Garrido Lecca hace mermeladas, Alan bendice, la mafia periodística ataca.
La catadura moral del actual gobierno se ha visto en toda su dimensión con los dos casos de publicidad disfrazada de noticia, pagada con el dinero de todos los peruanos, hecha por el Ministro de Vivienda y Construcción Hernán Garrido Lecca, tanto en los diarios pertenecientes a la familia Wolfenson, como a Sindesa, la empresa que edita los diarios Expreso y Extra.
El caso ha sido descrito desde todos los ángulos como una práctica similar a la hecha por Vladimiro Montesinos con relación a la prensa durante los años noventa: compra de contenidos para mejorar la imagen del gobierno. Para varias organizaciones preocupadas por el fortalecimiento democrático y la libertad de expresión, estas prácticas suponen una infracción legal bastante grave. Así lo han manifestado representantes del Instituto Prensa y Sociedad, así como la Comisión Andina de Juristas. Esta última, en una Alerta Democrática, ha señalado entre otros puntos, lo siguiente:
La ley 28874 que regula la publicidad estatal en el Perú determina que esta es legal si sirve para difundir acciones gubernamentales, pero ilegal cuando se usa expresamente para beneficio de un partido político o de la gestión de un funcionario público. Este es el caso de la contratación de propaganda estatal para favorecer la imagen de una gestión ministerial.
La política de austeridad definida por el propio gobierno del Perú en Decretos de Urgencia tales como los No. 019-2006, 020-2006 y 021-2006 que señalan entre otras cosas que el gasto público debe realizarse orientado a resultados con “eficiencia, eficacia, economía y claridad” y que se debe reducir en 80% los servicios de publicidad estatal con algunas excepciones entre las que no está la publicidad efectuada por el Ministerio de Vivienda.
Por otro lado, inquieta particularmente que los diarios elegidos para esta publicidad irregular del Ministerio de Vivienda del Perú sean precisamente aquellos vinculados a los intereses oscuros de grupos que promovieron y se beneficiaron con la corrupción peruana de la década pasada y que hoy continúan en campañas de difamación en contra de personas honorables.
Y a pesar de que este tema constituye no sólo una falta ética grave, sino también una infracción legal, el Presidente de la República señala que el tema no tiene mayor importancia. Ayer, bajo el ardiente sol de Sullana, dijo que “tal como lo he leído (el contrato), hay más suspicacias que verificación“, que existía un “exceso de celo” de parte del programa que hizo la denuncia - y hay que decirlo, la directora de dicho programa ni siquiera reclamó por esta malcriadez presidencial hacia su denuncia, cuestión que no compartimos - y, cerrando su perorata, García señaló que “un soberano idiota hace un contrato en el que diga ‘levanten mi imagen’“.
Para utilizar sus términos, ese “soberano idiota” cobra 15,000 soles mensuales y despacha en el Ministerio de Vivienda y Construcción. Y claro, Alan no sólo lo protege porque es Garrido Lecca, su organizador de mítines, sino por una razón fundamental: ¿quién es el principal beneficiado con el autobombo financiado con plata del erario público? ¿Garrido Lecca? No, en una presidencia tan personalista como ésta, el principal beneficiado es Alan García Pérez.
Pero, además, Alan ha incentivado para que los otros beneficiarios de la mermelada, es decir, los medios que cobraron, se envalentonen y saquen las garras.
Por un lado, La Razón, fiel a su estilo, se manda con un editorial en que acusa a la “conspiración caviar” de ser quien está detrás de la acusación. Editorial, a todas luces, provocado por el respaldo presidencial. (Y luego no quieren que sospechemos de pactos con el montesinismo).
La actitud de Expreso es más bien rara. Por un lado, el propietario del medio y director, Luis García Miró, por segundo día consecutivo, pide la salida de Garrido Lecca, aunque no por cuestiones legales sino por quitarle pretextos a la “prensa caviar”. Pero, por otro lado, reproducen un furibundo editorial de Extra en el que atacan a Augusto Alvarez Rodrich, diciéndole de “fujimontesinista” para abajo.
Quizás esta esquizofrenia se explique por los dos documentos que exhibiremos a continuación. Se trata de dos hojas de la Partida Registral de SINDESA S.A., la empresa editora de Expreso.
En la primera de ellas, se muestra que Luis García Miró es el principal accionista de la empresa, por lo que era dificil que desconociera los negociados y enjuagues que se tenían con el Ministerio de Vivienda y Construcción.
En la segunda, se señala quien es el Gerente General de la Empresa: Enrique Ernesto Alvarez Rodrich, hermano del director de Perú.21 y quien tiene un perfil bastante técnico. Y aquí habría que decir que no encuentro relación alguna entre ellos, dadas las antitéticas líneas editoriales que ambos medios manejan, además de que el Gerente de la empresa, por lo general, no tiene vinculación alguna con la línea editorial del medio.
Por ello, señaló dos posibles hipótesis: o la esquizofrenia de Expreso corresponde a este tema, o es que García Miró quiere aparecer como paloma mientras manda a sus chacales chicha de Extra a atacar a AAR. Personalmente me inclino por la segunda opción.
ACTUALIZACION:
Según me he podido averiguar, el señor Enrique Alvarez Rodrich es ingeniero y administrador. Actualmente ya no se desempeña como Gerente General de Sindesa S.A., aunque sigue siendo miembro del directorio de dicha empresa. Sus actividades profesionales no tienen relación alguna con las de su hermano, director de Perú.21.
MAS SOBRE EL TEMA:
El Morsa: DTP destapa a Expreso.
Christian Manrique: Extra embarra a Augusto Alvarez Rodrich.
Y MIENTRAS TANTO:
Desde Iquitos, Paco Bardales denuncia copamiento aprista en instituciones de la selva.
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