Desde el Tercer Piso

Si existe una materia a la cual el Ejecutivo se encuentra jalado con 05 es en lo referido a los derechos humanos. No se trata solo de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - tema en el que, a pesar de algunas iniciativas aisladas, las mejorías son pocas - o de no vulnerar derechos fundamentales básicos - y ya se tienen más muertos en las protestas que durante los 5 años de Toledo -, sino de contar con una política integral y transversal a todos los sectores sobre esta materia y de tener gestos que contribuyan a afianzar una cultura de respeto a estos derechos. Esa no ha sido, ni por asomo, la tónica de la gestión de Alan García.

Pero hay actitudes que pueden resultar patéticas y, aún más, signos de deterioro mayor, sobre todo, cuando estos se producen en torno a personal de confianza de la propia Presidencia de la República.

Luis Alberto Salgado fue, hasta hace 48 horas, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y la instancia más importante en el organigrama estatal sobre esta materia. Con Salgado, desde este blog, hemos mantenido discrepancias - como en los casos Cantoral y Castro Castro o su intolerancia frente a las críticas - y también coincidencias - como su posición contraria a la pena de muerte -, y con las enormes distancias que podía tener con varias de sus posiciones, reconozco que se trataba de los pocos funcionarios de alto nivel que intentaba hacer algo por los derechos humanos dentro del estado de cosas antes descrito.

Pues bien, el viernes 14 de marzo salió publicada en El Peruano la renuncia de Salgado, sorpresiva desde donde se le mire. Primero, porque es militante aprista y bastante cercano al Presidente de la República. Segundo, porque en los casos que hacen referencia al periodo 1985 - 1990, Salgado había hecho gala de su carnet antes que de su apego a la verdad. Y tercero, porque se venía un caso caliente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: las leyes de Justicia Militar que violan derechos fundamentales.

Pero la historia de la renuncia de Salgado es bastante truculenta, según lo que cuenta el Instituto de Defensa Legal. De acuerdo con las versiones que desde dentro de Palacio han podido obtener Gustavo Gorriti y su equipo, quedarían claros los siguientes hechos.

1. Salgado no renunció por voluntad propia, lo renunciaron. Fue la Ministra de Justicia Rosario Fernandez quien le informó que García había decidido prescindir de sus servicios. Ante esto, Salgado presentó su carta.

2. Baruch Ivcher habria sido la causa de la destitución de Salgado. ¿Cuál es el tema que involucra a Salgado? Pues dos tópicos: la posibilidad de que Ivcher no haya renunciado a su ciudadanía israelí en 1984 y, por tanto, el despojo de su nacionalidad en 1997 haya sido un capítulo intricado de pasaportes que harían palidecer el koseki de Alberto Fujimori; de otro lado, la improcedencia de la demanda interpuesta por Ivcher para evitar pagar impuestos de Frecuencia Latina, hecho en el que pretendia basarse sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo declaro víctima de una vulneración - que si existió - pero sobre el cual ya había cobrado 20 millones de soles por todo concepto de reparación.

Salgado se habría mostrado preocupado por estos asuntos y, como funcionario meridiamente diligente, estaría examinando el caso Ivcher para cautelar los intereses del Estado frente a un empresario que parece hacer el mercenariazgo su modus vivendi.

Si Salgado salió por esta razón, significa que el Presidente de la República prefiere las lealtades partidarias y la lucha por la verdad en materia de derechos humanos a cambio de la complacencia editorial de uno de los canales de televisión màs importantes del paìs. El juego de García es claro: mientras menos me critiquen, mejor. El juego de Ivcher también: a Toledo lo presioné con reportajes desfavorables para que me pague la indemnización, a García lo complazco para que evite que pague mis impuestos.

Peor aún, la influencia gubernamental, según Gorriti, habría llegado a extremos tales como estos:

Había informaciones de que el secretario de la presidencia Luis Nava hacía gestiones en ese sentido, sobre todo en el ámbito aplicable del ministerio del Interior, pero no se sabía si lo hacía por iniciativa propia o por orden presidencial. Ahora se conoce más.

La acción presidencial representa también un ataque directo a la revista Caretas, que ha llevado a cabo una campaña de investigación y denuncia sobre los intentos de Ivcher de hacerse pagar decenas de millones de soles (20 de los cuales ya han sido embolsillados) por sus presuntos sacrificios en favor de la democracia. Con ese gesto, García demuestra una posición que, como presidente de la República, está obligado a explicar.

La otra hipótesis: ¿Lo votaron por el tema de la justicia militar? Eso es lo que señalan medios como Expreso y La Razón, quienes acusan a Salgado de “caviarizarse”. En realidad, estos medios no le perdonan a Salgado que haya manifestado sobre este tema lo siguiente: “Personalmente, coincido con que los magistrados militares deben ser nombrados por el CNM y en que tienen que ser oficiales en retiro”. Es es justamente la posición que no defiende actualmente el gobierno del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ser esta la verdadera razón de su salida - o sumada a la anterior - sería igualmente grave y diría mucho de cuanto pesan las botas en Palacio de Gobierno.

¿Y quién es el reemplazante de Salgado? Se llama Miguel Facundo Chinguel, otro conspicuo miembro del Partido Aprista Peruano, pero que tiene en su haber un antecedente bastante grave frente a los derechos humanos: Denunció a la Fiscal Cristina Olazabal, a miembros de organizaciones de derechos humanos y hasta Fernando Olivera de participar en una asociación ilícita para delinquir, solo por que la Fiscal Olazabal citó a Alan García como testigo en los casos Accomarca y Cayara, ocurridos bajo su primer gobierno. La denuncia incluso quiso comprender al entonces Presidente Alejandro Toledo.

Estos antecendentes hacen tener suspicacias sobre la conducta que Facundo Chinguel tenga sobre la judicializaciòn de los casos de derechos humanos ocurridos bajo el primer gobierno aprista y que la Sala Penal Nacional procesará este año, con o sin el concurso del renunciante Pablo Talavera.

Toda esta actuación no hace más que abonar las suspicacias sobre la verdadera responsabilidad penal de Alan García en estos sucesos. El Presidente, que tanto se jacta que la CVR “sólo” encontró responsabilidad política en estos sucesos - hecho que en un país más proclive a la causa de los derechos humanos hubiera hecho que por decencia AGP ni siquiera intente postular - debería dar una explicación apenas baje del avión que lo transporta de Pekín.

Porque esta serie de acontecimientos solo produce una sensación de melancolía bastante próxima al asco.

Dice el viejo y conocido refran que la mujer del César no solo tiene que serlo sino parecerlo. Ese dicho popular parece no ser la premisa que prima en la actuación de nuestro poco reformado sistema de justicia. Varios eventos ocurridos esta semana me confirman dicha impresión.

Para comenzar, un nuevo escándalo se ha suscitado alrededor de la cuestionada Corte Superior de Justicia de Lima, que ha tenido tres presidentes en el último año. Su actual mandamás, César Vega Vega, conocido por sus vínculos con el aprismo tuvo, de acuerdo con La Ventana Indiscreta, una reunión con el ex presidente Alejandro Toledo en casa de Adam Pollack.

¿Otro caso Silva Vallejo? Pues eso es lo que parece. Más allá de las elucubraciones sobre el juicio a Lady Bardales - por cierto, a los amigos de LVI, ¿cuando demostrarán realmente que la escolta presidencial fue pareja del ex Presidente? - lo cierto es que sí hay algo raro, pero con relación a otro caso vinculado a Toledo. Según informa hoy Perú.21, en sus extraños cambios de jueces, Vega Vega reemplazó al juez del caso Miguel Toledo (el sobrino violador). El sobrino se vio beneficiado por una sentencia realmente benigna.

Si bien los elementos de juicio no pueden señalar contundentemente que en dicha reunión social donde coincidieron Toledo y Vega Vega se trató el tema, lo cierto es que la OCMA ya investiga lo ocurrido en ese ágape.

Pero el reino del espanto judicial no culmina allí. Ayer, el Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley de la Justicia Militar. A estas alturas, nadie está en contra de la existencia de la misma, pero sí que se sujete a determinados parámetros constitucionales que, por cierto, ya han sido reiterados por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, como lo señala un informe del Instituto de Defensa Legal y un artículo de Samuel Abad en El Comercio, la norma repite las mismas inconstitucionalidades de siempre. Dejo con la palabra a Samuel, que lo explica mejor que yo:

La Comisión de Defensa del Congreso ha sometido al pleno un proyecto que sigue permitiendo que los jueces militares sean oficiales en actividad designados por el Ejecutivo, que carecen de la garantía de inamovilidad, y mantiene a la Fiscalía Militar en el seno del fuero militar. Dicho proyecto desconoce la sentencia del TC e insiste en un modelo declarado inconstitucional, pues conforme a la Constitución los jueces son designados por el Consejo de la Magistratura, tienen inamovilidad y solo existe un Ministerio Público.

Así, seguimos teniendo un modelo que no ofrece garantías de imparcialidad a los propios miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Peor aún, el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar ha pretendido vender la norma como la defensa ante los “caviares” que quiere acabar con la Justicia Militar, cuando las organizaciones a las que tacha con calificativos ictiológicos siempre han defendido su existencia en el marco de un Estado Constitucional y de acuerdo con lo señalado por la CERIAJUS. Mi pregunta es: ¿por qué seguir insistiendo con un modelo que ya ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por el TC? ¿Por qué el Congreso se empeña en seguir haciendo papelones jurídicos de marca mayor?

Pero los papelones llegaron también al Colegio de Abogados de Lima. Luego del frustrado intento de reforma estatutaria que vulneraba los propios requisitos del Estatuto de la Orden, la compañera Luz Aurea Saenz se presentará a la reelección.

Parece que la señora Saenz sigue ignorando que su gestión ha seguido el mismo rumbo que las anteriores: el gremio de los abogados ha terminado desprestigándose y tiñéndose de un manto de mediocridad. Y en ello, la actual Decana es corresponsable, dado que no hace cambios para mejorar la pobre percepción y la desafortunada actuación de la mayor parte de mis futuros colegas frente a la administración de justicia.

Como vemos, todas las instancias que deben estar comprometidas en el cambio del sistema de justicia están imbuidas de los mismos defectos: poca vocación por la defensa de la Ley y la justicia, intereses personales, ignorancia y mediocridad. Quizás sea por eso que la reforma judicial sea una quimera y que, luego del 7 de diciembre, tenga que enfrentarme a un monstruo desbocado y no a un verdadero sistema de justicia.