Desde el Tercer Piso

Si bien esperaba que las reacciones frente al tema PUCP - Cipriani fueran, digamos, bastante polémicas, me ha sorprendido la cantidad de reacciones que este asunto ha tenido en el Tercer Piso (ver posts Cirpiani vs. la Universidad Católica:nuevo round, Arzobispado vs. la PUCP: ¿Nueva disputa?, Algunas notas sobre el rol de la Iglesia Católica en la PUCP y La PUCP y Cirpriani: mi posición personal) como en el Utero de Marita (ver posts La táctica de Cipriani y Algunos comentarios sobre el lío Opus - PUCP), y en otros blogs que han tocado el tema.

Hoy, en este (espero) último post sobre el tema dejar en claro algunos puntos polémicos y otros por aclarar sobre mi posición referida a este tema.

¿NI PONTIFICIA NI CATOLICA?

Varios comentaristas de este y otros blogs han señalado que una solución para evitar la ingerencia de Juan Luis Cipriani en la PUCP es que la Universidad deje de ser Pontificia y, si se puede, Católica.

Comienzo por lo segundo. La PUCP fue fundada por un sacerdote - Jorge Dinthilac ss.cc. - y desde sus inicios se concibió como una universidad inspirada en los valores del Evangelio y de la Iglesia Católica. Por tanto, quitarle el carácter católico es arrancarle a esta institución parte de su propia identidad, cuya opción de tenerla es parte de la autonomía individual que toda persona, al momento de constituir una asociación cuenta. Recordemos que el derecho de una persona a constituir una entidad confesional o no confesional lo garantiza la Constitución, en los derechos a la libertad de asociación y a la libertad religiosa.

Y sobre lo de Pontificia, se trata, a la vez, de un título honorífico y que convierte a la PUCP en un ente, además de derecho privado, de derecho eclesiástico para algunos temas. Sin embargo, la ingerencia de la Iglesia Católica es menor de lo que se cree. Para la mayor parte de los temas, la PUCP se rige por la Ley Universitaria y por su Estatuto, que recomiendo ver para salir de dudas sobre este tema. Como pueden ver, los poderes del Gran Canciller son bastante reducidos y la ingerencia eclesial para el nombramiento del Rector sólo se limita a una confirmación formal de Roma. En lo demás, la Universidad se maneja como cualquier asociación civil sin fines de lucro.

Ciertamente, y ello lo reconozco, es díficil guardar el equilibrio entre la amplitud de criterio que debe tener una universidad con la identidad católica que ha optado por tener. Hace más complicadas las cosas para mantener dicha amplitud de criterio. Sin embargo, la PUCP ha logrado hacer esta combinación entre valores católicos y formación humanista. Varios comentaristas de este espacio y de otros han mencionado el hecho de que el curso de Teología es un curso amplio de reflexión intelectual y espritual y no una catequesis impuesta. Varios profesores de la PUCP no son católicos e incluso no profesan una fe religiosa y la comunidad evangélica ha ganado un espacio interesante dentro de la Universidad, e incluso tienen reuniones con el Rectorado cada año, en aras de la convivencia armoniosa con las autoridades.

Salvo a algún intolerante, esta opción de la PUCP no debería ofender a nadie.

SOBRE UN COMENTARIO DE ROSA MARIA PALACIOS

De todas las opiniones dadas sobre el tema, el más interesante, por lo que señala, es el de Rosa María Palacios. La conductora de Prensa Libre y egresada de la Facultad de Derecho de la PUCP, en otro blog, ha dado su punto de vista sobre la materia, que creo es necesario comentar por varias razones. Dicho comentario fue el siguiente:

El asunto es mas complejo de lo que parece ser a simple vista dado que la Universidad permitió, después de 1964, la permanencia de una Junta que debió reunirse exclusivamente para cumplir las demás mandas del testamento de Riva Aguero. Como muchos de ustedes, ex alumnos de la PUC, saben, Riva Aguero (que hizo varios testamentos) tenía la lógica preocupación de que la PUC no llegará a funcionar. Si 20 años después de su muerte (1944) no se cumplían determinadas condiciones, todas sus propiedades revertían a la Universidad de Lovaina. La PUC demostró en 1964 que la Universidad había cumplido y la propiedad de los bienes Riva Aguero pasó sin cargas, ni condiciones, al patrimonio de la Universidad.

Rosa María Palacios

Hay varios puntos que comentar sobre lo citado anteriormente.

Lo primero es que RMP menciona dos puntos importantes que deben quedar claros al momento de analizar este caso:
1. Que, efectivamente, el testamento de José de la Riva Aguero y Osma señala que la Junta deja de tener control sobre los bienes de la PUCP una vez que ésta se ha hecho de los bienes, es decir, en 1964. Como luego lo señala la Dra. Palacios en otro comentario posterior, la Junta era perpetua en tanto la PUCP no existiera y, por tanto, los bienes no pasaran a su propiedad.
2. Que, recuerda que el Estatuto de la Universidad, tal cual está en este momento, impide que Cipriani tenga algún poder sobre la PUCP.

¿Qué es lo que complica las cosas? El hecho que durante 30 años, entre 1964 y 1994, la PUCP reconociera la actuación de la Junta de facto, dado que no había mayores problemas entre la Iglesia y la Universidad.

Aquí tengo que hacer una aclaración a la doctora, siempre tan acuciosa. La PUCP deja de reconocer a la Junta en 1994, cuando Salomón Lerner Febres llega a un acuerdo con Carlos Valderrama Adrianzén, representante del Arzobispado en la Junta, para que ésta deje de tener ingerencia en los temas de la Universidad. El Arzobispo era Augusto Vargas Alzamora. Cipriani llegaría recién 5 años después, cuando fue nombrado Arzobispo de Lima.

Si la Junta no tenía poder desde 1964 en el plano formal y desde 1994 en el plano real, me queda claro que el reclamo de Walter Muñoz Cho no tiene sustento, toda vez que el ente que representa ya no tiene poder sobre la Universidad. Legalmente, a pesar de la dificultad anotada por RMP, creo que la PUCP tiene las de ganar.

Una segunda atingencia que hace Rosa María Palacios: el Colegio Juan XXIII. Los terrenos sobre los que se ubica dicho colegio fueron cedidos en uso por la PUCP. Hay actualmente un proceso judicial por los pagos. Cabe mencionar que un interesado directo en este caso es el Obispo Auxiliar de Lima, monsenor Adriano Tommassi, quien, curiosamente, fue quien inició la campaña contra el padre Martín Sánchez, director del Hogar de Cristo y otrora protegido de Vargas Alzamora.

Volviendo al tema de fondo, creo conveniente que, a fin de acabar con la campaña de desinformación que los diarios Expreso y Correo vienen generando sobre el tema, es necesario colocar en la página web de la PUCP el texto - o documento PDF - del testamento de Riva Aguero, con lo que la Universidad zanjaría, en el terreno de la opinión pública, este tema.

Como ya se han percatado mis amigos lectores, tanto Expreso como Correo han iniciado una campaña en contra de la PUCP, pues pretenden que todo aquello que le suene a “cívico” o “caviar” salga de la Universidad y vienen aprovechando este problema para señalar que el Cardenal puede controlar la Universidad y expulsar a personas que consideran contrarias a sus intereses. Este es un flanco, el de la opinión pública, que no se puede descuidar.

Finalmente, y en esto discrepo amigablemente con Rosa María Palacios, creo que sí hay motivos para preocuparse con relación al Cardenal. La pugna, como lo he mencionado anteriormente, se concentra en:

1. El poder dentro de la Universidad: La PUCP, a diferencia de otras universidades católicas, elige a su Rector sin ingerencia de Roma. El Vaticano solo hace la ratificación formal de la elección. ¿Hay sectores interesados que esto se cambie? Creo que si. El principal interesado: Juan Luis Cipriani. ¿Puede hacerlo? No. Solo la Asamblea Universitaria, con dos tercios de sus votos, puede hacerlo.

2. Un tema de conflicto dentro de la Iglesia Católica, es decir, la tradicional pelea entre Conservadores (Opus Dei, Sodalicio, Lumen Dei) vs. Progresistas (Jesuitas, Sagrados Corazones, Liberacionistas). Conflicto que, claro, nos llevará a un cisma, pero que ha provocado, como lo he señalado varias veces en los últimos días, varios enconos, antipatías y juegos sucios. Es cierto que el catolicismo es lo suficientemente amplio para tener diversas corrientes a su alrededor, lo cual es válido. Lo que no es pertinente es el insulto, el agravio y la descalificación de la que han venido siendo objeto los sacerdotes de la facción progresista - a quienes se ha acusado de terroristas para abajo -, con el apoyo de personas que se dicen católicas y de medios de comunicación poco santos.

3. Derechos Humanos: En 1997, Jeffrey Klaiber - sacerdote y profesor del Departamento de Humanidades - publicó el libro “Iglesia, Dictaduras y Democracia en América Latina”, primer texto académico donde se señala el rol que tuvo Cipriani en materia de derechos humanos en Ayacucho, durante el conflicto interno. En 2003, salió el Informe Final de la CVR, donde se vuelve a señalar, con mayores elementos, dicha conducta, que para muchos de nosotros es contraria a los valores del Evangelio. El texto de Klaiber fue editado por la PUCP. El Informe Final de la CVR fue elaborado por muchos profesores de la PUCP y su entonces rector fue el Presidente de dicho grupo de trabajo ¿Tiene Cipriani aprecio por los dd.hh. o por la CVR? A estas alturas es claro que no. Es un tema que, a todas luces, le incomoda que la Universidad impulse.

Por el momento Cipriani está, digamos, neutralizado, pero estas atingencias hacen que debamos mantenernos alerta.

REFLEXION FINAL

Si bien los motivos que han generado este amplio debate no son los mejores, estos espacios han servido para hacer una reflexión intensa sobre lo que debe ser la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para aquellos que le debemos mucho a la Universidad, esta ha sido la oportunidad de defender ideas y posiciones sobre la misma, ciertamente algunas incomprendidas, otras no tanto.

Los aniversarios, como el que el viernes cumplirá la PUCP, no solo requieren de celebraciones como se que la Universidad ya prepara, sino de una intensa reflexión sobre lo que debe ser nuestra casa de Estudios. Lo cierto es que la mayor parte de alumnos y comentaristas ha expresado su rechazo a cualquier postura que intente imponer por la fuerza ideas con las que no se está de acuerdo. Quizás sea hora que el Cardenal debata, maduramente y en público, cuales son esas ideas que tiene sobre la PUCP y nosotros podamos refutarle con el derecho que nos asiste, por ser seres humanos y miembros de una comunidad a la que apreciamos.

De todas maneras, este espacio queda abierto para sus reflexiones sobre el tema. Yo, por mi parte y por el momento, dejo las cosas aquí. Esperemos que el futuro de la PUCP sea realmente promisorio.

Desde hace dos semanas, vengo cubriendo lo que ahora todos los medios conocen como “la batalla por la Universidad Católica“.

Términos bélicos al margen, lo cierto es que la Pontificia Universidad Católica del Perú, que este viernes cumplirá 90 años de fundación, enfrenta una disputa legal que es crucial para su futuro.

El año que entré a la PUCP, 1999, fue el año que se inició la disputa que hoy se ventila ante los tribunales. Para quienes no han seguido el caso, el tema es más o menos así:

- Por el Estatuto de la Universidad, el Arzobispo de Lima ostenta el título de Gran Canciller, un presidente honorario de la Universidad, que solo tiene la prerrogativa de nombrar al director del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria y de velar en términos generales por la marcha pastoral de la comunidad universitaria.

- Las relaciones hasta 1999 han sido normales con los Arzobispos de Lima. El único periodo de “conflicto” pre - Cipriani fue cuando Jorge Avendaño - que se había divorciado y vuelto a casar con quien actualmente es su esposa - fue nombrado Decano de Derecho. Juan Landázuri no apareció 4 años por la PUCP, pero luego dichas asperezas fueron limadas.

- Cuando llegó Juan Luis Cipriani al cargo, quería tres cosas: la primera, que el Gran Canciller tuviera más poderes, cuestión que no consiguió al no tener los votos suficientes para cambiar el Estatuto; la segunda, que el Rector fuera nombrado por una terna destacada por Roma, y no por la Asamblea Universitaria como hasta ahora; la tercera, controlar los bienes de la Universidad, que dan bastante ingresos a la Católica. Es en este tercer punto donde interviene la Junta de Administración de los bienes de José de la Riva Aguero, conformada por el Rector de la PUCP y un representante del Arzobispado, Walter Muñoz Cho, a quien la Universidad demanda por solicitar documentos que no competen a esta junta, que no tiene ingerencia en la toma de decisiones de la PUCP desde 1964.

- Esta disputa se debe ver en un marco más general, referido a las disputas dentro del seno de la Iglesia Católica, entre el sector más progresista y vinculado a una corriente que postula la realización de acciones sociales concretas frente al sector más conservador, que postula la contemplación y la caridad como única forma de cambio de la sociedad. Si bien en el Vaticano se busca una paridad de fuerzas - y a ello obedece el reconocimiento hecho por Benedicto XVI de la obra de Gustavo Gutierrez -, en el Perú la disputa es cada vez más pública. Los dos casos emblemáticos: la Iglesia del Sur Andino, donde los obispos conservadores hacen la guerra a sacerdotes progresistas que vienen trabajando allí hace 40 años (ver reportaje de Hildegard Willer en Ideele y un informe mío de hace un mes) y, of course, la PUCP.

- A estos temas se suma la enquina personal que Juan Luis Cipriani tiene hacia la Universidad por haber apoyado el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la cual señaló sus serios errores pastorales y políticos durante su estancia como Arzobispo de Ayacucho frente a los derechos humanos. Y, en particular, hacia Salomón Lerner Febres, Rector Emérito y Presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de dicha casa de estudios.

He leido durante las últimas semanas - y, en particular, durante el fin de semana último - las diversas opiniones que hay sobre el tema y tengo ya una opinión formada sobre este asunto.

No estoy de acuerdo con quienes señalan que la Universidad debe ser absolutamente laica o perder el carácter de Pontificia. La PUCP fue fundada por un sacerdote, Jorge Dinthilac ss.cc., y se adscribe a los valores del Evangelio. Como lo he señalado antes, la combinación de valores católicos con el humanismo presente en la Universidad es la que nos ha dado - y me permito aquí la primera persona del plural, pues creo representar en este tema a un sector importante de alumnos y ex alumnos - un sello personal e institucional que no debe perderse. Además, la pérdida del carácter de Pontificia provocaría una pérdida importante de ingresos y convenios que, por la mala actuación de un personaje que tiene un poder temporal y limitado (recordemos, en 11 años se va), no puede generar un perjuicio mayor del que se quiere evitar.

Creo que todos quienes siguen este espacio saben que soy católico y de mi posición frente a las actitudes que durante su vida como pastor ha tenido Juan Luis Cipriani. Considero incongruente con la fe católica que solo defienda los derechos de sus amigos y no los de los más pobres y necesitados, como no lo hizo en Ayacucho y como sí lo hizo el resto de la Iglesia Católica; considero que no es propio de un pastor que habla de dignidad humana y persecusión del pecado su cercanía con un régimen corrupto, autoritario y violador de los derechos humanos; me parece incomprensible que hasta el día de hoy no entienda que la Universidad implica diversidad de pensamiento y opiniones y no un conservadurismo desfasado con tintes de homogenización. Ciertamente, no es una posición cómoda para mi criticar en voz alta a un hombre que dirige la Iglesia, pero lo hago en el convencimiento de que los valores católicos no son los que representa este personaje y que tengo que dar la pelea dentro de una institución a la que todos los días confirmo mi pertenencia y mi fe, para que la misma - hecha por seres humanos, al fin y al cabo - sea más congruente con lo que predica. Si una persona como esta obtiene el poder que desea, sería muy perjudicial para la PUCP.

Además, al estar formado en Derecho, considero que la razón jurídica asiste a la Universidad. La PUCP tiene la propiedad de sus bienes desde 1964 y la Junta de Administración de Riva Aguero no tiene ingerencia en asuntos que pertenecen a la autonomía universitaria. Asimismo, para la elección de sus autoridades, la Universidad se rige por la Ley Universitaria, lo que hace que sea la Asamblea Universitaria la que eliga al Rector y Vicerectores. Este sistema de convivencia, avalado por el Vaticano desde hace varios años, ha hecho que la Universidad se maneje con total independencia de criterio, manteniendo una posición clara en temas de interés nacional desde hace varios años.

Finalmente, la última táctica de Cipriani me parece vergonzosa. Pretende, al más mero estilo del populismo de Fujimori y Alan García, tocar el tema de los sueldos de las autoridades de la Universidad y de las pensiones universitarias. Esto es claro: quiere dividirnos frente a las autoridades. Y creo que, al margen de las discrepancias que se puedan tener con quienes dirigen la PUCP, es el momento de unirnos a ellas en apoyo a la causa que vienen defendiendo, que es justa y que ha merecido que - por primera vez en años - las autoridades salgan a enfrentar publicamente las disputas que se tienen con el Cardenal. Los alumnos y ex alumnos de la PUCP debemos apoyar toda acción que impida que una ingerencia externa haga que la tarea hecha durante estos 90 años no se pierda.

De nosotros y de la jueza que ve el caso - quien por cierto, tiene fama de imparcial y honesta - dependerá que este año celebremos el 90 aniversario de nuestra casa, tal como la conocemos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: La táctica de Cipriani.
Roberto Bustamante: La PUCP contra el Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani.
Domingo - La República: Campus de fe y conflicto.
Ideele Radio: El Cardenal Juan Luis Cipriani y su extraña visión de los derechos humanos.

El tema PUCP - Arzobispado de Lima sale a la luz pública.

En este fin de semana, el tema de las disputas entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Arzobispado de Lima ha terminado de tomar un cariz público.

El viernes, la página web del Arzobispado de Lima publicó un comunicado firmado por Walter Muñoz Cho, el hombre enjuiciado por la Universidad, donde señala su punto de vista sobre el conflicto. Indica que él no ha intervenido en asuntos de la Universidad, pero que la Junta de Administración de los bienes de José de la Riva Agüero y Osma si debe tener un rol dentro de la PUCP. Claro, eso es una violación del derecho constitucional a la autonomía universitaria.

Ayer sábado, en su púlpito radial de RPP, Cipriani señaló que tiene la “obligación de velar por la Universidad Católica” y que, al ser la Junta de Administración “perpetua e insustituble” tiene ingerencia en la Universidad. Olvida el Cardenal que, al pasar los bienes de Riva Aguero de forma definitiva a la PUCP, toda ingerencia de ese organismo se terminó, con lo que no había forma de reclamar documentos sobre los bienes de la Universidad.

Y, hoy, sale una reveladora nota de Perú.21 que nos da más luces sobre la materia. Por primera vez, dos miembros de la comunidad universitaria hablaron abiertamente del tema.

Javier Neves Mujica, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, señaló que “la posición del señor Muñoz es que la universidad no podría vender ni comprar ningún bien sin la autorización de la junta, es decir, sin su autorización, y que todas las compras y ventas que se han hecho serían indebidas porque la junta no las autorizó“, lo que, en su opinión legal sería una intromisión seria al derecho de propiedad.

Asimismo, Neves señaló que el testamento de Riva Agüero solo otorgó a la Junta poderes sobre las llamadas “mandas” del testamento, que tienen que ver con otras cláusulas del mismo que no tienen que ver con la marcha de la PUCP.

Y sobre el tema también se ha pronunciado el mismisimo Rector de la PUCP, Luis Guzmán - Barrón, quien ha señalado que:

“Nosotros también salvaguardamos los deseos de José de la Riva-Agüero como una institución que está muy bien considerada y que no ha perdido su condición de católica. En realidad, el tema acá es más bien económico y de administración de la universidad. El señor Walter Muñoz Cho, en sus escritos, dice que la universidad se abstenga de hacer cosas que impidan su ejercicio como miembro de la Junta de Administración de los Bienes de Riva-Agüero. Me parece extraño que dos personas, el rector y una persona designada por el arzobispo de Lima, tengan la potestad de revisar lo que hacen la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, y no creo que don José de la Riva-Agüero se hubiera puesto en ese plan. El señor Muñoz quiere intervenir en la administración de la universidad. Eso supondría que él se siente al costado de quienes han sido elegidos democráticamente, y él no es un miembro de la universidad. Lo que la universidad reclama es el derecho que tiene a gobernarse con autonomía. Creo que los asesores del cardenal lo están llevando a una interpretación equivocada“.

Suenan las campanas…

NOTA:

A diferencia de otros textos, este fue escrito hace tres semanas, no para el blog, sino para una publicación periódica. Creo pertinente ponerlo a su disposición, pues puede dar ciertas orientaciones y aclarar algunas dudas sobre el tema de la relación entre el Arzobispo de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El texto fue escrito antes que se diera a conocer el complicado intrígulis legal entre Walter Muñoz Cho, presidente de la Junta Administradora de los bienes de José de la Riva Agüero y Osma, y la PUCP. Problema complicado ayer, con una carta de Muñoz Cho publicada por el Arzobispado que continua con la pelea.

Aun así, creo que el texto no pierde un interés y validez, sobre todo para quienes se preguntan sobre si la universidad que en estos días cumple 90 años debe seguir siendo Pontificia. He aquí una respuesta de parte. (JAG)

Una reciente declaración del Gran Canciller de la PUCP sobre una encuesta elaborada por el Instituto de Opinión Pública sobre las relaciones de pareja y la sexualidad ha vuelto a poner sobre el debate la relación que nuestra universidad tiene con la Iglesia Católica, en particular a lo que se refiere a la siempre tensa relación entre los criterios propugnados desde Roma y la autonomía de criterio que una institución universitaria debe tener.

Para poder emitir una opinión o discutir sobre este tema, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- La PUCP se define como “una comunidad académica inspirada en principios éticos y valores católicos, creadora y difusora de cultura, saber y conocimiento, promotora del cambio, dedicada a la formación integral de la persona, para que ella haga del estudio un instrumento de su propia realización y se capacite para asumir y resolver problemas fundamentales inherentes al ser humano y a la sociedad“. En otras palabras, se toman los valores católicos como inspiración, pero se deja absoluta autonomía de ingreso, cátedra y expresión a los integrantes de la comunidad universitaria. Y, según el Estatuto que la rige, “es persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, al servicio de la comunidad”.

- Dentro de la Asamblea Universitaria existen cinco representantes de la Iglesia Católica, nombrados por la Conferencia Episcopal Peruana, que es la entidad que rige los destinos de la Iglesia en el Perú. El cargo de Cardenal con el que cuenta nuestro Gran Canciller no le da esta prerrogativa.

- Tal como lo indica el Preámbulo Histórico de su Estatuto: “La Pontificia Universidad Católica del Perú es también persona de derecho eclesiástico, erigida canónicamente por el Santo Padre Pio Xll, mediante rescripto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades del treinta de setiembre de mil novecientos cuarenta y dos. La erección canónica, con los privilegios y las obligaciones que entraña, ha sido reconocida por la Santa Sede y la Universidad mediante actos diversos tales como el nombramiento por la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de los Rectores que iniciaron sus mandatos en 1947; 1952; 1958; 1962 y 1968; y, con la confirmación por la Jerarquía Eclesiástica de los Rectores elegidos por la Asamblea Universitaria en 1977; 1984; 1989 y 1994“. Lo mismo ocurrió en 2004, con la elección del actual Rector.

- En lo que se refiere a su régimen, la PUCP “está regida por la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria y demás normas del Estado que le son aplicables, por el presente Estatuto que contiene las normas de la Iglesia aplicables, y por sus reglamentos internos dentro de la autonomía propia de la Universidad”.

- De acuerdo al artículo sexto de nuestro Estatuto, el Gran Canciller tiene como facultades principales “velar para que la Universidad cumpla sus fines institucionales ejerciendo las funciones que las normas de la Iglesia Católica prescriben en lo referente a la enseñanza de la teología, a las cuestiones de fe y al cuidado pastoral dentro de la Universidad“, así como nombrar al Director del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU). Es decir, sus únicas prerrogativas se encuentran en el campo de la teología y la pastoral dentro de una Universidad que se reconoce como confesional. El Gran Canciller no podría – o, mejor dicho, no debería – inmiscuirse en otros asuntos de la marcha de la Universidad, salvo en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión que la Constitución le garantiza.

- El Rector de la PUCP es elegido por los miembros de la Asamblea Universitaria, conformada por el Rector, los Vicerectores, representantes de los profesores, representantes de los estudiantes, dos representantes de la Escuela de Graduados y los 5 representantes de la Conferencia Episcopal Peruana. Y ello es lo que vale para la ley peruana. En relación con la Iglesia Católica, se tiene que “Para los efectos propios y específicos de la ley canónica, no de la ley peruana, la Universidad pondrá en conocimiento de la Autoridad Eclesiástica competente, a través de los órganos y en ejercicio de las funciones que el presente Estatuto establece, las principales decisiones que sus órganos de gobierno institucional adopten y específicamente las siguientes: (…) b) el nombre del Rector elegido por la Asamblea Universitaria, para los fines de su confirmación según las normas de la Iglesia”.

Sin embargo, y como es conocido por todos, desde que el actual Arzobispo de Lima asumió sus funciones, quiso tener mayores prerrogativas, para lo cual era necesario hacer un cambio de los Estatutos de la Universidad, cuestión que requiere dos tercios de los votos de la Asamblea Universitaria. La comunidad universitaria apoyó a las autoridades de aquel entonces para negociar con Roma los asuntos concernientes a la primacía de la autonomía universitaria, cuestión que se encuentra aún en proceso de trámite.

A pesar de ello, la relación del Gran Canciller con la Universidad ha sido tensa, por razones concernientes a la conducta del Arzobispo durante periodos álgidos de nuestra historia y a actitudes que muchos consideramos como intolerantes.

Buena parte de los estudiantes rechazamos su cercanía al gobierno dictatorial y corrupto de Alberto Fujimori, responsable de una grave crisis política, económica y moral en nuestro país y de delitos que tendrá que responder ante la justicia. Asimismo, el conocimiento, a través del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de su pobre labor a favor de los derechos humanos en Ayacucho, en momentos en que el país – y en especial, la arquidiócesis donde se encontraba – se debatía en el conflicto armado interno más doloroso de su existencia.

A ello se ha sumado la intolerancia que el Arzobispo tuvo hacia la comunidad homosexual en nuestro país, al mencionar que “los homosexuales no se encontraban dentro del plan de Dios” y al obligar a retirar un panel de un colectivo de la comunidad gay de la PUCP. Asimismo, su intolerancia se ha mostrado frente a la reciente y ya mencionada encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP sobre las relaciones de pareja, que, dicho sea de paso, no mencionaba posición alguna de quienes elaboraron el cuestionario, sino que mostraba lo que un sector representativo de limeños pensaban sobre este tema.

Sin duda, el Cardenal tiene todo el derecho del mundo a expresar sus pareceres, como cualquier persona los tiene, pero ello no le da competencia alguna – sobre la base del Estatuto de la PUCP – a interferir contra la marcha de alguno de los Institutos o Unidades de la Universidad, por más que su opinión sobre las personas que las integran o las actividades que se hagan no sean de su agrado.

Dicho esto, considero que estas posiciones extremas y radicales que tiene el actual Gran Canciller de la PUCP no deben llevar a una ruptura con la Iglesia Católica o perder el carácter de Pontificia que tenemos, salvo que se pretenda afectar de manera clara la autonomía de la Universidad.

Como toda institución privada, la PUCP tiene todo el derecho de inspirarse en los valores católicos, así como en su formación humanística. Esa combinación es la que ha llevado a nuestra Universidad a convertirse, a pesar de las dificultades y problemas que tenemos, en la institución de educación superior más importante del país, tanto por su formación en conocimientos, como por los valores que intenta transmitir y que considero no debe perder.

La discusión coyuntural con el actual Gran Canciller no debe motivar una decisión destinada a la ruptura de relaciones con la Iglesia Católica o perder el carácter de Pontificia. Deberá tenerse una mirada de largo plazo, que contemple que la persona que ocupa dicho cargo lo dejará dentro de 10 años y que tenga en consideración la importancia de una decisión que afecte la enseñanza y los convenios de cooperación con los que la Universidad cuenta por su régimen especial.

Es por ello que la discusión sobre el rol de la Iglesia Católica en la PUCP deberá ir más allá de la mera coyuntura. Deberá tenerse en cuenta que hemos tenido un rector como Felipe Mac Gregor, que durante su vida fue permeable a las posiciones más progresistas de la Iglesia y se convirtió en el iniciador de los estudios sobre Cultura de Paz en nuestro país; o que la Universidad ha tenido el privilegio de tener como profesor a Gustavo Gutiérrez Merino, destacado teólogo que inspiró a muchos profesionales que actualmente desempeñan un importante papel en la política y la sociedad peruanas. O que contamos con profesores como Luis Fernando Crespo o Felipe Zegarra que, a través de su labor académica y pastoral, se han destacado por su defensa de la dignidad humana y los derechos humanos en nuestro país.

Es en esa perspectiva, de un balance sereno y acuiciuoso, que vaya más allá de temperamentos termocéfalos que se encuentran tanto en quienes defienden a capa y espada al Cardenal, así en como quienes quisieran una universidad totalmente laica, sin presencia alguna de la Iglesia. Ciertamente, hablo como creyente y como persona que intenta vivir su carrera y su experiencia desde la fe, por lo que este comentario fija una posición que rescata lo mejor de las tradiciones que han hecho de la PUCP lo que es al llegar a su 90 aniversario: la visión cristiana de la dignidad humana y el conocimiento humanístico que pone en el ser humano el centro del estudio y de las preocupaciones de nuestro tiempo. Ojalá ambas sigan conviviendo en el tiempo.

El día de ayer, llegó el siguiente comunicado oficial a todos los integrantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú:

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:

EL SECRETARIO GENERAL

Lo curioso del caso, según me hizo notar un comentarista de este espacio, es que Walter Muñoz Cho es Director de la Sindicatura Eclesíastica del Arzobispado de Lima, es decir, quien administra los bienes de dicha arquidiocesis. Esto lo he podido comprobar mediante un contrato suscrito entre el Arzobispado y la Unidad de Gestión Educativa Local N° 2, que Muñoz Cho, en virtud de su cargo, suscribe a nombre de esta entidad religiosa.

Dada la ya añeja disputa entre el ocupante del Arzobispado y la PUCP, cabe preguntarse, ¿Muñoz Cho actúa por propia voluntad?

Seguiremos informando.

ACTUALIZACION:

Este tema es más complejo de lo que parece, pero podemos asegurar que la respuesta a la pregunta que nos hacíamos es negativa.

El asunto es el siguiente.

Los terrenos del Fundo Pando, sobre los que se levanta la Universidad Católica, pertenecieron originalmente al intelectual José de la Riva Agüero y Osma.

En su testamento, este personaje dispuso que el Fundo Pando fuera destinado a la construcción de las instalaciones de la PUCP. Como régimen transitorio, dispuso que la administración de su patrimonio estaría a cargo de una Junta de Administración y que, a los 20 años luego de su fallecimiento (ocurrido en 1944) los bienes revertirían a favor de la Universidad. Ello se produjo en 1964, con lo que la Junta perdía toda ingerencia sobre la Universidad.

Sin embargo, la Junta pretende tomar atribuciones y solicitar documentos que no le corresponden, como auditorías y otros documentos financieros. Además, quiere tener el control de los terrenos sobre los que erige la PUCP.

No es casualidad alguna que el administrador del Arzobispado y el jefe de la Junta de Administración sean la misma persona. En realidad, todo encaja dentro de lo que anteriormente hemos hecho referencia: Juan Luis Cipriani quiere que la PUCP se alinee con lo que el considera es una Universidad Católica, es decir, claramente confesional, con misas obligatorias todos los miércoles al estilo de la de Piura y con un filtro sobre actividades académicas, contenido de cursos y temas a tocar.

Además, la PUCP tiene un régimen especial dentro de las universidades pontificias, pues tiene absoluta libertad para elegir a su rector y la venia de Roma al nombramiento es un requisito formal. En otras casas de estudios similares, el Vaticano propone una terna - obviamente, con recomendación de su Gran Canciller - entre la cual se elige al rector. La PUCP se rige para estos efectos por la Ley Universitaria vigente, que da total autonomía de elección a los docentes para la designación de su autoridad más importante. Como se imaginarán, el Gran Canciller quisiera tener ingerencia en dicha elección y, según lo que tengo entendido, está moviéndose para que en la nueva Ley Universitaria, a discutirse en el Congreso, se contemple que las Universidades Católicas se regirán bajo las reglas que el Vaticano impone, y no bajo el régimen general peruano.

El mensaje es claro, según lo que me señalan mis fuentes: Cipriani quiere ser el personaje central de los 90 años, cuyas celebraciones comenzarán en unas semanas. Por ello es que ha intensificado sus ataques a la PUCP y a las instituciones que tocan temas incómodos para él.

Esta batalla recién comienza.

(Logo: Pontificia Universidad Católica del Perú)

Vía su radio favorita, RPP, el Cardenal dio las siguientes declaraciones, que recojemos de Perú.21:

El cardenal Juan Luis Cipriani saludó y “rindió homenaje” al vicepresidente Luis Giampietri y al ex ministro del Interior Fernando Dianderas, de quienes dijo que son permanentemente acosados por el Poder Judicial.

Cabe resaltar que Fernando Dianderas afronta un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito. Giampietri, actual primer vicepresidente de la República, está implicado en el caso de la matanza de El Frontón en 1986.

Con todo el respeto que me merece su investidura, ¿por qué no le rinde homenaje a las víctimas de la violencia en Ayacucho, a las que nunca amparó durante su trabajo pastoral? Debieran ser ellas las que merecen un desagravio y no dos personajes seriamente cuestionados por su actuación pública. ¿O sólo porque son sus amigos los defiende?

La relación entre el Arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani y la PUCP vuelve a tener uno de esos encontrones que han caracterizado la relación, que ya tiene 8 años en el camino.

Para los que no están enterados, el Estatuto de la Pontificia Universidad Católica del Perú concede a los Arzobispos de Lima el título de Gran Canciller de la Universidad, cargo que es meramente honorífico y que, a lo más, le concede las siguientes facultades:

Artículo 6º.- El Gran Canciller de la Universidad es el Arzobispo de Lima, Primado del Perú. Hay un Vicecanciller designado por la Conferencia Episcopal, quien sustituye al Gran Canciller en caso de vacancia, ausencia o impedimento de éste.

Son atribuciones del Gran Canciller:
a) ejercer la presidencia de honor de la Universidad;
b) velar para que la Universidad cumpla sus fines institucionales ejerciendo las funciones que las normas de la Iglesia Católica prescriben en lo referente a la enseñanza de la teología, a las cuestiones de fe y al cuidado pastoral dentro de la Universidad;
c) mantener la vinculación de la Universidad con la Santa Sede y el Episcopado Peruano;
d) nombrar al Director del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, ponderado el parecer del Consejo Universitario;
e) las otras establecidas en este Estatuto.

Como lo informó en su oportunidad Fernando Rospigliosi, cuando Cipriani asumió el cargo comenzaron los primeros roces:

“Apenas posesionado de su cargo como arzobispo de Lima, monseñor Cipriani formuló un conjunto de demandas a la universidad. El no quería disfrutar sólo del título honorífico de Gran Canciller y de las atribuciones decorativas que le confiere el artículo 6°ree; del estatuto de la PUCP, sino quiere ser un presidente efectivo de la institución. Es decir, nombrar al rector, a las autoridades y profesores y poder decidir sobre los currículos.

O sea, el poder junto con sus oropeles y signos exteriores. En realidad, la arremetida de Cipriani es un paso más en los intentos de una cúpula ultraconservadora que maneja puestos claves en el Vaticano y que está desde hace años en una ofensiva mundial para capturar las instituciones educativas católicas”.

Este impasse se superó con las conversaciones que tuvo el Rector de aquel entonces, Salomón Lerner Febres con el Vaticano, que tuvieron como resultado el respeto a la autonomía universitaria y a la independencia de criterio de la universidad en diversos temas.

Asimismo, Cipriani encontró resistencias en el Departamento de Teología, el único en el que podía influir de acuerdo con su cargo de Gran Canciller. La permanencia de sacerdotes como Felipe Zegarra y Luis Fernando Crespo, de la vertiente más progresista de la Iglesia Católica, así como el respeto que el sacerdote e historiador Jeffrey Kaliber tiene en la Universidad, ha impedido que ello se logre. A lo sumo, lo máximo que se ha podido influir es en el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU) en algunos tema y lanzar unos folletos sobre planificación familiar, claro, desde la versión que aún se tiene en ella sobre Roma.

La relación con los alumnos no ha sido tampoco buena. Su actuación y declaraciones contrarias al respeto de los derechos humanos o de las organizaciones no gubernamentales que los defienden, así como su cercanía al régimen fujimorista, le ganaron protestas y le han impedido hasta el momento acudir a la ceremonia de inauguración del Año Académico, la única a la que tiene obligación de ir en su cargo de Gran Canciller.

El último capítulo de esta telenovela lo hemos podido conocer mediante ACIPRENSA, el órgano de prensa del sector conservador de la Iglesia Católica latinoamericana:

El Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, expresó su extrañeza por la reciente encuesta dada a conocer por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se trata el tema de las relaciones prematrimoniales en los jóvenes, sin valoración moral alguna.

“Francamente me sorprende que una universidad católica no de una valoración moral a estos temas. Puede dar un dato numérico, pero tiene obligación como institución católica de dar una valoración moral, qué es lo que la Iglesia enseña sobre la institución del matrimonio y de la familia”, indicó el Purpurado.

La encuesta a la que se hace referencia es la realizada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, titulada “A propósito de San Valentín. Una Visión Liberal para temas tradicionales” en el que se hacían preguntas sobre temas vinculados a la relación de pareja, al matrimonio y a la vida sexual. Claro, a Cipriani esto le debe haber caido peor que lo que le cae una vincha aprista a Ollanta Humala y ha puesto el grito en el cielo.

Esto nos plantea una cuestión fundamental, que es la que atraviesa toda esta discusión: Una universidad católica debe ser ante todo, una universidad, que si bien responde a determinados valores en su enseñanza - los cuales considero que la PUCP respeta - debe también responder a la diversidad de opiniones, a la tolerancia y a los diversos criterios que rige el mundo de hoy. Encerrar a la PUCP en un ghetto conservador, como lo plantea Cipriani, va contra el espíritu crítico que planea la institución universitaria como tal.

Por cierto, ¿alguien sabe cuando Cipriani llega a los 75 años, edad de su jubilación arzobispal?