Si una táctica mediática fue desplegada en los años noventa fue la campaña sistemática en contra de los opositores al fujimorato. A través de titulares que tocaban el mismo tema en varios diarios - todos comprados al mejor postor por Vladimiro Montesinos -, todo aquel que se opusiera a Alberto Fujimori era pasado por una moledora de carne sistemática, con contenido dictado desde la salita del SIN.
Y si bien Fujimori y Montesinos ya están en prisión, su espíritu está presente en algunos medios de comunicación.
Uno de estos enemigos es Gustavo Gorriti, una de las personas que encarna lo que debe ser un buen periodista: una buena pluma, uso de los métodos de investigación y corroboración, principios democráticos sólidos e investigaciones que lo respaldan.
El 7 de mayo de 2008, Gorriti sacó un artículo sobre la lucha que viene emprendiendo la Policía Nacional contra “Artemio”, uno de los líderes de lo que queda de Sendero Luminoso. La historia que cuenta el periodista nos da una idea de como se va estrechando el cerco sobre este personaje, a pesar de las limitaciones logísticas a las que el despacho que “encabeza” Luis Alva Castro. Debo decir que del relato de Gorriti puedo admirar a los policías que, con inteligencia y sin violar derechos humanos, vienen aplicando una estrategia inteligente y que, estoy seguros, dará resultados en el futuro cercano.
Sin embargo, días más tarde, el domingo 11 de mayo, Expreso y La Razón pasaron a Gorriti por sus respectivas moledoras de carne: sus secciones de trascendidos - Polidatos y Carnecitas, respectivamente - sacaron sendas notas en contra del reportaje, específicamente por hacer alusión a la palabra “guerrillero”, a la que estos diarios atribuyeron como condescendencia con Sendero Luminoso, la cual, cualquiera que conoce la trayectoria de Gorriti, sería bastante idiota en creer en la misma.
Dos cuestiones me llamaron la atención de este asunto.
La primera, es el párrafo de marras al que ambos medios aluden y que, como verán, es claro en su afán descriptivo de un fenómeno militar:
Con más de 25 años de experiencia militar en el terreno, “Artemio” es uno de los más veteranos guerrilleros en América Latina. (A diferencia de quienes utilizan el término “terrorista” o “guerrillero” con una connotación esencialmente valorativa, IDL-SC los usa solo como una descripción de metodología militar). Su conocimiento del terreno y su red de información rápida, ambos muy eficientes, le han permitido eludir varias veces capturas que parecieron inminentes.
Los dos diarios no solo se olvidan de todo el contenido del artículo, que reconoce de modo amplio los esfuerzos que viene haciendo la Policía por acabar con los remanentes de Sendero en el Alto Huallaga. Asimismo, se olvidan del segundo párrafo del artículo, que aclara las cosas aún más:
Así, frente a una insurrección guerrillera (que suele incluir acciones terroristas, de sabotaje, políticas y de propaganda junto con las propiamente guerrilleras), no es fácil saber quién está ganando y quién perdiendo. El número de bajas y de arrestos, por ejemplo, puede ser un indicador engañoso, que demuestre el resultado de golpes eficaces contra los insurrectos o, por lo contrario, mayor actividad de éstos.
En otras palabras, Gorriti no propagandiza a favor de SL, tal como ambos medios pretendieron presentarlo, sino hacer lo que hace un analista militar serio: presentar los hechos y las estrategias describiendo los hechos y tomando partido, de manera indiscutible, por el bando democrático, que es el del Estado que hoy gobierna Alan García.
Pero más sorprendente es aquello que ambos diarios hicieron y que el propio Gorriti denunció el miércoles pasado en su acostumbrada columna semanal en Caretas: Palabras más, palabras menos, Expreso y La Razón colocaron en sus secciones de trascendidos el mismo texto. Vean los recortes de ambos diarios y hagan la comparación:
En jerga periodística, a esto se le conoce como un “bajado”. Es decir, alguien redacta una nota para que otros medios la reboten tal cual, o cambiando solo unas palabras. En el caso de La Razón y de Expreso, se trata del mismo trascendido en dos partes, al que le cambian los títulos y algunas cuestiones ligeras de redacción, pero el contenido esencial y hasta el final son exactamente iguales.
Esto hace suponer dos cosas: O ambos diarios están coordinando campañas de este tipo - a las cuales también se suma en varias ocasiones Correo - o alguien les dicta a ambos diarios el contenido de sus notas, trascendidos y supuestas investigaciones.
Señores Luis García Miró y Uri Ben Schmuel, por un mínimo de respeto a sus lectores y a la verdad, ¿podrían explicarnos cual es realmente su cau - cau?
El nombramiento de un ex columnista suyo hacía que los Wolfenson y Ben Schmuel vivaran ante lo que parecía ser el triunfo de su visión sobre la defensa nacional: ningún control democrático, ningún juicio a los militares que violaron derechos humanos y, por cierto, discrecionalidad total para compras de armamento para un posible conflicto bélico con Chile, que se alienta, sin ningún rubor, desde las páginas de dicho pasquín.
El ministro de Defensa, Dr. Antero Flores- Araoz afirmó enfáticamente que su portafolio no cederá a la presión, ni a cualquier intento de “chantaje” de parte de algunas empresas que pretenden obligar al Estado a suscribir contratos de compra de material bélico. Agregó que el Sector Defensa privilegia los tratos Estado con Estado para todo lo que implique la actualización de la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas y la modernización de su material defensivo.
“No nos vamos a dejar, de modo alguno, chantajear por nadie, venga de donde venga. Muchas veces son los vendedores de servicios o de material bélicos los que empujan ciertas noticias para obligar a sentarnos en la mesa y firmar rápido un contrato”, declaró
Pero sí queremos decirle algunas cosas a nuestro amigo de largos años Antero Flores-Aráoz. Porque no sabemos si además de la ponzoña ideológica, los caviares enquistados en el Pentagonito segregan alguna otra sustancia nociva que hace perder el sentido de las proporciones y el buen juicio a quienes se colocan el fajín de Defensa, al extremo de emitir juicios claramente desinformados, como se desprende de la información que pueden ustedes leer en las páginas cuatro y cinco de este ejemplar.
Ya escuchamos al ministro gritar, y ahora nos gustaría conocer sus argumentos (si acaso los tiene y no se está dejando llevar por lo que le susurran al oído sus funcionarios, la señora Esparch y el señor Chiri). Y de paso, recomendarle que lea el artículo que publicamos en las páginas centrales de esta edición, que sirven para constatar que contrariamente a lo que decía Marx, en nuestro país, tristemente, la historia no se repite como farsa sino siempre como tragedia.
En los años previos a 1879, el civilismo actuó con mezquindad con las Fuerzas Armadas de entonces y las pusieron en la indefensión con resultados aciagos. Desde 2001, sus descendientes caviares repiten la misma odiosa conducta. Con un perverso agregado: no solo quieren dejar desarmados a los militares, también minar su moral, que es tan o más importante que el equipamiento en caso de guerra antisubversiva o conflicto externo.
Por eso la CVR, por eso la persecución judicial a los comandos “Chavín de Huántar” y a más de 500 oficiales y subalternos, por eso el proceso a Fujimori. El cual, no nos cansaremos de repetirlo, tiene al ex presidente de blanco colateral, porque el objetivo principal son los uniformados, a quienes se quiere presentar como una pandilla de genocidas y violadores sistemáticos de derechos humanos y convertir así una gloriosa victoria en una derrota política… y advertirles que no osen tomar las armas en defensa de la Nación en el futuro, porque corren el riesgo de ser sentados en el banquillo, no importan cuántos años pasen.
Pues bien, tamaña muestra de honestidad de parte de ambos personajes nos deja en claro lo que està en juego y que trataré de poner en cristiano.
La agenda de La Razón es clara: aumentar las compras de armamento, pero no de Estado a Estado - como cualquier país actualmente realiza, para evitar los riesgos de corrupción - sino a través de intermediarios. Como bien lo explica Defensa IDL:
Como todo proyecto de inversión que se financia con recursos del Estado, las adquisiciones militares deben pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y ser declaradas viables, socialmente rentables, sostenibles y compatibles con los lineamientos de política planteados en los planes anuales y estratégicos del sector.
Si son adquisiciones que no atañen al “secreto militar”, entonces deben pasar por los procesos de selección de adquisición del Estado: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y/o adjudicación de menor cuantía, según el caso. Para ello la ley de contrataciones y adquisiciones indica varios paso a seguir: conformación del comité especial, elaboración de bases, convocatorias, observaciones, presentación de propuestas, evaluación y calificación, otorgamiento de la buena pro, etc.
Si estas contrataciones y adquisiciones son de carácter de “secreto militar”, estarían exoneradas del proceso de selección, siempre y cuando su objeto esté incluido en la lista que, mediante decreto supremo, haya aprobado el Consejo de Ministros con anterior opinión favorable de la Contraloría General de la República.
¿Y cuál es la única manera en que estas compras sean declaradas como “secreto militar”? Si es que existe un conflicto de por medio, sea interno o externo. Ello explica porque el diario de los Wolfenson levanta tanto los temas de terrorismo y de tensiones con Chile. Si no hay guerra, no hay posibilidad de vender armas salvo que sea por renovación de equipos. Es en esta última hipótesis que el Estado peruano va a comprar armas, de manera paulatina y en trato directo con cada Estado fabricante. La experiencia de comisiones en la compra de armas en la década de los noventa, que tanto añoran los dueños de La Razón, es la que ha vacunado al Ministerio de Defensa contra compras poco transparentes.
El otro tema de agenda tiene que ver con los procesos por violaciones de derechos humanos. Si bien al actual gobierno no le agradan mucho este tipo de procesos judiciales, pues hay que señalar que, a pesar de la lentitud de dichos juicios, no se ha intervenido en acabar con los mismos de manera abrupta, mediante indultos o amnistías. Como esta es una bandera bastante sensible en las Fuerzas Armadas, La Razón la esgrime como causa para poder tumbarse a cualquier Ministro de Defensa. Ya lo hicieron con Wagner y ahora, con las distancias que ha marcado el ex presidente del Congreso, no me extrañaría que la hicieran con Flores - Araoz.
El problema para Flores - Araoz no será enfrentarse a sus antiguos amigos, sino ver hasta que punto sus compañeros de gabinete y su jefe están comprometidos con la agenda del diario de la mafia. Será cuestión de meses saber si es que algún medio de comunicación que tiene un amplio giro de negocios habrá ganado algo con venta de armamento. Y si es que la Defensa Nacional se sigue manejando con criterios modernos.
Pero hay ocasiones en que, dentro de los ghettos políticos más cerrados – como lo es el fujimorismo – salen declaraciones que constituyen un rapto de reconciliación con la verdad.
Estos planillones no son cualquier papel. Son el pasaporte a la libertad de Alberto Fujimori. Ustedes son los verdaderos jueces del Chino”
Luego de escuchar ello, volvió a aparecer el viejo objetivo que el fujimorismo pretende: la amnistía para su líder. Amnistía que, como hemos señalado en oportunidades anteriores, no procede por violaciones de los derechos humanos. Y digo amnistía porque la presión que pretenden ejercer en el Poder Judicial, por la conducta de los magistrados que vienen resolviendo este caso, no traerá efecto alguno en verificar la inocencia o culpabilidad del ex dictador.
El 8 de febrero de 2001, en medio del festival de videos filmados en la salita del SIN, el cantante y animador Raúl Romero, cuyas simpatías fujimoristas eran conocidas, concedió una entrevista a Caretas en la que reveló sus 5 reuniones con Vladimiro Montesinos. Pero, más que esa revelación, lo que quedó en la mente de miles de peruanos fue lo siguiente:
En esa época, al igual que muchos peruanos, Carolina (la esposa de Romero) y yo consideramos a Montesinos un tipo que se sacrifica por el país. Y si se hablaba de la Cantuta, de Barrios Altos y de cierto control del Poder Judicial, a muchos de nosotros, desgraciadamente, nos parecía tolerable. Que me perdonen las víctimas, pero desde el punto de vista macropolítico nos parecía que era un precio a pagar
Aunque Romero volvió a hacer sus programas con cierto éxito, luego de esa infame frase nadie tomó sus declaraciones políticas en serio, incluyendo la de su arrepentimiento por lo dicho. El líder de Nosequien y los Nosecuantos dijo aquello que muchos tratan de defender sibilinamente – con argumentos tipo “la seguridad del pais” o “lo que debía hacerse” – en lugar de señalar aquello que en el fondo piensan: que era necesario matar gente para devolverle la paz al Perú.
7 años después, en otro contexto, otro rapto de honestidad semejante sobre los muertos durante el conflicto armado interno lo ha tenido el director del vocero oficioso del fujimorismo, La Razón. En su columna del domingo, Uri Ben Schumel tiene dos frases realmente de antología:
No nos parece digno de quien dirigió una guerra victoriosa el recurso del “desconozco”, “no recuerdo”, “me abstengo de responder”.
Y aún con una condena “menor”, no podrá participar en las elecciones de 2011 y para las de 2016 tendrá cerca de 78 años. De tal manera que en vez de hacer sumas y restas sobre meses o años más o menos en prisión, Fujimori debería decir lo que todos saben pero callan hipócritamente: para lograr la paz se tenía que pagar una cuota de sangre.
Y luego, como es costumbre de todos los que piensan que una muerte causada por el Estado es justificable, recurre al manido discurso del almirante Emilio Massera, uno de los jefes de la sangrienta dictadura argentina, para justificar violaciones de los derechos humanos en nombre de una “guerra justa”. Argumento que ya ha sido utilizado, entre otros, por Rafael Rey y Andrés Bedoya Ugarteche.
Esta honestidad brutal del vocero de la mafia desenmascara lo que, en el fondo, todos aquellos que siguen defendiendo a Fujimori, su golpe de Estado y todas sus “obras” piensan en el fondo.
Lo curioso es que esa misma lógica de menosprecio por la vida humana era la que tenía Sendero Luminoso. Basta ver este extracto de un documento senderista que refleja el parecido en el pensamiento de ambos grupos:
En 1983 acordamos el Gran Plan de Conquistar Bases, una de cuyas tareas era la Conformación del Comité Organizador de la República Popular de Nueva Democracia. A partir de allí hemos seguido la lucha entre el restablecimiento del viejo Poder por el enemigo y el contrarestablecimiento del nuevo Poder, aplicando la defensa, desarrollo y construcción. Así, el nuevo Poder atravesando el baño de sangre se desarrolla, los Comités Populares se están templando en duro combate contra el enemigo regándose con la sangre de las masas campesinas, de los combatientes y de los militantes.
De hecho, en la sección Carnecitas del diario antes aludido, se dice lo siguiente:
A Suecia Y las mismas circunstancias con el genocida Abimael Guzmán. También sacarlo de la cárcel de la base naval con el acuerdo expreso de que pase el resto de su anciana vida en Suecia (donde viven algunos de sus familiares) o al país europeo que él escoja con la camarada “Miriam”.
No es coincidencia que ello ocurra. Como lo señaló Carlos Basombrío en un trabajo sobre Sendero Luminoso y los derechos humanos, el efecto más perverso de la actitud de SL frente a estos derechos fue la forma en que disminuyó en la población la importancia del respeto a los mismos. La magnitud y forma de la violencia, afectando a la población civil, generó en la población una actitud “pragmática” frente a los derechos fundamentales. ¿De qué manera? A fines de los 80 se da una crisis social de frustración frente a la situación del país y, frente al tema del terrorismo, la población comienza a inclinarse por opciones autoritarias para resolver dicho problema. La lógica de la eficacia es la que prima. Es allí que discursos como los de Romero, Ben Schmuel y otros calan en un sector del país, que sigue defendiendo esta actitud como la válida para enfrentar al terrorismo.
Sin embargo, cabe hacer una reflexión mayor. Sin duda, el Estado tenía el derecho y deber de defender a sus ciudadanos de lo que fue la mayor amenaza a sus derechos fundamentales. Pero no podía hacerlo de cualquier manera. Las matanzas y demás violaciones de los derechos humanos no se justifican en nombre de ninguna pacificación. Y aquí no solo hay argumentos éticos y de principio, sino también prácticos. Parte de la demora en la derrota de Sendero Luminoso y del MRTA se debió a que dichas vulneraciones hicieron que la población desconfiara de las Fuerzas Armadas y Policiales. Otra parte, como sabemos ahora, se debió a la utilización del terrorismo como arma política. Si hay militares y policías procesados no es por venganza o hacerle el juego a Sendero Luminoso, sino porque se olvidaron de a quien defendían: a todos nosotros.
Nada justifica la muerte de un ser humano. Absolutamente nada.
PD: Quizás otra forma de entender todo esto que he escrito sea con este video de Mecano. Hace bastante tiempo que no escuchaba esta canción, pero creo que es pertinente colocarla aquí. Nos habla justamente de aquello que he intentado desarrollar en estas líneas, de por qué no existe un derecho a matar.
Glorioso Ejército de Bolognesi, en maniobra sin precedentes, reclama para sí territorio peruano de Arica, robado en 1879. Presidente García, en mensaje a la Nación, reivindica acción y solicita comprensión de la comunidad internacional con este tema. Fujimori anuncia apoyo de su bancada a acción de dignidad nacional. Solo “caviares” y “prochilenos” condenan acto de patriotismo.
Por supuesto que el titular que acabo de colocar es producto de mi imaginación. Sin embargo, no dista de los deseos nada ocultos de un diario encargado de promover el odio hacia un vecino con el que tenemos un tema pendiente, pero con el cual debiéramos tener una mejor relación.
Para ello, no dudan en mentir o en colocar como “expertos en temas internacionales” a militares y diplomáticos en retiro que invocan una supuesta “pro-chilenidad” del ex Ministro de Defensa, con un solo argumento. Para muestra, el botón de hoy:
El presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (Adogen), general PNP (r) Rolando Llanos, mostró su espanto por la permanencia de Allan Wagner como agente peruano ante la Corte de La Haya, pese a sus demostrados vínculos con Chile.
Según precisó, nuestro país ha tenido desde la Guerra del Pacífico numerosos antecedentes que involucran a “malos peruanos” que lindaron con la traición a la patria, por lo que “temer que Wagner vuelva a actuar en contra de los intereses nacionales, como lo hizo en 1985 y 1986, es absolutamente válido”, en referencia a la aceptación de la violación del Tratado de 1929 respecto de las obligaciones de Chile con el Perú en Arica.
Basta ver los comunicados de ADOGEN para darnos cuenta que pueden defender cuestiones necesarias e importantes como la mejora de la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, como su rechazo a cualquier iniciativa vinculada a la defensa de los derechos humanos, especialmente, aquellas que tengan que ver con el conflicto armado interno.
Pero, filias y fobias aparte, el general entrevistado por La Razón - como todos sus invitados recurrentes - miente con descaro. Wagner no es un prochileno interesado en destruir a las Fuerzas Armadas, sino, más bien, es un diplomático que ha defendido a cabalidad los intereses del Perú.
Esta mañana estuve revisando el libro Políticas Exteriores del Perú: Sociología Histórica y Periodismo, de Luis Velaochaga, en el que se hace un exhaustivo resumen de lo que ha sido la política internacional peruana desde los inicios de la República hasta el final del primer gobierno de Alan García. Cabe recordar que, en ese periodo, Wagner fue el Canciller durante buena parte de dicho régimen.
¿Y qué fue lo que hizo Wagner que irrita tanto a los Wolfenson y sus amigos y aliados? Pues tuvo una serie de conversaciones con el entonces canciller chileno Del Valle, a fin de resolver los puntos pendientes del Tratado de Lima de 1929, así como a ampliar la agenda bilateral, lo que incluyó, en primera instancia, reuniones entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas respectivas, en un antecedente de lo que conocemos como hoy como “reuniones 2+2″.
En dichas reuniones, Wagner planteó cuestiones de sentido común, como lo referido al tema del ferrocarril Tacna - Arica (que muchos equivocadamente consideran como de soberanía peruana), la venta del terreno del Chinchorro y el establecimiento de la revisión de los textos de historia para llegar a un acuerdo sobre lo que fue la verdad histórica de la Guerra del Pacífico. Como señala Velaochaga, estos puntos fueron criticados por un sector del periodismo peruano, que hizo campaña.
Los intentos de conversaciones fracasaron, al final, por una posición firme del Perú en materia de derechos humanos, al condenar a Chile en la Comisión de Derechos Humanos por los motivos por todos conocidos.
Pero también Wagner levantó, en ese periodo, la bandera de uno de los cucos del conservadurismo diplomático y militar: la adhesión del Perú a la Convención del Mar, tratado internacional cuyos principios, curiosamente, son los sostenidos por el Perú en su demanda ante la CIJ en La Haya. A pesar de ello, nunca hemos firmado la Convención, por pensar que era contraria a nuestros intereses, debido a un tema meramente de nomenclatura, referido a la definición de lo que significa “mar territorial”. Lo curioso, como refiere Velaochaga en su libro, es que Alan García, opuesto a dicha suscripción, dejó que Wagner trabajara, aunque, a la larga, la falta de respalddo presidencial hizo que el esfuerzo del entonces canciller fuera un fracaso.
En otras palabras, lo que hizo Wagner como canciller fue comenzar a sentar las bases de lo que es la actual posición peruana, defendida por todos los partidos políticos presentes en el Congreso y que, a mi criterio, tiene serias posibilidades de ganar en el fuero internacional. Así que, la acusación de “pro chilenismo” carece de sustento algono.
No es la primera vez que el diario de la mafia la emprende contra el ex canciller. Ya anteriormente informamos de una contracampaña sostenida cuando era Ministro de Defensa. ¿Los motivos? Básicamente, parar cualquier intento de control civil democrático a las Fuerzas Armadas, evitar reformas importantes que Wagner venía impulsando en dicho sector y aumentar los gastos militares en armamento. De allí que La Razón tenga una línea editorial tan belicista hacia Chile y tan favorable al blindaje de las Fuerzas Armadas, a las que veneran como los peruanos al Señor de los Milagros.
La República ha esgrimido argumentos parecidos. Como sostuvo en un informe de ayer:
Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación de este diario, señala que son tres los grupos de poder que están reflejados detrás de la campaña de La Razón. “Primero están los proveedores de armas que exaltan las adquisiciones que hacen los chilenos y, de esa manera, tratan de forzar al Ministerio de Defensa a realizar adquisiciones sin licitación, sin transparencia”, asegura.
Otro sector que identifica Páez es el fujimontesinismo, que se vale de La Razón para petardear cualquier esfuerzo diplomático que busque solucionar las diferencias con Chile. “Buscan una posición militarista y beligerante que justifique el incremento de adquisiciones militares.
El tercer grupo es el que conforman los ex militares que se corrompieron con las adquisiciones y los que están siendo procesados por violación de derechos humanos.
Más que amor por el Perú, es amor al dinero fácil, aun a costa de lo que significa una guerra: perder vidas humanas. Si eso es “patriotismo”, prefiero cantar que no necesitamos banderas.
De hecho, según la propia web de ADOGEN, el presidente de esta asociación es el General EP (r) Juan Fernández - Dávila Pérez, cercano a las filas apristas y miembro del Consejo de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno. En la directiva, no aparece ningún señor Llanos, quien es director de una asociación similar de reciente creación, pero en la Policía Nacional. Todos conocemos como ADOGEN a la asociación de militares y almirantes en retiro, que tiene más de 50 años de existencia y no a la de Llanos, fundada apenas hace 4 años.
A los chicos de La Razón, cabe recordarles el viejo y conocido refrán. Para mentir y comer pescado, hay que tener cuidado.
Esta condecoración se produce en momentos en que confluyen varios intereses alrededor de un diario caracterizado por ejercer la diatriba y la difamación en su fase más virulenta y al cual habría que aplicarle la frase que alguna vez Gonzales Prada le aplicó a cierta etapa de la historia del Perú: donde pones el dedo, sale la pus.
Desde sus inicios, La Razón ha tenido acercamientos con el APRA y con un sector del Ejército. De un lado, congresistas apristas han sido columnistas de este diario y, en la actualidad, este medio es uno de los que apoya casi militantemente al segundo gobierno de Alan García. De otro lado, esta hoja de periódico ha sido la más leal apoyadora de las iniciativas más cavernarias que miembros en actividad y en retiro de las Fuerzas Armadas han tenido: un afan belicista contra Chile que busca - a gritos - una “guerra de revindicación”, la satanización de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y los defensores de derechos humanos y, por cierto, evitar cualquier intento de reforma del status quo castrense.
En los últimos tiempos, esta relación privilegiada con ambos estamentos se ha incrementado, de manera ciertamente preocupante.
Pero la relación con los sectores castrenses más retrógrados es, sin duda, la más interesante y puede terminar complicando la relación entre el Ejército y el Ministro de Defensa Allan Wagner.
Los punching ball favoritos del diario de la mafia se llaman Fabían Novak Talavera y Renzo Chiri Marquez, Viceministro y Secretario General del sector Defensa, respectivamente. A ambos se les pretende crear una imagen de débiles frente a las supuestas amenazas internas y externas y de pretender, en el fondo, abolir las Fuerzas Armadas. En particular, los temas referidos a la delimitación marítima con Chile, la Ley para Reglamentar el Uso de la Fuerza en orden interno y cualquier tema que tenga que ver con algún cambio en el sector.
En febrero pasado, este blog informó sobre la existencia de una campaña en contra de Wagner, Chiri y Novak cuyos mòviles centrales son evitar cualquier mecanismo de control civil democràtico en los institutos armados, asì como impulsar una desmedida compra de armas que procure tener una supuesta paridad armamentística con Chile, cuyo objetivo final sería tener una guerra con este país, para “vengar” la derrota de 1879. Asimismo, a Wagner y a Chiri no les perdonan haber tenido posiciones favorables al Informe Final de la CVR.
Pero la situación se complejiza aun más con un elemento común al fin de año: los cambios de puestos y relevos en las Fuerzas Armadas.
Es sabido que el actual Comandante General del Ejército, Edwin Donayre, se quedaría el siguiente año en su posición. Por tanto, como lo ha informado La República, está buscando colocar oficiales afines a él en los puestos claves del Ejército. La cosa está tan complicada que hasta se teme una pelea fuerte entre Donayre y el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jorge Montoya, quien, a su vez, es uno de los principales impulsores de las medidas que Wagner propugna para la modernización de las Fuerzas Armadas.
En suma, la condecoración supone la muestra más clara de la alianza conservadora que se ha instalado en el poder y que impide todo cambio o reforma sustancial, sea en lo económico, lo social o lo institucional. La Razón expresa, mediáticamente, dicho pensamiento contrario a toda consolidación de un sistema democrático que sea inclusivo y congruente con los valores democráticos. A eso se adhiere nuestro Ejército y nuestro Presidente de la República, sin que les importe que el Ministro de Defensa quede por las patas de los caballos de nuestros Húsares de Junín.
Ya saben, que no les extrañe si mañana le dan a Moisés Wolfenson la Orden del Sol del Perú, previo indulto firmado por el excelentísimo Señor Presidente de la República.
Durante muchos años, Fernando Zevallos fungió de tipo honesto y empresario de éxito. Su empresa Aérocontinente se preciaba de tener las tarifas más baratas del mercado y claro, con eso barrió con una competencia leal, como fueron Faucett y la mal privatizada - porque se vendió a una mafia mexicana - Aeroperú. Aunque era un secreto a voces que los fondos provenían de actividades poco santas. Y es que la pregunta era válida: si tus precios son menores que el costo de operación, ¿como sostener tu empresa si la aviación comercial no es algo masificado en el Perú?
Y cuando Chile comenzó a investigar las operaciones de esta empresa, no faltaron aquellos que, en nombre de un antichilenismo engendrado en sus entrañas o porque los periodistas que investigaban eran liderados por un enemigo mortal, defendían a capa y espada a la empresa sin hacerse la pregunta de fondo: ¿Es cierto lo que se dice?
Hay muchos méritos que reconocer en esta sentencia. En primer lugar, a los jueces, quienes, frente a presiones y amenazas respondieron con aquello que les da un grado de poder: la Constitución y la norma penal. En segundo lugar, a la Procuradora Antidrogas, Sonia Medina Calvo, que ha denunciado todas las triquiñuelas que Zevallos intentaba hacer para quebrar el proceso. En tercer lugar, a la prensa independiente, sobre todo al diario El Comercio, que se compró el pleito de enfrentar a una mafia, lo que le ha valido amenazas, pero también premios internacionales.
Si la justicia funcionara así todos los días, otro sería el país que legaríamos a nuestros hijos.
OFF TOPIC: Agradezco a Uri Ben Schmuel, director de La Razón, el reconocimiento por la autoría del dato de los pagos irregulares a los miembros del Tribunal Fiscal. También agradezco las clases de gramática española que gentilmente me dedica. En donde si no me rectifico es en el calificativo que les dediqué el jueves pasado. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “adyecto“, en su primera acepción quiere decir Despreciable, vil en extremo. Y no me rectifico porque describe su trabajo, al propagar infundios sin sustento alguno y al defender al presidente más corrupto que ha padecido este, mi país. Se los dice alguien a quien cuya familia le enseñó que los golpes de Estado no se aplauden y que los asesinatos son asesinatos, sea de quien se trate.
A diferencia de otros días, hoy revise los diarios en la tarde, dadas las otras ocupaciones que tenía durante el día. Como es mi costumbre, ví La Razón, como cada día, para ver que es lo que piensa el fujimorismo mediático más abierto y abyecto.
Dos cuestiones que delatan la ética periodística de este medio:
PARRAFO 1: LA RAZON detectó que sólo a través del Cafae 470 trabajadores del MEF entre funcionarios, directivos y otros recibirán por todo este año la suma de 28 millones 423 mil 240 soles
PARRAFO 2: De la misma manera los integrantes del Tribunal Fiscal, la entidad que resuelve en última instancia todos los reclamos tributarios, es decir quienes resuelven nuestros reclamos sobre impuestos también reciben por Cafae sin pagar impuestos por una parte importante de sus ingresos.
Quizas los amigos de La Razón puedan recordar todas las veces que han visitado Desde el Tercer Piso. Aquí, una de las tantas:
mail.montecristo.com.pe (Telefonica Del Peru S.a.a) [Label IP Address] Lima, Lima, Peru, 0 returning visits
Date Time WebPage 3rd August 2007 16:22:39 No referring link desdeeltercerpiso.blogspot.com/ 3rd August 2007 16:25:15 No referring link desdeeltercerpiso.blogspot.com/ 3rd August 2007 16:25:43 No referring link desdeeltercerpiso.blogspot.com/ 3rd August 2007 16:26:28 No referring link desdeeltercerpiso.blogspot.com/
A diferencia de otro caso de la misma casa editora, aquí no ha existido un plagio. Pero si una falta ética bastante seria, al pretender hacer pasar como suya una investigación que corresponde al diario más antiguo del país y a una página en Internet que, con modestos recursos, saca pequeños datos verificables. Una pasadita por el curso de Deontología, no les vendría mal.
Los responsables de las principales instituciones de nuestro país parecen no entender el verdadero sentido de lo que significa realmente vivir en democracia y fortalecer a cada una de las entidades que representan al Estado peruano, así como las libertades fundamentales.
PRIMER ACTO: CONTRA LA INSTITUCIONALIDAD ECONOMICA
El Presidente de la República hace rabieta en público por las protestas en Puno. Sabe que su popularidad ha caído y que necesita un golpe de imagen para poder remontar en las encuestas. Y claro, que mejor que culpar a los “burócratas insensibles” de Proinversión y Ositran de las “demoras” en la Carretera Interocéanica, proyecto que tenía tantos errores por corregir en su concepción - no así en su importancia - que ha llevado a varias correcciones y recomendaciones de ambas instituciones. O a los ministros que “no golpean la mesa”, como si de hacer gestos de cantina o de gerente amargo se tratara.
Resultado: El maltrato a un funcionario eficiente como René Cornejo, el incremento de las sospechas sobre el afan controlista sobre los organismos reguladores de servicios públicos (que deben estar igualmente apartados de los poderes políticos y económicos), la posibilidad de tener a un personaje cuestionado como Martín Sifuentes al frente de Proinversión y, claro, la nula discusión sobre el real tema de fondo: la adecuación del aparato estatal a una etapa de bonanza y de mayor eficiencia y transparencia en el gasto estatal.
Aunque la noticia no haya trascendido mucho en los diarios, Colombia acaba de obtener el tan ansiado Grado de Inversión, una calificación económica que le permite captar inversiones a un menor costo. Los pocos analistas económicos que han comentado el tema coinciden en que la fortaleza institucional colombiana le ha permitido llegar a este nivel antes que nosotros, a pesar de nuestra mejor posición macroeconómica. Petardeando a las instituciones encargadas de respaldar las reglas de juego económicas va a dejarnos, por ahora, bastante lejos de una meta trazada por el Gobierno en su discurso inaugural. Incongruentemente, el Gobierno prefiere arriesgar el crecimiento de inversiones por el crecimiento de su popularidad.
SEGUNDO ACTO: ¿ADIOS TC?
Pero una historia parecida parece querer repetirse con el Tribunal Constitucional. Luego del maltrato que sufrió esta institución con la amañada elección de 4 de sus miembros - que, por cierto, corre el riesgo de repetirse mañana - ahora no han faltado las propuestas para disolver, disolver esta institución o hacer una campaña en su contra con argumentos francamente manidos.
Por un lado, Mauricio Mulder, en una de sus ya conocidas intemperancias, señaló que el TC debía desaparecer, para que el control constitucional estuviera en manos de la Corte Suprema. Y uno de los nuevos felpudos cuasi-apristas, que responde al nombre de Alvaro Gutiérrez, ahora presenta un proyecto de ley para dejar de lado dicha institución.
Lo que parece ser cierto es que el Tribunal Constitucional se ha convertido en la piedra en el zapato de varios intereses. Políticos que no quieren ver desnudados sus errores, autoridades que se consideran intocables por cualquier poder del Estado, medios interesados en que dicha institución no exista, sea porque los magistrados les caen antipáticos o porque simplemente la institucionalidad les importa poco. Ello explica porque la elección de los magistrados se convirtió en un juego de las sillas musicales, en la que cada quien quería meter a quien se ajustara a sus intereses.
TERCER ACTO: REY, O LA SANTA INQUISICION DE LA OPINION
Preguntita: Por cierto, ¿como va el proceso penal por la falsificación de firmas de Renovación Nacional?
Preguntita 2: De operar con el mismo rasero, ¿Rey no debió demandar a Caretas por decir cosas más fuertes que las dichas por Manrique?
CUARTO ACTO: LA LAVADA DE MANOS DEL INC
Luego del escándalo que ha supuesto la censura de la muestra de Piero Quijano, sugerida por el Ejército y acatada por el Instituto Nacional de Cultura, ahora el INC intenta lavarse las manos con una nota de prensa, en la que intenta negar la censura y, además, culpar a Armando Williams, ex director de la Casa Museo José Carlos Mariátegui, de “excederse en sus funciones”.
Lo cierto es que, según las versiones dadas en los programas Prensa Libre y La Ventana Indiscreta, fueron dos funcionarias del Instituto Nacional de Cultura las que dieron la orden de sacar las polémicas 3 caricaturas sobre militares, Machu Picchu y AGP. La señora Bákula ahora pretende lavarse las manos luego de un incidente que demuestra que algunas personas están dispuestas al “chichenó” cuando hay botas de por medio.
CODA (CASI COMICA): SOBONES A LA ORDEN
Y hablando de “chichenó”, Jaime Bayly mostró hasta que punto la prensa puede llegar a extremos de franela. Pues otra cosa no se puede decir luego de ver el backstage de la entrevista “en vivo” hecha por Enrique Castillo a Alan García.
Lo cierto es que Castillo, que pasaba por entrevistador agudo en CPN Radio y un regular moderador en Pulso, quedó convertido en poco menos que en el Abraham Levy de Alan, con sugerencias para levantar la imagen del Presidente en un “off the record” que ha terminado por dejar en “off side” a ambos personajes y, de paso, a Panamericana.
Un mejor comentario, en la columna de hoy de Fernando Vivas.
Garrido Lecca hace mermeladas, Alan bendice, la mafia periodística ataca.
La catadura moral del actual gobierno se ha visto en toda su dimensión con los dos casos de publicidad disfrazada de noticia, pagada con el dinero de todos los peruanos, hecha por el Ministro de Vivienda y Construcción Hernán Garrido Lecca, tanto en los diarios pertenecientes a la familia Wolfenson, como a Sindesa, la empresa que edita los diarios Expreso y Extra.
El caso ha sido descrito desde todos los ángulos como una práctica similar a la hecha por Vladimiro Montesinos con relación a la prensa durante los años noventa: compra de contenidos para mejorar la imagen del gobierno. Para varias organizaciones preocupadas por el fortalecimiento democrático y la libertad de expresión, estas prácticas suponen una infracción legal bastante grave. Así lo han manifestado representantes del Instituto Prensa y Sociedad, así como la Comisión Andina de Juristas. Esta última, en una Alerta Democrática, ha señalado entre otros puntos, lo siguiente:
La ley 28874 que regula la publicidad estatal en el Perú determina que esta es legal si sirve para difundir acciones gubernamentales, pero ilegal cuando se usa expresamente para beneficio de un partido político o de la gestión de un funcionario público. Este es el caso de la contratación de propaganda estatal para favorecer la imagen de una gestión ministerial.
La política de austeridad definida por el propio gobierno del Perú en Decretos de Urgencia tales como los No. 019-2006, 020-2006 y 021-2006 que señalan entre otras cosas que el gasto público debe realizarse orientado a resultados con “eficiencia, eficacia, economía y claridad” y que se debe reducir en 80% los servicios de publicidad estatal con algunas excepciones entre las que no está la publicidad efectuada por el Ministerio de Vivienda.
Por otro lado, inquieta particularmente que los diarios elegidos para esta publicidad irregular del Ministerio de Vivienda del Perú sean precisamente aquellos vinculados a los intereses oscuros de grupos que promovieron y se beneficiaron con la corrupción peruana de la década pasada y que hoy continúan en campañas de difamación en contra de personas honorables.
Y a pesar de que este tema constituye no sólo una falta ética grave, sino también una infracción legal, el Presidente de la República señala que el tema no tiene mayor importancia. Ayer, bajo el ardiente sol de Sullana, dijo que “tal como lo he leído (el contrato), hay más suspicacias que verificación“, que existía un “exceso de celo” de parte del programa que hizo la denuncia - y hay que decirlo, la directora de dicho programa ni siquiera reclamó por esta malcriadez presidencial hacia su denuncia, cuestión que no compartimos - y, cerrando su perorata, García señaló que “un soberano idiota hace un contrato en el que diga ‘levanten mi imagen’“.
Para utilizar sus términos, ese “soberano idiota” cobra 15,000 soles mensuales y despacha en el Ministerio de Vivienda y Construcción. Y claro, Alan no sólo lo protege porque es Garrido Lecca, su organizador de mítines, sino por una razón fundamental: ¿quién es el principal beneficiado con el autobombo financiado con plata del erario público? ¿Garrido Lecca? No, en una presidencia tan personalista como ésta, el principal beneficiado es Alan García Pérez.
Pero, además, Alan ha incentivado para que los otros beneficiarios de la mermelada, es decir, los medios que cobraron, se envalentonen y saquen las garras.
Por un lado, La Razón, fiel a su estilo, se manda con un editorial en que acusa a la “conspiración caviar” de ser quien está detrás de la acusación. Editorial, a todas luces, provocado por el respaldo presidencial. (Y luego no quieren que sospechemos de pactos con el montesinismo).
La actitud de Expreso es más bien rara. Por un lado, el propietario del medio y director, Luis García Miró, por segundo día consecutivo, pide la salida de Garrido Lecca, aunque no por cuestiones legales sino por quitarle pretextos a la “prensa caviar”. Pero, por otro lado, reproducen un furibundo editorial de Extra en el que atacan a Augusto Alvarez Rodrich, diciéndole de “fujimontesinista” para abajo.
Quizás esta esquizofrenia se explique por los dos documentos que exhibiremos a continuación. Se trata de dos hojas de la Partida Registral de SINDESA S.A., la empresa editora de Expreso.
En la primera de ellas, se muestra que Luis García Miró es el principal accionista de la empresa, por lo que era dificil que desconociera los negociados y enjuagues que se tenían con el Ministerio de Vivienda y Construcción.
En la segunda, se señala quien es el Gerente General de la Empresa: Enrique Ernesto Alvarez Rodrich, hermano del director de Perú.21 y quien tiene un perfil bastante técnico. Y aquí habría que decir que no encuentro relación alguna entre ellos, dadas las antitéticas líneas editoriales que ambos medios manejan, además de que el Gerente de la empresa, por lo general, no tiene vinculación alguna con la línea editorial del medio.
Por ello, señaló dos posibles hipótesis: o la esquizofrenia de Expreso corresponde a este tema, o es que García Miró quiere aparecer como paloma mientras manda a sus chacales chicha de Extra a atacar a AAR. Personalmente me inclino por la segunda opción.
ACTUALIZACION:
Según me he podido averiguar, el señor Enrique Alvarez Rodrich es ingeniero y administrador. Actualmente ya no se desempeña como Gerente General de Sindesa S.A., aunque sigue siendo miembro del directorio de dicha empresa. Sus actividades profesionales no tienen relación alguna con las de su hermano, director de Perú.21.
Modus operandi de La Razón y nuevo escándalo en Vivienda al descubierto.
Cuando Alan García anunció la lista de nombres del Gabinete Del Castillo, un blog señaló lo siguiente:
La viveza: Garrido Lecca en Vivienda. Ya verán.
9 meses y medio despúes, el diagnóstico ha sido confirmado.
Ya desde el primer mes, Garrido Lecca daba muestras de interés en hacer las cosas mal. La primera cuestión vino con relación al Programa Agua Para Todos y las normas que se dictaron para facilitar los procesos de compra, con lo que cualquier empresa puede ser puesta para construir estas obras de mejora de agua potable y alcantarillado.
Luego vino el rochoso primer nombramiento de Carlos Arana Vivar como Viceministro de Vivienda, que duró 48 horas, por sus procesos pendientes ante CONSUCODE y sus nexos con Agustín Mantilla Campos.
La Ventana Indiscreta presentó ayer una seria denuncia sobre la forma en como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento difunde sus obras: haciendo publireportajes - que terminaron presentándose como noticias - en los diarios de la empresa Montecristo Editores, perteneciente a la familia Wolfenson, conspicuos represntantes del montesinismo periodístico.
Según la denuncia, el Ministerio pagó S/. 19,000.00 en diciembre, enero y febrero para “contratar los servicios de cuatro medios de comunicación escrita que se encarguen de la promoción y difusión de las actividades y programas del sector mediante publicaciones diarias en estos medios“. Los medios fueron los diarios La Razón, El Chino, El Men y Todo Sport, los tres primeros utilizados como instrumentos mediáticos del fujimorismo para atacar a sus enemigos. (Los pagos pueden verse &_PRIVILEGEID_=1″>aquí).
En jerga periodística, el Ministerio solicitó un Publireportaje, es decir, que apareciera una noticia pagada donde se mostraran las actividades y programas ofrecidos por esta entidad. Esto, que ya de por sí es bastante sospechoso en una entidad estatal - por lo general se contratan suplementos o encartes especiales, mientras que estos publireportajes son utilizados mayormente por empresas privadas - se volvió aun más grosero, pues no se indicó que las notas eran pagadas por el Ministerio y/o no tenían una tipografía especial que las hiciera aparecer como tales. Aparecían como noticias comunes del diario. Ello, también en jerga periodística, se denomina “mermelada”.
Si ya esa práctica es irregular, más lo es que el Estado contratara a los diarios que difamaron durante años a los apristas y que se han vuelto ahora los más fervientes aldáteres del gobierno de Alan García. Peor aún, fue desde las hojas de La Razón que se publicó una denuncia sobre la presunta homosexualidad de Carlos Bruce, principal crítico del Ministro de Vivienda.
Luego de primeras explicaciones poco convincentes, hoy Garrido Lecca ha optado por romper la pita por el lado más débil. Según informa RPP, el Ministro ha dicho que “aceptó la renuncia del director de comunicaciones del ministerio y se ha iniciado proceso administrativo a los funcionarios comprometidos en el proceso“.
Sin embargo, con estos antecedentes, Garrido Lecca debería ir pensando seriamente sobre su permanencia en el Gabinete. Sobre todo porque, además de lo antes dicho, le salpica parte del escándalo Pandolfi, al haber autorizado la participación del ex Premier fujimorista como coordinador de un préstamo ante el Banco Mundial. ¿La palabra renuncia le sonará conocida?
Finalmente, un comentario sobre La Razón. Cada día más se comprueba que este diario se vende al mejor postor. Urge una investigación más seria sobre quienes realmente están detrás de este medio de comunicación y de su financiamiento. Tantas denuncias ya no son meras coincidencias.
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