Dentro de todas la serie de mentiras, inexactitudes e imprecisiones de las que ha hecho gala Alberto Fujimori durante el proceso que se le sigue por violaciones de los derechos humanos, la que más me ha indignado es la justificación de las leyes de amnistía dadas en 1995. Argumento que ha vuelto a repetir hoy.
El sentenciado a 6 años de prisión le dijo las siguientes barbaridades al Fiscal:
Esta ley era parte de una concepción para llevar al Perú a la pacificación. Primero se dio la Ley base de arrepentimiento. Cuando existe un clima donde la población siente que hay paz es necesario buscar una solución pacífica, luego de 14 y 15 años de guerra interna. Para mí esta guerra concluía con un acuerdo de paz, que propuso Abimael Guzmán públicamente, crear zonas desmilitarizadas para SL y el MRTA o una solución política.
La Ley de Amnistía buscaba la solución política para los que participaron en el terrorismo. Unos 20 mil del MRTA y SL se acogieron a esa ley de arrepentimiento. Por un lado, los senderistas y emerretistas y por el otro lado los militares, no solo los condenados por el caso La Cantuta sino de otros casos, a partir de 1980.
Estaba enmarcada en una solución política a la guerra interna después de 15 años, no acepté el acuerdo de paz como ha sucedido en otros países.
Un primer tema a dilucidar. Como lo dijo ayer Gustavo Gorriti en su columna en Caretas, Fujimori fluctúa entre dos estategias: la de la justificación de las atrocidades con el pretexto de la pacificación y la amnesia lindante con la demencia senil y el Alzheimer. Algo de ambas hay en esa respuesta. Fujimori ya se olvidó que la Ley de Arrepentimiento no era usada como “solución politica”, sino para obtener información. Y al usarse en un gobierno autoritario, ello fue lo que generó la inflación de inocentes en prisión. El hombre que decía ser “inflexible” frente al terrorismo ahora justifica bajo el cuento de la solución política una norma como esta.
Pero hay dos cosas más que no recuerda Fujimori.
La primera es un tema estrictamente jurídico: la imposibilidad de amnistiar violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los argumentos aplicables al Perú se pueden resumir en: - La existencia de un conjunto de derechos que no pueden ser limitados en ningún tiempo o circunstancia, al que llamamos núcleo duro de derechos, frente al cual ninguna norma interna o externa puede establecer una norma que los vulnere. ¿Què derechos encontramos allì? La vida, la integridad personal, la prohibición de la tortura, debido proceso. Todos estos derechos fueron vulnerados a través de asesinatos, desapariciones, torturas o violaciones del debido proceso. - La existencia de derechos independientes que implican el cumplimiento de la obligación estatal de investigar y sancionar violaciones de los derechos humanos. Me refiero aquí al derecho a la verdad y a las garantías judiciales de las víctimas y sus familiares. - En el caso de conflictos armados internos, como el vivido por el Perú entre 1980 y 2000, la jurisprudencia internacional ha ido sosteniendo que las vulneraciones del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra - aplicable a nuestro caso, sin que ello otorgue otro estatus jurídico a SL y al MRTA - deben ser procesadas por el Poder Judicial.
La segunda tiene que ver con lo simbólico y con un argumento que se ha repetido durante años: la necesidad de cerrar heridas a través de un perdón generalizado o de olvidar. Este argumento ha sido repetido en múltiples oportunidades para tratar de justificar los actos de impunidad más conocidos, como en Argentina y Chile. Para explicar mejor este punto, me remito a los casos de España y Sudáfrica, que muchos consideran como “ejemplos” de que dichas soluciones si habrían “funcionado”.
En el caso español, hasta tiempo reciente, la reconciliación se entendió como un olvido de lo ocurrido, a fin de poder construir instituciones sólidas e integrar de manera plena a España en la economía global. Si bien ambos objetivos se consiguieron, se difirió la solución a los reclamos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. El resultado: más de tres décadas luego de iniciada la transición española, se sigue discutiendo que hacer para reparar en algo el daño causado a personas que vivieron mucho tiempo en el olvido y, con ello, se sigue prolongando en demasía la consolidación de la democracia, al dejar de lado a un sector de la sociedad. La reciente expedición de la Ley de Memoria Histórica ha reabierto el debate en España. De hecho, ayer estuve viendo una serie española, Cuéntame como Pasó, en la que el tema central son los últimos años del franquismo y los años de la transición española, muestra de que aun se requiere un debate exhaustivo sobre aquellos años.
De otro lado, la experiencia sudafricana optó por un perdón condicionado a cambio de proporcionar elementos que permitieran construir una verdad aceptada por toda la sociedad que ha vivido la desagradable experiencia del apartheid. La reconciliación como perdón condicionó la forma y trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin embargo, ninguno de los objetivos se logró: ni la sociedad – menos aún, la clase política – ha aceptado la visión de culpa compartida que en parte señaló la CVR sudafricana, ni el perdón fue garantía para reconstruir los lazos sociales y políticos, aunque puede haber tenido algún efecto en la esfera que le es propia: la interpersonal. El intento de traslado de una potestad personal a la esfera pública, sumada a los intentos de impunidad dados desde el Estado y los responsables de lo ocurrido, han configurado un escenario de transición entrampada, dónde aún las víctimas no son plenamente escuchadas.
Un entendimiento más adecuado de la reconciliación es el señalado por la CVR peruana, basado en la reconstrucción de vínculos sociales y políticos como tarea central desde el Estado, aunque sin descuidar el aspecto interpersonal, colocando al perdón en su verdadera dimensión y apostando por la verdad y la justicia en un sentido amplio.
Sin embargo, la apuesta por aceptar sus recomendaciones e implementarla sigue siendo un tema pendiente, dado que la transición democrática no tuvo como eje central de sus preocupaciones, a que el debate se centró exclusivamente en como salvar responsabilidades políticas o penales y a que persiste una “memoria de salvación” como sentido común y narrativa válida en la clase política sobre el conflicto armado interno. Ello deja el camino abierto a que opciones de olvido o perdón (e impunidad) puedan ser validadas. Y de ello se aprovecha Fujimori para seguir justificando ese tipo de iniciativas.
A diferencia de los seres humanos que pierden la memoria y no la recuperan, las naciones siempre recuperan lo ocurrido. Nunca faltan quienes quieran enterrar el pasado, pero también quienes saben que la historia no se puede borrar de un plumazo o por la voluntad de un dictador. Pues siempre habrá quienes van detrás de la verdad
Afortundamente, la memoria en el Perú - a pesar de lo que se cree - no es escasa y hay un menú diverso para las personas que quieran acordarse de lo que la política antisubversiva del fujimorismo. La real, no la que derrotó a Sendero Luminoso.
Tanto los fiscales como los abogados de la parte civil deben seguir insistiendo en la tesis de que no nos encontramos ante acciones aisladas. Estos tres hechos - a los que podría sumarse, quizás, el asesinato de Pedro Huilca - nos demuestran que estabamos ante un destacamento del Ejército que cometía acciones que correspondían a una política de Estado.
Asimismo, sería indispensable ver si es que las cuentas bancarias de los integrantes de Colina y de la empresa de fachada que utilizaron - COPRANSA - registran depósitos de dinero por sumas elevadas y, además, las fechas en que los mismos se produjeron. Ello puede ayudar a demostrar otro tipo de apoyo logístico que fuera más allá de lo otorgado por el Ejército Peruano.
SEGUNDO MENU: LAS OTRAS VIOLACIONES COMETIDAS “EN NOMBRE DE LA PACIFICACION”
Para demostrar la existencia de una estrategia vulneratoria de los derechos humanos, también deben comprenderse otros hechos en los que Fujimori tuvo especial participación.
Dos casos, en mi opinión, son los emblemáticos. El primero es el caso de la matanza en Castro Castro, ocurrida en 1992, en la que el mismo Fujimori participó directamente en la ejecución del plan.
TERCER MENU: RECORDAR LO QUE SE DIJO EN AQUELLA EPOCA
Sin duda, los archivos periodisticos nos van a servir para desbaratar cada una de las mentiras dichas por Alberto Fujimori.
Para muestra un botón. Del interrogatorio: ¿Recuerda que cuando el Congreso realizaba esa investigación (sobre el caso La Cantuta) el general Hermoza sacó los tanques a la calle? Sí recuerdo. Me llamó la atención, llamé al ministro Malca y los tanques salieron de las calles.
Lo que no dijo Fujimori fue lo siguiente. Del libro de Fernando Rospigliosi, Montesinos y las Fuerzas Armadas (páginas 132 - 133): - El 21 de abril, blindados de la II Región Militar realizaron un inusual desfile por las calles de Lima, en lo que fue calificado como un intento de amedrentar al Congreso. Ese día, en una ceremonia castrense, el general Howard Rodríguez leyó un manifiesto en el que expresa el total respaldo del Ejército a Hermoza, y califica la invstigación como “campaña sistemáticamente orquestada con el oscuro propósito de “desprestigiar a las fuerzas armadas”. Ese mismo día el presidente Fujimori también defendió a Hermoza: “No hay derecho a que se melle la imagen de una institución que trabaja por el país”.
La valiosa investigación hecha por La Ventana Indiscreta en base al libro de Umberto Jara (partes uno y dos) va en el mismo camino, recordando cada una de las falsedades del chino. Para muestra, un botón:
Luego de ver esto, solo queda cantarle a Fujimori la de Olga Tañón: Es mentiroso ese hombre, es mentiroso.
La sala impaciente espera la tercera llamada. El actor principal está por entrar. En su camerino, ha introducido los papeles que le ayudarán a decir su parlamento de manera relativamente convincente, esperando convencer al público dentro y fuera del recinto de que lo que dice es verdad. De eso trata la actuación: que una representación de la realidad sea suficientemente verosimil para ser creible.
¿Cuándo se enteró Ud. de que Vladimiro Montesinos Torres (VMT) estaba impedido de ingresar a los cuarteles militares? No recuerdo. ¿Cuándo se enteró de que VMT había sido juzgado por el fuero privativo militar? En el año 96, 97. ¿En qué forma se entera? De los comentarios que habían.
Habían sido cuatro días de pesadilla, pero el infierno de Guayaquil pronto quedó atrás. El artículo de Oiga que contaba la versión del ex capitán Montesinos en Ecuador estaba ilustrado con varias fotográfías de un Vladimiro en mangas de camisa, sentado en una banca de la Plaza de Mayo, o caminando sonriente y relajado por el barrio de la Boca en una mañana de verano. Buenos Aires siempre había sido su ciudad preferida; desde que era teniente iba de vacaciones cuando podía. Allí permaneció casi todo el año de 1984. (Luis Jochamowitz, Vladimiro: Vida y Tiempo de un Corruptor)
Usted hace una afirmación que no es correcta. En principio, Ud. y Montesinos no vencieron al terrorismo. Esa es una falacia. (Protesta el acusado)
Apocalíptico para Sendero por sus implicaciones, la captura tomó a todo el mundo por sorpresa - inclyendo al propio Fujimori, quien se encontraba fuera de la ciudad relajándose en un viaje de pesca arriba de Iquitos en el Amazonas. Mientras tanto, casi todo su gabinete - incluidos los ministros de Defensa, Interior y Economía y Finanzas - asistía a un cóctel particularmente elegante en la residencia del embajador británico en honor de Kenneth Clarke, ministro del Interior del Reino Unido, que estaba haciendo un inusitado y rápido viaje por Colombia y Perú para ofrecer asistencia a los esfuerzos contra el narcotráfico. (Sally Bowen, El Expediente Fujimori)
“En realidad, simplemente, de tipo jerárquico, funcional, no nivel de amistad”
Señores, Vladimiro me está preguntando quién más va a hablar, así es que me lanzo al ruedo de una manera espontánea en una reunión tan significativa para nuestro amigo el doctor Vladimiro Montesinos. (20 de mayo de 1998, cumpleaños de Montesinos)
¿Cuándo se enteró de que había sido juzgado por traición a la patria? No lo sé. En todo caso, le aclaro que no cogobernaba con Alberto Fujimori.
Son 9 años que vivo en estas instalaciones las 24 horas del día, como lo sabe el presidente Fujimori, dedicado exclusivamente a cumplir las obligaciones propias de la función. (Vladimiro Montesinos, en entrevista con Alamo Pérez Luna, 2 de mayo de 1999)
En la tercera sesión de su juicio oral realizado ayer en la sede de la Diroes, en Ate-Vitarte, el ex presidente Alberto Fujimori reiteró que no sabía de la existencia del grupo Colina y que no conocía a sus integrantes, pese a haber firmado una carta de felicitación para varios de sus miembros y un memorándum de recomendación. Aseguró que firmaba documentos sin verificar los detalles, porque “no podía detenerse a analizarlos”. Él despachaba “en el campo”. (El Comercio, 15 de diciembre de 2007)
Con fecha 25 de junio de 1991 le dirigí un Memorando en el que disponía que se consigne el reconocimiento respectivo por trabajos especiales en materia de Seguridad Nacional efectuados durante los años 1990 y lo que va del presente año, a un grupo de señores oficiales Superiores, Subalternos y Técnicos de las FF. AA. y cuya relación nominal se detallaba. A manera de estímulo y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República, en mi condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, dispongo que de conformidad con el Reglamento del Decreto Ley 21148 (Ley de Ascensos para Oficiales) artículo 45 Tabla de Puntaje Nº 4.F.(2) «por trabajos individuales» se considere dicho Reconocimiento por Trabajos especiales, para el proceso de ascensos del presente año, a los señores Oficiales que se indica; toda vez que dichos miembros de las FF. AA. han participado en exitosas Operaciones Especiales de Inteligencia, que han posibilitado significativos avances en la lucha contrasubversiva. Oficiales superiores Ejército Peruano Tnte. Coronel Cab. RODRÍGUEZ ZABALBEASCOA, Fernando Tnte. Coronel Ing. PÁUCAR CARVAJAL, Alberto Tnte. Coronel Ing. CUBAS PORTAL, Luis Tnte. Coronel Art. PINTO CARDENAS, Alberto May. Com. HUAMÁN AZCURRA, Roberto Oficiales subalternos Ejército Peruano. Cap. Ing. MARTIN RIVAS, Santiago Cap. Ing. PICHILINGÜE GUEVARA, Carlos Cap. DICYT ROBLES CORDOVA, Ronald [Firmado] Sello y firma del Presidente de la República
En esos videos, se le ve a VM como un jefe de Estado, como un estadista, tomando decisiones de gobierno. ¿Usted se percató de eso? Su pregunta contiene una afirmación “verdadero jefe de Estado”. Rechazo que él asumía roles de estadista. El Jefe de Estado era yo. Si se reunía con esas personas, le afirmo que yo no he autorizado. Su función era de inteligencia. ¿Cuándo se entera Ud. de las reuniones en la salita del SIN? Me entero a través de los videos, el 2001
La señora Cuculiza Torre: Un hombre tan inteligente, que hace metido ahí. Claro, usted también se está perdiendo. Yo digo, por algo debe alabarlo Martha, refiriéndose a ustedes por las conversaciones con ella. Qué bonito es trabajar así, con ese respaldo, esa honestaida. A usted nadie le puede decir ratero, presidente, nadie. El señor Fujimori Fujimori: Porque cuidamos hasta el último centavo (Vídeos 880 y 881, 29 de abril de 1998)
Cae el sol. Has terminado tu actuación. Tu director de escena, que ha tenido que intervenir 14 veces para apoyarte en tu acto de hoy, te ha dejado más documentos por analizar. En la soledad del camerino cómodo en el que te encuentras piensas en la función del lunes. No te imaginabas que un actor aparentemente secundario te robaría la escena y haría que las escenas de hoy fueran tan poco creibles.
Mientras afuera, alguien mira desde la ventana y se percata del dolor que siente. Y es que la mitomanía no sólo hizo que su infancia fuera distinta a la de otros chicos. Recién cae en la cuenta de los efectos perversos de un mitómano en el poder. Recuerda las llaves quemadas, los tanques pasando para presionar al Congreso, el olor de las bombas lacrimógenas en las marchas. Y decide recordar que, a pesar que la mentira puede hacer mucho daño, siempre la verdad sale a la luz. Y nunca hay que tener miedo de poder enfrentarla. Porque no tienes temor a las alturas, porque escribes desde ellas.
Sin duda, las bravatas hipertensivas de Alberto Fujimori han ocupado el centro de los titulares del día de hoy. Y es que, periodísticamente, la sucesión de gritos del ex candidato al senado nipón fue la noticia del día.
Sin embargo, y como es costumbre en este blog, me gusta nadar contra la corriente. Asi que, a riesgo de provocar un “Chernobyl” jurídico, quisiera concentrame hoy en los argumentos de la Acusación Fiscal contra Fujimori. Y es que, más allá de los devaneos de la presión del Chino y la vocería de Carlos Raffo, el tema de fondo es la responsabilidad judicial.
Durante años, la gente vinculada al ex mandatario ha dicho que no hay pruebas para involucrarlo como responsable penal de violaciones de derechos humanos. Mucha gente que está en el bando democrático también tiene sus dudas. Creo que el documento presentado por el Fiscal Pelaez sí contiene elementos suficientes de dicha responsabilidad.
LA CENTRALIZACION DEL PODER: Según recoge la Fiscalía, en 1991 se expidieron normas destinadas a que Fujimori tenga el control de la política antisubversiva, teniendo como principal ente coordinador al Servicio de Inteligencia Nacional, bajo el mando real de Vladimiro Montesinos Torres.
Sin embargo, aquí corresponde hacer una atingencia correspondiente a la verdad histórica. Señala Marco Sifuentes:
El GEIN de Benedicto Jiménez y, en general, la Dincote de Ketín Vidal lograron mantener a raya a los Colina y Montesinos. De hecho, cuando capturaron a Guzmán, no avisaron ni a Fujimori ni al Ministerio del Interior (dirigido por militares durante todo el fujimorato) ni al SIN
Con ello se rompe el mito del “Fujimori pacificador” (lean el resto del post citado para terminar de convencerse).
LAS DOS ESTRATEGIAS: Hacia el público, se deja constancia de una estrategia militar aparentemente ajustada a la Constitución y a la legalidad. Pero, en el fondo, se aplicó una estrategia de baja intensidad, en la que la eliminación de los presuntos subversivos era la clave. Por ello fue creado el Grupo Colina - según testimonio de Santiago Martin Rivas - y aparecieron manuales del Ejército como Equipos Básicos.
COLINA: Fue creado como un Destacamento dentro de la propia estructura del Ejército peruano. Por tanto, es errado considerarlo como un grupo “paramilitar”. Y ello hace que Colina contara con recursos para el financiamiento de sus operaciones y que estuviera sometido a la cadena de mando correspondiente.
En principio, el grupo quiso ser asimilado al GEIN, pero las desavenencias existentes hicieron que Colina fuera destinado al Servicio de Inteligencia del Ejército. Como hemos visto, ello hizo que la estategia de Fujimori no tuviera incidencia alguna en las capturas que fueron claves en la derrota de Sendero Luminoso.
Luego de la elaboración de un “manual contrasubversivo”, Fujimori, Montesinos y Nicolás Hermoza aprobaron la creación de un grupo operativo que aplicara la estrategia de baja intensidad. Así Colina pasó de ser un grupo de análisis de información a uno que hacía “operaciones especiales”.
BARRIOS ALTOS: Todos sabemos lo que ocurrió en dicha matanza. Pero es sintomático recordar que se utilizaron armas obtenidas con autorización del jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército y que los ejecutores llegaron en dos camionetas de uso oficial, sin placas de rodaje y resguardadas por un auto portatropas.
LA CANTUTA: En este caso, existió una coordinación previa de los altos mandos militares para llevar a cabo la operación que culminaría en la desaparición y ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación.
SOTANOS SIE: Con conocimiento y aprobación de Fujimori, funcionó un Departamento de Búsqueda destinado a buscar información para la lucha contra el terrorismo, pero que, el 5 de abril de 1992, funcionó como estamento para la detención de diversas personas consideradas como “peligrosas”. La decisión de las detenciones estuvo concentrada en un pequeño núcleo conformado por Fujimori, Montesinos, Hermoza y el entonces jefe del SIE, Alberto Pinto Cárdenas.
En ese contexto se producen la detención ilegal de Gustavo Gorriti y, posteriormente, en junio de 1992, se captura al empresario Samuel Dyer.
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FUJIMORI: De acuerdo con el Dictámen Fiscal, estamos ante el caso de una persona que realiza por medio de otro el delito cometido. Ello, en términos jurídicos, se llama autoría mediata, en la que una persona que posee el dominio del hecho aprovecha la actuación que tiene sobre un intermediario que controla para poder cometer un delito.
Esta figura es más clara cuando nos encontramos ante aparatos organizados de poder. Mientras más alto estés en la cadena de mando, más control tienes sobre el hecho. Si los ejecutores directos del acto son intercambiables, se tendrá más control sobre lo que se va a hacer.
En el caso de Fujimori, tuvo dominio sobre el grupo Colina, ya que aprobaba las ordenes correspondientes a la estrategia de baja intensidad, se materializaron los crímenes sin importar quien era el ejecutor de las mismas, en una organización a la que se le proporcionaban todos los recursos logísticos suficientes para realizar sus actividades. La decisión sobre si realizar o no una operación era absoluta responsabilidad de Fujimori.
Debe tenerse en cuenta, sobre todo, la famosa entrevista hecha por Umberto Jara a Martin Rivas, en la que dice que todos los planes eran aprobados por Fujimori, dado que existía una decisión política de envergadura tal que requiería de una aprobación de alto grado. Asimismo, las felicitaciones dadas por Fujimori a los trabajos especiales hechos por miembros de Colina.
En el caso Sotanos SIE, Nicolás Hermoza, Alberto Pinto y Carlos Dominguez relatan que las ordenes de detención contra Gorriti y Dyer fueron transmitidas por Vladimiro Montesinos acatando una orden de Fujimori.
Las pruebas, sin duda, las iremos viendo a lo largo del proceso judicial. Sin duda, comienza una carrera de largo aliento, en la que las armas políticas pretenderán ser utilizadas para favorecer a Fujimori. Los jueces tendrán que estar atentos, el país, también.
Vaya que ha estado entretenida la primera audiencia del proceso judicial a Alberto Fujimori por violaciones de los derechos humanos. Aunque aún no se han discutido los temas de fondo del proceso, se han suscitado varias novedades en lo que respecta a la presentación de testigos y, sobre todo, al final, con la alocución del ex dictador.
Por parte de la parte acusadora y de la parte civil, se aceptó que el actual Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo sea llamado como testigo al proceso que tiene que ver con los secuestros en los Sótanos del SIE. Cabe recordar que Del Castillo fue detenido el 5 de abril de 1992, en la casa del hoy presidente Alan García Pérez y puede dar fe de las detenciones arbitrarias que ocurrieron ese día. Asimismo, han sido citados como testigos periciales los ex miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Salomón Lerner Febres y Carlos Iván Degregori.
Los alegatos de la defensa de Fujimori se centraron en defender la idea de que el Grupo Colina no era parte de la estrategia contrasubversiva que, de acuerdo con dicha defensa, encabezó el ex presidente. Militares y policías en retiro - entre ellos el ex Director de la PNP Marco Miyashiro - han sido presentados como testigos por la parte acusada.
De otro lado, el Fiscal reiteró su solicitud de 30 años de prisión para Fujimori por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, así como una reparación de 100 millones de soles para todos los deudos y víctimas.
Al cierre de la audiencia, un descontrolado Fujimori intervino - mejor dicho, gritó - alegando su inocencia y, con el mayor cinismo, se declaró protector de los derechos humanos y siguió repitiendo arengas políticas, ante los aplausos de algunos fujimoristas.
El Tribunal encabezado por César San Martín lo mandó callar y recordó que el proceso es de carácter penal y no político. La audiencia se ha suspendido hasta las 3 pm.
El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que tomaron al pueblo será reintegrado al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no desaparecerá. (Charles Chaplin, El Gran Dictador)
Durante estas semanas que han mediado desde la extradición, me he preguntado muchas veces sobre la trascendencia de este proceso judicial, interrogante sobre la cual he encontrado algunas respuestas.
La primera es la estrictamente jurídica. Sin duda, un proceso penal tiene como principal objetivo establecer la responsabilidad de una persona, respetando sus garantías al debido proceso, para verificar si es que le corresponde una sanción. Con relación a este punto, la sentencia de extradición presenta suficientes elementos de prueba que, actuados en el proceso, pueden significar más de una condena significativa contra Fujimori por los hechos por los que se le imputa responsabilidad.
La estrategia de Fujimori será negar el conocimiento de los delitos por los que es acusado, señalando que todo se hizo a sus espaldas. Estategia que, a mi modo de ver, no se corresponde con la realidad. Una persona que siempre se jactó de tener el control de todo el poder y que, efectivamente, lo tuvo en relación con los aparatos de inteligencia, no puede alegar tener desconocimiento de las acciones cometidas por el Grupo Colina, más aun cuando median felicitaciones, declaraciones espontáneas de los propios miembros de este escuadrón y una estructura de mando que lo tiene como cabeza visible.
Pero hay otras dimensiones que se derivan de este proceso judicial, las cuales, no necesariamente serán cubiertas por el proceso en sí, pero que sí comenzarán a encontrar su catalizador a partir del inicio de este largo camino. Algunas ya las describi hace algún tiempo y se resumen en el debate aun existente sobre lo que significó el fujimorismo para el país, sobre todo, en lo que se refiere al aspecto usualmente alegado por los partidarios del ex candidato al senado japonés para justificar todo: la pacificación nacional. Y me remito a la columna de Jorge Bruce que resume esta contienda:
Lo que en realidad está en discusión -pero sus defensores no lo pueden decir en público-, es si esos delitos eran parte de lo que los fujimoristas y muchos peruanos todavía entienden como la tarea de ordenar y pacificar al país. Este non dit (tal como se denomina en francés a lo que se calla pero se sobreentiende), es muy incómodo para el actual presidente y su partido. Porque ellos eran en parte los causantes de esa situación de caos y zozobra que Fujimori heredó.
Y este párrafo de Bruce me da para traer a colación dos temas importantes.
El primero tiene que ver con la actuación del gobierno frente al fujimorismo, actuación que linda, en ocasiones, con la complacencia, y en otras tantas, con la complicidad. En realidad, los actuales dirigentes del gobierno - y no digo apristas, pues hay varios descontentos con ese giro, a pesar que la “disciplina partidaria” se los impida decir - se sienten bastante cómodos con este estilo de mantener el status quo, en el que también nadan bien los fujimoristas, dado que no se profundizan cambios de fondo frente al modelo de los noventa y, además, se protegen mutamente responsabilidades.
Como lo comentaba con una amiga el viernes pasado, ciertamente las responsabilidades políticas y penales son distintas, pero igualmente graves. De eso se han percatado bien en el gobierno en relación con su anterior experiencia, que no fue respetuosa de los derechos fundamentales en muchos aspectos, por cuestiones generalmente puestas en el plano de la omisión y difícilmente (por no decir imposible) justificables por parte de Alan García.
Ese miedo al pasado hasta ahora no afrontado de manera adecuada también es parte de las patologías con las que carga una administración mediocre como la que vivimos. Es lo que hace tener como receta económica y social a los discursos caninos del Presidente, y como receta institucional y de derechos humanos la amnesia, la parálisis y el gesto efectista de “mano dura” para contentar a un país que aun no se acostumbra a su condición de ciudadanía.
Y por allí va lo segundo, que tiene que ver con el Dia de los Derechos Humanos. Alguna vez alguien me dijo que el país no está preparado para vivir en democracia, lo que implica también que no está preparado para dar derechos a todos sus habitantes, considerándolos como ciudadanos.
En realidad, y esta es mi respuesta a ese comentario, ningun país estuvo “preparado” para la democracia. Simplemente fueron construyendo instituciones en la medida que la continuidad de gobiernos democráticos lo permitió. A esa continuidad hay que añadirle contenido social para que el 2011 no volvamos a cometer el mismo suicidio colectivo que en 1990.
Y cuando hablo de contenido social ciertamente hablo de derechos humanos: educación, salud, vivienda, alimentación adecuada, acceso a la justicia o que te respeten la lengua en la que hablas tiene que ver con aquellas cuestiones inalienables para el ser humano y que no dejan de ser interdependientes con el derecho a la vida, a que no nos torturen, a la libertad de expresión, a la seguridad o a la propiedad.
Ello, ¿qué implica? Pues que no debemos volver a canjear nuestra libertad y nuestros derechos a cambio de una mal entendida seguridad. Esa es la gran lección de los años noventa: un crecimiento económico mediocre y una pacificación que no tuvo relación alguna con las medidas autoritarias no son justificaciones para los atropellos cometidos por la dictadura y, menos aún, por los crimenes por los cuales, desde esta mañana, Fujimori será procesado.
Vistas así las cosas, el proceso a Fujimori nos brinda la oportunidad de hacer varias rupturas. Con la impunidad subyacente para los altos funcionarios sobre materias que debieran ser incuestionables en un país civilizado, los temores de hacer un gobierno más inclusivo y menos dependiente de votos que no son indispensables, la lenidad y lentitud de un Poder Judicial que se ganó a pulso su desprestigio y una cultura política que sigue privilegiando el fin sin que importen los medios.
Antes de escribir este post, veía a Chaplin en esa gran película llamada El Gran Dictador. Y allí, antes del discurso final del barbero judío, el Ministro de Propaganda de Tomania, decía lo siguiente:
“Hoy en día, democracia, libertad y igualdad son palabras que enloquecen al pueblo. No hay ninguna nación que progrese con estas ideas, que le apartan del camino de la acción. Por esto las hemos abolido. En el futuro cada hombre tendrá que servir al Estado con absoluta obediencia”.
En 1992, 90% del país creía en ese discurso. ¿Habremos aprendido la lección?
En el documento que convoca al juicio oral, que se iniciaría el 26 de noviembre, destacan algunas cosas. Mediáticamente, la convocatoria como testigo a Vladimiro Montesinos es la noticia más importante. La pregunta es si, ahora que está siendo procesado también por el caso La Cantuta, el Doc se animará a cantar o si se dedicara a la protección de su ex jefe con el silencio.
También serán importantes otros testimonios, sobre todo, los de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos, los secuestrados Dyer y Gorriti y de los ex miembros del Grupo Colina, varios de los cuales ya han señalado que el ex dictador tenía conocimiento de los hechos imputados. Sobre éstos últimos, la abogada de los familiares de las víctimas Gloria Cano ha señalado presiones mediante extrañas visitas del congresista Rolando Souza a varios de los testigos. También desfilarán personajes como Ketín Vidal, Rodolfo Robles, Ricardo Uceda, Edmundo Cruz, Gilberto Hume y Máximo San Román.
La trascendencia de este proceso es bastante alta. De confirmarse las sentencias, se demostraría a los partidarios del autoritarismo que es posible juzgar a criminales tan avezados y repudiables como estos en democracia y con respeto a las reglas del debido proceso. Algo que Santiago Pedraglio nos recordó hace algún tiempo. Y se acabaría la falacia de que la democracia es débil con el terrorismo y que sólo con jueces sin rostro se puede procesar a esta gente.
Si la Sala que preside el cuestionado Villa Stein confirma estos elementos habrá limpiado en algo la imagen negra de este magistrado. Y, por cierto, el país podrá respirar aliviado.
“Más allá de cualquier posición política discrepante o coincidente, jurídicamente la decisión del allanamiento parcial era la correcta. No nos queda duda que hubo gruesos errores en la gestión de Toledo pero a la luz del análisis jurídico este no es uno de ellos”.
Si se aprobaba la acusación constitucional, se habría dado un nefasto y absurdo precedente: por respetar los derechos humanos, un gobernante puede ser inhabilitado por el Congreso. País de locos en el que solo a Javier Velásquez Quesquén puede ocurrísele semejante patinada.
CHUNGUI O LA INVISIBILIZACION DEL OTRO
Si quieren conocer porque el país vota por Ollanta Humala o por cualquier outsider que aparezca en el camino, les recomiendo el artículo de ayer de Carlos Iván Degregori sobre Chungui y Oreja de Perro, dos de las zonas ayacuchanas más azotadas por la violencia durante el conflicto armado interno.
El último párrafo del artículo de Degregori nos ilustra, además, sobre los problemas que quedaron evidenciados con los sucesos de Ocobamba: la influencia del narcotráfico:
No parece perra de ningún hortelano, tampoco su canción dice que va a pedir algo, solo conversar, como pudiera hacerlo cualquier ciudadano. Tal vez para decirle al doctor Alan que en las cumbres por encima del VRAE, desde Viscatán, pasando por Putis y hasta Oreja de Perro, hay una franja que sufrió demasiado la violencia y que ahora, más pobre, debilitada y despoblada, es tierra de nadie por donde los cárteles sacan droga pagando migajas a los muchachos, que si no emigran, no tienen casi alternativa sino volverse “mochileros”. Respetando la opción preferencial por los empresarios, asumida apasionadamente por el doctor Alan. Asumiendo incluso su preferencia por ungir zares y zarinas en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, ¿no sería urgente que el gobierno, empresarios y ciudadanos en general, hagamos algo antes de vernos envueltos en otro ciclo de violencia, esta vez sí transnacional?
Esta es una urgencia mayor que los negocios con Chávez. ¿La atenderá, Dr. García?
Estemos de acuerdo con él o no en sus posiciones - sobre todo, en el tema del narcotráfico - nadie puede negar la calidad profesional, la honradez y valentía que Fernando Rospigliosi ha tenido durante los últimos años, sea como funcionario público o como analista político.
Acido crítico de la gestión aprista en los últimos meses, Rospigliosi tiene que enfrentar una investigación fiscal - junto al ex Primer Ministro Roberto Dañino - por homicidio calificado, debido a las dos muertes causadas por la Policía durante los disturbios ocurridos en Arequipa luego de la frustrada privatización de las empresas generadoras de electricidad.
Ciertamente, la actuación política del gobierno de Alejandro Toledo en este tema fue lamentable, tanto por no explicar a los arequipeños porque varió su criterio sobre la privatización y porque era beneficioso hacer dicha concesión, garantizando que no se repetirían las tropelías del fujimorato, como por no controlar los excesos en la represión policial.
Sin embargo, hay dos puntos que pueden cuestionarse de dicho inicio de investigación.
El primero, que el homicidio calificado supone una voluntad de dolo. Y aplicar la teoría del dominio del hecho - es decir, la cadena de mando - en este caso no llevaría a Rospigliosi y a Dañiño, dos ministros a los que se pudo criticar su interperancia y terquedad en estos sucesos, pero no una voluntad de disparar bombas lagrimógenas contra el cuerpo. A lo sumo, el jefe de la Región Policial y del operativo de control deberían ser procesados por los hechos que causaron estas dos lamentables pérdidas de vida.
El segundo es que la Fiscalía de la Nación no ha procedido de manera regular en este caso, dado que a Rospigliosi y a Dañino les corresponde el beneficio del antejuicio en este caso, es decir, que el Congreso tenga que verificar si existen motivos para procesar a ambas personas. Sin embargo, la Fiscal de la Nación Adelaida Bolivar ha enviado el caso a Arequipa, saltándose la garrocha, e incluso no ha notificado a Rospigliosi de esta situación. El periodista se tuvo que enterar por un informante de la resolución.
Sin duda, Rospigliosi deberá enfrentar la investigación sobre este caso, pero no uno que se encuentra viciado en su inicio. La Fiscal de la Nación deberá seguirse absteniendo de comparar al ex Ministro del Interior con un violador como Leoncio Torres Ccalla y remitir la cuestión al Congreso, ente que finalmente decidirá el futuro de la cuestión. De no hacerlo, los rumores sobre la idoneidad de su gestión o los intereses políticos detrás de este caso seguirán creciendo.
En una de las audiencias del juicio oral al grupo Colina, el escuadrón de la muerte que operó con la anuencia de Alberto Fujimori, prestó su declaración Santiago Martin Rivas, el jefe operativo del tristemente célebre destacamento del Ejército que perpetró las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, el asesinato del periodista Pedro Yauri y el asesinato de campesinos en el valle del Santa.
Martin Rivas tuvo el desparpajo de decir que los eventos por los que se le procesa son utilizados políticamente para “desestabilizar gobiernos y perseguir a las Fuerzas Armadas”. Cabría recordarle a este criminal que su jefe Fujimori lo condecoró por los “trabajos especiales” que realizaba y que las Fuerzas Armadas se vieron manchadas por hombres como este, que no tienen la hombría de reconocer su falta.
Pero eso no fue todo, Rivas tuvo el atrevimiento de compararse con Juan Valer Sandoval, el héroe de la operación Chavín de Huantar, de quien dijo era su compañero de promoción. De las organizaciones de defensa de los derechos humanos habló pestes y repitió el manido epíteto de “defensores de terroristas” y justificó el asesinato de un niño en la masacre de Barrios Altos diciendo que nadie se preocupó de los niños ashaninkas asesinados por Sendero Luminoso, cuando bien sabe que la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló que la conducta contra el pueblo asháninka, el más afectado como colectivo por el conflicto, podría ser calificada como genocidio.
Este sujeto no está arrepentido de nada y cree que lo que hizo estuvo bien. Lamentablemente, no pocos militares - incluso muchos de los que nunca estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos - piensan de la misma manera que este personaje, que se considera a sí mismo como héroe de la patria. Y medios de comunicación como Expreso y La Razón se hace eco de este mal entendido “espíritu de cuerpo” y escriben los mismos argumentos todas las semanas.
Rivas será condenado, de eso no hay ninguna duda. Pero me preocupa sobremanera que dicha cultura de encubrimiento y de no aceptación de lo ocurrido siga cundiendo en las Fuerzas Armadas. De persistir, seguirán confundiendo a militares asesinados como el general López Albujar o el almirante Cafferatta, o a héroes como Valer y Raúl Jiménez, con criminales como los del grupo Colina, el “comandante Camión” o José Valdivia Dueñas. Hace falta que los institutos armados hagan una sincera reflexión de su papel durante el conflicto, para no terminar coincidiendo con personas que terminarán pagando por las consecuencias de sus actos.
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