columnas de Giampietri en La Primera, de hace un año atrás?

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: El asesor de Giampietri.