Esta sentencia condenatoria - que también comprende a Vladimiro Montesinos y al actual congresista Rolando Reátegui, sobre quien el Congreso tendrá que pronunciarse en los próximos días sobre su permanencia - me da pie para hacer un rápido balance de lo que ha sido el vértice más visible de la lucha contra la corrupción: los procesos judiciales contra la organización criminal Fujimori - Montesinos.
No tengo duda que han existido avances significativos en esta tarea emprendida por un puñado de jueces, fiscales y abogados que han buscado establecer la responsabilidad de los más altos funcionarios políticos y militares del régimen de Alberto Fujimori. En medio del poco respaldo político, de las limitaciones de presupuesto y de lo lentamente paquidérmico que resulta el sistema de justicia en el Perú, lo hecho no es poca cosa.
Quizás el efecto más visible se señale en las personas que han sido condenadas y los procesos que han merecido este tipo de sentencias. A 8 años de la caída del fujimorato, hasta el día de hoy resulta sorprendente que las cabezas más visibles de dicho régimen hayan sido procesadas y sentenciadas, con arreglo al debido proceso. Hoy Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y Absalón Vásquez se encuentran en dicha situación, cuestión impensable hasta hace poco tiempo. Lo mismo ha ocurrido con funcionarios cuyo enriquecimiento ilícito ha sido comprobado, así como en casos emblemáticos, como el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 o el de los empresarios de televisión que vendieron su línea editorial con miras a la re-reelección del año 2000.
La prueba de que el proceso se ha sujetado al debido proceso lo demuestran las absoluciones en los casos en que no se encontraron elementos de prueba. El caso de la ex congresista Martha Chávez, a quien no se encontró evidencias de haber recibido dinero de las arcas del SIN, lo comprueba. Independientemente de las antipatías que puedan generar las opiniones políticas de Chávez, su inocencia fue confirmada por el Poder Judicial.
Sin embargo, el proceso en su conjunto no ha estado exento de problemas. Como lo ha demostrado la concentración de expedientes en el caso Fujimori, la estrategia más acertada era la de acumular 10 a 15 casos por temas, a fin de procesar con mayor celeridad un complejo campo de casos. Solo se pudo hacer - y a medias - en lo que se refiere al grupo Colina. Esta dispersión hizo que la atención judicial y mediática se concentrara en procesos menores - como los de Héctor Chumpitaz o Jacqueline Beltrán - y que con ello se generaran dos efectos: la pérdida de la posibilidad de hacer pedagogía anticorrupción con estos procesos y la dispersión de recursos en el Poder Judicial, lo que hizo que los casos más grandes e importantes no avanzaran con la rapidez requerida.
Ello ha generado que las sentencias más importantes son las que estén por dictarse. Se calcula que para marzo o abril se tendrá listo el fallo por los casos que comprenden al Destacamento Colina y que este año recién se iniciará el juicio oral a Vladimiro Montesinos por narcotráfico. Sin duda, este último proceso deberá echar mayores luces sobre una relación compleja y aun poco trabajada. Luego de releer hace algunos días El Espía Imperfecto de Sally Bowen y Jane Holligan, me queda claro que Fernando Zevallos será uno de los procesados clave para desentrañar la vinculación de Montesinos y las firmas de narcotráficantes. Y por ello preocupa tanto que maten a los vinculados al “Lunarejo”, a plena luz del día, en el Centro de Lima.
Donde sí hay que advertir los pocos avances es lo que se refiere a los llamados delitos económicos y financieros, en los que los procesados han sido tratados con guantes de seda y las investigaciones han sido lentas, sin el apoyo logístico y pericial que merecían, lo que deja todo un segmento de la corrupción de los años noventa en el limbo judicial.
Un balance de la lucha anticorrupción debe servir a las entidades encargadas de combatir y prevenir este flagelo para afinar las políticas que han venido destinando para esta tarea, corregir errores de estrategia y contar con mejores y mayores recursos para sus investigaciones. Sin duda, varios de estos elementos deberán ser contemplados para los procesos por violaciones de los derechos humanos y narcotráfico de los próximos años.
Esta es una tarea que debe comenzar el día de hoy. Señor Távara, señora Bolívar, señora Fernández, tienen ustedes la palabara.
Por un lado, y a pesar de las críticas de los perúposibilistas, la ahora ex magistrada reune una trayectoria profesional intachable, por lo que la designación de esta persona no es desacertada.
Sin embargo, habría que preguntarnos sobre el diseño de la institución en sí. La Oficina Nacional Anticorrupción es, al igual que el Consejo al que reemplaza, una institución de carácter preventivo. Sin embargo, se le ha vendido como la respuesta natural a la serie de compras desacertadas que este gobierno ha hecho en los últimos meses. La ONA se encarga de vigilar que se cumplan con los estándares legales y éticos de la función pública y busca el desarrollo de medidas preventivas.
No es propiamente, como se le quiere vender, un “zar” (o “zarina” en este caso) anticorrupción, pero si puede ser una funcionaria que colabore con labores de más largo aliento en la lucha contra este flagelo, dado que podría orientar una política pública sobre la materia que atraviese a todos los sectores. Claro, si la dejan trabajar y no la sacan a la primera de bastos del puesto, cuando comience a detectar problemas en el gobierno. O tiene perfil bajo, como tuvo el CNA en tiempos de Alejandro Toledo.
El problema, como señala Rosa María Palacios, es que el gobierno no tiene credibilidad en este tema tanto por su pasado como por su presente y la creación de esta oficina va a hacer poco por aumentarla, incluso si funciona como debiera. Y es que depende del buen funcionamiento de las instituciones ejecutivas que ya tenemos - CONSUCODE, Contraloría General de la República, sistema de justicia - la modificación de malas prácticas como la las normas de excepción en las compras públicas, y de las autoridades políticas mandar a su casa a los funcionarios corruptos y/o incompetentes. La ONA funcionará para otro tipo de labores igualmente importantes, pero cuya repercusión recién se percibirá en 2 o 3 años.
Pero yo anadiría otro problema que tiene que ver con los mecanismos ad hoc de este tipo. Si no se tienen en claros sus objetivos - y no se explican a la población, para evitar generar falsas expectativas - y no se hacen las coordinaciones entre las instituciones vinculadas al tema, podríamos terminar teniendo otro FORSUR, en el que las disputas internas y la falta de colaboración complotan para el buen funcionamiento de una entidad necesaria.
Menudo reto el que le espera a Carolina Lizárraga. Pero también a un gobierno que, más allá de los lavados de cara, tiene que emprender acciones para enfrentar un problema que afecta a la economía, a la política y la convivencia civilizada en nuestro país.
Hace siete años, las imágenes que hemos visto anteriormente, estremecieron al país y al mundo. Con ellas se develó la verdadera faz de un régimen que a muchos les hizo creer el cuento de la pacificación y la recuperación económica, a cambio de vender las conciencias de muchos, soportar la vulneración de derechos fundamentales y aguantar a un dictador en Palacio de Gobierno.
La corrupción en el Perú no comenzó con Fujimori y Montesinos. Sucesos como el escándalo de la deuda consolidada en tiempos de José Rufino Echenique, o las licitaciones otorgadas en el oncenio de Augusto B. Leguìa u otros casos más recientes nos hacen ver que el tema tiene larga data en el Perú.
Sin embargo, el gobierno de la década de los noventa implantó una forma sistémica de hacer corrupción y aprovechó todos los espacios a su disposición. Las compras de armamento con motivo del conflicto con el Ecuador, las privatizaciones, la negociación de la deuda externa, el proyecto de re-reelección y la preservación del poder onmímodo que querían tener por varios años. Políticos, militares, empresarios, dueños de medios de comunicación y hasta personajes de la farándula pasaron por una infame sala en que, para suerte de la justicia y de la memoria histórica, todo fue debidamente filmado.
¿Por qué fue posible esto? Porque buena parte de la sociedad decidió mandar al diablo a la democracia a cambio de una seguridad supuesta, el crecimiento económico - que visto a la luz de estos años fue mediocre - y un supuesto orden que era el de las bayonetas y el cállese la boca y no incomode. El resultado: la institucionalidad destruida, los mecanismos de control en manos de corruptos y casi toda la prensa - salvo un puñado de respetables hombres y mujeres - no fiscalizando al poder por simpatías verdaderas o por cerros de dólares en montañas.
No olvidemos que eso fue el Perú. Porque, a pesar de nuestros problemas, estamos mejor que hace 7 años, cuando una banda de delincuentes nos gobernaba. No olvidemos, no solo para sancionar a quienes hicieron del país una parodia de Los Soprano, sino también para consolidar instituciones que impidan que la corrupción que pueda existir ahora pueda extenderse.
Justicia, lucha contra la corrupción y derechos humanos en el primer año de gobierno
La tarea por tener una mejor administración de justicia, acabar o disminuir el flagelo de la corrupción y tener presente la importancia de los derechos humanos constituyen cuestiones que todo gobierno debe enfrentar, no solo como una cuestión de mejora de condiciones para la inversión, complementar la reforma del Estado o hacer que se gaste de mejor manera los recursos fiscales, sino también con un tema de la más amplia importancia ética y de consolidación del sistema democrático.
Desafortunadamente, el gobierno parece no haber entendido esta tarea urgente y ha culminado teniendo serias dificultades de articulación de políticas en estas áreas, así como groseros errores que, a mi modo de ver, explican la naturaleza conservadora de este régimen.
¿Responsabilidad solo del gobierno? Ciertamente no, pues muchos de los actores que llegaron con expectativas no han hecho cambios fundamentales, sobre todo por una estructura de la Corte Suprema que es ajena a todo tipo de cambio.
En lo que respecta al tema de lucha contra la corrupción, los baldones no solo se han referido al poco interés en la extradición de Fujimori, sino también en la cuestionada designación de Moises Tambini del Valle como Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, a pesar de los serios cuestionamientos en su contra.
Peor aún, el gobierno ha tenido casos de corrupción bastante graves en lo que se refiere a adquisiciones - patrulleros (con Mazzetti y, al parecer, también con Alva Castro) y ambulancias -, compra de contenidos de medios de comunicación, entre otros. Tampoco se tuvo la voluntad de crear una autoridad de prevención contra la corrupción y los cambios que se pretende hacer en los organismos encargados de vigilar las compras estatales y proyectos de inversión solo buscan relajar dichos controles.
Y siguiendo ese camino apristas, fujimoristas y pepecistas aprobaron una norma que procura controlar los contenidos de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. La incomodidad de los partidos políticos y los empresarios con organizaciones que se ocupan de temas ambientales, lucha contra la impunidad y derechos humanos terminó en un mamotreto controlista que, esperamos, sea anulado por el Tribunal Constitucional.
Los únicos avances reales se sintieron en el campo de las reparaciones a las víctimas de la violencia: se creó el Consejo de Reparaciones que elaborará el Registro Único de Víctimas y se inició con el programa de reparaciones colectivas.
Finalmente, resulta serio que el gobierno no haya implementado el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por la administración anterior, lo que denota la real voluntad política del gobierno sobre esta materia.
Lo peor del caso, es que el gobierno no se da cuenta de estos horrores. Por el contrario, parece estar muy convencido de su tendencia sobre estos temas. Ello explica por que su vocación por el cambio es tan reducida.
Las ponencias presentadas, a cargo de personalidades como Henry Pease, José Ugaz, Santiago Pedraglio, Luis Vargas Valdivia, entre otros, presentó a todos quienes asistimos un panorama bastante claro y panorámico de lo que se ha venido haciendo desde noviembre de 2000 en adelante para luchar contra uno de los más importantes problemas que sufre el país. Y, además de esta visión panorámica, fueron tocados algunos temas coyunturales, como la extradición de Alberto Fujimori o la voluntad del actual gobierno para luchar contra la corrupción.
Los puntos centrales de estas presentaciones, que comparto con ustedes, a mi criterio, fueron los siguientes:
1. Se confirmó que la resolución dada por el juez Orlando Alvarez en el caso Fujimori es errada. Abogados y participantes coincidieron con los argumentos que habíamos reseñado en este blog la semana pasada: un estandar de pruebas mucho más alto del que se tiene en cualquier proceso de extradición, sesgo en la utilización de las pruebas, poca pericia en el uso de instrumentos de Derecho Internacional. Todo eso denota el criterio de un juez conservador, como lo ha confirmado el ex magistrado chileno Juan Guzmán Tapia, quien inició los juicios contra Pinochet en el país del sur.
2. Se ha conseguido armar un sistema relativamente efectivo para castigar la corrupción: Los jueces y fiscales que integran el sistema están dentro de los mejores del Poder Judicial, se han marcado criterios claros sobre responsabilidad de particulares en casos de corrupción y se ha conseguido sentencias importantes en muchos casos.
3. Sin embargo, el sistema judicial tiene algunos problemas: Ellos se han concentrado claramente en dos puntos. El primero, tiene que ver con las cuestiones logísticas, de infraestructura, seguridad y prespuesto de los Juzgados y Salas Anticorrupción, que impiden una mayor velocidad en los procesos. El segundo, tuvo que ver con algo que se advirió desde el inicio: debieron acumularse procesos y priorizarse aquellos que fueran más importantes. Ello marcó una sensación de concentrarse en procesos menudos o poco relevantes para el sistema, como los casos de Jacqueline Beltrán o Héctor Chumpitaza. Se perdió, a mi modo de ver, algo que el proceso penal por corrupción podía hacer: no solo ser un mecanismo de sanción, sino mostrar la real magnitud de lo ocurrido.
4. Es necesario insistir en la aceleración de la implementación del Código Procesal Penal. En el país conviven dos modelos de procedimientos penales. Uno que viene desde 1940 y que, con algunas modificaciones, es el que se utiliza en los casos anticorrupción, lo que también incide en la lentitud de los procesos. El otro, implementado inicialmente en Huaura y Trujillo, es el del Código Procesal Penal, cuyos resultados, luego de un año, han sido realmente exitosos. Para ello se necesitan dos cosas: voluntad de los jueces y fiscales en capacitarse para la adecuación al nuevo modelo y presupuesto para su implementación.
5. Tan importante como la represión es la prevención de la corrupción. El Perú es parte de varios convenios internacionales que nos marcan obligaciones importantes en materia de prevención: un organismo estatal de prevención, normas claras sobre ética, tráfico de influencias, contrataciones estatales, lavado de dinero, entre otros. No ha existido la voluntad de implementarlos. ¿Resultados? Solo durante este gobierno hemos tenido problemas con la transparencia de contrataciones estatales (casos Patrulleros y Ambulancias), el escandaloso caso de compra de contenidos de medios de comunicación, conflictos de intereses claros en los Ministros de Vivienda y Educación, o nombramientos cuestionados como los de Carlos Arana y elecciones como las del Tribunal Constitucional.
6. El rol de la prensa. Sin duda, el periodismo cumple un importante papel en la revelación de casos de corrupción. Para cumplirlo a cabalidad, es necesario que los periodistas cuenten con independencia y recursos suficientes para llevar a cabo investigaciones o denuncias bien sustentadas. Ello, no implica, sin embargo, que el periodismo se convierta en un cuarto poder - sin alusión al programa - o en un reemplazante de lo que hace la administración de justicia, lo que lleva a que los periodistas tengan su rol bastante claro. Los retos para ellos, además de seguir fiscalizando al gobierno actual: incidir en el tema de fiscalización sobre Municipalidades - el caso de Alex Kouri y la Vía Expresa del Callao debe marcar una línea de investigación - y los casos de narcotráfico.
Sin duda, estos son retos que el país tendrá que asumir y sobre los cuales el gobierno tendrá que decir algo, sobre todo, la próxima semana, que se cumple un año de mandato.
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